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Justicia Transicional y los Diálogos de Paz en Colombia

Latin America Report N°49 29 Aug 2013

RESUMEN EJECUTIVO & RECOMENDACIONES

Si el gobierno del Presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quieren sentar las bases de una paz sostenible a medida que avanzan hacia un desenlace exitoso de los diálogos iniciados a finales de 2012, tienen que concertar un plan claro, creíble y coherente que enfrente los abusos de derechos humanos cometidos por todas las partes. Esta no es tarea fácil. Cualquier acuerdo sostenible deberá ser aceptable no solo por las dos partes. Encontrar un terreno común entre la guerrilla, el gobierno, los críticos de las negociaciones de paz, las víctimas y un público en gran medida desfavorable hacia las FARC es difícil, pero lo será aún más en la cúspide del ciclo electoral de 2014. No obstante, dado que las cortes, el Congreso y los electores desempeñarán un papel importante en la ratificación y aplicación de las medidas de justicia transicional, el interés de ambas partes en una transición estable debería compensar el costo de llegar a un acuerdo que sobrepase sus estrechos intereses. De otra manera, el declive del apoyo popular, la controversia política y los desafíos legales amenazan con socavar tanto la justicia como la paz.

La justicia para las víctimas de todos los actores del conflicto, incluyendo a las víctimas de los agentes del Estado, es un aspecto esencial de cualquier régimen viable de justicia transicional. Aquellos que resulten ser los máximos responsables de los delitos más graves, de cualquiera de los lados, tienen que ser juzgados y se les debe imponer penas apropiadas, que sólo bajo condiciones muy estrictas podrían ser reducidas. Una amnistía puede cubrir solamente los delitos políticos y los crímenes conexos al delito político, pero nunca los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Los miembros de las FARC que estén fuera de la categoría de máximos responsables podrían ser elegibles para un proceso administrativo que, bajo condiciones vinculadas a la reconciliación, garantice sentencias reducidas o suspendidas en el caso de que sean condenados por delitos relacionados con el conflicto. Los detalles del modelo de justicia transicional aplicable a agentes del Estado deben ser dejados en manos del Congreso.

Los elementos referidos del modelo de justicia transicional deben ir acompañados por mecanismos de búsqueda y narración de la verdad, sobre todo a través de una comisión de la verdad independiente y de iniciativas locales de memoria. También debe existir un compromiso renovado con la reparación integral y un plan convincente para lograr una mejor gobernabilidad, incluyendo el fortalecimiento institucional y el establecimiento de un proceso creíble de depuración, que ayude a prevenir un retorno a la violencia armada.

Llegar a un acuerdo sobre un modelo integral de justicia transicional tendrá costos para ambas partes. Las actitudes sobre los crímenes cometidos durante el conflicto han comenzado a cambiar, pero tanto el gobierno como las FARC aún tienen mucho que hacer para reconocer plenamente su respectiva responsabilidad por las múltiples violaciones de los derechos humanos. La agenda de negociación no menciona varios aspectos claves para un acuerdo de justicia transicional adecuado, tales como los mecanismos para establecer la responsabilidad penal individual y la reparación. En medio de una creciente presión para concluir los diálogos antes de que comiencen las campañas electorales presidenciales y legislativas de 2014, ambas partes podrían estar tentadas a conformarse con un acuerdo expedito pero que no cumpla con los estándares nacionales e internacionales de los derechos de las víctimas. Una solución a la que se llegue de manera fácil podría satisfacer los imperativos políticos de corto plazo pero sería un error en el largo plazo. Esto no sólo provocaría problemas legales sino que alentaría a los opositores de los diálogos de paz, quienes fundamentan gran parte de su oposición en el rechazo a la “impunidad” para las FARC.

Ambas partes, por lo tanto, tienen un interés común en lograr un acuerdo perdurable. La mejor manera de generar sostenibilidad es la de respetar las obligaciones de Colombia establecidas en múltiples tratados de derechos humanos y de derecho penal internacional. Estos, junto con la legislación y jurisprudencia internas, no son obstáculos para la paz sino la base para un acuerdo en el que todos los sectores sociales, aun los críticos moderados de las negociaciones, podrían sentirse representados y superar el escrutinio judicial. Las partes no deberían desarrollar por sí mismas todos los aspectos de un modelo de justicia transicional, pero sí deberían diseñar las disposiciones que generen seguridad jurídica para los miembros de las FARC, garanticen los derechos de las víctimas y fomenten el apoyo social que evite que el régimen de justicia transicional se desgaste en disputas políticas y legales.

Colombia está en una posición probablemente mejor que la de muchos otros países que emergen de conflictos para fortalecer su proceso de paz con un modelo de justicia transicional integral. Los años de experiencia en el tratamiento de los paramilitares desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005 (LJP) han producido una gran cantidad de lecciones acerca de lo que puede funcionar. Se encuentra en curso un programa masivo de reparaciones para todas las víctimas y se ha avanzado en la búsqueda de la verdad, a pesar del conflicto. Sin embargo, los negociadores y los encargados de las políticas necesitan tomar en serio las limitaciones financieras y administrativas. En particular, deben procurar no repetir el error de establecer un sistema ambicioso en el plano legislativo, pero que en la práctica tendría dificultades para defender los derechos de las víctimas. Como punto de partida, deben admitir que esta es una tarea de largo aliento y establecer a partir de allí la secuencia de las medidas de justicia transicional y su prioridad frente a otras demandas que compiten por los recursos del Estado, incluyendo aquellas que se deriven de la implementación de un acuerdo de paz. La comunidad internacional debe proporcionar apoyo financiero y logístico a las instituciones de justicia transicional tanto nuevas como existentes y debe, de igual manera, cooperar en la implementación de las garantías de no repetición.

Es esencial poner fin al conflicto armado para avanzar hacia una Colombia más pacífica, justa y democrática. Pero no se puede construir un futuro estable sin reconocer el pasado. Por más de cinco décadas, el conflicto ha cobrado la vida de unas 220.000 personas, ha desplazado a más de cinco millones y ha convertido en refugiados a casi 400.000. Se han cometido innumerables crímenes graves, incluyendo masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y violencia sexual o de género. Develar los perpetradores y sus redes, castigar a los máximos responsables de ambas partes, proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas e instaurar un régimen político y social bajo el cual no se repitan tales atrocidades son los pasos necesarios hacia una paz duradera. Completar este proceso tomará probablemente décadas. Lo que el gobierno y las FARC tienen que hacer ahora es acordar la hoja de ruta para una transición larga, pero definitiva, hacia la paz.

RECOMENDACIONES

Para alcanzar un acuerdo de paz definitivo que sea social y jurídicamente sostenible, en el tratamiento de los asuntos relativos a la justicia transicional

A las partes negociadoras:

1.  Incluir en el acuerdo definitivo un reconocimiento de las responsabilidades y los correspondientes pedidos de perdón por las violaciones de los derechos humanos, así como un compromiso con la defensa y promoción de los derechos de las víctimas, dentro de un lenguaje claro que afirme, en relación con la justicia transicional, que:

a) la verdad sobre el conflicto debe ser conocida, particularmente en relación con las redes que lo permitieron y apoyaron, y revelada a través de una comisión de la verdad independiente y creíble que considere a todos los actores;

b) los juicios de los máximos responsables de ambas partes por graves crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) son esenciales;

c) el marco de reparaciones establecido por la Ley de Victimas y Restitución de Tierras de 2011 es un gran avance pero se puede complementar con otras medidas, y

d) las garantías de no repetición requieren reformas institucionales, incluyendo una sólida depuración de los funcionarios involucrados en violaciones de los derechos humanos.

2.  Abordar la justicia transicional de manera integral en el acuerdo final, pero dejar el diseño de las medidas específicas a las instituciones apropiadas.

3.  Comprometerse a participar en los procedimientos de una comisión de la verdad, contribuyendo a las iniciativas de memoria, proporcionando respuestas acerca de los muertos y desaparecidos, así como preservando y poniendo los archivos estatales y los registros de las FARC a disposición de la comisión de la verdad, los fiscales, los jueces y otras autoridades públicas.

4.  Facilitar la participación de la sociedad civil y de las víctimas en los diálogos mediante el fomento del debate público sobre las medidas de la justicia transicional.

Para garantizar la aplicación de un régimen de justicia transicional sostenible

Al Gobierno, al Congreso y al Fiscal General de la Nación de Colombia:

5.  Establecer una comisión de la verdad lo suficientemente fuerte como para cumplir con las expectativas de las víctimas, fortalecer la legitimidad del Estado en las comunidades y establecer una narración colectiva sobre el conflicto a través de:

a) el establecimiento de mecanismos de consulta, que incluyan a las víctimas, antes de la adopción de la legislación que establezca la comisión, y

b) la concesión de un plazo suficiente para que la comisión cumpla con un mandato que le permita examinar a todos los actores del conflicto, y que incluya la formulación de recomendaciones para preservar la memoria, mejorar la reparación y el desarrollo de reformas institucionales que permitan desmantelar las redes ilegales y evitar que se repita la violencia.

6.  No asignarle funciones judiciales a la comisión.

7.  Proporcionar una amnistía para todos los delitos políticos (y los delitos conexos a delitos políticos) cometidos por miembros de las FARC.

8.  Facilitar el juzgamiento de los máximos responsables, ya sea de las FARC o del Estado, por crímenes internacionales graves cometidos durante el conflicto armado; asegurar que los cargos reflejen adecuadamente la magnitud de los crímenes cometidos durante el conflicto y que los crímenes de género estén debidamente representados; permitir flexibilidad en las sentencias a los máximos responsables, condicionada a la revelación de la verdad, a la reparación y (para los miembros de las FARC) al desmantelamiento de las estructuras armadas.

9.  Establecer para los miembros de las FARC desmovilizados, que no figuren entre los máximos responsables, un procedimiento administrativo vinculado a los programas de reintegración, que permita acordar reducciones o suspensiones de las sentencias, sujeto a condiciones tales como la revelación de la verdad y las reparaciones, en el caso de que sean juzgados y encontrados culpables por delitos relacionados con el conflicto.

10.  Exonerar a los miembros de las FARC de la extradición siempre y cuando cumplan con condiciones específicas, incluyendo la desmovilización y la no reincidencia en actividades delictivas.

11.  Trabajar hacia la aplicación oportuna de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 como un instrumento para la reparación integral, mediante el fortalecimiento de las instituciones locales de manera que puedan ser aliados eficaces; hacer que las instituciones nacionales encargadas de proteger los derechos de las víctimas sean más sensibles a las preocupaciones locales y estén más presentes en las zonas de conflicto; y ayudar al desarrollo de la capacidad institucional de los grupos de víctimas y de las organizaciones de derechos humanos.

12.  Conseguir que se depositen los activos de las FARC en el Fondo de Reparación de las Víctimas (ya sea voluntariamente por las FARC o a través de la confiscación por parte del Estado), para que la Unidad de Víctimas pueda recurrir a ellos y destinarlos a las compensaciones.

13.  Asegurar que las garantías de no repetición se cumplan a través de medidas eficaces para la reintegración de los miembros de las FARC (incluyendo un plan de protección integral), mayores esfuerzos para luchar contra los nuevos grupos armados ilegales, y una depuración exhaustiva de funcionarios, incluyendo a los miembros de las fuerzas de seguridad.

14.  Redoblar los esfuerzos para fortalecer las instituciones civiles y la gobernabilidad democrática en las regiones en conflicto, sobre la base de las lecciones aprendidas en esfuerzos anteriores.

A la comunidad internacional:

15.  Proporcionar financiamiento, apoyo y asesoría técnica a la comisión de la verdad y a otras instituciones pertinentes y poner a su disposición toda la información concerniente sobre el conflicto armado y los delitos graves, en particular las desapariciones.

16.  Dar apoyo financiero y logístico a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de iniciativas de memoria y de búsqueda de la verdad desde las comunidades, así como a las instituciones nuevas y existentes de justicia transicional, y oponerse a cualquier obstáculo a las investigaciones y juzgamientos llevados a cabo en el marco de la justicia transicional.

17.  Organizar, en conjunto con el gobierno, un esfuerzo de cooperación financiera multianual que contribuya a asegurar el cumplimiento de las garantías de no repetición establecidas en el acuerdo de paz, entre otras cosas:

a) focalizando la cooperación técnica y financiera en el fortalecimiento de las autoridades civiles, dando prioridad a las instituciones locales, a los proveedores de servicios sociales y a las instituciones encargadas de proteger los derechos de las víctimas;

b) fomentando y dando apoyo financiero y técnico para la participación de la sociedad civil y del sector privado en las oportunidades económicas de origen comunitario para la reintegración de los miembros desmovilizados de las FARC, y

c) apoyando el fortalecimiento de las agencias civiles encargadas de hacer cumplir la ley, de las instituciones judiciales y las de derechos humanos, en las zonas más afectadas por el conflicto.

Bogotá/Bruselas, 29 de agosto de 2013
 
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