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Venezuela: ¿Hacia una guerra civil?

Boletín Informativo sobre América Latina N°5 5 May 2004

PANORAMA GENERAL

Venezuela, el quinto exportador de petróleo más grande del mundo y el país más rico de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se encuentra sumido en una profunda crisis política, y corre un alto riesgo de que sus instituciones democráticas se desplomen, con alguna posibilidad de guerra civil.

Durante los primeros meses del 2004, la tensión entre el gobierno del presidente Hugo Chávez y la oposición política, organizada bajo la tolda de la Coordinadora Democrática (CD), se exacerbó considerablemente. La aparente determinación del gobierno de Chávez de hacer todo lo que estaba en su poder para bloquear un referendo revocatorio del mandato ha enfurecido a cada vez más sectores de la sociedad.

Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo, los enfrentamientos entre la Guardia Nacional (GN) y manifestantes de la oposición dejaron un saldo de por lo menos catorce muertos y cerca de 300 heridos. Se informó sobre torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Desde la posesión del presidente Chávez en 1999, se ha observado una clara tendencia hacia violaciones cada vez más frecuentes de los derechos humanos que quedan en la impunidad. Aunque la libertad de prensa no ha sido abiertamente restringida y varios periódicos de renombre hacen críticas virulentas, el gobierno ejerce múltiples presiones sobre los reporteros, los periodistas y las estaciones de televisión. Varios políticos de la oposición que ejercieron su derecho constitucional de firmar una petición para la revocatoria del mandato del presidente han sido arrestados, y se afirma que se amenazó a muchos empleados públicos con su destitución.

Después de la recolección de firmas para la revocatoria del mandato, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, entró en confrontación directa con la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que había declarado válidas las firmas y había ordenado al CNE programar el referendo.

La confrontación en torno al referendo revocatorio del mandato es sólo la punta del iceberg. El acuerdo de Punto Fijo de 1958 estableció lo que llegó a considerarse como una de las democracias más sólidas de América Latina. Desde su rompimiento en l989 y la extinción del Estado benefactor social y la consiguiente expansión de la pobreza, Venezuela ha seguido una espiral ascendente de polarización económica y política.

El presidente Chávez y su "Revolución Bolivariana" no son un accidente. En 1998 y 1999, pese a una condena anterior por tratar de derrocar un gobierno elegido, Chávez obtuvo victorias electorales abrumadoras. Prometió a la mayoría pobre y desposeída que refundaría la república y, con el apoyo activo de sus seguidores, pondría fin a la corrupción y a la enorme desigualdad social. El resultado ha sido una marcada agudización de las divisiones políticas, un deterioro en los niveles de vida y la seguridad personal, restricciones a los derechos y un incremento en el potencial de violencia.

El país se encuentra en una encrucijada. La oposición democrática asumió el riesgo de pedirle a cerca de un millón de partidarios que refrenden sus firmas en las peticiones de revocatoria del mandato presidencial durante un período de "reparo" de tres días a fines de mayo de 2004, que ha sido acordado con el gobierno. Pese a que muchos observadores creen firmemente que el gobierno sigue maniobrando con el ánimo de evitar unas elecciones producto de la revocatoria, la oposición aceptó, con dificultad, las peticiones internacionales de no recurrir a la violencia. Si el gobierno no permite que avance el proceso de la revocatoria --y todavía le quedan varias tácticas legalistas por emplear--, la oposición y la comunidad internacional tendrán que afrontar decisiones difíciles.

Parte de la oposición fomentará protestas callejeras. Si prevalece ese sentimiento, el potencial de violencia es alto. La otra opción sería reagruparse y concentrarse en las elecciones locales y de gobernadores, programadas para fines de septiembre de 2004, y en una subsiguiente votación presidencial. Esa opción requeriría de una estrategia complementaria que forzara al gobierno a respetar la adhesión histórica de Venezuela a las elecciones democráticas. Uno de los puntos débiles de la campaña de la oposición ha sido el no haber desarrollado y haberse unido en torno a una plataforma democrática viable, que responda a las demandas insatisfechas de una población que pasó de representar el 25 por ciento de la pobreza a fines de los años setenta, al 75 por ciento en la actualidad, la mayor parte de los cuales votaron por Chávez hace cinco años. Para poner fin a la crisis es preciso que la oposición democrática concentre su atención en construir una plataforma política y un programa político capaces de desafiar a Chávez en las próximas elecciones presidenciales, ya sea que se realicen 30 días después de un referendo revocatorio exitoso, mediante unas elecciones extemporáneas convocadas por él, o en el 2006, según se programó de conformidad con la Constitución.

La comunidad internacional y en particular los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tendrán que decidir si la Carta Democrática Interamericana, que exige respeto a las elecciones, al Estado de derecho y a los procedimientos constitucionales, tiene dientes cuando se la viola. El secretario general de la OEA y su misión, junto con el Centro Carter, han estado presentes en Venezuela con el mandato de observar estos procedimientos y ayudar a negociar una solución para la crisis política. El reciente tufillo autoritario --violencia contra los manifestantes en febrero, acciones que ponen en endredicho la independencia de la rama judicial y serias distorsiones en el manejo del proceso revocatorio-- merece una fuerte reprimenda internacional.

Al propio tiempo, la comunidad internacional también tiene que convencer a Chávez de que lo importante no es quién gane el referendo revocatorio o las elecciones, sino más bien si el proceso es transparente y libre y si se respetan las normas democráticas. Si el informe de la misión de la OEA después del reparo detecta fraude y graves violaciones de las normas democráticas por parte de algún miembro del gobierno, la capacidad de respuesta del organismo regional será puesta a prueba, al igual que la voluntad política de sus gobiernos.

Pese al acuerdo de reparo, no se puede ser optimista y pensar que la crisis política quedó superada. La oposición tiene fundadas razones para desconfiar del gobierno de Chávez, que ha hecho gala de suficiente astucia como para no desdibujar del todo la línea entre la no adhesión a la ley y las maniobras dentro de un marco legal, poniéndole a la CD un obstáculo institucional tras otro y recurriendo a la fuerza intimidante sólo en dosis relativamente pequeñas. Por fortuna, y pese a su obstinada determinación de librar al país de Chávez, la CD no ha recurrido a acciones inconstitucionales como el intento de golpe de abril de 2002.

Dada la polarización extrema en el país y la importancia de evitar una implosión institucional y un baño de sangre a gran escala, los demócratas de lado y lado deben utilizar la opción del referendo revocatorio como la única vía constitucional para medir la antipatía de la opinión pública durante la vigencia del gobierno. Las instituciones regionales y la comunidad internacional tienen la responsabilidad conjunta de garantizar la realización imparcial de dicho proceso.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) deben seguir respaldando este esfuerzo. El Grupo de Amigos --establecido a comienzos del 2003 y liderado por Brasil, con Chile, México, España, Portugal y los Estados Unidos-- debe desempeñar un papel aún más activo para ayudar a solucionar la crisis. Como mínimo, la comunidad internacional deberá monitorear cada uno de los 2.700 lugares en todo el país durante el proceso de reparo. Sin embargo, también debe estar preparada para determinar si el gobierno, según lo estipula la Carta Interamericana, respeta las normas democráticas. Si Venezuela hace implosión, las consecuencias para la región andina y para la democracia en las Américas serían devastadoras.

Quito/Bruselas, 10 de mayo de 2004

 
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