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Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia

Latin America Briefing N°24 16 Jun 2011

PANORAMA GENERAL

Los guatemaltecos irán a las urnas en Septiembre de 2011 para elegir a su próximo presidente, a los representantes del Congreso y a  funcionarios públicos locales. Lo más seguro es que el voto será razonablemente libre, pero la violencia y la falta de una clara regulación sobre la financiación de campañas ponen en peligro a las instituciones políticas del país. El deterioro de la seguridad, la violencia por parte de los narcotraficantes y la política polarizada dejan a los candidatos muy vulnerables a los ataques. Mientras tanto, una campaña exorbitantemente cara amenaza con comprometer a los políticos con poderosos intereses financieros, incluyendo el crimen organizado, aumentando la corrupción y ampliando la brecha entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Las agencias de seguridad estatales deben redoblar sus esfuerzos para prevenir episodios de violencia, especialmente en los municipios más afectados por el crimen. Los políticos y sus partidos tienen que revelar quién los financia, y el Ministerio Público, las autoridades electorales y la Comunidad Internacional deben ejercer presión para que lo hagan.

La contienda electoral por la presidencia probablemente enfrentará a Otto Pérez Molina, ex director de la inteligencia militar, contra Sandra Torres, recientemente divorciada del Presidente Álvaro Colom, aunque algunos obstáculos legales podrían impedir su participación, y obligar al partido oficial a buscar reemplazo. La violencia pre-electoral ha afectado a candidatos, a sus familias, a activistas de los partidos y a funcionarios electorales, quienes han sido asesinados por personas armadas no identificadas. Mientras que los carteles del narcotráfico se enfrentan por las rutas de tránsito, la competencia en aquellas regiones por los puestos de gobierno local, cuya convivencia facilita el tráfico ilegal, puede ser particularmente feroz. Los ataques personales y una fuerte retórica de los dos partidos más importantes han marcado el tono de una campaña particularmente agresiva. La polarización entre las partes, tanto en la capital como en algunos municipios, levanta la posibilidad de resultados controversiales. Aunque un ejercicio de registro defectuoso probablemente tendrá poco impacto en la calidad de las elecciones, podría dar a los perdedores un pretexto para impugnar los resultados.

La deficiente aplicación de las reglas sobre financiación de campañas electorales plantea una amenaza más sutil que la violencia pero igual de peligrosa a la actividad política. Las reformas han exigido que los partidos  limiten sus gastos de  campaña y revelen sus fuentes de financiación, pero la mayor parte de los políticos han hecho caso omiso a las nuevas reglas. Las campañas electorales más recientes han sido de las más costosas en términos per cápita del continente, y el gasto implicado en 2011 parece que va a superar dichos registros, distorsionando las condiciones de competencia y – peor aún – dejando a los políticos a la sombra de intereses empresariales y criminales, muchos de los cuales están interesados en continuar con un estado débil y sin ley. Los partidos políticos no proporcionan protección alguna. Fragmentados, desordenados, poco representativos y carentes de bases ideológicas, estos partidos ofrecen pocos vínculos entre el estado y la sociedad, fuera del populismo y el clientelismo. Los aportes sin controles a las campañas contribuyen a un sistema político excluyente que un voto razonablemente libre cada cuatro años hace poco por esconder, y menos aún, mejorar.

Además de las recomendaciones contenidas a lo largo del informe, las siguientes son las prioridades de cara a las elecciones en septiembre:

  • Los políticos y los medios de comunicación deben bajar el tono incendiario en su campaña retórica y en vez de ello,  articular sus propuestas y debatir sobre cómo planean revertirla violencia endémica, la impunidad y la desigualdad.
  • El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las agencias de seguridad deben identificar las áreas del país más expuestas a la violencia y reforzar allí las medidas de seguridad. Las dependencias locales del TSE deben promover pactos en donde los candidatos se comprometan a evitar la violencia, a respetar las reglas, y a usar únicamente medios pacíficos y legales para encarar los resultados. Los funcionarios electorales locales y municipales, allí en donde sea más probable obtener resultados controversiales, deben ofrecer canales adecuados para resolver las disputas.
  • El TSE debe aclarar como los ciudadanos que recibieron sus Documentos Personales de Identificación (DPI) defectuosos podrán votar, así como informar sobre el número de votantes por cada municipio, comparándola con la información de las elecciones del 2007. Así podrá disipar temores sobre cifras exageradas que puedan facilitar fraudes.
  • El TSE debe publicar, idealmente cada semana, su estimado de gastos en campaña por cada organización política. Otras dependencias del gobierno deben cooperar con la finalidad de  revelar las finanzas de los partidos. El Ministerio Público debe aprovechar las reformas al Código Penal para obligar a los principales partidos a revelar quien ha financiado sus campañas y judicializar a aquellos que se nieguen a hacerlo.
  • La comunidad internacional, en particular los países donantes, deben presionar a los líderes políticos a revelar sus gastos y la identidad de los contribuyentes de sus campañas, así como a moderar su lenguaje durante el proceso electoral, la articulación pública de sus propuestas, la aceptación de resultados y su apoyo a reformas post-electorales.
  • La Organización de los Estados Americanos (OEA) debe reforzar su misión de observación, teniendo en cuenta que la Unión Europea (UE) no enviará observadores. Estados Unidos y la UE deben complementar la misión de la OEA al financiar a otros observadores internacionales, y apoyar los esfuerzos de los observadores nacionales.

Después de las elecciones, la nueva legislatura debe reformar la Ley de Elecciones y Partidos Políticos, añadiendo, en particular, salvaguardas para ejercer un mejor control sobre el  uso del dinero en la política. La agenda legislativa está ya copada. De hecho, la reforma fiscal y las leyes concernientes a la elección del fiscal general y la ley de amparo, son prioridades. Sin embargo, es crucial fortalecer la reglamentación de financiación política. Gran parte de la descomposición en la política guatemalteca se debe a la ausencia de regulaciones claras en las campañas electorales. Un año después de las próximas elecciones, y antes que las preocupaciones por un nuevo proceso electoral ocupen la agenda de los políticos, sería el mejor momento para cerrar esas brechas.

Bogotà/Brussels, 16 junio 2011

 
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