El mal ejemplo de Sri Lanka

En un verdadero modelo de campaña contra la insurgencia -al menos si se da credibilidad a lo que dicen los generales de Sri Lanka-, el Gobierno ceilanés ha invitado a oficiales militares de todo del mundo a un seminario en la capital, Colombo, para enseñarles cómo manejar una insurrección, utilizando la guerra del país contra los rebeldes Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil (LTTE, en sus siglas en inglés) como guía.

El Gobierno aún niega la existencia de irregularidades en su campaña contra los terroristas Tigres Tamiles. A pesar de que las pruebas muestran lo contrario, según el nuevo informe presentado por el Panel de Expertos del Secretario General de Naciones Unidas. Ban Ki-moon confirmó lo que otros habían descrito con detalle anteriormente: “el Panel ha constatado denuncias creíbles, que, de ser confirmadas, indicarían que se cometieron una amplia gama de graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos perpetrados por el Ejecutivo y el LTTE, algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.

El informe de la ONU ha solicitado al Secretario General que se establezca un mecanismo internacional independiente para monitorear el proceso de rendición de cuentas del país, para que puedan producirse investigaciones autónomas, así como recopilar y salvaguardar información relevante. El Panel ha señalado que la Comisión de Lecciones Aprendidas y Reconciliación de Sri Lanka (LLRC en inglés) está “comprometida por profundos conflictos de interés, no ha llevado a cabo una verdadera búsqueda de la verdad, no ha intentado investigar de manera imparcial y no ha brindado la protección necesaria a los testigos”. También ha manifestado una serie de tendencias en el período de posguerra como la consolidación del poder de la presidencia y una arraigada cultura de impunidad.

El vigoroso rechazo del Gobierno al informe del Panel -que ha incluido el uso de la fuerza militar para forzar a los tamiles a firmar peticiones contra el documento, así como manifestaciones masivas contra Ban Ki-moon- ha resaltado, sin embargo, la sensibilidad del régimen hacia la opinión mundial. Es necesario que la comunidad internacional y el Secretario General de la ONU no pierdan la oportunidad de tomar una postura fuerte ante la necesidad de una rendición de cuentas creíble de lo que pasó en las últimas etapas del conflicto y aboguen por un cambio significativo en las políticas gubernamentales de posguerra.

Cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reuna en las próximas semanas, sus miembros deberían apoyar los hallazgos y las recomendaciones del Panel. Conviene resaltar en particular la conclusión de que “éste considera que es imperativo abordar el tema de forma independiente e internacional”. Si la comunidad internacional está preparada para darle una nueva oportunidad al Gobierno -a pesar de la convincente evaluación del Panel- debe hacerlo bajo la condición de que le corresponde a Sri Lanka corregir el curso de los acontecimientos de forma rápida y convincente. Si no se registra un progreso sustancial en la rendición de cuentas para finales de 2011, ya no podrá postergarse una investigación internacional.

La comunidad internacional también debería apoyar el compromiso del Secretario General a asumir las funciones de supervisión continua y documentación recomendadas por el Panel, así como pedirle que presente informes sobre las revisiones que se realicen antes de la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos. Harían bien en rechazar los ataques del Gobierno de Sri Lanka a la legitimidad del Panel y a la autoridad de Ban Ki-moon para llevar a cabo una investigación completa. Los Estados miembros de la ONU tienen interés en proteger dicho poder y no deben permitir que Sri Lanka la disminuya.

Además, Reino Unido y otros actores clave  como India, Japón, EE UU y organizaciones multinacionales de desarrollo, como el Banco de Desarrollo Asiático, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tienen que reconocer que, así como la situación durante la guerra no era de rescate humanitario como lo expresó el Gobierno, la dada hoy tampoco es de reconciliación. Todo lo contrario. El Ejecutivo está incrementando sus niveles de autoritarismo, militarizando el norte y permanece con la represión de disidentes. También ha fallado a la hora de tratar a las víctimas de cuatro décadas de violencia, incluyendo a muchos cingaleses. Sin una política coordinada y consistente por parte de los socios de Sri Lanka, que produzca una rendición de cuentas creíble de lo que sucedió en la etapa final de la guerra, sólo va a crecer el riesgo de estallido de un nuevo conflicto.

Asimismo, debe llevarse a cabo una revisión y posible suspensión de las contribuciones militares del Ejecutivo a las operaciones de mantenimiento de la paz hasta que el Gobierno lleve a cabo una investigación independiente y creíble. De modo general, han de ser revisados todos los vínculos de tipo militar entre Sri Lanka y otros países. Y, ciertamente, ningún Estado debería haber enviado a sus oficiales a un seminario de propaganda en Colombo.