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Homepage > Publication Type > Media Releases > Dismantling Colombia’s New Illegal Armed Groups: Lessons from a Surrender

Desmantelar los Grupos Armados Ilegales en Colombia: lecciones de un sometimiento

Bogotá/Bruselas  |   8 Jun 2012

El sometimiento a la justicia del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC) ha dejado expuestas peligrosas deficiencias del sistema judicial y de la estrategia del gobierno que, de no ser corregidas, obstaculizarán los esfuerzos para combatir los grupos que se han convertido en uno de los principales retos para la seguridad del país.

Desmantelar los Grupos Armados Ilegales en Colombia: lecciones de un sometimiento”, el último informe de International Crisis Group, examina el primer sometimiento de uno de los nuevos grupos armados ilegales y sucesores de los paramilitares (NGAI), que tuvo lugar a finales del año pasado. El informe pone en evidencia y analiza las fallas presentes en las políticas gubernamentales relacionadas con el sometimiento: solo una parte del grupo participó en el proceso; es posible que los líderes sean condenados a penas de prisión cortas; las estructuras criminales subyacentes probablemente permanezcan intactas, incluyendo a las redes de corrupción que se adentran en el mundo de la política y los negocios; y el impacto en las dinámicas del conflicto ha sido limitado.

“El sometimiento ha incrementado en el campo las confrontaciones entre grupos que compiten por controlar la herencia del ERPAC” dice Christian Voelkel, analista para Colombia de Crisis Group. “Este sometimiento ha dado inicio a un nuevo ciclo de violencia en los Llanos Orientales, bastión del ERPAC, en lugar de haber establecido bases más sólidas para la seguridad”.

El ERPAC ejercía un fuerte controlen su área de operaciones y fue responsable del asesinato de líderes comunitarios, desplazamiento forzoso, reclutamiento de niños y violencia sexual. Su influencia aumentó gracias a sus vínculos con élites locales y regionales, así como con miembros de la fuerza pública. Al considerar dichos grupos como bandas criminales (BACRIM) en lugar de como partes del conflicto armado interno, el gobierno insiste en que sus integrantes no pueden beneficiarse de medidas de justicia transicional o de reintegración y que su única opción es el sometimiento a la justicia criminal ordinaria. Sin embargo, el sistema judicial está deficientemente equipado para manejar un sometimiento colectivo que debe balancear necesidades en pugna, como estimular a los miembros de los NGAI a entregar las armas al mismo tiempo que garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.

El gobierno debe corregir estos defectos mediante la implementación de una política explícita de sometimiento. A través de ella, se deben incrementar las capacidades de las instituciones judiciales como parte central de esta política. Al mismo tiempo, el gobierno debe asumir liderazgo de manera que no ceda toda la responsabilidad al sistema judicial. Se debe asegurar que las víctimas de los NGAI tengan acceso a los beneficios que han sido extendidos a las víctimas de las guerrillas y los paramilitares, así como hacer disponibles a los excombatientes beneficios básicos de reintegraciónen un intento por prevenir que retomen su antigua forma de vida.

“Desmantelar los NGAI y simultáneamente evitar la impunidad, son objetivos que requieren eliminar las redes corruptas de estos grupos, garantizar los derechos de las víctimas y  prevenir el rearme, además de castigar los crímenes individualmente considerados” afirma Silke Pfeiffer, directora para Colombia/Región Andina de Crisis  Group. “Un compromiso creíble por parte del gobierno, que demuestre que es serio al respecto –  o sea que está asumiendo un enfoque más integral respecto al sometimiento de estos grupos – podría también convertirse en parte crucial de las garantías más amplias ante posible diálogos de paz con las guerrillas”.

 
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