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Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México

Latin America Report N°55 23 Oct 2015

March in Mexico City on 26 September 2015, marking the first anniversary of the 43 students’ disappearance. Crisis Gorup/Martha Lozano

CRISIS GROUP/Martha Lozano


RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

Las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, al suroeste de México, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen. Las bandas de narcotraficantes no solo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho. La desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales, no fue ninguna anomalía. Para romper el ciclo de la violencia, garantizar la justicia para los desaparecidos y llevar el Estado de derecho a una región empobrecida y turbulenta, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.

El presidente Enrique Peña Nieto ha admitido que su país se enfrenta a una crisis de confianza. A pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Casi dos terceras partes de los ciudadanos de todo el país no creen en la versión del gobierno, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales. Las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional.

El 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso. Este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante. No obstante, la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión.

En primer lugar, las investigaciónes sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos. Dicha fiscalía debería además hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación.

En segundo lugar, estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OAS) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos. Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos. Debería además trabajar con las víctimas y los grupos de derechos humanos en el desarrollo de planes para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante las campañas de contrainsurgencia en la década de los 70 y la indemnización de los sobrevivientes.

La mayor parte de los delitos siguen sin ser denunciados, y las encuestas demuestran que la mayoría de los ciudadanos desconfían de los fiscales y de la policía. Si se obliga a los funcionarios ineptos, cómplices o corruptos a rendir cuentas, las autoridades podrán comenzar a recuperar la confianza de los ciudadanos, que es fundamental para hacer cumplir la ley de manera eficaz. Asimismo, las autoridades federales y estatales deberían asegurarse de que el fin a la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos sea una parte integral de los esfuerzos permanentes de México para reformar el sistema de justicia, a la vez que depura y profesionaliza las fuerzas policiales federales, estatales y locales.

La tragedia de Ayotzinapa no es un incidente aislado. El descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero, especialmente en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver. Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos.

Las desapariciones proyectan una larga sombra sobre el sistema judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho en cualquier país estable. En México hay más de 26.000 casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial. El presidente ha propuesto que se establezca una fiscalía especial para investigar estos casos. Esto es positivo, pero no es probable que se gane la confianza de los ciudadanos, dada la magnitud del problema. México debería iniciar un debate acerca de la posibilidad de crear un mecanismo nacional para resolver esta y otras graves violaciones de los derechos humanos, aprovechando los conocimientos y experiencia de los defensores de los derechos humanos mexicanos y extranjeros, a fin de descubrir la verdad, castigar a los responsables y brindar apoyo o indemnización a los familiares de las víctimas.

Los funcionarios federales señalan la disminución de la tasa de homicidios en los últimos tres años como un logro importante. Pero la violencia continúa siendo intensa en estados como Guerrero, que en 2014 registró la tasa de homicidios más alta del país, y donde el derramamiento de sangre sigue en alza. Pese al despliegue de más agentes de la policía federal, el número de homicidios en el estado aumentó en un 20 por ciento en la primera mitad de 2015. Además, posiblemente las estadísticas oficiales no reflejen el verdadero nivel de inseguridad en un estado en el que alrededor del 94 por ciento de los delitos no se denuncian. La impunidad, incluso en casos de homicidio, es la norma. Según un informe reciente, a lo largo de la última década solo el siete por ciento de los delitos en Guerrero terminaron en una condena. A nivel nacional, dijo otro informe, alrededor del 16 por ciento de los homicidios registrados terminan en condena.

En noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto prometió que “después de Iguala, México debe cambiar”. Aún está a tiempo de cumplir esa promesa, pero solo si actúa con firmeza para restaurar la confianza, investigando y enjuiciando casos emblemáticos, comenzando en Guerrero y siguiendo en otros estados vulnerables. Con la creación de una entidad investigadora híbrida, el gobierno no solo garantizaría una investigación imparcial, sino que además alentaría la transferencia de conocimientos de los especialistas extranjeros a los fiscales mexicanos.

La tragedia de Guerrero va más allá del fracaso de las instituciones mexicanas. Los criminales que aterrorizan a sus ciudadanos obtienen gran parte de sus ganancias de la producción y el transporte de drogas ilegales a través de la frontera norte del país. Estados Unidos debería tener un claro interés en fortalecer la seguridad y la justicia en el estado que suministra gran parte de la heroína que alimenta su creciente epidemia. Apoyar a los fiscales fuertes e independientes con financiamiento y ayuda técnica fortalecería el Estado de derecho al demostrar que ni los delincuentes violentos ni los funcionarios corruptos quedarán impunes.

RECOMENDACIONES

Para combatir la impunidad generalizada, en especial por violaciones de los derechos humanos y corrupción oficial, y restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial

Al gobierno federal de México:

1.  Establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero:

a) el presidente debería nombrar a un fiscal que no provenga del gobierno y cuente con experiencia en derechos humanos, y otorgar a dicho individuo absoluta independencia, entre otras cosas para contratar personal, en consulta con grupos de derechos humanos y de víctimas; y

b) el fiscal especial debería tener plena autoridad para abrir nuevas líneas de investigación, proteger a testigos, realizar inspecciones o monitorear comunicaciones con la autorización judicial oportuna y presentar cargos.

2.  Invitar a una comisión de investigación internacional a continuar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero con facultades ampliadas y un mandato renovable de dos años. Esta comisión debería funcionar bajo los auspicios de la OEA y/o la ONU, en colaboración con los representantes de las víctimas, y poseer autoridad legal para:

a) apoyar al fiscal especial, centrándose en las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos;

b) participar en los procesos penales, entre otras cosas aportando pruebas al fiscal y los jueces, interrogando a los testigos y accediendo a todo el material necesario; y

c) trabajar con las víctimas y los grupos de derechos humanos para elaborar un plan de implementación de las recomendaciones tanto de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero como de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado acerca de la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la “guerra sucia”, la indemnización adecuada para los sobrevivientes y la conmemoración de quienes perdieron la vida.

3.  Exigir la plena colaboración de las autoridades a todos los niveles, incluidos los miembros de las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad, con el fiscal especial y la comisión.

4.  Reformar la legislación sobre la desaparición forzada para:

a) exigir que los funcionarios rindan cuentas no solo por su participación directa en un secuestro, sino también por autorizar, apoyar, negarse a reconocer u ocultar este tipo de delito, haya sido cometido por grupos criminales o individuos; y

b) incluir protocolos de inspección obligatorios y disposiciones para brindar ayuda e indemnización a las víctimas.

5.  Aprovechar los conocimientos de los defensores de los derechos humanos y expertos internacionales y promover un debate nacional sobre la creación de un mecanismo creíble para investigar y enjuiciar las desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos a lo largo de todo el país. Los grupos de víctimas deberían participar en toda iniciativa para asegurar que se respetan sus derechos de información e indemnización adecuada o apoyo.

Al gobierno del estado de Guerrero:

6.  Implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Guerrero en 2014 de indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años 70.

7.  Garantizar que la policía estatal y los fiscales que investigan las desapariciones siguen los protocolos establecidos para encontrar a las personas desaparecidas y colaboran estrechamente con los familiares; y crear equipos especializados capacitados para responder inmediatamente a las denuncias de secuestro.

8.  Acelerar los esfuerzos por registrar todos los casos de personas desaparecidas en el estado, sumando el apoyo de los defensores de los derechos humanos para alentar a los familiares a que denuncien estos casos.

9.  Establecer mecanismos fuertes de control internos y externos para combatir la corrupción dentro de los gobiernos municipales y la policía local.

A la comunidad internacional, en especial Estados Unidos:

10.  Proporcionar financiamiento y ayuda técnica a la fiscalía especial y la comisión de investigación internacional, incorporando dicho apoyo a los programas en curso para fortalecer el sistema judicial mexicano y luchar contra el narcotráfico.

Ciudad de México/ Bogotá/Bruselas, 22 de octubre de 2015

 
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