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Homepage > Regions / Countries > Latin America & Caribbean > Andes > Colombia > Cutting the Links Between Crime and Local Politics: Colombia’s 2011 Elections

Romper los nexos entre crimen y política local: Las elecciones de 2011 en Colombia

Latin America Report N°37 25 Jul 2011

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

Las conexiones profundamente arraigadas entre actores políticos y criminales representan un obstáculo sustancial para la solución del conflicto en Colombia. Los grupos armados ilegales buscan consolidar y expandir su control sobre los gobiernos locales en las elecciones para gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales, que se celebrarán en octubre de 2011. El Gobierno Nacional parece estar más dispuesto y mejor preparado que en el pasado para contener la influencia de actores ilegales en las elecciones, pero los retos siguen siendo enormes. El alto número de asesinatos de precandidatos es un mal presagio para la campaña electoral, sugiriendo que la tendencia decreciente de violencia electoral de la última década podría ser revertida. A ello se agrega el riesgo de que se utilicen diversos medios, incluyendo la intimidación y el dinero ilícito, para influir sobre los resultados. El Gobierno debe implementar con todo rigor medidas adicionales para proteger a los candidatos y blindar el proceso electoral contra la infiltración criminal, la corrupción y el fraude. Si no logra aminorar estos riesgos, muchas zonas del país estarán destinadas a soportar cuatro años más de pobre gobierno, altos niveles de corrupción y violencia prolongada.

La descentralización de las décadas de los ochenta y los noventa incrementó considerablemente las tareas y recursos de los gobiernos locales, pero las capacidades institutionales de muchos municipios no aumentaron en igual proporción. Esa falencia convirtió a estos gobiernos en objetivos cada vez más atractivos para guerrilleros y paramilitares. Asimismo, la violencia contra candidatos, autoridades locales y activistas políticos y sociales aumentó sustancialmente. Las guerrillas se han dedicado principalmente a sabotear y perturbar el proceso electoral, demostrando una actitud hostil hacia los gobiernos locales. Por su parte, los grupos paramilitares, particularmente después de la conformación de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), utilizaron sus nexos con élites económicas y políticas para infiltrar gobiernos locales y apoderarse de recursos públicos, actividades que alcanzaron su nivel más agudo en las elecciones locales de 2003. Desde entonces, y específicamente después de la desmovilización oficial de esos grupos en 2006, la influencia ejercida por los políticos vinculados a paramilitares se ha debilitado pero no ha desaparecido.

Las elecciones de octubre pondrán a prueba la forma en que las instituciones democráticas, bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, enfrentarán el creciente poder de los nuevos grupos armados ilegales y sucesores de los paramilitares (NGAI) que son considerados la mayor amenaza para la seguridad del país en la actualidad. Estas organizaciones, que el Gobierno ha denominado BACRIM (bandas criminales), no parecen tener una postura unificada frente a las elecciones. Algunas de ellas preferirán mantener una relación mínima con políticos locales, que les garantice impunidad, acceso a la información y libertad de acción. Pero en una rápida evolución, los NGAI se están convirtiendo en redes criminales más extensas y fuertes, de tal manera que algunos de ellos podrían desarrollar una agenda política más ambiciosa. Varios activistas sociales que promueven la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado colombiano han sido asesinados, lo que hace suponer que esta importante iniciativa de Santos será resistida por alianzas conformadas por grupos criminales y algunos segmentos de las élites económicas locales, en defensa del statu quo. Mientras tanto, los frecuentes ataques contra precandidatos y población civil sugieren que las debilitadas FARC quieren probar que no son una fuerza neutralizada.

Colombia está mejor preparada que en el pasado para asumir estos retos. Tras la condena de unas dos docenas de congresistas como resultado de investigaciones sobre nexos entre políticos y paramilitares, la impunidad empieza a decrecer. Estas investigaciones empiezan a deslizarse hacia los gobiernos locales, lentamente y de manera desigual. En julio de 2011, el Gobierno promulgó una amplia ley de reforma política que prepara el terreno para imponer sanciones a los partidos que avalen candidatos que mantengan vínculos con grupos armados ilegales o enfrenten investigaciones por narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, las normas anti-corrupción y las de financiamiento de campañas electorales se han endurecido, si bien el marco legal todavía tiene algunos puntos débiles.

En el largo plazo, estos cambios deberían favorecer elecciones locales más limpias y competitivas. En el corto plazo, sin embargo, su impacto será limitado. La aprobación de la Ley de Reforma Política, apenas cuatro meses antes de las elecciones, ha aumentado la incertidumbre, y queda poco tiempo para implementar algunas de las nuevas normas. En términos generales, los partidos siguen siendo débiles y hay dudas de que estén en condiciones de controlar el proceso de nominación de sus propios candidatos. En aquellas regiones en donde las élites vinculadas anteriormente a grupos paramilitares sigan influyendo en el entorno político y económico, será difícil que exista una real competencia electoral. Resulta especialmente difícil exponer públicamente los nexos entre políticos y grupos criminales, en aquellas zonas del país en donde el clientelismo es la regla general y la población desconfía de autoridades que no actúan frente a estos problemas.

El desafío inmediato que enfrenta el Gobierno es garantizar las condiciones para unas elecciones libres, limpias y competitivas. Pero aún hay mucho por hacer para proteger a los gobiernos locales en el largo plazo de la influencia de los grupos armados ilegales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe fortalecerse y gozar de una mayor independencia. El Congreso debe actualizar y simplificar las diversas normas electorales que rigen en el país. Los partidos políticos deben establecer estructuras internas más sólidas y desarrollar una cultura de rendición de cuentas. Sin embargo, todos estos cambios serán insuficientes si el gobierno local no tiene la capacidad institucional de garantizar una administración democrática, limpia y eficiente.

RECOMENDAcIONES

Para crear las condiciones necesarias para unas elecciones locales protegidas y seguras

Al Gobierno de Colombia:

1.  Examinar los métodos y criterios que actualmente se aplican para identificar las amenazas a la seguridad y articular sus evaluaciones de riesgos con aquellas elaboradas por las organizaciones de la sociedad civil, así como implementar con todo rigor medidas que brinden seguridad a candidatos y organizaciones políticas, sin discriminación.

2.  Reaccionar oportunamente ante todas las amenazas a candidatos o activistas sociales, así como ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y también aplicar sanciones contra aquellos funcionarios que no actúen integralmente con respecto a ellas.

Para reducir la influencia de políticos vinculados a actores armados ilegales

 A los partidos políticos:

3.  Revisar riguosamente los antecedentes de los posibles candidatos antes de avalarlos formalmente y rechazar a todos aquellos que tengan un pasado cuestionable, incluso a quienes sean parientes cercanos de políticos vinculados con paramilitares o cuya candidatura haya sido promovida por políticos relacionados con actores armados ilegales.

Para prevenir el financiamiento ilícito de las campañas y los crímenes electorales y mejorar la transparencia

 Al Consejo Nacional Electoral (CNE):

4.  Ordenar a los Tribunales Seccionales de Garantías Electorales que hagan uso más activo de sus competencias para auditar las cuentas de las campañas durante el proceso electoral.

 A los partidos políticos y a los candidatos:

5.  Dar a conocer voluntaria y públicamente las contribuciones aceptadas por su campaña, así como el gasto de la misma, con suficiente anticipación a la fecha de las elecciones.

Al Gobierno de Colombia:

6.  Lanzar de inmediato una campaña para incrementar el conocimiento sobre las normas de financiación de campañas y los cambios introducidos en la reforma política de 2010, para beneficio de las organizaciones políticas, los candidatos, los contribuyentes, los medios de comunicación y la sociedad civil;

7.  Asignar recursos adicionales a la Registraduría Nacional del Estado Civil para asegurar el uso del sistema de identificación biométrica del votante en las elecciones de 2011, por lo menos en los departamentos con más alto riesgo de fraude electoral.

8.  Promover el acceso público a los registros de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), facilitando así que el electorado esté en mejores condiciones de exigir el seguimiento de las denuncias por parte de las instituciones pertinentes.

Al Gobierno y al Congreso de Colombia:

9.  Asignar los recursos que sean necesarios a la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de poner en funcionamiento una unidad dedicada a investigar los delitos electorales, de tal forma que dichas investigaciones produzcan resultados concretos a la mayor brevedad posible.

Para asegurar igualdad de condiciones para todos los candidatos

A la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y a las Cortes:

10.  Investigar y, si es procedente, imponer sanciones con rapidez y eficacia a los funcionarios públicos que intervengan ilegalmente en la campaña electoral.

11.  Monitorear la ejecución de las obras públicas de reconstrucción a consecuencia de las intensas lluvias, así como realizar un seguimiento riguroso a las acusaciones de malversación de esos recursos con propósitos electorales y de clientelismo.

Para garantizar la protección y promoción de los derechos políticos de las poblaciones vulnerables

Al Gobierno de Colombia:

12.  Comunicar con claridad, antes de las elecciones, que el acceso a subsidios y programas de apoyo del Estado, tales como Familias en Acción, es un derecho y no un favor político.

Al Gobierno y al Congreso de Colombia:

13.  Introducir instrumentos y mecanismos que protejan con mayor eficacia los derechos políticos de los desplazados internos, incluyendo la oportunidad de votar por correo si están lejos de su domicilio original, así como crear escaños especiales reservados para ellos en los gobiernos locales.

Para fortalecer el escrutinio, la cobertura informativa del proceso electoral y promover la confianza ciudadana en los resultados

Al Gobierno de Colombia, a la Fiscalía General y a las instituciones electorales:

14.  Reaccionar oportunamente ante amenazas a periodistas, no solo brindándoles protección sino investigando con prontitud su origen e identificado y sancionando a los responsables de las mismas.

15.  Garantizar que los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso libre y en igualdad de condiciones a la información electoral oficial.

16.  Invitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que envíe una misión de observación electoral de mandato amplio, con el fin de garantizar un escrutinio internacional, incluso en las etapas pre- y poselectorales, y que se concentre en:

a) los departamentos y municipios expuestos a alto riesgo de violencia y/o fraude electoral, y

b) el conteo de votos, en particular si para las elecciones de octubre ya se han implementado los cambios procedimentales derivados de la Ley Estatutaria de Reforma Política.

A los candidatos y los responsables de sus campañas:

17.  Comprometerse públicamente a respetar la labor de los periodistas durante la campaña y contribuir a un debate electoral informado.

Bogotá/Bruselas, 25 de julio de 2011


 
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