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Venezuela: ¿Reforma política o colapso del régimen?

Latin America Report N°27 23 Jul 2008

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

El presidente Hugo Chávez afronta dificultades cada vez mayores tanto en su país como en el exterior. La derrota de las reformas constitucionales en un referendo celebrado en diciembre de 2007, un año después de la reelección, fue su peor revés desde que ganó las elecciones presidenciales en 1998. No fue en primera instancia la oposición dividida, que carece de una base social amplia, la que propinó este golpe, sino la abstención de tres millones de venezolanos, incluidos muchos antiguos partidarios del gobierno. Existe un desencanto creciente por causa de la escasez de alimentos, la inflación creciente, la inseguridad pública y la corrupción, así como resistencia al intento de Chávez de fusionar los partidos de su coalición para formar un nuevo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y preocupación por la mayor concentración de poder en manos del presidente y por su política exterior, incluidas las disputas con Colombia. Sólo si renuncia a sus intentos de alterar drásticamente la Constitución de 1999 podrá Chávez restablecer la estabilidad democrática en Venezuela. Si no llega a un acuerdo y no gobierna con mayor transparencia e inclusión, las elecciones municipales y regionales de noviembre podrían convertirse en un nuevo y dramático revés para su cada vez más autocrática “revolución bolivariana”.

Después de su segunda reelección por una votación abrumadora en diciembre de 2006, Chávez intentó acelerar la implementación de su “socialismo del siglo XXI”. La Asamblea Nacional (AN), controlada por el gobierno, aprobó una Ley Habilitante que le otorga poderes legislativos plenos al presidente hasta finales de julio de 2008, y Chávez propuso una reforma radical de la Constitución de 1999. Si se hubiera aprobado por referendo, la Constitución habría eliminado las limitaciones de la reelección presidencial, además de allanar el camino para una educación centralizada, una mayor politización del estamento militar, la recentralización del gobierno mediante un nuevo orden territorial y político, y el fortalecimiento de los consejos comunales encargados de administrar los programas de bienestar social (“misiones”) liderados por el ejecutivo. Los intentos de imponer decretos sin una previa discusión amplia en el primer semestre de 2008 provocaron un fuerte disenso que forzó su retiro.

El movimiento chavista está perdiendo impulso. Se ha vuelto burocrático, la corrupción se está extendiendo y el manejo del gobierno es deficiente. Los programas sociales del presidente no están cumpliendo las expectativas y no han empoderado a los ciudadanos. En las ciudades e incluso en las áreas rurales, en donde ha sido más fuerte la base social de Chávez, está aumentando el descontento debido a la escasez de alimentos básicos y el incremento en las tasas de inflación y de criminalidad. Es poco probable que el PSUV, creado a comienzos de 2007, le ayude a Chávez a recuperar el apoyo perdido. Por el contrario, en los niveles comunitarios, regional (estados) y local (municipios), se lo percibe como una estructura de toma de decisiones jerárquica que reduce cualquier espacio para la participación política no aprobada por el presidente.

Las elecciones de noviembre constituirán una prueba crítica para el gobierno de Chávez y para los procesos democráticos en el hemisferio. Para que la oposición política gane terreno significativamente y conquiste algunos feudos chavistas, debe insuflarle vida al pacto de unidad suscrito a comienzos de 2008, llegar a un consenso sobre candidatos únicos fuertes, atraer a los sectores menos favorecidos del electorado y diseñar una estrategia nacional convincente capaz de contrarrestar el carisma de Chávez.

RECOMENDACIONES

Al gobierno y las instituciones estatales de Venezuela:

1.  Concentrarse en la aplicación de la Constitución de 1999 y actuar de inmediato para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia del sector público mediante:

(a) el establecimiento de una comisión nacional de alto nivel liderada por civiles para diseñar una estrategia de seguridad pública con miras a combatir el crimen; los miembros de la comisión deben incluir a representantes de los ministerios del Interior y de Defensa, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, un grupo multipartidista de oficinas gubernamentales, estadales y municipales, organismos de seguridad nacional, regional y local y la sociedad civil;

(b) la garantía de que cualquier revisión del decreto de inteligencia retirado será consultada ampliamente con la sociedad civil, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de asegurarse de que no contenga disposiciones que violen la Constitución de 1999 ni convenios internacionalmente reconocidos de protección de las libertades civiles de los que Venezuela sea país signatario;

(c) la creación, bajo el liderazgo de la Contraloría y con el apoyo de la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Asamblea Nacional, de un equipo de fiscales especial para realizar investigaciones imparciales e independientes relacionadas con acusaciones de corrupción gubernamental;

(d) el alivio de la escasez de alimentos mediante el fomento de la producción interna, un mayor apoyo a los pequeños agricultores y el otorgamiento de garantías de inversión a los inversionistas agrícolas nacionales y extranjeros; y

(e) la integración de las misiones sociales con los programas existentes de bienestar social y el establecimiento de mecanismos efectivos e independientes de monitoreo para las mismas.

2.  Establecer garantías para la realización transparente de las elecciones municipales y estatales federales de noviembre de 2008 y respetar las libertades civiles y políticas básicas consagradas en la Constitución de 1999 de las siguientes maneras:

(a) demostrar de palabra y de obra que no se tolerará la violencia durante la campaña electoral, entre otras evitando el uso del término “guerra civil” para describir las consecuencias en caso de que la oposición gane en algunos estados y municipios claves;

(b) invitar, conjuntamente con la Corte Nacional Electoral (CNE), a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que envíe una misión internacional de observación para que ayude a garantizar la celebración de elecciones libres e imparciales y suministrarle información sobre todos los puestos de votación en el país; y

(c) levantar, de conformidad con el Artículo 65 de la Constitución de 1999, la prohibición de la Contraloría General de que 258 candidatos se presenten a elecciones – ellos todavía no han sido condenados por un juez – e instar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a que falle sobre el tema antes de que finalice el período de registro de candidatos.

3.  Adelantar una política exterior tendiente a lograr la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe, incluyendo:

(a) adoptar una posición constructiva con respecto al conflicto armado colombiano y su resolución política, nombrando un nuevo embajador en Colombia, reactivando los mecanismos de cooperación bilateral que se suspendieron desde que se produjo la crisis bilateral a fines de 2007 y, de conformidad con la resolución del 17 de marzo de 2008 de la OEA, reforzando la cooperación fronteriza para impedir el uso de santuarios por parte de grupos armados ilegales;

(b) transmitir un claro mensaje de no inmiscuirse de ninguna manera en los procesos constitucionales y políticos de otros países; y

(c) continuar los programas de asistencia económica y técnica en América Latina y el Caribe en estrecha coordinación con los gobiernos socios, asignando prioridad a las metas de desarrollo sin condicionamientos políticos.

A los partidos políticos y los movimientos/organizaciones sociales chavistas:

4.  Defender la Constitución de 1999 y la democracia de Venezuela de una manera más activa promoviendo, en y por fuera de la Asamblea Nacional, la rendición de cuentas, la transparencia y la separación de poderes.

5.  El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) debe establecer un diálogo con los demás miembros de la Alianza Patriótica con respecto a la selección imparcial y transparente de candidatos únicos chavistas para cargos estatales y municipales en las elecciones de noviembre de 2008.

6.  Los consejos comunales y otras organizaciones locales y comunitarias deben urgir al gobierno nacional a que promueva y respete la Constitución de 1999, acentúe el pluralismo y la participación política a nivel municipal y contribuya a fortalecer las misiones sociales.

A los partidos y movimientos políticos de oposición:

7.  Reconocer y reiterar públicamente que, de conformidad con la Constitución vigente, el período de gobierno del presidente Chávez terminará en 2012, y comprometerse claramente a no emprender ninguna actividad extralegal con miras a finalizarlo prematuramente.

8.  Seguir buscando la unidad para las elecciones de noviembre de 2008 respetando el Acuerdo de Unidad Nacional del 23 de enero, incluyendo la selección de candidatos únicos para cargos regionales y locales.

9.  Incrementar los esfuerzos para establecer una plataforma programática compartida y comprometer a amplios sectores del electorado en ese proceso.

10.  El movimiento estudiantil debe continuar su vigorosa defensa de las libertades civiles, exhortando tanto a los chavistas como a la oposición a que actúen democráticamente.

A la Organización de los Estados Americanos (OEA):

11.  Preparar el envío de una misión internacional de observación para garantizar unas elecciones libres e imparciales en noviembre de 2008.

Al gobierno de Brasil:

12.  Fortalecer el diálogo con Venezuela con miras a promover la cooperación y la integración regionales, dando prioridad al respeto por los procesos democráticos y la Carta Democrática Interamericana.

Al gobierno de Cuba:

13.  Seguir trabajando con Venezuela en programas de asistencia técnica en América Latina y el Caribe, en estrecha coordinación con los gobiernos socios, dando prioridad a las metas de desarrollo sin condicionamientos políticos.

Al gobierno de los Estados Unidos:

14.  Apoyar los actuales esfuerzos de Colombia y Venezuela para solucionar sus diferencias diplomáticas; promover la cooperación colombo-venezolana sobre control fronterizo; y emprender medidas de construcción de confianza para garantizarle a Venezuela que la nueva asignación de navíos estadounidenses en la región, como la Cuarta Flota, no tiene fines de provocación.

Bogotá/Bruselas, 23 de julio de 2008

 
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