Las fronteras de Colombia: El eslabón débil de la política de seguridad de Uribe

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RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

La estrategia de seguridad del presidente Álvaro Uribe está empujando el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hacia las fronteras extremadamente frágiles del país. La meta es forzar a los insurgentes a negociar tras infligirles pérdidas militares, pero las regiones fronterizas son el eslabón débil, pues las relaciones con Venezuela y Ecuador no son lo suficientemente fuertes como para asimilar la presión de un conflicto armado cada vez más intenso, así como las medidas relacionadas adoptadas con miras a la erradicación de la droga. El gobierno de Uribe tiene que comprometer con mucha más firmeza a sus dos países vecinos en la formulación de una política conjunta tendiente a contener el conflicto e intensificar la cooperación andina para la seguridad y el desarrollo de fronteras.

Luego de haber expulsado a las FARC de zonas cercanas a Bogotá mediante una campaña agresiva iniciada a mediados del 2003, el ejército ahora opera con resultados mucho más inciertos en los bastiones guerrilleros de las selvas del sur --unas de las regiones más remotas de Colombia--, en donde los insurgentes tradicionalmente han ejercido un control incontrovertible.

Mientras tanto, pese a las negociaciones que se realizan actualmente sobre desmovilización, existen pruebas contundentes de que los grupos paramilitares de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no han renunciado a sus feudos en la costa atlántica. De hecho, en los últimos tres años las AUC han extendido su control sobre regiones estratégicas, incluidos los departamentos que comparten fronteras con Venezuela.

Estas regiones fronterizas que reciben cada vez más atención militar han sido tradicionalmente olvidadas por el gobierno central. En comparación con el resto del país, persisten allí niveles más altos de pobreza y subdesarrollo estructural. El abandono efectivo de la responsabilidad estatal ha incrementado su vulnerabilidad, y muchas de estas regiones se han convertido en plataformas para la realización de actividades ilícitas, como tráfico de armas, narcotráfico y contrabando.

Los grupos armados al margen de la ley (incluido el ELN, el grupo insurgente de izquierda de menor tamaño) atraviesan con frecuencia las fronteras e incursionan en Venezuela y Ecuador, ya sea para escapar de un operativo militar, para descansar y reabastecerse o para recaudar fondos mediante la extorsión y el secuestro de venezolanos y ecuatorianos acaudalados. También contribuye al clima de criminalidad de las fronteras la alianza de los carteles del narcotráfico con los grupos armados para introducir precursores químicos para el procesamiento de droga en Colombia y sacar drogas ilícitas refinadas con el fin de enviarlas a los Estados Unidos y Europa.

No es coincidencia el hecho de que los principales centros de cultivos ilícitos siempre han estado en estas regiones fronterizas. La política antinarcóticos conjunta de Colombia y Estados Unidos se ha concentrado en la erradicación de los cultivos ilícitos mediante la fumigación aérea. Desde que se aceleró la política de erradicación en el 2001, esta política de atacar el lado de la oferta no ha sido complementada mediante programas equivalentes para el desarrollo de las regiones rurales agobiadas por la pobreza, el desequilibrio socio económico estructural y las agresivas medidas contra la droga.

Los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez en Venezuela y Lucio Gutiérrez en Ecuador comparten la preocupación acerca del impacto que pueda ejercer el conflicto colombiano en la estabilidad institucional y la seguridad de sus propios países. Aunque ambos asumieron el poder favoreciendo una solución negociada, ahora han tomado distancia pues concentran su atención en la gravedad de sus propias situaciones políticas.

Sin embargo, el distanciamiento y la adopción de medidas superfluas para afrontar los efectos de desborde del conflicto en Colombia no proveerán soluciones constructivas a largo plazo para los problemas que alimentan el conflicto armado, ni propiciarán la seguridad de sus propias sociedades.

Colombia no podrá resolver su conflicto sin el decidido apoyo de Ecuador y Venezuela. Para obtener dicho apoyo, tendrá que tomar en serio las inquietudes y necesidades de sus vecinos y ofrecerles una genuina cooperación en la planeación y ejecución de actividades tanto militares como antinarcóticos, así como en programas de desarrollo en las zonas fronterizas sensibles.

RECOMENDACIONES

Al gobierno de Colombia:

1.  Desarrollar con Ecuador y Venezuela una política de seguridad integrada para las regiones fronterizas, para complementar la implementación de la actual campaña militar (Plan Patriota) y del Plan Colombia, que incluya:

(a)  programas sociales y económicos tendientes a reducir la pobreza en las regiones fronterizas como parte de una estrategia nacional de desarrollo rural;

(b)  apoyo a las peticiones de los gobiernos locales de recursos para la financiación de proyectos de infraestructura básica como carreteras y puentes, como parte de dicha estrategia rural;

(c)  mayor atención a la situación de la población internamente desplazada y a otras consecuencias humanitarias; y

(d)  un diálogo permanente e intenso a alto nivel con Ecuador y Venezuela que cubra todos los aspectos del problema de seguridad que afecta las zonas fronterizas, con el fin de lograr una mayor cooperación tanto en aspectos militares y de aplicación de la ley como en aspectos socioeconómicos y humanitarios, incluida la promoción del comercio transfronterizo y de las iniciativas de desarrollo.

2.  Consultar previamente con los gobiernos ecuatoriano y venezolano cuando se planee efectuar operaciones militares a gran escala que podrían afectar la seguridad y la situación humanitaria en las regiones de frontera, y diseñar e implementar planes conjuntos con cada país vecino sobre cómo afrontar dichas consecuencias.

A los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela:

3.  Incrementar la cooperación policial y judicial en las zonas de frontera con miras a frenar actividades delictivas transfronterizas como el secuestro, la extorsión, el contrabando y el tráfico de armas y drogas, en especial:

(a)  compartiendo información de inteligencia y coordinando las operaciones de policía;

(b)  llevando a cabo controles más rigurosos tanto en los cruces de frontera legales como en los ilegales; y

(c)  acordar una lista común de sustancias controladas.

Al gobierno de Ecuador:

4.  Financiar más programas integrados, realizar más operaciones antinarcóticos en la frontera norte y fortalecer las medidas contra el lavado de activos.

5.  Investigar y llevar a juicio cualquier presunta participación de personal militar y civil en la canalización de armas, explosivos y precursores químicos hacia los grupos armados al margen de la ley en Colombia.

Al gobierno de Venezuela:

6.  Emprender acciones militares y de aplicación de la ley efectivas contra los grupos armados colombianos al margen de la ley en territorio venezolano.

7.  Implementar las obligaciones internacionales del gobierno en lo que respecta a los refugiados, cerciorándose de que los agentes estatales respeten sus derechos y mejorando la eficiencia del proceso de determinación del estatus de refugiado.

Al gobierno de los Estados Unidos:

8.  Fortalecer la política antinarcóticos:

(a)  incrementando sustancialmente la financiación otorgada a Colombia para programas de sustento alternativo y desarrollo rural en las regiones fronterizas, como una manera de apoyar alternativas sostenibles distintas de los cultivos ilícitos;

(b)  diseñando e implementando un enfoque verdaderamente regional, que tenga en cuenta la naturaleza transfronteriza del negocio de la droga y minimice los efectos negativos que en materia humanitaria, ecológica, política y de seguridad tiene la actual política antinarcóticos de Colombia en Ecuador y Venezuela.

A las Naciones Unidas:

9.  Garantizar financiación adecuada para la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros organismos especializados de las Naciones Unidas, con el fin de ayudarles a Colombia, Ecuador y Venezuela a trabajar con mayor cooperación y efectividad en los problemas de desplazados y refugiados que se derivan del conflicto colombiano.

A la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

10.  Financiar la creación de Zonas de Integración de Fronteras (ZIF), según lo propuesto en el 2001, como una contribución concreta a la implementación de la Zona de Paz Andina y la Política de Seguridad Externa Común Andina.

A la Unión Europea:

11.  Financiar iniciativas de desarrollo que se concentren en las fronteras de Colombia, por ejemplo las ZIF, como un primer paso hacia una integración económica andina real.

Al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

12.  Incluir en las Estrategias de Asistencia para países como Colombia, Ecuador y Venezuela consideraciones específicas respecto de los problemas en las regiones de fronteras, y asignar prioridad a la financiación de proyectos orientados a dichos problemas, incluidas las iniciativas transfronterizas.

Quito/Bruselas, 23 de septiembre de 2004