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Mujeres en Afganistán: ¿Perderán lo ganado?
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Peacemaking in Yemen Needs Women's Voices
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Op-Ed / Asia

Mujeres en Afganistán: ¿Perderán lo ganado?

Originally published in esglobal

Las afganas temen un retroceso en los avances de los derechos de la mujer si se llega a un acuerdo con los insurgentes.

A medida que las elecciones presidenciales de 2014 se acercan, con la transición de seguridad programada para finales de año, a las mujeres afganas, incluyendo las parlamentarias y las activistas en favor de los derechos humanos, les preocupa que los logros políticos, económicos y sociales que ha costado tanto conseguir desde la intervención liderada por Estados Unidos en 2001 puedan ser revertidos o cedidos en las negociaciones con los insurgentes. La estabilización de Afganistán descansa en última instancia en la responsabilidad del Estado hacia todos sus ciudadanos y en el respeto a los compromisos constitucionales, legales e internacionales, incluyendo los relativos a los derechos humanos y la igualdad de género. No habrá paz duradera a menos que haya justicia, y ésta exige que el Estado respete y proteja los derechos de las mujeres, la mitad de su población.

Tras el derrocamiento de los talibanes, las afganas trabajaron duro para revertir los daños provocados ​​por más de dos décadas de una guerra civil que les privó de los escasos progresos hacia la igualdad de género experimentados en épocas anteriores. Como consecuencia del apoyo internacional, de la ayuda de los donantes y de sus propios esfuerzos, las mujeres son ahora una parte esencial del orden post-talibán y han jugado un papel importante en la reconstrucción del Estado y sus instituciones. El 40% de todos los niños en edad escolar son niñas. Las mujeres constituyen más del 27% del Parlamento. Están presentes en la burocracia, el poder judicial y las Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas (FSNA), y son abogadas, empresarias, periodistas y activistas de la sociedad civil.

En los últimos doce años, el estatus legal de las mujeres ha mejorado considerablemente. La igualdad de género está consagrada en la Constitución. La ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer (EVM) criminaliza la violación por primera vez. El Estado está ahora obligado por ley a proteger a las afganas contra la violencia. El Ministerio de Asuntos de la Mujer (MAM) y el Plan Nacional de Acción para la Mujer (PNAM) del Gobierno han situado el empoderamiento de las mujeres en el centro de la construcción del Estado. Sin embargo, las afganas aún siguen teniendo dificultades para hacer uso de sus derechos y para consolidar y expandir sus avances.

La aplicación de las leyes para garantizar los derechos de las mujeres y apoyar su participación política y económica es desigual. Los años en los que se ha priorizado la lucha contra la insurgencia por encima de la policía de proximidad han obstaculizado el desarrollo de una fuerza policial capaz y dispuesta a proteger a las mujeres contra la violencia. Ellas son tan sólo el 1% de la Policía Nacional Afgana (PNA). Las mujeres policías son marginadas y a menudo incapaces de responder con eficacia a los incidentes de violencia contra las mujeres. Solo una pequeña parte de los casos de violencia de género son juzgados bajo la ley EVM. Muy pocos llegan siquiera al sistema formal de justicia; la mayoría son decididos por jirgas o shuras (consejos locales), dominados principalmente por caudillos.

Por otra parte, la persistente inseguridad y la violencia amenazan los derechos políticos, económicos y sociales de las afganas. Quienes están en posiciones de autoridad son amenazadas con regularidad, y muchas han sido asesinadas por los insurgentes. Los militantes han atacado escuelas femeninas, y a sus estudiantes y personal. Las maestras y trabajadoras de la salud cualificadas son reacias a trabajar fuera de centros urbanos relativamente seguros, lo que perjudica el acceso de las mujeres y de las niñas de zonas rurales a la educación y los servicios básicos de salud.

Desde la transferencia formal de las responsabilidades de seguridad a las FSNA a mediados de 2013 las amenazas de los insurgentes a las mujeres se han incrementado. Sus derechos también están siendo atacados por los antiguos señores de la guerra, ahora mediadores políticos tanto dentro como fuera del Gobierno. Al rearmar a sus milicias, como una protección contra lo que pueda ocurrir en las elecciones de 2014 o tras la transición, y al intentar consolidar su base electoral, lo que incluye las demostraciones de independencia respecto a Occidente, podrían deshacer los frágiles logros de las mujeres.

El retroceso en los avances ya es evidente. Con las elecciones presidenciales y las de los consejos provinciales, que deben celebrarse en abril, la última ley electoral ha reducido la cuota -los escaños garantizados- de mujeres en las asambleas provinciales de un cuarto a un quinto. De ser aprobado por ambas cámaras del Parlamento, un cambio en el Código de Enjuiciamiento Criminal que impediría a los familiares de los acusados testificar contra ellos, limitaría gravemente la capacidad de las mujeres para llevar los casos de abuso ante los tribunales. Los miembros conservadores del Parlamento se han opuesto firmemente a la ley EVM, calificándola de antiislámica cuando se presentó en el Parlamento en mayo de 2013. A pesar de que sigue siendo válida al menos hasta que se vote en el Parlamento, la atención que han recibido sus detractores podría socavar su ya limitado uso. Un amplio abanico de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, tanto afganas como internacionales, han instado al presidente Hamid Karzai, quien la promulgó por decreto en 2009, a que hable en favor de la ley y apoye su implementación.

En el Marco de Tokio de julio de 2012, al definir los términos para que continúe la ayuda de los donantes después de la transición de seguridad, Kabul se comprometió a mejorar la gobernanza, reforzar el Estado de derecho y proteger los derechos humanos, incluyendo el uso de la ley EVM. Dando muestras de que no aceptará la erosión de los derechos de las mujeres, la comunidad internacional debería continuar apoyando a las mujeres activistas y a las ONG y, en aras de la sostenibilidad, ayudar a esas ONG a ganar independencia económica proporcionando financiación tanto básica como basada en proyectos.

Si la aplicación desigual de las leyes que protegen y empoderan a las mujeres hace dudar del compromiso de Kabul, las afganas están igual, si no más, preocupadas por las iniciativas -que cuentan con el respaldo internacional- para negociar la paz con los talibanes. Han sido dejadas a un lado en un proceso que va a determinar su futuro y el de su país. El papel de las representantes femeninas en el Consejo Superior de la Paz de Kabul (CSP) y en los Consejos Provinciales de Paz (CPP) se limita en gran medida a la difusión pública. No se extiende a las conversaciones con la insurgencia. Habida cuenta de su exclusión y de la opacidad de las negociaciones, existen razones para preocuparse. El Gobierno y el Parlamento pueden tener la tentación de dar marcha atrás en las disposiciones constitucionales y en las leyes favor de las mujeres para aplacar a los mediadores conservadores dentro y fuera de la insurgencia armada.

A las activistas y parlamentarias no les tranquiliza la retórica de Kabul y de la comunidad internacional, incluyendo las afirmaciones de  Estados Unidos y la UE de que cualquier acuerdo de paz estaría basado en el respeto a la Constitución y los derechos de las mujeres. El acuerdo sobre la protección de los derechos de las mujeres debe ser un requisito previo de cualquier proceso de reconciliación más que el esquivo resultado que se desea.
 

Peacemaking in Yemen Needs Women's Voices

International efforts to end the war in Yemen are stuck in an outdated two-party paradigm, seeking to mediate between the Huthis, backed by Iran, and their foes in the Hadi government, backed by Saudi Arabia.

Meanwhile, civil society and women in organisations with strong local insights and peace-building capacities have also been excluded from the UN-led process. For a lasting settlement, these increasingly important local peacekeeping actors need to be brought back in.

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