La UE debe actuar en Darfur

Durante cuatro años, en Darfur rigió la violencia y el dolor. Después de muchos esfuerzos inútiles, la UE debe ponerse firme con quienes los perpetraron.

Darfur es una catástrofe humanitaria: más de 200.000 muertos, miles de personas violadas y torturadas y 2,6 millones de desplazados, debido a la guerra del gobierno sudanés contra su propio pueblo. La campaña, en un principio un esfuerzo contra la insurgencia, rápidamente se transformó en una operación de asesinato y expulsión. El gobierno de Sudán ha estado reclutando y pagando a las milicias “Janjaweed” locales, que atacaron cientos de poblados y ciudades indefensos, muchas veces en estrecha coordinación con la fuerza aérea sudanesa.

Las consecuencias son devastadoras. Aproximadamente una tercera parte de la población de Darfur se vio obligada a abandonar sus hogares y hoy se encuentran en campos para desplazados dentro de Sudán, donde siguen siendo objeto del terror de Janjaweed, o en asentamientos para refugiados igualmente vulnerables en Chad. Los esfuerzos humanitarios internacionales para ayudar a la gente de Sudán se ven trabados por el acoso y los obstáculos burocráticos injustificados del gobierno sudanés. Aunque llegue la ayuda, para citar a un alto funcionario de las Naciones Unidas, el punto parece ser “mantener a la gente viva sin asistencia humanitaria hasta que sea masacrada”.

Darfur exige una acción internacional consistente y firme. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a que los desplazados regresen a sus hogares. En los últimos tres años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sancionó diez resoluciones que exigen al gobierno sudanés que cambie el curso y cumpla con su obligación de proteger a su propio pueblo. Estas resoluciones incluyen un reclamo del Consejo de Seguridad para que se desarme a Janjaweed. Sin embargo, el gobierno sudanés nunca cumple con sus repetidas promesas de llevar esto a cabo.

En noviembre de 2004, se vislumbraba una solución pacífica, cuando el gobierno y los rebeldes firmaron un alto el fuego y un acuerdo humanitario. Por un breve período, hubo motivos para ilusionarse con que la paz estaba al alcance de la mano. Una resolución del Consejo de Seguridad y los esfuerzos de negociación internacionales habían allanado el camino para poner fin a la guerra de 20 años en el sur de Sudán –un avance que, de hecho, llevó a un acuerdo firmado por el gobierno y los rebeldes sureños en enero de 2005-. En ese momento, parecía que un avance similar en la zona oeste de Sudán era inminente.

Pero todavía no había sucedido lo peor. Después de una aparente calma en los bombardeos aéreos, los aviones pronto regresaron y las milicias Janjaweed reanudaron su campaña de asesinato y destrucción. La próxima ronda de negociaciones de paz, que se inició en diciembre de 2004, se estancó porque el gobierno lanzó una ofensiva militar apenas habían comenzado, en un claro desafío del alto el fuego. Este comportamiento es sintomático de la falta de respeto que el gobierno de Sudán manifestó frente a sus obligaciones.

Una resolución del Consejo de Seguridad del pasado mes de agosto acordó que una fuerza de paz de las Naciones Unidas de 20.300 miembros reemplazara a la reducida y abrumada misión de la Unión Africana emplazada en el lugar. No sorprende que el gobierno de Kartum rechazara la idea. Las negociaciones subsiguientes llevaron a un acuerdo de compromiso en noviembre para que se desplegara una fuerza híbrida de la UA y la ONU en tres etapas. Las conversaciones continúan hasta el día de hoy, pero a pesar de los ocasionales titulares de los diarios que anuncian un acuerdo, el gobierno sudanés ha utilizado cada oportunidad para postergar el despliegue de la fuerza o intentar sumar condicionamientos. El resultado es que la segunda fase del despliegue aún no se ha llevado a cabo, aunque fuera aceptada por Kartum hace seis meses.

El eje de la cuestión es el siguiente: el gobierno sudanés no puede o no quiere proteger a sus propios ciudadanos de la violencia masiva. Según la doctrina de la “responsabilidad de proteger”, adoptada de manera unánime por los jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en septiembre de 2005, si un Estado no cumple con esta obligación primaria, la responsabilidad recae en la comunidad internacional, que puede ejecutar diversas medidas, entre ellas, si fuera absolutamente necesario, la fuerza militar.

Sin embargo, una intervención militar en Darfur sin el consentimiento del gobierno sudanés hoy no es una opción válida. No sólo no hay suficiente voluntad política para una fuerza internacional, sino que, más importante aún, existen dudas válidas sobre la factibilidad y las perspectivas de éxito de una operación de esta naturaleza.

Aún así, la comunidad internacional tiene otras opciones. Si bien sería mejor que estas opciones fueran adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la propia UE puede y debe hacer algo para que al gobierno sudanés su continua obstrucción de los suministros de ayuda y sus tácticas de postergación del despliegue de las fuerzas de paz internacionales le resulten más costosas.

Es por este motivo que resulta tan importante que los ministros de Relaciones Exteriores de la UE presten atención al pedido del Parlamento Europeo de serias sanciones contra el gobierno sudanés, cuyos protagonistas clave fueron claramente identificados por una Comisión de Investigación y Panel de Expertos de la ONU. La UE debe congelar los activos de estos individuos e imponerles una prohibición de viaje en toda la Unión Europea.

Por otra parte, deben implementar medidas que lastimen al gobierno sudanés donde más le duele: los flujos de ingresos y de inversión extranjera en el sector petrolero de Sudán, y el suministro de bienes y servicios a ese sector y a otros sectores asociados. La UE y los gobiernos de sus Estados miembro deben implementar una legislación que impida que las compañías radicadas en sus países participen directamente en el sector petrolero de Sudán y en las industrias vinculadas a él.

Es más, debería iniciarse una investigación de las cuentas fuera del país de las empresas sudanesas asociadas al Partido del Congreso Nacional, el partido gobernante mayoritario de Kartum, que allane el camino para sanciones contra las entidades comerciales del régimen, que constituyen el principal canal de financiamiento de sus delegados Janjaweed en Darfur.

Este tipo de sanciones afectaría el poder y los privilegios de los protagonistas clave de esta crisis. Al imponerlas, Europa finalmente daría un paso concreto para detener la matanza en Darfur y brindarle una ayuda significativa a su pueblo.