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A member of Niger’s security forces at Iferouane festival, Agadez region, in February 2019. CRISISGROUP/Julie David de Lossy
Commentary / Global

10 conflictos para tener en la mira en 2021

Es probable que este nuevo año esté plagado de los legados inconclusos del anterior: el COVID-19, las recesiones económicas, las políticas erráticas de EE. UU. y las destructivas guerras que la diplomacia no logró detener. El presidente de Crisis Group, Robert Malley, enumera los diez conflictos que debemos tener en la mira en 2021.

Si existiera una competencia para determinar el evento con las implicaciones de mayor alcance para la paz y la seguridad mundial del 2020, habría muchos finalistas.

Desde la pandemia del coronavirus hasta el creciente impacto del cambio climático, pasando por las políticas de tierra arrasada de la administración Trump tras la elección de Joe Biden, la guerra entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj y un conflicto letal en la región de Tigray en Etiopía, éste ha sido un año lleno de acontecimientos. En 2021, el mundo se enfrentará a sus secuelas y a examinar que queda entre los escombros.

Para empezar, el COVID-19 y su larga estela. Cuando se desató la pandemia, muchos (entre los cuales me incluyo), temimos que tuviera consecuencias inmediatas y potencialmente devastadoras en los países en desarrollo, especialmente en los que hay conflictos letales. Aunque varios países de bajos ingresos se vieron gravemente afectados, muchos otros no; las actividades diplomáticas, la mediación internacional, las misiones de mantenimiento de la paz y el apoyo financiero a poblaciones vulnerables sufrieron, pero no es claro si el COVID-19 afectó considerablemente la trayectoria de las grandes guerras, ya sea en Afganistán, Libia, Siria, Yemen o en otros lugares.

Las ramificaciones a largo plazo son un asunto diferente. La pandemia ha desatado una crisis económica a nivel mundial sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, con 150 millones más de personas cayendo debajo de la línea de pobreza extrema. Aunque los niveles de ingresos no se correlacionan directamente con el conflicto, la violencia es más probable durante períodos de volatilidad económica.

En Sudán, el Líbano y Venezuela, por mencionar solo algunos ejemplos, se puede esperar que aumente el número de desempleados, se derrumben los ingresos reales, que los gobiernos enfrenten cada vez más dificultades para pagarle a las fuerzas de seguridad y que la población en general dependa cada vez más del apoyo estatal en un momento en el que los Estados están en menor capacidad de hacerlo. Las líneas que dividen la insatisfacción económica del malestar social y el malestar social de los brotes de violencia son delgadas. Tampoco es probable que EE. UU., Europa u otros donantes dediquen atención o recursos suficientes a conflictos regionales lejanos, mientras enfrentan sus propios estragos económicos, sociales y políticos.

El siguiente es el cambio climático, un fenómeno difícilmente nuevo pero que gana velocidad y tiene un impacto cada vez más perceptible en los conflictos. Es cierto que la relación causal no es directa, y las respuestas políticas a los patrones climáticos extremos a menudo juegan un papel más protagónico que los mismos patrones. Sin embargo, con olas de calor y precipitaciones extremas más frecuentes, muchos gobiernos se ven cada vez más presionados para hacerle frente a la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, la migración y la competencia por recursos. Éste es el primer año en el que un riesgo transnacional hace parte de nuestra lista de los principales conflictos, ya que la violencia relacionada con el clima se extiende desde el Sahel hasta Nigeria y América Central.

Mientras tanto, EE. UU., un país polarizado, que desconfía de sus instituciones, fuertemente armado, fraccionado por profundas divisiones sociales y raciales y liderado por un presidente imprudente y divisivo, estuvo más cerca de una crisis política inmanejable que en cualquier otro momento de su historia moderna. Si bien el país se salvó de lo peor, el presidente Donald Trump ha dedicado sus últimas semanas en el cargo a desafiar la legitimidad de las elecciones y, por lo tanto, la de su sucesor, en un aparente intento por dejar al presidente electo Biden en la peor posición para enfrentar la complicada situación que heredará.

Transformando el rencor político en una forma de arte diplomático para minar el camino de su sucesor, Trump le impuso una serie de sanciones a Irán con el objetivo apenas oculto de entorpecer los esfuerzos de Biden para revivir el acuerdo nuclear iraní. Extendió el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental en un improcedente canje por la decisión de Marruecos de normalizar relaciones con Israel. Y ordenó una serie de repliegues de tropas estadounidenses de última hora en Somalia, Afganistán e Irak. Al actuar precipitadamente, sin consultar ni coordinar con los principales actores ​​locales, logró darle una mala imagen a una serie de políticas potencialmente sensatas. Hay razones de sobra para fomentar las relaciones entre los Estados árabes e Israel; no hay ninguna para hacerlo en desconocimiento del derecho internacional. Hay razones de sobra para poner fin a la intromisión interminable de EE. UU. en guerras extranjeras; no hay ninguna para hacerlo en detrimento de la posición del presidente entrante y de su campo de acción.

La elección de Biden trajo esperanzas permeadas de realismo. Parte del daño causado por su predecesor se puede deshacer con relativa facilidad. Pero el nuevo equipo puede encontrar más difícil de borrar el legado de un gigante errático, impredecible y poco confiable. Al matonear a sus aliados tradicionales y romper acuerdos internacionales, Trump pensó que estaba proyectando una imagen de poder, pero en realidad demostraba poca confiabilidad. En la medida en que Biden tenga la intención de negociar de nuevo con Irán y tal vez con Corea del Norte, de promover acuerdos en Yemen o Venezuela, o de retomar un papel menos sesgado en el Medio Oriente, se verá obstaculizado por el legado de su predecesor y de lo que pueda deparar el futuro, en especial si su poder solo dura por el próximo ciclo electoral de EE. UU.

El último de los legados del 2020 puede ser el más nefasto. Los últimos meses del año pusieron seriamente en duda ese adagio favorito de diplomáticos y pacificadores: que no hay solución militar para un conflicto político. Dígale eso a los armenios, que se vieron forzados por el armamento superior de Azerbaiyán a ceder el territorio que habían mantenido durante un cuarto de siglo; a los tigrayanos de Etiopía, cuyo liderazgo prometió una resistencia prolongada contra el avance de las tropas federales solo para verlas instaladas en la capital regional de Mekele unos días después. De hecho, dígale eso, a los rohingya obligados a huir de Myanmar en 2017; a los palestinos, que han permanecido refugiados o bajo ocupación desde la derrota árabe de 1967; o al pueblo saharaui cuyas aspiraciones de autodeterminación han sido ahogadas por las tropas marroquíes y un presidente estadounidense transaccional, por mencionar solo un puñado de conflictos recientes aparentemente resueltos por la fuerza.

Durante mucho tiempo, aquellos que buscan la paz han tenido la convicción de que, en ausencia de soluciones políticas más equitativas, los logros militares tienden a resultar frágiles. Así como los azerbaiyanos nunca olvidaron la humillación de principios de la década de 1990, los armenios también se esforzarán por borrar la indignidad de 2020. Si sus reclamos no son resueltos, muchos tigrayanos resistirán contra lo que podrían percibir como un mandato foráneo. Israel nunca sabrá que es la verdadera seguridad mientras los palestinos vivan bajo su ocupación. Pero esa convicción está siendo atacada y cada vez es más difícil aferrarse a ella.

Para muchos, en todo el mundo, el año pasado fue un annus horribilis, y esperaron ansiosamente su fin. Pero como sugiere la lista de conflictos a continuación, su larga sombra perdurará. El 2020 puede ser un año para olvidar, pero es probable y lamentable que el 2021 continúe recordándonoslo.

1. Afganistán

A pesar de los pequeños pero significativos avances en los diálogos de paz, muchas cosas podrían salir mal para Afganistán en 2021.

Después de casi dos décadas de enfrentamientos, el gobierno de EE. UU. firmó un acuerdo con los insurgentes talibanes en febrero. Washington accedió a retirar sus tropas de Afganistán a cambio de que los talibanes se comprometieran a prohibir que los terroristas usen el país como base de operaciones y a entablar diálogos con el gobierno afgano.

Los diálogos de paz afganos tardaron en ponerse en marcha. El gobierno se tomó seis meses para llevar a cabo un intercambio de prisioneros que EE.UU. prometió al  Talibán (la liberación de 1000 soldados o funcionarios gubernamentales retenidos por los talibanes a cambio de 5000 combatientes talibanes) considerado inequitativo por Kabul. Los insurgentes, que inicialmente habían reducido los ataques suicidas con bombas y los asaltos a ciudades y pueblos, respondieron a la demora intensificando los asaltos y asesinatos.

Las negociaciones finalmente comenzaron en Doha a mediados de septiembre, pero las partes tardaron hasta diciembre para llegar a un acuerdo sobre las reglas del juego. Ninguno muestra gran interés en ceder. El derramamiento de sangre, en cambio, se ha intensificado. Los talibanes parecen haber abandonado cualquier moderación inicial. En los últimos meses se ha producido un aumento de los atentados suicidas con bombas y de grandes ofensivas en las ciudades.

Graffiti in Herat, Afghanistan. CRISISGROUP/Pierre Prakash

Uno de los desafíos es la manera en la que las partes ven los diálogos. Kabul está comprometida públicamente. Pero los altos funcionarios desconfían profundamente de los talibanes o creen que las negociaciones podrían resultar en la caída del gobierno. Kabul ha intentado que las conversaciones empiecen de la manera más lenta posible sin contradecir abiertamente a Washington. En contraste, los líderes talibanes consideran que su movimiento está creciendo. Perciben la retirada de EE. UU. y el proceso de paz como un reflejo de esa realidad. Dentro de las filas insurgentes, muchos combatientes esperan obtener de las negociaciones muchos de los objetivos por los que han luchado.

En mayo de 2021 se cumple la fecha límite establecida en el acuerdo de febrero para la completa retirada militar de EE. UU. y la OTAN. Aunque Washington argumenta que la fecha estaba implícitamente condicionada a los avances en los diálogos de paz afganos, es probable que los talibanes reaccionen hostilmente ante retrasos significativos. Desde febrero, Trump ha retirado miles de tropas estadounidenses. En el acuerdo bilateral se dispuso una reducción inicial a 8600, pero Trump ha llegado a 4500 y ha prometido llegar a 2500 antes de dejar el cargo. La reducción adicional e incondicional ha reforzado la confianza de los talibanes y el nerviosismo del gobierno.

El destino de Afganistán depende principalmente de los talibanes, de Kabul y de su voluntad para ceder, pero también depende considerablemente de Biden. Su administración puede intentar condicionar la retirada militar al progreso de los diálogos. Pero a las partes afganas les tomará tiempo llegar a un acuerdo. Mantener una presencia militar estadounidense en el país mucho más allá de mayo sin enajenar irreparablemente a los talibanes no será tarea fácil. Para complicar aún más la situación, Biden ha expresado su preferencia por mantener varios miles de tropas antiterroristas en Afganistán. Es posible que deba elegir entre eso y un proceso de paz potencialmente exitoso. Ni los talibanes ni los países de la región, cuyo apoyo sería crucial para el éxito de cualquier acuerdo, aceptarán una presencia militar estadounidense indefinida.

Una retirada precipitada de EE. UU. podría desestabilizar al gobierno afgano y potencialmente llevar a una guerra civil más amplia y multipartidista. Por el contrario, una presencia prolongada podría llevar a los talibanes a abandonar los diálogos e intensificar sus ataques, provocando una escalada significativa. Cualquiera de los dos escenarios designaría al 2021 como el año en el que Afganistán pierde su mejor oportunidad para lograr la paz en una generación.

2. Etiopía

El 4 de noviembre, las fuerzas federales etíopes iniciaron un asalto en la región de Tigray después de un ataque letal tigrayano y la toma de unidades militares federales en la región. A finales de noviembre, el ejército había entrado en la capital de Tigray, Mekele. Los líderes del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) abandonaron la ciudad alegando que lo hacían por salvar a los civiles. Mucho sigue sin aclararse, dada la ausencia de medios. Pero probablemente miles de personas han muerto a causa de la violencia, incluidos muchos civiles; más de un millón han sido desplazados internamente; y unos 50 000 han huido a Sudán.

Las raíces de la crisis de Tigray se remontan años atrás. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, llegó al poder en 2018 después de protestas impulsadas en gran medida por una ira latente hacia la coalición gobernante en ese momento, que había permanecido en el poder desde 1991 y era controlada por el TPLF. El mandato de Abiy, que comenzó con importantes esfuerzos para reformar un sistema de gobierno represivo, se ha caracterizado por la pérdida de la influencia de los líderes tigrayanos, que se quejan de ser usados como chivo expiatorio de los abusos anteriores y ven con cautela su acercamiento con el antiguo enemigo del TPLF, el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki. Los aliados de Abiy acusan a las élites del TPLF de intentar mantener una parte desproporcionada del poder, obstruir la reforma y avivar los problemas a través de la violencia.

La disputa de Tigray es la más grave en Etiopía, pero hay líneas divisorias más amplias. Las regiones poderosas están en completo desacuerdo, mientras que los partidarios del sistema federalista étnico etíope (que delega el poder a regiones definidas étnicamente y del cual el TPLF hizo parte fundamental de su diseño) luchan contra los opositores del sistema, que creen que éste arraiga la identidad étnica y fomenta la división. Si bien muchos etíopes culpan al TPLF por años de gobierno opresivo, el partido tigrayano no es el único que teme que Abiy pretenda acabar con el sistema federalista en un intento por centralizar la autoridad. En particular, los críticos de Abiy en la tensa región de Oromia, la más poblada de Etiopía, comparten esa opinión, a pesar de la propia herencia oromo de Abiy.

Villagers in northwestern Ethiopia gather to receive food aid after the conflict between the Amhara and Qimant peoples led to displacement in 2019. CRISISGROUP/William DavisonCRISISGROUP/William Davison

La pregunta ahora es qué viene después. Las fuerzas federales avanzaron y tomaron el control de Mekele y otras ciudades con relativa rapidez. Addis Ababa espera que lo que ha denominado su continua “operación de aplicación de la ley” derrote a los rebeldes restantes. Rechaza los diálogos con los líderes del TPLF; según los aliados de Abiy permitir la impunidad de los delincuentes que atacan a los militares y violan la constitución sería recompensar la traición. El gobierno central ahora está designando un gobierno regional interino, ha emitido órdenes de arresto contra 167 funcionarios y oficiales militares de Tigray, y espera poder persuadir a los tigrayanos para que abandonen a sus antiguos gobernantes. Sin embargo, el TPLF tiene una sólida red popular de apoyo.

Hay señales preocupantes. Informes sugieren purgas de tigrayanos en el ejército y abusos en otras partes del país. Milicias de la región de Amhara, que limita con Tigray, se han apoderado de territorios en disputa en poder de los tigrayanos durante las últimas tres décadas. El TPLF lanzó misiles a Eritrea, y es casi seguro que las fuerzas eritreas han estado involucradas en la ofensiva anti-TPLF. Todo esto incrementará los reclamos tigrayanos y el sentimiento separatista.

Si el gobierno federal invierte considerablemente en Tigray, trabaja con el servicio civil local tal como está en lugar de deshacerse de los funcionarios del TPLF, para el acoso a los tigrayanos en otros lugares y administra las áreas en disputa en lugar de dejarlas en manos de administradores Amhara, podría haber ​​una esperanza de paz. Entonces sería fundamental avanzar hacia un diálogo nacional para sanar las profundas divisiones del país en Tigray y más allá. Sin esto, el panorama es sombrío para una transición que inspiró tanta esperanza hace solo un año.

3. El Sahel

La crisis que envuelve a la región del Sahel en el norte de África continúa empeorando, con el aumento de violencia interétnica y los yihadistas ampliando su control. El 2020 fue el año más letal desde que empezó la crisis en 2012, cuando los militantes islamistas se tomaron el norte de Mali, sumiendo a la región en una inestabilidad prolongada.

Los yihadistas controlan o son una presencia en la sombra en franjas de las zonas rurales de Mali y Burkina Faso y realizan avances en el suroeste de Níger. La intensificación de las operaciones antiterroristas francesas en 2020 asestó algunos golpes a los militantes, debilitando a la filial local del Estado Islámico y matando a varios líderes de al-Qaeda. Éstas, combinadas con las luchas internas yihadistas, parecen haber contribuido a una disminución de los complejos ataques de militantes contra las fuerzas de seguridad. Pero los ataques militares y la eliminación de líderes no han perturbado las estructuras de mando ni el reclutamiento de los yihadistas. De hecho, entre más militares extranjeros se acumulan, más sangrienta parece tornarse la región. Las autoridades gubernamentales tampoco han podido recuperar las áreas rurales que los militantes se han tomado. Incluso cuando la presión militar obliga a los yihadistas a salir, tienden a regresar cuando las operaciones disminuyen.

Las condiciones en las que prosperan los militantes son difíciles de revertir. Las relaciones de los Estados con muchos de sus ciudadanos rurales se han roto, al igual que los sistemas tradicionales de gestión de conflictos. Como resultado, tanto las autoridades estatales como las tradicionales son incapaces de calmar la creciente fricción entre las comunidades, a menudo por recursos. Los abusos de las fuerzas de seguridad generan más descontento. Todo esto juega a favor de los militantes, que prestan su brazo armado y ofrecen protección a los pobladores o incluso intervienen para resolver disputas. Las milicias étnicas movilizadas por las autoridades de Mali y Burkina Faso para luchar contra los yihadistas alimentan la violencia entre comunidades.

Incluso más allá de las áreas rurales, los ciudadanos están cada vez más descontentos con sus gobiernos. El golpe de Estado de Mali en agosto, resultado de las protestas provocadas por unas elecciones controvertidas y sostenidas por un resentimiento generalizado contra la corrupción y la ineptitud del gobierno, es la prueba más evidente. Un descontento similar afecta a Níger y Burkina Faso.

Nigerien security forces head to Iferouane, Agadez region, on 21 February 2019. CRISISGROUP/Julie David de Lossy

Sin esfuerzos más concertados para enfrentar la crisis de gobernanza rural del Sahel, será difícil que la región pueda salir de su agitación actual. En términos generales, tales esfuerzos requerirían que los actores estatales y otros se enfoquen ante todo en mediar en los conflictos locales, hablar con los militantes cuando sea necesario y en utilizar los acuerdos resultantes como base para el regreso de la autoridad estatal a las zonas rurales. Las operaciones militares extranjeras son esenciales, pero los actores internacionales deben insistir en la construcción de paz local e impulsar una reforma a la gobernanza. Poco sugiere que un enfoque primordialmente militar estabilizará el Sahel. En cambio, en los últimos años este enfoque parece haber contribuido al repunte del derramamiento de sangre interétnico y a la militancia islamista.

4. Yemen

La guerra de Yemen ha provocado lo que la ONU todavía considera el peor desastre humanitario del mundo. El COVID-19 ha exacerbado el sufrimiento de los civiles ya asediados ​​por la pobreza, el hambre y otras enfermedades. Altos funcionarios humanitarios advierten nuevamente que puede haber hambruna.

Hace un año, hubo una oportunidad para poner fin a la guerra, pero los insurgentes la desperdiciaron. Los rebeldes hutíes estaban dialogando por canales extraoficiales con Arabia Saudita, el principal patrocinador externo del gobierno yemení reconocido por la ONU y dirigido por el presidente Abed Rabbo Mansour Hadi. Los sauditas también estaban mediando entre facciones anti-hutíes que se enfrentan por el estatus de Adén, una ciudad del sur que es la capital interina del gobierno y que ha sido controlada por el separatista Consejo de Transición del Sur (STC) respaldado por los Emiratos desde agosto de 2019. Combinadas, estas dos iniciativas de negociación podrían haber servido como pilares para la construcción de un proceso político mediado por la ONU. En cambio, los enfrentamientos se han intensificado, particularmente en Marib, el último bastión urbano del gobierno de Hadi en el norte. Transcurrió un año de negociaciones difíciles antes de que las facciones anti-hutíes acordaran cómo repartir las responsabilidades de seguridad en el sur, alejar sus tropas de las líneas de fuego y formar un nuevo gobierno. Es probable que las negociaciones enfrenten más obstáculos por la reubicación del gabinete a Adén. Los esfuerzos de paz de la ONU también se han detenido.

Tanto los hutíes como el gobierno de Hadi tienen razones para estancarse. Si prevalecen en Marib, los hutíes habrán conquistado el norte y con éste la planta de petróleo, gas y energía de la provincia, lo que les permitirá generar la electricidad y los ingresos que tanto necesitan. El gobierno no puede permitirse perder Marib, pero alberga otra esperanza: la administración saliente de Trump puede, en una última arremetida contra Irán, designar a los hutíes como una organización terrorista, cerrando el cerco económico contra los rebeldes y complicando las negociaciones con estos por parte de actores externos. Tal medida aumentaría los riesgos de hambruna al obstruir el comercio con Yemen, que importa el 90 por ciento de su trigo y todo su arroz. También podría anunciar el fin de los esfuerzos de mediación de la ONU.

A fighter from the Joint Resistance Forces at a position overlooking Hodeida airport in Yemen, September 2018. CRISISGROUP/Peter Salisbury

En cualquier caso, el marco de la ONU limitado a dos partes parece obsoleto. Yemen ya no es el país que era en los primeros días de la guerra; se ha fragmentado a medida que avanzaba el conflicto. Los hutíes y el gobierno no tienen un duopolio sobre el territorio o la legitimidad nacional. Otros actores locales tienen intereses, influencia y la capacidad de sabotear. La ONU debería ampliar su marco para incluir a otros actores de la región, en particular el STC y las fuerzas respaldadas por los Emiratos en la costa del Mar Rojo, junto con las tribus del norte, que de otro modo podrían afectar cualquier acuerdo al que se opongan. En lugar de buscar un acuerdo entre solo dos partes, la ONU debe comenzar a planificar un proceso más inclusivo que fomente la negociación de acuerdos entre los actores clave.

Sin un cambio de rumbo, el 2021 parece destinado a ser otro año sombrío para los yemeníes, con la prolongación de la guerra, la propagación de enfermedades y de una posible hambruna, las perspectivas de un acuerdo evaporándose y millones de yemeníes enfermándose y con más hambre cada día.

5. Venezuela

Han transcurrido casi dos años desde que la oposición venezolana, EE. UU. y múltiples países de América Latina y Europa proclamaron al legislador Juan Guaidó presidente interino de Venezuela y pronosticaron la salida de Nicolás Maduro. Hoy, esas esperanzas se han deshecho. Una campaña de “máxima presión” liderada por EE. UU., la cual ha incluido sanciones, aislamiento internacional, amenazas implícitas de acción militar e incluso un golpe fallido no ha logrado derrocar a Maduro. En contraste, estas acciones lo han fortalecido, ya que sus aliados, incluyendo a esos en el ejército, se han unido en torno a él por temor a que su caída los ponga en peligro. Las condiciones de vida de los venezolanos, devastadas por la ineptitud del gobierno, las sanciones de EE. UU. y el COVID-19, han tocado fondo.

Si Maduro permanece afianzado en el poder, sus adversarios podrían ver su capital político colapsar. Guaidó sostiene que la presidencia es suya por liderar la mayoría parlamentaria que los partidos de oposición obtuvieron en 2015, junto con el argumento de que la reelección de Maduro en mayo de 2018 fue una farsa. Ahora la oposición está debilitada, dividida y con una presencia mínima en la Asamblea Nacional. El gobierno ganó por una abrumadora mayoría las elecciones legislativas de diciembre, las cuales fueron boicoteadas por casi todos los partidos de oposición con la excepción de algunos partidos pequeños.

Venezuela A family of Venezuelan recyclers in Colombia. Keoma Zec

Los problemas de la oposición se deben principalmente a su incapacidad para lograr cambios. Su estrategia subestimó la capacidad de Maduro para sobrellevar las sanciones y el aislamiento internacional, mientras que sobrestimó la voluntad de Washington para cumplir con sus vagas amenazas del uso de la fuerza.

Las sanciones también han perdido el respaldo de los rivales de Maduro, ya que con éstas se ha acelerado el colapso económico de Venezuela y se ha empobrecido aún más a sus ciudadanos. Más de 5 millones de ciudadanos venezolanos han huido, muchos de los cuales ahora intentan sobrevivir en ciudades colombianas o en las violentas zonas fronterizas. La mayoría de las familias que continúan en el país no pueden poner suficiente comida en la mesa. Miles de niños sufren daños irreversibles a causa de la desnutrición.

Un nuevo gobierno de EE. UU. ofrece una oportunidad para replantear la estrategia. La oposición venezolana ha recibido un apoyo bipartidista en Washington. Sin embargo, el equipo de Biden podría redirigirlo, dejar de lado la idea de derrocar a Maduro y lanzar iniciativas diplomáticas que generen las bases para un acuerdo negociado con la ayuda de líderes latinoamericanos de izquierda y derecha.

Junto con la Unión Europea, podría intentar asegurar a los aliados de Maduro, como Rusia, China y Cuba, que sus principales intereses en el país sobrevivirían a una transición. Además de tomar medidas humanitarias inmediatas para aliviar la crisis relacionada con el coronavirus en Venezuela, la nueva administración también podría considerar reanudar contactos diplomáticos con Caracas y comprometerse a levantar gradualmente las sanciones si el gobierno toma medidas significativas, como liberar a los presos políticos y desmantelar las unidades policiales opresivas. Negociaciones con respaldo internacional destinadas en particular a la realización de elecciones presidenciales confiables, programadas para 2024, podrían venir después, siempre que ambas partes demuestren que están genuinamente interesadas en comprometerse.

En la actualidad, el gobierno de Maduro no da señales de querer celebrar unas elecciones justas. La mayoría de sus rivales quieren derrocarlo y judicializarlo. Un acuerdo parece más distante que nunca. Pero después de dos años gastados en iniciativas fallidas y contraproducentes destinadas a provocar una ruptura política rápida, el mejor camino a seguir es generar apoyo para una transición más gradual.

6. Somalia

Se aproximan las elecciones en Somalia en medio de fuertes disputas entre el presidente Mohamed Abdullahi Mohamed (también conocido como “Farmajo”) y sus rivales. La guerra contra Al-Shabaab está entrando en su decimoquinto año, sin un final a la vista, mientras que los donantes están cada vez más agobiados por pagarle a las fuerzas de la Unión Africana (UA) para ayudar a mantener a raya a los militantes.

El ánimo previo a las elecciones está caldeado (las elecciones parlamentarias estaban programadas para mediados de diciembre, pero fueron pospuestas, y los preparativos para las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2021 también están retrasados). Las relaciones entre Mogadiscio y algunas regiones de Somalia, en particular Puntlandia y Jubalandia, cuyos líderes han sido rivales de Mohamed durante mucho tiempo y temen su reelección, son tensas, en gran parte debido a disputas sobre la distribución del poder y los recursos entre el centro y la periferia. Tal discordia tiende a enfrentar a las comunidades de Somalia entre sí, incluso entre clanes, con una retórica cada vez más hostil empleada por todas las partes.

Mientras tanto, Al-Shabaab sigue siendo potente. El grupo controla gran parte del sur y centro de Somalia, extiende su presencia en la sombra mucho más allá, y ataca regularmente la capital somalí. Si bien los líderes somalíes y sus socios internacionales reconocen, en principio, que el desafío de Al-Shabaab no se puede enfrentar solo con la fuerza, pocos articulan alternativas claras. Dialogar con los militantes puede ser una opción, pero hasta ahora los líderes del movimiento han dado pocos indicios de que deseen un acuerdo político.

Women walking in the streets of Mogadishu, Somalia. CRISISGROUP/Richard Horsey

Para empeorar las cosas, se está agotando la paciencia con la misión de la UA que durante años ha luchado contra Al-Shabaab. Sin esas tropas, las principales ciudades, probablemente incluso Mogadiscio, estarán aún más expuestas a los ataques de militantes. Donantes como la UE están cansados ​​de costear lo que parece ser una campaña militar sin fin. El plan actual es que a fines de 2021 las fuerzas somalíes se hagan cargo de la principal responsabilidad de seguridad, pero esas tropas siguen siendo débiles y mal preparadas para liderar los esfuerzos de contrainsurgencia. El riesgo de un vacío de seguridad se ha visto agravado por la repentina retirada de las fuerzas etíopes debido a la crisis de Tigray y el plan de la administración Trump de retirar a las tropas estadounidenses que entrenan y asesoran al ejército somalí.

Mucho depende de las elecciones presidenciales de febrero. Unas elecciones razonablemente limpias, cuyos resultados sean aceptados por los principales partidos, podría permitirles a los líderes somalíes y sus patrocinadores extranjeros intensificar sus esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre la relación federal y las disposiciones constitucionales y acelerar la reforma del sector de seguridad. Unas elecciones controvertidas, en contraste, podrían provocar una crisis política que incremente la brecha entre Mogadiscio y las regiones, desencadenando potencialmente la violencia de los clanes y  alentando a Al-Shabaab.

7. Libia

Las coaliciones militares rivales en Libia ya no están combatiendo, y la ONU ha reiniciado las negociaciones destinadas a reunificar el país. Pero lograr una paz duradera requerirá un gran esfuerzo.

El 23 de octubre, el Ejército Nacional Libio (LNA, dirigido por el general Khalifa Haftar y apoyado por Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia) y el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, dirigido por Fayez al-Sarraj y respaldado por Turquía), firmaron un alto al fuego que puso fin formalmente a una batalla que se había librado en las afueras de Trípoli y en otros lugares desde abril de 2019. En la lucha murieron unas 3000 personas y cientos de miles fueron desplazadas. La intervención militar directa de Turquía para ayudar a Sarraj a principios de 2020 revirtió la ventaja que había tenido Haftar. Las líneas de fuego ahora están congeladas en el centro de Libia.

El alto al fuego es bienvenido, pero su implementación está retrasada. El LNA y GNA se comprometieron a retirar a las tropas de las líneas de fuego, expulsar a los combatientes extranjeros y detener todo entrenamiento militar extranjero. Sin embargo, ambas partes han retrocedido. Sus tropas todavía están en las líneas de fuego, y aviones de carga militares extranjeros continúan aterrizando en sus respectivas bases aéreas, lo que sugiere que los patrocinadores externos todavía están reabasteciendo a ambos bandos.

De manera similar, el progreso en la reunificación de un país dividido desde 2014 se ha estancado. Los diálogos de la ONU convocados en noviembre reunieron a 75 ciudadanos libios encargados de llegar a acuerdos sobre un gobierno de unidad interino y la creación de una hoja de ruta para las elecciones. Pero las conversaciones se han visto empañadas por controversias sobre cómo la ONU seleccionó a estos delegados, su autoridad legal, conflictos internos y acusaciones de intentos de sobornos. Los participantes han acordado elecciones a finales de 2021 pero no han llegado a acordar el marco legal que las regirá.

An oil tanker moored in the port of Tripoli, Libya, in December 2018. CRISISGROUP/Claudia Gazzini

En el centro de todos los problemas está el desacuerdo sobre cómo compartir el poder. Los partidarios de Haftar exigen que el nuevo gobierno ubique al LNA y al GNA en el mismo nivel. Sus rivales se oponen a la inclusión de líderes pro-LNA en cualquier nueva administración. Las potencias extranjeras tienen puntos de vista igualmente contrastantes. Turquía quiere un gobierno amigo, libre de partidarios de Haftar, en Trípoli. Por el contrario, El Cairo y Abu Dabi quieren reducir la influencia de Ankara y reforzar la de los políticos pro-LNA. Rusia, que también apoya al LNA, desea mantener su posición en el Mediterráneo, pero no está claro si prefiere el statu quo que mantiene su dominio en el este o un nuevo gobierno con representación del LNA.

Parece poco probable que los enfrentamientos vuelvan a estallar en el futuro inmediato porque los actores externos, aunque desean consolidar su influencia, no quieren otra ronda de hostilidades abiertas. Pero entre más tiempo pase sin que se cumplan los términos del alto al fuego, mayor será el riesgo de que los contratiempos provoquen un regreso a la guerra. Para evitar este resultado, la ONU debe ayudar a forjar una hoja de ruta para unificar las divididas instituciones libias y reducir las tensiones entre los enemigos regionales.

8. Irán-EE. UU.

En enero de 2020, el asesinato por parte de EE. UU. del comandante iraní Qassem Suleimani llevó las tensiones entre EE. UU. e Irán a un punto máximo. Finalmente, la respuesta de Irán fue relativamente limitada y ninguna de las partes decidió escalar, aunque las tensiones continuaron siendo peligrosamente altas. La nueva administración de los EE. UU. podría calmar uno de los enfrentamientos más peligrosos del mundo, en particular reingresando al acuerdo nuclear de 2015, también conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA). Pero hacerlo rápidamente, manejando las relaciones con Arabia Saudita e Israel (ambos radicalmente opuestos a Irán) y luego iniciar conversaciones sobre cuestiones regionales más amplias no será una tarea fácil.

La política iraní de la administración Trump ha implicado lo que llama máxima presión. Eso ha significado salir del JCPOA e imponer duras sanciones unilaterales contra Irán con la esperanza de forzar mayores concesiones en su programa nuclear, moderar su influencia regional y (como esperaban algunos funcionarios) incluso derrocar al gobierno de Teherán.

Las sanciones devastaron la economía iraní, pero no consiguieron mucho más. Durante la presidencia de Trump, el programa nuclear de Irán creció cada vez más al estar libre de las restricciones del JCPOA. Teherán tiene misiles balísticos más precisos y en mayor cantidad que antes. El panorama regional, en lugar de reducirse, creció en tensión, lleno de incidentes: desde el asesinato de Suleimani en suelo iraquí hasta los ataques contra objetivos de la industria energética saudita ampliamente atribuidos a Teherán, lo que provocó múltiples roces con riesgos de guerra abierta. Nada sugiere que el gobierno iraní, a pesar de los periódicos estallidos de descontento popular, esté en peligro de colapso.

Incluso en sus últimos días, la administración Trump ha redoblado sus esfuerzos. Las últimas semanas de su mandato las ha dedicado a imponer más sanciones. El asesinato de un importante científico nuclear iraní, que se atribuyó a Israel, avivó aún más las tensiones y llevó a Irán a amenazar con ampliar aún más su programa nuclear. Washington y algunos aliados parecen decididos a infligir el máximo daño a Irán y limitar el campo de acción de la administración entrante de Biden. Los riesgos de una confrontación antes de que Trump deje el cargo siguen presentes así como  que las milicias chiítas pro iraníes ataquen a los estadounidenses en Irak.

Biden ha señalado que cambiará de dirección, aceptará reingresar al JCPOA si Irán reanuda su cumplimiento y luego buscará negociar un acuerdo de seguimiento que aborde los misiles balísticos y la política regional. Teherán ha señalado que también está preparado para una adhesión mutua al acuerdo nuclear existente. Esa parece la apuesta más segura y rápida, aunque aun así los obstáculos abundan. Los gobiernos de EE. UU. e Irán deberán acordar una secuencia de pasos entre el alivio de las sanciones y las restricciones nucleares y también sobre qué sanciones deben levantarse. La ventana podría ser reducida, con elecciones presidenciales en Irán programadas para junio las cuales se prevé gane un candidato de línea más dura.

Pero si regresan al JCPOA, el mayor desafío será abordar las tensiones regionales y la polarización que, si se dejan agravar, continuarán poniendo en peligro el acuerdo y podrían desencadenar conflictos. Algunos gobiernos europeos están explorando promover un diálogo entre Irán y los Estados árabes del Golfo para reducir las tensiones regionales y prevenir una explosión inadvertida de guerra; la administración Biden podría respaldar tal esfuerzo con todo su peso diplomático.

9. Rusia-Turquía

Rusia y Turquía no están en guerra, a menudo trabajan juntos, pero con frecuencia respaldan a bandos opuestos, como en Siria y Libia, o compiten por el dominio, como en el Cáucaso. A menudo se ven el uno al otro como socios, compartimentan la discordia de un tema de las discusiones sobre otros e incluso cooperan cuando sus aliados locales se enfrentan. Sin embargo, como lo demuestran el derribamiento de un avión ruso cerca de la frontera entre Turquía y Siria por parte de Turquía en 2015 y los asesinatos de docenas de soldados turcos en ataques aéreos de las fuerzas sirias respaldadas por Rusia en 2020, el riesgo de enfrentamientos inesperados es alto. Si bien el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, hasta ahora han demostrado ser expertos en manejar tales contratiempos, cualquier discordia podría exacerbar los conflictos en los que ambos están involucrados.

Las contradicciones de las relaciones Ankara-Moscú son más evidentes en Siria. Turquía ha estado entre los opositores extranjeros más feroces del presidente Bashar Al-Assad y es un firme partidario de los rebeldes. Rusia, por su parte, apoyó a Assad y, en 2015, intervino para dar un giro decisivo a la guerra a su favor. Desde entonces, Turquía ha abandonado la idea de derrocar a Assad, más preocupada por luchar contra las Unidades de Protección Popular (YPG), la facción siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que ha librado una insurgencia contra Turquía durante casi cuatro décadas y que Ankara (EE. UU. y Europa) consideran una organización terrorista.

Un acuerdo improvisado por Moscú y Ankara en marzo de 2020 puso fin al combate más reciente en Idlib, el último rincón controlado por los rebeldes en el noroeste de Siria, y demostró cuánto se necesitan mutuamente las dos potencias. Rusia espera que Turquía haga cumplir el alto al fuego de Idlib. Ankara reconoce que otra ofensiva del régimen, que podría llevar a otros cientos de miles de sirios a Turquía, depende del apoyo aéreo ruso, lo que le da a Moscú un poder de veto virtual sobre tal operación. Pero el statu quo es frágil: la guerra en Siria no ha terminado y otra ofensiva respaldada por Rusia en Idlib sigue siendo posible.

También en Libia, Rusia y Turquía están en lados opuestos. Los contratistas rusos respaldan al LNA de Haftar, mientras que Turquía respalda al GNA con sede en Trípoli. Se ha mantenido un frágil alto al fuego desde octubre. Pero no es claro si un acuerdo pueda llegar a garantizarle a Turquía los gobernantes libios amistosos que desea y al mismo tiempo darle a Rusia el punto de apoyo que busca.

Rusia y Turquía también se vieron envueltos en la reciente guerra por Nagorno-Karabaj. Rusia tiene una alianza militar con Armenia, pero evitó tomar partido y finalmente negoció el alto al fuego que puso fin a la lucha. Turquía prestó apoyo diplomático y militar a Azerbaiyán, con drones turcos (e israelíes) que ayudaron a eliminar las defensas aéreas armenias. A pesar de su enfrentamiento en el sur del Cáucaso, tanto Moscú como Ankara ganaron esta vez. Rusia desplegó fuerzas de paz y aumentó drásticamente su influencia en la región. Turquía puede afirmar que ha jugado un papel importante en la victoria de Azerbaiyán y se beneficiará de un corredor comercial establecido por el acuerdo de alto al fuego.

Paradójicamente, mientras que Moscú y Ankara compiten en un número creciente de campos de batalla, sus lazos son más fuertes de lo que lo han sido por algún tiempo. Su relación de amigos-enemigos es sintomática de tendencias más amplias: un mundo en el que las potencias no occidentales se oponen cada vez más a EE. UU. y a Europa occidental, son más asertivas y están más dispuestas a entrar en alianzas fluctuantes.

Rusia ha visto aumentar las tensiones con Occidente en medio de guerras en Ucrania y Siria, acusaciones de interferencia electoral y envenenamiento de oponentes en suelo extranjero, así como sanciones estadounidenses y europeas. A Turquía le irrita el apoyo de EE. UU. a las YPG y su negativa a extraditar a Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de planear un intento de golpe de Estado en 2016, así como las críticas europeas a su retroceso democrático y a su supuesto sesgo en el conflicto de Chipre. Las sanciones impuestas por Washington en respuesta a la compra y prueba por parte de Ankara del sistema de defensa antimisiles ruso S-400 encapsulan estas tensiones. Al llegar a acuerdos bilaterales en varias zonas de conflicto, tanto Rusia como Turquía ven el potencial de ganancia.

Sin embargo, los lazos que nacen de la oportunidad no siempre perduran. Con sus respectivas fuerzas tan cerca de múltiples líneas de fuego, abundan los posibles puntos de choque. Una crisis en sus relaciones podría significar problemas para ambas naciones y para más de una zona de guerra.

10. Cambio climático

La relación entre la guerra y el cambio climático no es simple ni lineal. Los mismos patrones climáticos aumentarán la violencia en un área y no en otra. Si bien algunos países manejan adecuadamente la competencia provocada por el clima, otros fallan por completo. Mucho depende de si los Estados gobiernan de manera inclusiva, están bien equipados para mediar en conflictos por recursos o si pueden socorrer a la población cuando sus vidas o sus medios de subsistencia se ven afectados. Es incierta la cantidad de violencia relacionada con el clima que se pueda presentar en 2021, pero la tendencia más amplia es lo suficientemente clara: sin una acción urgente, el peligro de conflictos relacionados con el clima aumentará en los próximos años.

En el norte de Nigeria, las sequías han intensificado los enfrentamientos entre pastores y agricultores por la disminución de los recursos, que en 2019 causó el doble de muertes que el conflicto de Boko Haram. En el Nilo, Egipto y Etiopía han intercambiado amenazas de acción militar por la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía, en parte debido a los temores de Egipto de que la presa empeore la ya grave escasez de agua. Por ahora, África posiblemente sea la más afectada por los riesgos de conflicto relacionados con el clima, pero partes de Asia, América Latina y el Medio Oriente enfrentan peligros similares.

En países frágiles de todo el mundo, millones de personas ya experimentan olas de calor históricas, precipitaciones extremas e irregulares y el aumento del nivel del mar. Todo esto podría agravar la inestabilidad: por ejemplo, al exacerbar la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y la competencia por recursos y al hacer que más personas huyan de sus hogares. Algunos estudios sugieren que un aumento de la temperatura local de 0,5 grados Celsius se asocia, en promedio, con un aumento del 10 al 20 por ciento de riesgo de conflicto letal. Si ese estimado es acertado, el futuro es preocupante. Los científicos de la ONU creen que las emisiones provocadas por los humanos han calentado la Tierra en 1 grado desde la época preindustrial y, con la aceleración del ritmo, predicen el incremento de otro medio grado tan pronto como en el 2030. En muchas de las áreas más inestables del mundo, podría suceder aún más pronto.

A hydropower dam in the mountains of Kyrgyzstan in 2016. CRISISGROUP/Julie David de Lossy

Los gobiernos de los países en riesgo deben regular pacíficamente el acceso a los recursos, ya sean escasos o abundantes, internos o interestatales. Pero las naciones en desarrollo en riesgo de conflicto no deberían enfrentar las presiones de un clima cambiante por sí solas.

Hay ciertas razones para ser optimistas. La nueva administración de EE. UU. ha puesto la crisis climática en el primer lugar de su agenda, y Biden ha hecho un llamado a acciones más rápidas para mitigar los riesgos de inestabilidad asociados a esto. Gobiernos y empresas occidentales se han comprometido a proporcionar a los países más pobres 100 000 millones de dólares anuales para adaptación al cambio climático a partir de 2020. Deben cumplir sus compromisos: los países en desarrollo merecen un mayor apoyo de aquellos que han causado la crisis en primer lugar por su falta de mesura en el uso de combustibles fósiles.

Publicado inicialmente en Foreign Policy: 10 Conflicts to Watch in 2021