Diez años después del golpe de Estado, ¿la República Centroafricana se enfrenta a otra crisis importante?

¿Cuál es la situación en República Centroafricana, diez años después del golpe de Estado de la Séleka?

Hace diez años, una coalición rebelde originaria del noreste del país y de mayoría musulmana, la Séleka, llegó hasta la capital del país, Bangui, con el apoyo de millares de mercenarios chadienses y sudaneses, sin encontrar resistencia. La Séleka derrocó al presidente François Bozizé e inició una fase de transición. Sin embargo, no pudo controlar sus propias tropas. Frente a la brutalidad de los rebeldes, las poblaciones locales se organizaron en milicias de autodefensa, denominadas anti-balaka, poniendo en el objetivo a las comunidades musulmanas.

Tras la dimisión de su presidente, Michel Djotodia, provocada por presiones regionales, la Séleka se replegó en el norte. Las fuerzas internacionales, desplegadas mientras tanto, se esforzaron por garantizar la seguridad del país con el objetivo de garantizar la realización de elecciones. En marzo de 2016, la investidura de Faustin-Archange Touadéra, antiguo primer ministro de Bozizé, devolvió la esperanza a la población centroafricana. Sin embargo, a pesar de los numerosos acuerdos de paz -el último firmado en 2019-, el proceso de reconciliación nacional puesto en marcha durante la transición no ha servido para poner fin a las rebeliones armadas.  

A finales de 2020, Bozizé creó una heterodoxa coalición en la que participaban ex miembros de la Séleka y ex partidarios anti-balaka, la Coalición de los Patriotas por el Cambio (Coalition des patriotes pour le changement, CPC, según sus siglas en francés) y lanzó una ofensiva sobre Bangui que fue repelida por las fuerzas gubernamentales (FACA) y sus aliados rusos y ruandeses, obligando a la CPC a replegarse a las zonas rurales y a los vecinos Chad y Sudán. Dos años más tarde, la República Centroafricana continúa sufriendo la inestabilidad, e incluso parece estar en el camino de una nueva crisis humanitaria y de seguridad. Al igual que en 2013, las amenazas que pesan sobre el poder de Bangui corresponden a tres escenarios del país: el resurgir de los grupos armados en el interior, la escalada de tensiones en la capital y las presiones ejercidas desde el exterior. Incluso, aunque el presidente Touadéra cuente con los Cascos Azules de la misión de la ONU en RCA, la MINUSCA, y con sus aliados rusos y ruandeses para asegurarse el poder, los acontecimientos recientes hacen pensar que la situación es susceptible de bascular rápidamente, incluso en la capital.

¿Por qué es tan alarmante el resurgimiento de los ataques de la CPC?

Desde principios de año, los rebeldes de la CPC han lanzado una nueva ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en el interior del país, llevando a cabo tres ataques de gran envergadura. El primero tuvo lugar el 21 de enero en el noroeste, donde atacaron el puesto aduanero de Béloko (prefectura de la Nana-Mambéré), destruyendo los locales administrativos y más de una treintena de camiones de mercancías. Béloko es el primer puesto de control aduanero en la RCA del corredor comercial que une Bangui con Douala, en Camerún. La CPC, consciente del carácter estratégico de este corredor para el suministro de Bangui, ya había intentado cerrarlo en diciembre de 2023, con el objetivo de cortar el abastecimiento de alimentos a la capital. Béloko es igualmente la principal fuente de derechos de aduana del país y representa un volumen de negocios que el gobierno centroafricano y los responsables de la compañía de seguridad privada rusa Wagner no pueden permitirse perder en este periodo de grave crisis financiera.   

El segundo ataque tuvo lugar el 25 de enero en Gordil, en el noreste (prefectura de Vakaga), donde la CPC y las fuerzas gubernamentales se enfrentaron durante tres días. Según varias fuentes, el resultado fue más de una decena de víctimas en los dos bandos, entre ellos siete combatientes de Wagner.

Los rebeldes llevaron a cabo un tercer ataque el 14 de febrero, similar al anterior, contra la ciudad de Sikikedé (también en Vakaga). Allí hicieron prisioneros a una veintena de soldados del ejército nacional y difundieron un vídeo de los capturados, que distribuyeron en las redes sociales provocando una profunda indignación entre la población. La presencia creciente de los rebeldes en la Vakaga está relacionada con la decisión, tomada en septiembre de 2022 por el ministro de Minería, de prohibir a los mineros artesanales locales el trabajo en las canteras de oro de Vakaga y de Bamingui-Bangoran para permitir a los mercenarios rusos explotar las minas. Los rebeldes, que extraían importantes beneficios imponiendo tasas a los mineros, se han reagrupado y parecen determinados a continuar con los ataques. La carrera por el control de los recursos naturales afecta igualmente al centro del país. Los rebeldes de la CPC y los responsables de Wagner se acusan mutuamente de ser los autores del ataque contra la empresa de explotación china Gold Coast Group en la población de Chingbolo (Ouaka), que costó la vida a nueve expatriados chinos el pasado 19 de marzo.  

En esta nueva ofensiva, los rebeldes han recurrido a armamento y estrategias de combate que nunca se habían utilizado anteriormente en el país, como drones artesanales, artefactos explosivos improvisados (IED, según sus siglas en inglés) y secuestros, que han pillado a las fuerzas gubernamentales por sorpresa. En noviembre de 2022, un aparato aéreo no identificado dejó caer una carga explosiva contra una base de las FACA y de mercenarios rusos, en la antigua fábrica de algodón de Bossangoa (Ouham), a 300 kilómetros de la capital, provocando importantes pérdidas materiales. El 21 de enero, el mismo tipo de ataque se produjo en el noreste, en Ndélé (Bamingui-Bangoran), provocando la destrucción de un helicóptero ruso. El gobierno centroafricano reaccionó unos días más tarde declarando que todas las aeronaves no identificadas serían consideradas a partir de entonces como una amenaza y derribadas.

El recurso a artefactos explosivos ha aumentado desde 2021. La CPC, en concreto, los utiliza para proteger las zonas que controla. Según la Oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios, estos artefactos han matado a doce personas durante 2022, tres de los cuales eran Cascos Azules. Y en lo que va del año 2023, son siete ya las personas muertas a causa de este tipo de armas. El incidente más grave tuvo lugar en el eje Bossangoa-Bozoum donde, a finales de febrero, dos soldados de la FACA y un paramilitar de Wagner fueron asesinados y otros cinco miembros de su patrulla resultaron heridos. Finalmente, la práctica de los secuestros a cambio de rescates es cada vez más frecuentes y se han convertido en uno de los nuevos medios de financiación de la CPC. Entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, los rebeldes han secuestrado a dos agentes de Naciones Unidas y un funcionario centroafricano cerca de Birao (Vakaga). En marzo fueron tres mineros chinos en el oeste del país (Nana-Mambéré). El uso de artefactos explosivos improvisados y el recurso a los secuestros han contribuido a aislar aún más las comunidades rurales y a reducir el acceso de la ayuda humanitaria en un país donde el 56% de la población depende de ella.

La CPC ha amenazado con lanzar una ofensiva inminente sobre Bangui, pero no ha expresado reivindicaciones políticas claras. La intensificación de los ataques en el interior del país no sólo crea zonas de inestabilidad difíciles de controlar sino que exige también el despliegue de fuerzas gubernamentales hacia el norte, lo que deja más expuesta a Bangui. En paralelo, los rebeldes afirman haber comenzado a infiltrar personal en Bangui.  Aunque esta afirmación es difícil de confirmar, el gobierno ha tomado esta amenaza en serio y ha intensificado las operaciones de búsqueda y los controles alrededor de la capital, llevados a cabo por las FACA. Según los datos de una ONG internacional basada en la República Centroafricana, en 2022 se llevaron a cabo al menos 35 operaciones de control, provocando el arresto de al menos 800 personas. Así, el presidente Touadéra, mientras se niega a negociar con la CPC y califica a los rebeldes de “terroristas”, debe enfrentarse también a movimientos sociales que podrían provocar disturbios y aumentar la creciente inestabilidad en la capital, algo que los rebeldes podrían aprovechar.

¿Qué factores podrían desestabilizar Bangui?

En la capital, tres factores endógenos dificultan aún más la estabilidad del poder central: la deriva autoritaria del gobierno, la crisis financiera y las divisiones en el seno de las fuerzas de seguridad nacionales.  

En primer lugar, las tentativas de revisión de la Constitución han acelerado la deriva autoritaria en el campo presidencial. Desde el verano de 2022, el partido en el poder ha lanzado una serie de iniciativas legislativas destinadas, entre otras cosas, a borrar de la constitución el límite de dos mandatos para permitir que el presidente Touadéra se presente a las presidenciales de 2025.

A pesar de la anulación por parte de la Corte Constitucional de los decretos presidenciales que pretendían modificar la carta fundamental, el ejecutivo no ha renunciado a este proyecto, tal y como ha demostrado la destitución de la presidenta de la Corte (a través del mecanismo de jubilación forzosa), y podría organizar un referéndum constitucional coincidiendo con la celebración de elecciones locales en julio próximo.

En Bangui y desde la diáspora en París, los partidos de la oposición han conformado un frente común contra la posibilidad de organizar este referéndum, exigiendo la dimisión del presidente Touadéra y la puesta en marcha de un período de transición.

Frente a esta movilización, el entorno presidencial ha reaccionado tomando nuevas medidas represivas. Los movimientos progubernamentales, como el Frente Republicano de Héritier Donen y la Galaxia National de Didacien Kossimatchi, activos desde 2021, han multiplicado los discursos de incitación al odio y la violencia contra los jefes de la oposición y la sociedad civil. En paralelo, las fuerzas de seguridad nacionales y sus aliados rusos han intensificado los controles entre la población, apuntando sobre todo a los grupos sospechosos de oponerse al partido en el poder, como las comunidades musulmanas, principalmente peuls Este devenir represivo corre el riesgo de empujar a una parte de la población centroafricana a la causa de los rebeldes.

En segundo lugar, el gobierno podría encontrarse pronto en la imposibilidad de pagar los salarios de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad nacional. Con un presupuesto estatal financiado en más del 50% por el apoyo exterior, la decisión de los socios occidentales de suspender la ayuda a causa de la presencia rusa en el país ha vaciado la caja del Estado y obligó al gobierno a suspender todos los pagos corrientes en diciembre de 2022. Las autoridades se han visto forzadas a recurrir a la economía informal para obtener liquidez, lo que ha provocado un aumento de la corrupción y de maniobras de desvío de fondos. En julio de 2022, el ministro de Justicia fue detenido en Corea del Sur acusado de vender diamantes falsos por valor de medio millón de dólares. Al mismo tiempo, la crisis a escala mundial ha provocado una inflación galopante: En Bangui, por ejemplo, el precio del arroz ha aumentado un 33% y el del aceite un 25% desde enero de 2023.

Las reivindicaciones socioeconómicas de la población centroafricana, que el clima político, cada vez más tenso, no permite apaciguar, ya han provocado manifestaciones violentas. Entre enero y febrero de 2023 los funcionarios han reclamado mejores condiciones salariales y lanzaron una serie de huelgas que lograron paralizar la educación, el sistema sanitario y las telecomunicaciones. El 7 de marzo los profesores en huelga atacaron ciertos establecimientos escolares privados de la capital e hirieron a varias decenas de personas, entre ellas varios menores. Estas movilizaciones recuerdan a las que, entre noviembre del 2020 y abril de 2021, crearon el terreno propicio para la tentativa de golpe de Estado contra el entonces presidente Ange Félix Patassé. Estas frustraciones podrían conducir a la aparición de disturbios que las fuerzas de seguridad difícilmente podrían controlar, lo que expondría al país a un peligroso ciclo de manifestaciones y represión.

Finalmente, los nombramientos efectuados en base a criterios étnicos en el seno de la guardia presidencial han hecho aumentar las tensiones. Frente a los rumores recurrentes de tentativa de golpe de Estado que han circulado en los últimos meses de 2022, el presidente Touadéra decidió, a finales de enero, reemplazar al general Alfred Service, director de la guardia presidencial desde abril de 2022, por los coroneles Martial Selengué e Igor Seregaza. Estos dos oficiales provienen de la etnia Mbaka-Mandja, la misma a la que pertenece el presidente, al contrario que otros oficiales superiores que pertenecen al grupo étnico mayoritario en RCA, los Gbaya, y de la que era miembro el anterior presidente Bozizé.  

Esta lucha de poder en el seno de la guardia presidencial viene a sumarse a las frustraciones crecientes de los soldados de la armada nacional frente a los comportamientos a menudo abusivos de los mercenarios rusos y los rumores de supresión de la prima de despliegue en el interior del país, que ya venía siendo objeto de continuos retrasos y fue finalmente suspendida en noviembre de 2022.

¿Cuáles son las implicaciones regionales e internacionales?

Las implicaciones regionales e internacionales siguen siendo determinantes para la estabilidad de la RCA. Al igual que en 2013, las relaciones con Chad y Sudán continúan siendo tensas, puesto que estos dos países albergan a la mayoría de cabecillas de la CPC en el exilio y sus bases en la retaguardia desde el año 2021. Pero a diferencia de lo que sucedía en 2013, ahora hay nuevos actores presentes en la escena centroafricana. Tras un enfriamiento de las relaciones con Occidente, el presidente Toudéra se ha decantado por nuevos aliados, como Rusia y Ruanda, para satisfacer sus necesidades securitarias. En la víspera de las elecciones de 2020, unos 2.000 paramilitares de Wagner llegaron al país. Igualmente, Kigali respondió a la llamada del presidente centroafricano enviando alrededor de un millar de soldados sobre la base de un acuerdo bilateral de defensa. Además, las autoridades centroafricanas, junto a los aliados rusos, han puesto en marcha una campaña mediática contra la antigua potencia colonial. Esta campaña ha contribuido al deterioro de las relaciones con París, que progresivamente ha retirado sus consejeros en los ministerios centroafricanos y los últimos soldados que quedaban en el país.

La guerra en Ucrania, por su parte, ha exacerbado la inquietud occidental hacia las operaciones de Wagner en África. En el mes de enero, EEUU designó a Wagner como una organización criminal transnacional, lo que expone al grupo, así como a quienes lo apoyen, a las sanciones financieras internacionales. A raíz de esta decisión, Washington ha comenzado conversaciones con el presidente Touadéra con el fin de ofrecerle una solución de seguridad alternativa a Wagner y de contribuir a expulsar al grupo ruso del país. Esta solución podría incluir, entre otras, un apoyo a la reforma del sector de la seguridad, principalmente en lo relacionado con la formación del ejército, actualmente monopolizado por los rusos. Estados Unidos ha movilizado diferentes socios europeos y africanos en torno a esta iniciativa, principalmente Ruanda. Mientras tanto, los esfuerzos regionales han permitido satisfacer, a principios de marzo, una de las preocupaciones securitarias de Touadéra trasladando al antiguo presidente Bozizé de la vecina Chad a Guinea Bissau.

Si se concretase la iniciativa de Estados Unidos pondría a Touadéra ante un dilema político y securitario. Si se decanta por los occidentales, la sociedad Wagner podría aliarse con los miembros del partido presidencial que han sido dados de lado, así como con los oficiales de la guardia presidencial o del estado mayor recientemente despedidos, para destituirlo y preservar los intereses rusos en el país. Si, por el contrario, decide mantenerse en la esfera de influencia rusa, es posible que Chad y Sudán decidan apoyar a los rebeldes centroafricanos que tienen sus bases en su territorio

N’Djamena y Jartúm ven con buenos ojos la estrategia americana para expulsar a la compañía Wagner de la región. Ambos atraviesan una transición política difícil que depende del apoyo occidental, y consideran a los mercenarios rusos como una amenaza a la estabilidad de sus países.

En Chad, el presidente Mahamat Idriss Déby sospecha de un posible apoyo de Wagner a los movimientos armados del sur del país y ya ha reforzado el despliegue del ejército a lo largo de toda la frontera con la RCA. En Sudán, aliado tradicional de Moscú, el presidente Abdel Fattah al-Burhan teme que su todopoderoso vicepresidente, Mohamed Hamdan Dagalo «Hemedti», pueda utilizar sus estrechos lazos con Wagner para reemplazarlo a la cabeza del país.  

¿Qué medidas se han de tomar para prevenir una nueva crisis?

El actual status quo es insostenible. Como en 2013, los riesgos principales para la estabilidad del país son el resultado de las prácticas internas de autoritarismo, mala gobernanza y exclusión. Pero esta vez, el gobierno centroafricano todavía puede tomar medidas urgentes para encaminar la situación y evitar una nueva explosión de violencia. Par empezar, EEUU y Ruanda deberían, como contraparte a su oferta securitaria, presionar para que el presidente Touadéra retome los contactos con los jefes de la CPC en el exilio, con el fin de negociar un alto el fuego y devolver el diálogo con los rebeldes al marco de los procesos de paz ya existentes, de los que Naciones Unidas y la Unión Africana son garantes. A continuación, el presidente Touadéra debería poner en marcha medidas para actuar sobre las causas de la crisis y limitar la influencia de los asuntos regionales e internacionales sobre el futuro de la RCA.

En primer lugar, la deriva autoritaria del gobierno centroafricano todavía puede corregirse. En ausencia de toma de posición de los países de la región y de los socios occidentales frente a los pasos ya tomados, el partido en el poder parece determinado a llevar adelante la revisión constitucional y preparar el referéndum. La prioridad para las elecciones presidenciales y legislativas de 2025 debería ser, por lo tanto, garantizar la pluralidad de candidaturas y vigilar que los candidatos de la oposición que participen dispongan de las mismas oportunidades que el resto de candidaturas. Los socios internacionales que contribuyen habitualmente con un apoyo financiero y logístico a las elecciones en República Centroafricana, principalmente las Naciones Unidas y la Unión Europea, deberían exigir, desde ahora, al gobierno centroafricano, que apacigüe el debate político, garantice la vuelta y la seguridad de los opositores en el exilio y reabra el espacio democrático, garantizando la libertad de expresión y de asociación.

En segundo lugar, el gobierno debería actuar frente a la crisis financiera actual y acelerar las reformas de la administración y la gestión de las finanzas públicas, largamente esperadas. Algunas medidas de control, tales como la iniciativa actual de verificación de los archivos del personal de función pública, pueden no solamente resolver en parte los problemas de tesorería para el pago de funcionarios, sino también sentar las bases para una mejora del sistema de gobernanza. Estos pasos ya han dado sus frutos, haciendo aflorar unos 1.900 funcionarios ficticios y permitiendo al Estado ahorrar más de 300.000 dólares al mes. Esta medida debería ir seguida de iniciativas similares en otros servicios de la administración pública, así como en el seno del gabinete del primer ministro y de la presidencia.  

Finalmente, los riesgos crecientes de una revuelta en el seno del ejército deben ser atenuados por reformas urgentes. En mayo de 2002, Crisis Group ya recomendaba a las autoridades centroafricanas la puesta en marcha de un Consejo de Defensa para evitar las rivalidades y la dispersión de la cadena de mando en el seno de las fuerzas de defensa. El presidente Touadéra debería, además, abstenerse de alimentar las divisiones étnicas en el marco de las nominaciones a la cabeza del aparato de seguridad, asegurar las visitas frecuentes del estado mayor a las tropas sobre el terreno para prevenir el aumento del descontento y fundamentar cualquier reforma del ejército sobre las disponibilidades financieras reales del Estado.

Texto original traducido del francés al español por Africaye.