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Homepage > Regions / Countries > Latin America & Caribbean > Andes > Colombia > The Virtuous Twins: Protecting Human Rights and Improving Security in Colombia

Dos pasos complementarios: proteger los derechos humanos y mejorar la seguridad en Colombia

Latin America Briefing N°21 25 May 2009

PANORAMA GENERAL

A lo largo de siete años, el gobierno del presidente Álvaro Uribe ha tenido importantes logros en materia de seguridad, pero acompañados por serias violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). Colombia todavía no está cerca de la terminación de su conflicto armado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los sucesores de los paramilitares y los nuevos grupos armados ilegales (NGAI) –responsables todos de múltiples atrocidades contra la población civil– pueden sobrevivir con financiación del narcotráfico y, hasta cierto punto, debido a la incapacidad del Estado de extender su presencia legítima a muchas áreas rurales. Para avanzar hacia una paz duradera, el gobierno de Uribe no sólo debe mantener sus logros en el campo de la seguridad, sino también mejorar urgentemente su política de seguridad abordando temas serios de derechos humanos y expandiendo el Estado de derecho y el alcance nacional de las instituciones civiles de la nación. El señalamiento de altos oficiales militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales es un primer paso, aunque insuficiente, para poner fin a los abusos. La cooperación internacional debe concentrar su atención en apoyar los esfuerzos para acabar con la impunidad y proteger los derechos básicos.

El gobierno de Uribe ha argumentado que la mejor manera de proteger los derechos humanos es expandiendo la presencia de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y los observadores internacionales han criticado desde hace bastante tiempo la negligencia o las acciones francamente abusivas de dichas fuerzas. Entre las violaciones serias figuran las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros de los organismos de seguridad; el crecimiento de los sucesores de los paramilitares y los NGAI, a veces con la aquiescencia de personal de seguridad y de algunos funcionarios gubernamentales; el fracaso de los mecanismos de alerta temprana en lo que se refiere a reducir las amenazas y la violencia contra defensores de los derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas y miembros de las minorías afrocolombianas e indígenas; la lentitud en la transferencia de casos de derechos humanos de la justicia militar al sistema de justicia ordinaria; y la lentitud, y en ocasiones la incapacidad, del sistema judicial para castigar a quienes violan los derechos humanos.

La desconfianza profunda y a menudo ideológica entre el gobierno y los defensores de los derechos humanos han obstaculizado el diálogo sobre la integración de la protección de los derechos humanos y el respeto al DIH a la política de seguridad. Esto es contraproducente y se debe superar mediante acciones concretas emprendidas tanto por el gobierno como por la sociedad civil y política, primero que todo poniendo fin a los repetidos intentos de los funcionarios del gobierno de vincular a las organizaciones de derechos humanos con la guerrilla. Las prioridades del gobierno y de los defensores de los derechos humanos no son mutuamente excluyentes, sino que más bien se refuerzan. La terminación del conflicto interno armado requiere mejorar la seguridad conjuntamente con el respeto pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El gobierno debe, con apoyo internacional, comprometerse abiertamente con las organizaciones de derechos humanos en la promoción de una defensa y protección escrupulosas de los derechos humanos. Esto incrementaría la credibilidad y la legitimidad democrática del gobierno y el Estado, haciendo más efectiva y sostenible la política de seguridad y aumentando las probabilidades de poner fin exitosamente al largo conflicto.

Las medidas urgentes que deben tomar el gobierno, la comunidad de derechos humanos y los socios internacionales deben incluir:

  • comprometerse públicamente con la Directiva Presidencial No. 07 de 1999, que ordena a los funcionarios públicos abstenerse de cuestionar la legitimidad del trabajo realizado por las organizaciones de derechos humanos y sus miembros, siempre y cuando actúen de conformidad con la Constitución y la ley;
  • fortalecer el profesionalismo de las fuerzas de seguridad, comprometiéndose a: (a) aplicar rigurosamente la política de 2007 del Ministerio de Defensa sobre los derechos humanos y el DIH; (b) establecer un sistema de evaluación para la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y DIH; (c) nombrar asesores jurídicos en todos los batallones del ejército; (d) brindar apoyo pleno a los inspectores militares encargados de investigar posibles abusos contra los derechos humanos y el DIH y transferir de inmediato los casos pertinentes al sistema de justicia ordinaria; (e) castigar a los violadores de los derechos humanos e infractores al DIH adscritos a la Fuerza Pública; y (f) organizar sesiones de nuevos comités de monitoreo en todas las divisiones del ejército para afrontar los temas de tortura, desaparición forzada, detención ilegal, ocupación de propiedades civiles y violencia sexual perpetrados por personal militar;
  • seguir condicionando la ayuda internacional a las fuerzas armadas al respeto pleno de los derechos humanos;
  • fortalecer la capacidad de investigación de las unidades de derechos humanos y de justicia y paz de la Fiscalía General; capacitar a jueces y fiscales regionales especializados en temas humanitarios; y mejorar los programas de protección con el fin de instar a víctimas y testigos a participar en investigaciones y procesos judiciales;
  • mejorar la coordinación entre la unidad del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Defensoría del Pueblo y el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) para que el SAT pueda participar plenamente en las decisiones sobre alertas tempranas, las cuales deben determinar claramente las responsabilidades de las autoridades locales, la policía y los militares, y publicar los informes de riesgo del SAT de conformidad con procedimientos apropiados, con el fin de mejorar la rendición de cuentas del gobierno;
  • establecer formalmente un protocolo de cooperación con arreglo al cual el Departamento de Justicia de los Estados Unidos asista a las unidades de justicia y paz y derechos humanos de la Fiscalía General para garantizar que todos los ex jefes paramilitares de las AUC que han sido extraditados continúen completando mediante videoconferencias sus confesiones y testimonios sobre violaciones de derechos humanos en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, y sean enviados de regreso a Colombia tan pronto terminen de pagar sus sentencias en Estados Unidos; y
  • reabrir un diálogo constructivo para buscar un consenso y finalizar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y DIH. En el marco del G-24, Suecia, España y Estados Unidos deben asumir el liderazgo en la búsqueda de un acercamiento entre el gobierno y los defensores de los derechos humanos.
 
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