Guerra y Droga en Colombia

Informe sobre América Latina N°11 27 Jan 2005

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

La droga financia en buena medida al grupo insurgente de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a los paramilitares de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), debido a lo cual forma parte integral del conflicto colombiano. Sin embargo, aunque el Estado tiene que confrontar con firmeza el narcotráfico, la afirmación del presidente Álvaro Uribe de que el conflicto enfrenta a una democracia contra unos meros "narcoterroristas" a quienes se debe combatir en una guerra frontal no hace justicia a la complejidad de una lucha que se desarrolla desde hace decenios. La lucha contra la droga y el narcotráfico es una condición necesaria pero no suficiente para que Colombia avance hacia la paz. La idea de que la política antinarcóticos y la política antiinsurgente son una misma cosa, mengua las posibilidades de éxito de ambas y obstaculiza la búsqueda de una paz sustentable.

Durante el gobierno de Uribe se han fumigado más cultivos ilícitos que en cualquier otra época en la historia de Colombia, y se ha reducido efectivamente el cultivo de coca de más de 100.000 hectáreas a fines del 2002 a cerca de 86.000 hectáreas a fines del 2003. La policía y el ejército han destruido cientos de pequeñas instalaciones para el procesamiento básico de la coca, así como laboratorios de cocaína más sofisticados. Sin embargo, el precio de la cocaína en las calles de los Estados Unidos no ha aumentado y los niveles de consumo siguen siendo altos, pese al incremento del 17 por ciento en los decomisos de cocaína en Europa y a un aumento sustancial en el consumo de cocaína en nuevos mercados como Brasil.

Es muy improbable que la fumigación aérea se mantenga a la par con la movilidad geográfica y la productividad cada vez mayor de los cultivos ilícitos. La interdicción de los cargamentos de droga y precursores químicos es muy difícil, en parte debido a la porosidad de las fronteras de Colombia, y los programas de desarrollo alternativo han sido insuficientes. Las finanzas de los grupos armados no parecen haber sufrido mucho daño, y todo parece indicar que pueden sostener la guerra durante años.

Aunque la lucha contra la droga es evidentemente crucial, la paz debe seguir siendo la prioridad política de Colombia. El grupo paramilitar AUC evolucionó de servir a los capos de la droga de la década de 1980 y comienzos de los noventa como pistoleros a sueldo, hasta convertirse en una federación nacional de bloques armados que controlan una porción cada vez mayor del negocio de la droga. Las AUC, que combatían a los grupos rebeldes Ejército de Liberación Nacional (ELN) y FARC y tenían algunos vínculos con agentes del Estado, cometieron crímenes atroces contra civiles a quienes estigmatizaron como partidarios de la guerrilla. A comienzos del 2005 y después de dieciocho meses de negociaciones, el gobierno de Uribe ha desmovilizado a cerca de 3.000 paramilitares, entre ellos al notorio Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, quien ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos, junto con otros líderes paramilitares, por cargos de narcotráfico.

No obstante, las redes de droga de los paramilitares parecen seguir intactas, y el grueso de sus bienes ilícitos, sobre todo en los sectores rurales de Colombia, se ha visto muy poco afectado. El gobierno no ha podido establecer conversaciones de paz prometedoras con el ELN, que es el grupo insurgente con menos vínculos con el narcotráfico. Tampoco ha logrado debilitar significativamente a las FARC – cuyos nexos con la droga son bastante fuertes –, pese a la intensificación de los programas de seguridad y al lanzamiento de una gran ofensiva militar (Plan Patriota) desde 2003. Las FARC siguen teniendo una fuerte presencia en la mayor parte de las regiones productoras de coca y amapola y participan activamente, junto con las AUC y la nueva generación de pequeños carteles, o "baby cartels", en el negocio del narcotráfico.

El gobierno de Colombia tiene que revisar la relación entre su política antinarcóticos y su política de seguridad, y diseñar e implementar una estrategia de desarrollo amplia que incluya programas de desarrollo alternativo de mucho mayor alcance. La norma debe ser la erradicación voluntaria de cultivos, mientras que la erradicación forzada, en especial mediante fumigación aérea, debe ser una excepción restringida a grandes extensiones en donde no se afecte a los pequeños campesinos. El gobierno también debe renovar sus ofertas de cese de fuego y de conversaciones con los insurgentes con facilitación de la ONU, con miras a su desmovilización e integración política a nivel local y regional.

Las posibilidades de poner fin al conflicto armado en Colombia también aumentarían considerablemente si se lograra reducir la demanda creciente de drogas en los grandes centros de consumo de Estados Unidos y Europa, pues eso disminuiría el margen de utilidades de los grupos armados, así como de las organizaciones internacionales del narcotráfico. Para lograr esto, los gobiernos de Estados Unidos y Europa deben fortalecer la interdicción, así como el arresto y enjuiciamiento de narcotraficantes y lavadores de dinero. También es urgente que evalúen si las medidas de reducción de daños tienen potencial para reducir la demanda en los mercados delictivos de la cocaína y la heroína, y si se concluye que sí, implementar dichas medidas.

RECOMENDACIONES

Al gobierno de Colombia:

1.  Fortalecer los esfuerzos de interdicción de cargamentos de droga y precursores químicos, y de procesamiento legal de narcotraficantes, con medidas vigorosas de extinción de dominio y contra el lavado de activos.

2.  Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo rural de amplio alcance, que incluya programas de desarrollo alternativo en las regiones de cultivo de coca y amapola, con oportunidades de trabajo alternativo e infraestructura comunitaria; en los casos en los que no sea viable una economía alternativa, ofrecer el reasentamiento de comunidades y programas de desarrollo alternativo en tierras adquiridas por el Estado, preferentemente confiscadas a los narcotraficantes.

3.  Implementar la erradicación manual a mayor escala, voluntaria en la medida de lo posible como parte de acuerdos de oportunidades de trabajo alternativo, y obligatoria si se han rechazado opciones viables, y recurrir a la fumigación aérea por excepción y sólo en grandes extensiones; emprender estudios sobre el impacto ambiental, social y económico a largo plazo de dicha fumigación, y de su efecto en la salud de las mujeres y los niños y en su seguridad alimentaría, y suspender la fumigación si se demuestran consecuencias negativas.

4.  Forjar alianzas políticas con otros países productores y con los países consumidores en Europa y Norteamérica en torno a la importancia de las medidas de reducción de daños como componente integral de la política antinarcóticos, defender esta posición en los foros internacionales pertinentes, en especial la Asamblea General de las Naciones Unidas, y promover un análisis serio de la relación que guardan dichas medidas con la reducción de la demanda.

5.  Garantizar que la desmovilización de las fuerzas paramilitares se realice en condiciones apropiadas, guardando el debido respeto por el Estado de derecho y con el abandono pleno y verificado de cualquier vínculo con el narcotráfico.

6.  Reconocer que los grupos insurgentes de izquierda, las FARC y el ELN, no son simples "narcoterroristas" sino que tienen en parte motivaciones ideológicas de carácter político, y combatirlos de conformidad con esto, complementando los programas militares y judiciales con programas sociales que profundicen en algunas de las causas del conflicto armado, como el problema de los derechos a la tierra.

7.  Aprovechar el proceso de desmovilización de los paramilitares como una oportunidad para proceder con negociaciones tendientes a la desmovilización de las FARC y el ELN y su integración como organizaciones políticas a nivel local y regional, bajo las mismas condiciones anteriormente recomendadas para los paramilitares:

a) Investigación de los crímenes atroces y castigos correspondientes;

b) confiscación de bienes ilícitos; y

c) admisión de todo vínculo con el narcotráfico y terminación del mismo.

Al gobierno de los Estados Unidos:

8.  Continuar apoyando los esfuerzos de Colombia por establecer el Estado de derecho y la presencia estatal en todo el territorio nacional, incluida la asistencia militar y policial adecuada, así como una mejor ayuda logística y técnica en la interdicción de cargamentos de droga y el procesamiento de narcotraficantes y lavadores de dinero en Estados Unidos.

9.  Modificar la balanza de modo que haya una división equilibrada entre asistencia en materia de seguridad por un lado, y asistencia económica rural, ayuda en gobernabilidad y financiación social por el otro, que incluya un incremento sustancial en la ayuda para programas de desarrollo rural y alternativo.

10.  Solicitar a la Academia Nacional de Ciencias, el Instituto de Salud y el Consejo Nacional de Investigación que emprendan conjuntamente un estudio global sobre el alcance, los beneficios, las implicaciones y las consecuencias de las medidas de reducción de daños en la lucha contra la demanda de estupefacientes en Estados Unidos, que incluya los experimentos de suministro de droga médicamente controlado en programas de desintoxicación que se han realizado en Europa y otros países.

11.  Realizar consultas amplias sobre las posibles implicaciones de las medidas y los mecanismos de reducción de daños en la disminución de la demanda para incorporarlas tanto en los países productores como en los consumidores; si se concluye por consenso que sí disminuirían la demanda y, por ende, reducirían los márgenes de utilidad que afectan la oferta y los conflictos armados, buscar enmendar de conformidad con ello el marco de la política antinarcóticos internacional en las convenciones de la ONU.

A la Unión Europea y sus Estados miembros:

12.  Aumentar la asistencia a Colombia para programas de desarrollo alternativo con miras a reducir al mínimo la fumigación aérea, y contribuir, a través de los organismos de cooperación técnica, a la formulación e implementación de una estrategia de desarrollo rural de amplio alcance.

13.  Fortalecer el estudio científico de las medidas de  reducción de daños, que incluya los programas de suministro de droga médicamente controlado y los experimentos de liberalización parcial en los lugares donde éstos existen, buscar un consenso en torno a una política europea sobre la droga con base en los resultados de dichos estudios y buscar la enmienda de las convenciones de la ONU en materia de droga, para que sean consistentes con dicha política.

14.  Proveer a Colombia una mayor asistencia logística y técnica para la interdicción de cargamentos de droga y precursores químicos y, si existe jurisdicción, procesar narcotraficantes y lavadores de dinero colombianos y europeos.

A los gobiernos de Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela:

15.  Incrementar los esfuerzos y la cooperación con Colombia en lo concerniente a la interdicción de cargamentos de droga y precursores químicos y en el procesamiento legal de narcotraficantes, y aplicar vigorosamente las medidas contra el lavado de dinero.

16.  Fortalecer las medidas que buscan reducir la demanda de droga, incluyendo la consideración de introducir en las políticas nacionales contra la droga medidas de reducción de daños orientadas a la abstinencia, y apoyar en la Asamblea General de las Naciones Unidas enmiendas pertinentes a las convenciones de la ONU en materia de droga.

A la Asamblea General de las Naciones Unidas:

17.  Considerar seriamente los primeros pasos para introducir medidas de reducción de daños en los países productores y consumidores como parte del marco de la política antinarcóticos internacional antes de la fecha límite de evaluación de UNGASS en el 2008, que incluya la integración del concepto como parte de los Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Droga.

A las instituciones financieras internacionales (IFI):

18.  Ayudarle a Colombia a diseñar e implementar una estrategia de desarrollo rural de amplio alcance, que incluya programas de desarrollo alternativo en regiones de cultivos de coca y amapola, así como el reasentamiento de poblaciones en caso de necesidad.

Bogotá/Bruselas, 27 de enero de 2005