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Violencia y política en Venezuela

Latin America Report N°38 17 Aug 2011

RESUMEN EJECUTIVO

Cada media hora una persona es asesinada en Venezuela. La presencia del crimen organizado junto con un número exorbitante de armas de fuego en manos de civiles, la impunidad, la corrupción y la fuerza excesiva por parte de la policía han afianzado la violencia en la sociedad. Aunque tales problemas no comenzaron con el presidente Hugo Chávez, su gobierno tiene que responder por su ambigüedad frente a varios grupos armados; su incapacidad o falta de voluntad para enfrentar la corrupción y la complicidad delictiva en sectores de las fuerzas de seguridad; su política de armar a civiles “en defensa de la revolución”, y por último, pero no menos importante, por la propia retórica incendiaria del Presidente. Medidas positivas como la interacción constructiva con Colombia al igual que algunas reformas limitadas en materia de seguridad no subsanan estas fallas. Si bien la expectativa en torno a las elecciones presidenciales de 2012 podría aplazar la explosión social, el deterioro del estado de salud del Presidente ha incrementado la incertidumbre. En cualquier caso, el grado de polarización y militarización en la sociedad probablemente minará las posibilidades tanto de una continuación no violenta del régimen actual como de una transición pacífica a una era pos-Chávez.

Una parte significativa del problema es heredada de gobiernos anteriores. En 1999, el entonces nuevo presidente Chávez se encontraba ante un país cuyas tasas de homicidios se habían triplicado en menos de dos décadas, y muchas instituciones estaban en proceso de colapsar, erosionadas por la corrupción y la impunidad. Sin embargo, estos problemas se han agravado sustancialmente durante la “Revolución bolivariana”. Actualmente, más de diez personas son asesinadas en las calles de Caracas diariamente, la mayoría a manos de delincuentes individuales, integrantes de bandas o de la misma policía. De igual manera, las tasas de secuestros y robos se han disparado. Al atribuir el problema a las “percepciones sociales de inseguridad” o a causas estructurales que provienen de administraciones anteriores, tal como el alto índice de pobreza, el Gobierno está minimizando la magnitud y el alcance destructivo de la violencia criminal. Acciones específicas como el despliegue masivo de fuerzas de seguridad en operativos altamente visibles, la reforma policial y programas de desarme tendrán un impacto mínimo si no forman parte de una estrategia integral para reducir la delincuencia, poner fin a la impunidad y proteger a la ciudadanía.

La presencia en Venezuela de grupos internacionales del crimen organizado tampoco se trata de algo nuevo. Sin embargo, hay pruebas de que éstos han incrementado su actividad durante la década pasada contribuyendo no sólo al aumento en las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones, sino también al fortalecimiento del microtráfico de estupefacientes. Este último factor ha hecho que los barrios pobres y urbanos se tornen más violentos. Venezuela se ha convertido en un corredor principal del narcotráfico en el que diversos grupos, como las guerrillas colombianas, los paramilitares y sus sucesores, se han unido a organizaciones mexicanas y de otros lugares para beneficiarse de la corrupción generalizada y de la complicidad por parte de las fuerzas de seguridad. Estas conductas parecieran ser toleradas por parte de individuos en las esferas más altas del Gobierno.

El Gobierno ha demostrado una ambigüedad particular frente a grupos armados no estatales que simpatizan con su proyecto político. Los “colectivos” urbanos combinan actividades políticas con actividades delictivas, incluyendo acciones armadas contra opositores del Gobierno, operan en gran medida sin restricción y gozan de una amplia impunidad. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación han establecido el control sobre zonas fronterizas con Colombia, mientras que las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN han encontrado refugio y apoyo en suelo venezolano durante mucho tiempo. En el contexto de los acercamientos entre los presidentes Chávez y Santos, parece haber cambiado la relación costo-beneficio derivada de la alianza tácita entre las guerrillas colombianas y el Gobierno venezolano. Sin embargo, aún es demasiado temprano para saber si el régimen está dispuesto y es capaz de lograr que los compromisos adquiridos y algunos pasos iniciales se materialicen en acciones eficaces y sostenibles contra tales grupos.

La violencia y la corrupción han sido alimentadas por un proceso continuo de erosión institucional que se ha vuelto particularmente evidente en el sistema de justicia y en las fuerzas de seguridad. Mientras que se disparan los niveles de impunidad, una fuerza policial disfuncional y abusiva ha puesto en peligro la seguridad ciudadana. Las fuerzas armadas, fuertemente politizadas, parecen ser cada vez más parte del problema; además de tener relaciones estrechas con el crimen organizado, son presionadas por el Presidente para comprometerse con la defensa partidaria de su “revolución”. La creación, el suministro de armas y entrenamiento de milicias progubernamentales aumentan aún más el peligro de que las diferencias políticas finalmente se resuelvan por fuera del marco constitucional, a través del uso de la fuerza.

En este entorno político candente, la violencia política se ha mantenido más como una amenaza latente que como una realidad. Sin embargo, a medida que el país se dirige hacia lo que promete ser una contienda presidencial extremadamente reñida, donde habrá mucho en juego para ambos bandos, este equilibrio frágil podría desmoronarse. Además, la incertidumbre provocada por la enfermedad del Presidente ha exacerbado las perspectivas a corto y mediano plazo. Probablemente el mayor peligro surgirá después de las elecciones, independientemente de quién gane, pues los niveles persistentes de violencia tienden a minar o bien la continuidad pacífica del régimen, la entrega del poder a un sucesor o cualquier arreglo transicional. Más aún, la amplia presencia de redes del crimen organizado constituirá una grave amenaza a la estabilidad del país en el mediano y en el largo plazo, cualquiera que sea la orientación política de un futuro gobierno. Para evitar dicha inestabilidad, es necesario que todos los sectores se comprometan con los medios constitucionales y pacíficos de resolución de conflictos y que el gobierno implemente medidas eficaces para desarmar y desmantelar estructuras delictivas, reestablecer el Estado de Derecho y erradicar la corrupción de las instituciones del Estado.

Bogotá/Bruselas, 17 de agosto de 2011

 
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