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Coca, droga y protesta social en Bolivia y Perú

Informe sobre América Latina N°12 3 Mar 2005

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES 

Bolivia y Perú se están convirtiendo en un segundo polo de producción de cocaína en los Andes, aunque todavía a escala relativamente pequeña en comparación con Colombia, y abastecen en especial un mercado latinoamericano cada vez más grande, además de los mercados tradicionales de Estados Unidos y Europa. De manera igualmente importante, las políticas que allí se adelantan como parte de la guerra contra la droga liderada por Estados Unidos están agravando las tensiones sociales, con resultados potencialmente explosivos para las instituciones democráticas extremadamente débiles de ambos países. Si se quieren revertir estas tendencias, es preciso poner en marcha políticas nuevas y mejor financiadas que pongan mayor énfasis en desarrollo alternativo y construcción de instituciones y no tanto en erradicación forzada, y que demuestren una mayor sensibilidad frente a la cultura local. Sin embargo, el nuevo presupuesto que se propone en Estados Unidos va en dirección contraria.

Los programas antinarcóticos, las medidas represivas y los esfuerzos de desarrollo alternativo emprendidos en Bolivia y Perú en los últimos veinte años no han logrado una reducción perdurable de los cultivos ilícitos de coca. Desde las campañas de erradicación a gran escala lanzadas en la segunda mitad de la década de 1990, el cultivo de coca ha vuelto a cobrar auge en ambos países, con 73.000 hectáreas a fines del 2003, cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calculó en 215 toneladas el potencial combinado de producción anual de cocaína. Existen indicios de que en el 2004 la producción aumentó más aún.

Las políticas antinarcóticos en Bolivia y Perú a comienzos de la década de 1990 produjeron lo que hoy en día se conoce como el "efecto globo": el cultivo de coca combatido en la región central de los Andes se trasladó a escala masiva hacia el norte, a Colombia, convirtiendo a dicho país en el principal productor mundial de hoja de coca y cocaína. En el 2000 y el 2001, respectivamente, se lanzaron dos estrategias antinarcóticos auspiciadas por Estados Unidos --el Plan Colombia y la Iniciativa Andina contra la Droga (IAD) -- para combatir la producción de droga en Colombia y evitar su desbordamiento, pero también para impedir el resurgimiento de cultivos a mayor escala en Bolivia y Perú. La política se ha concentrado claramente en Colombia, en donde una campaña de fumigación aérea masiva y fuertes medidas de interdicción y de aplicación de la ley produjeron una reducción de casi un 50 por ciento en los cultivos de coca: a 86.000 hectáreas a fines del 2003, en comparación con el pico de 163.000 hectáreas en el 2000.

La IAD aplica medidas similares en toda la región andina, en contextos geográficos y políticos muy diferentes de los de Colombia. Sin embargo, las políticas antinarcóticos de Estados Unidos en esos dos países también ponen énfasis en la erradicación y desestiman la legitimidad de la producción tradicional de coca, lo cual ha suscitado protestas sociales cada vez más fuertes de los campesinos cocaleros, sobre todo en Bolivia, pero también en Perú.

No cabe duda de que una gran parte de la hoja de coca que se cultiva hoy en día en ambos países se vende para ser procesada y convertida en cocaína. Los gobiernos y las instituciones estatales extremadamente débiles, sin capacidad para controlar sus vastos territorios y hacer cumplir la ley, afrontan una presión creciente de los movimientos sociales y los partidos de oposición populistas. Las políticas antinarcóticos hacen sentir su impacto sobre campesinos cocaleros de comunidades indígenas pobres que han sido históricamente agraviadas por las élites económicas y políticas. La implementación de las políticas antinarcóticos y la percepción de la opinión pública sobre éstas corren el riesgo de prender un polvorín político que ya han forzado la dimisión de un presidente en Bolivia. La gobernabilidad democrática, las perspectivas de un desarrollo socioeconómico equitativo y la paz social en Bolivia y Perú corren serio peligro.

El potencial para agravar la ya de por sí considerable inestabilidad en la región andina se ve reforzado por los vínculos entre sectores de los movimientos de cultivadores de coca en Bolivia y Perú y las redes internacionales de narcotráfico. La combinación de mercados expandidos en Europa y Suramérica, especialmente Brasil, y el surgimiento de pequeñas redes de narcotráfico con algunos nexos con los movimientos políticos cocaleros ha llevado a la proliferación de los cultivos en Bolivia y Perú. Las fronteras porosas, la corrupción y los esfuerzos de interdicción menos intensivos en comparación con los de Colombia (en donde se ha registrado una reducción significativa de los cultivos) hacen que a las redes locales e internacionales les quede relativamente fácil mover su producto.

La reestructuración de dichas políticas antinarcóticos de manera que canalicen más recursos hacia estrategias de desarrollo alternativo y rural, fortalecimiento de la ley e interdicción, en vez de concentrarse en la erradicación forzada, probablemente tendría más éxito y evitaría impactos negativos en las instituciones democráticas de Bolivia y Perú. Infortunadamente, el presupuesto de Estados Unidos para el año fiscal 2006 que presentó el presidente Bush al Congreso plantea recortes en la financiación de programas de desarrollo alternativo y construcción de instituciones de casi el 20 por ciento para Perú y 10 por ciento para Bolivia.

Así como es poco constructivo y desaconsejable tildar de "narcodelincuentes" o "narcoterroristas" a los movimientos sociales de Bolivia y Perú y a sus líderes, las organizaciones de cocaleros en dichos países adquirirán una mayor credibilidad internacional si cortan todos sus vínculos con las redes de narcotráfico y articulan de una manera democrática sus demandas legítimas de cambio socioeconómico, incluido el cultivo legal de coca para fines tradicionales. Al mismo tiempo, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Argentina, Chile, las instituciones financieras internacionales (IFI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU deben apoyar firmemente las estrategias de desarrollo alternativo y rural en ambos países, y suministrar, en lo posible, más ayuda para programas dirigidos a combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de precursores químicos.

RECOMENDACIONES

A los gobiernos de Bolivia y Perú:

1.  Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo rural de amplio alcance como alta prioridad de seguridad nacional, que invierta sustancialmente en la reducción de la pobreza rural y en infraestructura social y económica, y ofrezca oportunidades adecuadas de sustento, tanto en agricultura como en otras áreas.

2.  Acordar, a condición de que las asociaciones de cocaleros rechacen cualquier participación suya o de sus miembros en el narcotráfico internacional, lo siguiente:

a) facilitar, con la participación de dichas asociaciones de cocaleros, un estudio independiente sobre la demanda de coca lícita en Bolivia y Perú, y divulgar los resultados en español y en lenguas indígenas;

b) en asocio con dichas organizaciones, trazar un mapa de la ubicación de las zonas de cultivos lícitos de coca; y

c) instar a las asociaciones a formar parte de un sistema mejorado de control y monitoreo de la comercialización interna de la hoja de coca legal, en cooperación con la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) en Perú y una entidad similar en Bolivia.

3.  Comprometerse más firmemente a evitar y eliminar los nuevos cultivos de coca por fuera de las zonas de cultivos legales, incluyendo:

a)  proveer a las comunidades respectivas financiación sustancialmente mayor para desarrollo rural y posibilidades de sustento alternativas, así como una presencia más estable de servicios estatales e instituciones de seguridad; y

b)  poner en marcha programas de erradicación manual pero sólo después de implementados los programas de desarrollo rural y sustento alternativos.

4.  Fortalecer los programas de interdicción de cargamentos de drogas ilícitas y control de precursores químicos, y tomar medidas represivas contra las instalaciones de procesamiento de droga locales y contra las redes de narcotráfico.

Al partido político MAS de Bolivia:

5.  Trabajar en estrecha colaboración con las federaciones de cocaleros en las regiones del Chapare y los Yungas y con el gobierno boliviano para facilitar el rápido establecimiento de un sistema mejorado para el control y el monitoreo de la comercialización de la hoja de coca, y explorar la introducción de un sistema en el cual el Estado sea el único comprador de la producción legal de coca.

6.  Cooperar con los gobiernos locales del Chapare y los Yungas en el estudio independiente propuesto sobre la demanda de coca lícita mediante el aporte de conocimiento experto sobre los patrones de consumo tradicionales y el trazado de mapas de las regiones de cultivos cocaleros legales.

7.  Apoyar al gobierno y a los organismos internacionales de ayuda mediante el aporte de conocimiento experto local en la elaboración de programas de desarrollo alternativo y rural en las regiones del Chapare y los Yungas.

8.  Aceptar y facilitar la erradicación manual de los cultivos de coca que, según el estudio independiente mencionado, excedan la demanda interna legal.

Al gobierno de Estados Unidos:

9.  Poner mayor énfasis y proveer más recursos financieros y técnicos para apoyar una nueva estrategia rural tendiente a reducir la pobreza, que incluya el suministro de alternativas económicas viables al cultivo ilícito de coca.

10.  Distinguir claramente entre los cultivadores tradicionales de hoja de coca tanto en Bolivia como en Perú, y los campesinos que producen coca para la red ilegal de narcotráfico.

11.  Ayudarle a Bolivia a establecer un sistema de control y monitoreo de la comercialización interna lícita de hoja de coca para fines tradicionales, farmacéuticos y de consumo de té, y ayudarle a Perú a actualizar el registro de cultivadores de coca de la ENACO.

12.  Ampliar los programas de cooperación con Bolivia y Perú para facilitar el uso por parte de los productores agrícolas, en especial los pequeños campesinos, de la Ley de Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio Andino (ATPDEA), así como de otras cláusulas de preferencia para ingresar al mercado de Estados Unidos.

13.  Seguir prestando asistencia en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero a Perú y Bolivia, así como a países vecinos vulnerables, en especial Ecuador.

A la Unión Europea y sus Estados miembro:

14.  Aumentar sustancialmente la asistencia para fines de desarrollo alternativo y rural en Bolivia y Perú.

15.  Ayudarles a Bolivia y Perú a realizar un estudio independiente sobre la demanda legal de coca.

16.  Abrir el mercado europeo a los productos agrícolas de países productores de coca sobre una base preferencial, consistente con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile:

17.  Reforzar la interdicción y otras medidas represivas contra las redes de narcotráfico y el contrabando de precursores químicos a Bolivia y Perú.

A la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI):

18.  Fortalecer la ayuda a Bolivia y Perú en el diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo rural de amplio alcance, incluidos programas de desarrollo alternativo.

Quito/Bruselas, 3 de marzo de 2005

 
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