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El Reto de la Impunidad en Guatemala

Javier Ciurlizza, Foreign Policy en Español  |   15 Jun 2011

Guatemala enfrenta una crisis galopante. Los índices de criminalidad son de los más altos de mundo y aún no se recupera de una guerra civil de 36 años que terminó en 1996.  La cultura del miedo y la impunidad prevalecen. Pero desde 2007 una nueva entidad híbrida y única, establecida mediante un acuerdo con Naciones Unidas, trae un poco de esperanza a este país, profundamente marcado por la violencia. Se trata de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La comisión ha obtenido éxitos destacados y sin precedentes a corto plazo. Lo evidencia una serie de investigaciones sobre casos de alto impacto, la destitución de varios funcionarios de alto rango, la destitución de un fiscal general y la elección de una respetada sucesora. Del mismo modo, motivó la adopción de normas para la elección de los jueces de la Corte Suprema y ayudó a generar una conciencia pública sobre la lucha contra la impunidad, los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y el crimen organizado. Contribuyó directamente en la creación de la Unidad Especial de la Fiscalía de Apoyo a la CICIG (UEFAC) y ha sido decisivo en mejorar la calidad del Ministerio Público, institución encargada de la investigación y judicialización del delito en el país. Además, ha impulsado importantes reformas legales. El 13 de enero de 2011 se aprobó una segunda extensión de dos años de su mandato original, por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.

No obstante, la comisión no ha cumplido con los elementos centrales de su mandato, es decir, desmantelar los CIACS y consolidar una transformación institucional sostenible. Es incierto si se ha logrado suficiente progreso, o si al menos se han construido bases sólidas para garantizar que estos objetivos sean alcanzados. Entre los factores que han restringido el cumplimiento de estas metas pueden mencionarse las graves limitaciones estructurales, así como la resistencia de diversos actores. Estas limitaciones seguirán estando presentes a menos de que se adopten reformas legislativas que se extiendan a las instituciones estatales encargadas de la lucha contra la impunidad.

Durante los próximos años, la comisión deberá establecer las bases estratégicas para desmantelar a los CIACS. El estado de Guatemala tendrá que apoyar el mandato de la CICIG, por medio del fortalecimiento, financiamiento adecuado y entrenamiento de instituciones claves del Estado de Derecho. También necesita remover a aquellos funcionarios que estén vinculados con la criminalidad. Deberá proporcionar un mayor apoyo presupuestal y de recursos técnicos al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil. Además, es importante revivir e implementar el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia. Este acuerdo fue suscrito en 2009 por el Gobierno, el Congreso, la Corte Suprema y el Fiscal General, pero ha sido mayormente ignorado hasta ahora. Sin embargo, es un elemento central de la hoja de ruta para la reforma judicial.

Existen todavía serias dudas sobre la preparación y la capacidad que tienen el Estado y la sociedad en general para hacer suyos el mandato de la CICIG y sostener sus logros, una vez que ésta haya concluido. Se necesitan medidas claras para reducir la posibilidad de que la extensión de este mandato solamente signifique que el sistema judicial se vuelva más dependiente de mecanismos externos. Por eso, es crucial que las instituciones nacionales se apropien de las funciones y de los objetivos de la comisión para garantizar su impacto a largo plazo. En los próximos dos años es urgente asegurar un legado sostenible a través de la transferencia de capacidades técnicas de la CICIG a las instituciones nacionales.

A menos que el Estado de Guatemala se comprometa seriamente con la lucha contra la impunidad, aprobando reformas legales adicionales y depurando continuamente sus instituciones, la transformación institucional que comenzó con la creación de la CICIG permanecerá sólo como un conjunto de excepciones aisladas o como una efímera primavera. Eso significaría una enorme pérdida y hasta un retroceso para un país que lucha día a día por sobrevivir a las amenazas del crimen organizado.

Javier Ciurlizza es director del Programa Latinoamérica y Caribe de International Crisis Group.

Foreign Policy en español

 
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