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Ecuador: ¿Superar la inestabilidad?

Latina America Report N°22 7 Aug 2007

RESUMEN EJECUTIVO

Ecuador ha sido la democracia más inestable de América Latina desde hace un decenio. Comenzando por la destitución del presidente Abdalá Bucaram por el Congreso y las protestas callejeras en 1997, la regla en este país han sido los gobiernos temporales débiles. En el 2000, Jamil Mahuad fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar, y en el 2005 las protestas provocaron la caída de Lucio Gutiérrez, quien había ayudado a tumbar a Mahuad. El gobierno de Rafael Correa, del movimiento Alianza País (AP), quien asumió la presidencia en enero y disfruta de una tasa de aprobación sin precedentes, está aplicando una “terapia de choque” para contener a la desacreditada oposición y allanar el camino para la celebración de una asamblea constituyente (AC) cuyo propósito es producir “un cambio profundo, radical y rápido”. Esto propició uno de los choques más fuertes entre las ramas del poder desde el retorno a la democracia en 1979, incluida la destitución, por parte del Tribunal Supremo Electoral, de 57 congresistas de la oposición en marzo, medida que provocó violencia callejera. Para restaurar la estabilidad en el emproblemado país, Correa tendrá que prestar más atención al respeto del Estado de derecho, garantizando condiciones de igualdad en la AC y construyendo consenso en torno a reformas fundamentales.

La inestabilidad crónica se ha vinculado con el menoscabo progresivo del Estado de derecho. El poder de veto de poderosos grupos económicos y de los partidos en el Congreso y el sector judicial se ha fortalecido, así como el poder callejero de los movimientos sociales, y en especial de las organizaciones indígenas; últimamente también se han fortalecido sectores de las clases media y media alta en las grandes ciudades, sobre todo en Quito. Los militares siguen influyendo tras bambalinas, pero hoy en día parecen más renuentes a intervenir directamente que en el pasado, a menos que sea inminente un colapso del orden público. Aunque la crisis económica y bancaria de fines de la década de 1990, que fue determinante en la caída de Mahuad, se solucionó mediante la introducción del dólar como moneda oficial en el 2000, y el crecimiento económico es estable, existen dudas sobre su sostenibilidad. Si los precios del petróleo caen, el incierto entorno de inversión y la producción menguada de la empresa estatal PetroEcuador podrían provocar nuevamente un estancamiento económico. Correa concentra sus esfuerzos en contener a la oposición y garantizar la elección de los miembros de la AC. No es claro que pueda lograr el consenso necesario para sacar a Ecuador de la crisis, sobre todo frente a la hostilidad de las élites.

Las raíces de la inestabilidad se remontan al marco institucional establecido durante el retorno a la democracia y a la deuda externa que se acumuló al comienzo de la bonanza petrolera en la década de 1970. Desde entonces, la ausencia de mayorías estables en el Congreso y la exclusión de segmentos importantes de la sociedad, en especial los indígenas, han impedido la planeación a largo plazo y el combate efectivo de la corrupción, el clientelismo y las actitudes rentistas fomentadas por la riqueza petrolera. En 1997-1998, el presidente interino Fabián Alarcón trató de restaurar la gobernabilidad con una nueva Constitución. Fracasó en su intento y es dudoso que el plan de Correa de introducir reformas de amplio alcance mediante una nueva Carta Política tengan mejor suerte. La historia muestra que los problemas de Ecuador no se pueden solucionar exclusivamente mediante ingeniería constitucional y que las élites intransigentes y los partidos tradicionales harán todo lo posible para proteger sus privilegios.

Para tener éxito, Correa tendrá que:

  • respetar y defender el Estado de derecho y garantizar la separación de poderes;
  • preparar las elecciones para la AC con transparencia plena y garantías para la oposición;
  • buscar consenso con la oposición en aspectos clave del nuevo marco constitucional que será elaborado por la AC, incluidas las reformas económicas;
  • promover la institucionalización y democratización de Alianza País y de los movimientos sociales y políticos; y
  • formular, con una amplia participación ciudadana, un Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011 económicamente viable.

Bogotá/Bruselas, 7 de agosto de 2007

 
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