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La paz en las fronteras

Silke Pfeiffer, Semana.com  |   12 Nov 2011

Las nuevas autoridades departamentales y municipales tienen una responsabilidad fundamental en sentar las bases para avanzar hacia la paz en Colombia, particularmente en la periferia del país.

Es en las fronteras de Colombia que se juega el conflicto armado, es ahí que el conflicto se sigue alimentando. Si las nuevas autoridades, junto con el gobierno nacional, no prestan mayor atención a los retos humanitarios y a la construcción de la legitimidad del Estado en estas zonas, la resolución del conflicto en Colombia continuará siendo una tarea imposible.
 
De las 151 emboscadas que las autoridades registraron en los primeros nueve meses del año, el 42 por ciento ocurrió en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Putumayo y Nariño. En los mismos cuatro departamentos fronterizos se cultiva casi el 40 por ciento de la coca que produce el país. Según las cifras de Indepaz, en Nariño y Norte de Santander, el número de municipios con presencia de los (mal llamados) Bacrim casi se duplicó entre el 2008 y el 2010.
 
Todo esto no es casualidad. Durante los últimos quince años, fronteras porosas, particularmente con Venezuela y Ecuador, han ofrecido ventajas estratégicas a grupos armados ilegales y han facilitado extensas economías ilícitas. La situación es agravada por la débil presencia de instituciones públicas, la corrupción y la infiltración criminal en estas zonas. Asimismo, la estrategia militar del ex presidente Uribe tuvo un costo alto para estas partes de Colombia. Empujó a los grupos armados ilegales hacia la periferia, aumentando así el valor estratégico del refugio en los países vecinos. Se perjudicaron también las relaciones con Ecuador y Venezuela, con lo que se truncó la capacidad de ofrecer respuestas coordinadas entre Bogotá, Caracas y Quito, a los problemas en las fronteras.
 
Actualmente, la reconstrucción de los lazos diplomáticos y el impulso del desarrollo de la periferia figuran entre las prioridades del presidente Santos. El Plan Fronteras para la Prosperidad, liderado por la Cancillería, promueve proyectos en el ámbito del desarrollo económico y social en los municipios fronterizos. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo se está avanzando hacia la formulación de una nueva política de fronteras. Las regiones limítrofes figuran entre las zonas prioritarias para la implementación de la Política de Consolidación. Además, la redistribución de regalías tiene un buen chance de aumentar los fondos destinados a la inversión pública en muchas regiones periféricas.
 
Sin embargo, estas iniciativas y la luna de miel diplomática, aún no tienen suficiente impacto en el terreno. Es más, con el fortalecimiento de los grupos ilegales armados en algunas zonas y sus operaciones transnacionales, el conflicto no sólo se proyecta cada vez más en territorio venezolano y ecuatoriano, sino que también cobra más y más víctimas a ambos lados de las fronteras. La tasa de homicidios en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas (frontera con Nariño) es casi el doble del promedio nacional colombiano y el triple del ecuatoriano. Habitantes de la municipalidad venezolana de San Antonio, a pocos kilómetros de Cúcuta, denunciaron actos de “limpieza social” por parte de grupos armados provenientes de Colombia. Estos reclutan también en el lado venezolano de la frontera.
 
Es así que el conflicto en las zonas fronterizas continúa dejando graves secuelas humanitarias. A pesar de ello, el tema no parece tener prioridad, ni en la política doméstica de fronteras, ni en la agenda bilateral. Estas negligencias pueden tener consecuencias graves. Sobre todo considerando que Venezuela sólo reconoce a 2,700 refugiados de los estimados 200,000 en necesidad de protección y que Ecuador acaba de hacer más rigurosa su política de otorgación de estatus de refugiado.
 
Para no prolongar, y eventualmente agudizar, aún más el drama en las fronteras, el Estado colombiano tiene que repensar el balance y el enfoque de los componentes militares y civiles de su intervención en estas zonas. La militarización del terreno no ha traído resultados claros y sostenibles de seguridad. Al contrario, ha expuesto a la población a nuevos riesgos, dada la continuación de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
 
Por todas estas razones, proveer protección a las comunidades locales y construir la legitimidad del Estado, deben ser objetivos principales para las fronteras de Colombia. Para ello hay que complementar la presión militar sobre los grupos armados ilegales con un mayor enfoque en seguridad ciudadana. Se necesita aumentar la capacidad de las autoridades de proveer una atención humanitaria integral a las víctimas del conflicto. Sobre todo, tiene que haber un compromiso rotundo de luchar contra la corrupción y de fortalecer la capacidad del Estado para ofrecer servicios y oportunidades de desarrollo.
 
Estas deberían estar basadas en las necesidades de la gente y contar con un fuerte sustento local. Si las comunidades en Putumayo o en Arauca continúan sintiendo que las inversiones en infraestructura están principalmente dirigidas a beneficiar a la industria petrolera o que proyectos de minería en zonas de conflicto traen más riesgos que beneficios, éstos seguirán socavando la confianza de la gente y prolongando el ciclo de la violencia. En la medida que el Plan de Fronteras o la Política de Consolidación no contribuyan a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, sus logros van a ser sólo temporales.
 
Finalmente, el desarrollo de las zonas fronterizas de Colombia es impensable sin los países vecinos. En una región donde la próxima crisis diplomática puede estallar en cualquier momento, los gobiernos afectados deberían aprovechar la actual ventana de oportunidad para institucionalizar una cooperación capaz de proveer soluciones efectivas en el campo del desarrollo y la seguridad de las fronteras. Para ello, ésta tiene que basarse en la participación activa de las autoridades locales, de la sociedad civil y del sector privado. De lo contrario, la paz en las turbulentas regiones fronterizas seguirá siendo una quimera, y la dinámica de esas regiones seguirá alimentando la guerra en Colombia.

Silke Pfeiffer es Directora para Colombia/Andes de International Crisis Group.

Semana.com

 
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