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La Política de ganadores absolutos en Haití

Bernice Robertson, Foreign Policy en español  |   12 Jan 2012

Solo una democracia real impulsará la reconstrucción de la isla tras el terremoto de hace dos años.

Después de sobrevivir al peor terremoto ocurrido en la historia del Hemisferio Occidental, muchos haitianos pensaban que 2011 iba a ser un año de recuperación. Sin embargo, las primeras esperanzas de mejora en este país lleno de carencias democráticas y asolado por la pobreza dejaron paso a una política de ganadores absolutos y una serie de fallos institucionales.

Cuando el presidente Michel Martelly asumió el cargo en mayo, después de unas tensas elecciones y un año de limpieza post terremoto, los ciudadanos celebraron, con razón, el sentimiento de que habían pasado página. La toma de posesión de Martelly representaba la primera vez que un presidente haitiano entregaba el poder a un candidato electo de la oposición, y sus promesas de rápido crecimiento económico y reforma del sector de la seguridad fueron bien acogidas, dada la necesidad general de seguridad física y económica.

Ahora que los habitantes de la isla conmemoran el segundo aniversario del terremoto, muchos están deseando oír buenas noticias en materia de reconstrucción, empleo, vivienda, educación y seguridad. El mensaje de Martelly –que los haitianos tienen que acabar por recuperar el control de la reconstrucción y el desarrollo que ahora está en manos de los donantes y los organismos internacionales– está encontrando apoyo en el extranjero. Y su plan económico depende de las inversiones extranjeras, más que la ayuda, como estímulo sostenible para la economía del país.

Sin embargo, 2011 fue también un año de incertidumbre y frustración, en la medida en que los ciudadanos tuvieron que luchar con unas instituciones caducas y la enorme lentitud del progreso político. El Gobierno permaneció prácticamente paralizado durante cinco meses, mientras se nombraba a un nuevo primer ministro. El Parlamento no confirmó al tercer candidato de Martelly, el médico Garry Conille, hasta octubre.

Lo que sí logró el presidente  haitiano fue escoger a un magistrado para presidir el tribunal Supremo, un cargo vacante desde 2004, pero las hostilidades entre su Gobierno y los parlamentarios han congelado el nombramiento y la toma de posesión del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), que debe supervisar las mejoras que tanto se necesitan en el sistema de justicia y garantizar que el brazo judicial tenga un papel propio en el equilibrio de poderes de la democracia haitiana.

Si los dirigentes del país siguen repartiendo el botín del poder entre los más estrechos colaboradores, 2012 traerá más problemas. La tensa cohabitación de las instituciones locales, municipales y nacionales y lo que se considera intransigencia de Martelly con sus oponentes serán obstáculos inevitables en el proceso de construcción del Estado. Aunque sus políticas sociales son elogiables, la reconstrucción será imposible mientras no cambie sus reglas de juego políticas.

Martelly tiene la oportunidad de presentarse como un líder democrático nacional y construir una relación de confianza con los legisladores para lograrlo. Si se consiguiera un rápido acuerdo en cuestiones prioritarias, como el presupuesto nacional y las enmiendas constitucionales votadas en mayo, se estaría indicando que la coalición de Martelly está dispuesta a gobernar pensando en los intereses de los haitianos, lo cual sería positivo para la reconstrucción a largo plazo. Un debate abierto sobre el presupuesto nacional aportaría transparencia, definiría mejor las prioridades y garantizaría una financiación adecuada.

Asimismo es necesario decidir la suerte de la Comisión Interina para la Reconstrucción (Recuperación) de Haití, CIRH. Crear un ente nuevo ahora no serviría más que para retrasar aún más las cosas. El Gobierno debe buscar la aprobación del Parlamento para renovar la Comisión, como ha propuesto Martelly, e impulsar la participación haitiana mediante el nombramiento de sus ministros fundamentales como representantes del Ejecutivo. Con ello, el Gobierno formaría parte del proyecto y se facilitaría la posible evolución hacia una estructura de gestión totalmente haitiana.

En las próximas semanas, debería producirse un debate transparente sobre la celebración de unos comicios locales y municipales que ya tendrían que haberse convocado, además de las elecciones parciales al Senado previstas para mayo, con el fin de controlar las tendencias antidemocráticas y evitar que se prolongue la inestabilidad institucional. Debe establecerse un consejo electoral (CEP) que sea fidedigno para supervisar el proceso. El éxito de estos comicios no depende de que ese consejo sea permanente o provisional, sino del proceso político necesario para formar un CEP de gran aceptación, capaz de organizar un proceso electoral limpio y creíble.

No obstante, la forma más rápida de instituir un consejo permanente es a través de las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento en mayo, pero cuya publicación no ha sido posible debido a una serie de torpezas administrativas. Ante todo, el Gobierno y el Parlamento deben ponerse de acuerdo en eliminar esas trabas para la publicación y la aplicación de la nueva ley. También es necesario designar el CSPJ para que el poder judicial desempeñe un papel independiente en la designación del órgano electoral permanente. El presidente Martelly tendría que ser fiel a su compromiso y el Parlamento debe apoyarle para que los nombramientos judiciales pendientes se hagan realidad.

Una democracia real en todos los niveles de Gobierno es lo único que puede impulsar la reconstrucción y la seguridad duraderas que merecen los haitianos. El año 2012 va a ser decisivo: están en juego el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda y la seguridad, mientras el presidente Martelly lucha para superar la política de ganadores absolutos.

Bernice Robertson es analysta en Haití para International Crisis Group.

Foreign Policy en español

 
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