¿Lo hará o no lo hará? Por esta época el año pasado, esa era la pregunta. El presidente ruso, Vladimir Putin, había concentrado casi doscientos mil soldados en las fronteras de Ucrania. La inteligencia estadounidense advirtió que Rusia se preparaba para una guerra total. Todas las señales apuntaban a un asalto, menos una: parecía impensable.

Es cierto que Rusia había atacado a Ucrania en 2014 y en la primavera de 2021 había organizado un ensayo general para una invasión, agrupando fuerzas en la frontera antes de enviarlas a casa. Putin parecía cada vez más molesto por la negativa de Kiev a someterse a su voluntad. Se burló abiertamente de la identidad y soberanía nacional ucraniana. Sin embargo, cuando las fuerzas rusas entraron en acción, resultó impactante que en 2022 una potencia nuclear intentara conquistar a un vecino en un acto de agresión no provocada.

Más allá de la devastación en Ucrania, la guerra ha proyectado una larga sombra sobre los asuntos mundiales.

Para Rusia, hasta la fecha ha sido desastroso. Una ofensiva que se suponía debía subyugar a Ucrania, debilitar a Occidente y fortalecer al Kremlin, hasta ahora ha hecho lo contrario. Ha disparado el nacionalismo ucraniano y ha acercado a Kiev a Europa. Le ha dado un nuevo propósito a una OTAN que estaba a la deriva. La incorporación de Finlandia y Suecia a la alianza, que parece ir por buen camino, cambiará drásticamente el equilibrio de fuerzas en el norte de Europa, duplicando con creces la longitud de las fronteras de Rusia con Estados de la OTAN. La guerra ha dejado al descubierto debilidades en el ejército ruso que las operaciones en Siria (2015) y Ucrania (2014 y 2015) habían disimulado. Ha revelado resolución y capacidad en Occidente que los fiascos de Afganistán, Irak y Libia habían eclipsado (aunque es cierto que las cosas podrían haber sido diferentes si EE. UU. hubiera estado bajo otro liderazgo).

Aun así, la guerra está lejos de haber terminado. La economía rusa se ha adaptado a las masivas sanciones occidentales. El Kremlin parece convencido de que Rusia tiene capacidad de permanencia. Moscú aún podría forzar un desagradable acuerdo y sentar un preocupante precedente de agresión para otros lugares. Si, por otra parte, Putin se siente realmente en peligro, debido a los avances de Ucrania u otros motivos, no es imposible (poco probable, pero difícil de descartar por completo) que recurra al uso de un arma nuclear como última apuesta. Pase lo que pase en Ucrania, es probable que lo único que separe a Occidente y Rusia de una confrontación sea un error de cálculo.

Para China, la guerra ha sido sobre todo un dolor de cabeza. A pesar del apoyo público del presidente chino Xi Jinping a Putin y del continuo comercio entre ambos países, que ha ayudado a Rusia a superar las sanciones, el apoyo material de Beijing ha sido escaso. Xi Jinping no ha enviado armas. Parece preocupado por las dificultades de Putin y sus amenazas nucleares. Beijing no quiere perjudicar a Moscú y es poco probable que presione a Putin para llegar a un acuerdo. Pero tampoco quiere provocar a las capitales occidentales respaldando la invasión. Beijing observa con cautela cómo los aliados de EE. UU. en Asia refuerzan sus defensas y parecen aún más interesados en mantener a Washington cerca, incluso cuando todavía quieren acceder a los mercados chinos. La guerra ha aumentado los temores de un ataque chino a Taiwán. Pero una invasión que parecía demasiado arriesgada para Beijing a corto plazo, incluso antes de la guerra, parece, al menos por ahora, incluso menos probable. A China no se le escapan las masivas sanciones impuestas a Rusia. Tampoco los fracasos de Moscú en el campo de batalla.

En cuanto a la relación, entre EE. UU. y China, que dominará las próximas décadas, la guerra entre Rusia y Ucrania no ha cambiado su esencia. La visita de agosto a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, irritó a Beijing, pero la reunión tres meses después entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y Xi Jinping auguró la reanudación del diálogo. Sin embargo, la competencia no deja de formar parte de las políticas exteriores de los dos países. Los planes chinos sobre Taiwán no se irán a ninguna parte. Aunque las dos mayores economías del mundo siguen entrelazadas, la desvinculación tecnológica está en marcha.

En otras partes del sur global, la guerra dejó los nervios en carne viva. La mayoría de las capitales no occidentales sumaron sus votos contra la agresión rusa en la Asamblea General de la ONU. Pero pocas han condenado públicamente a Putin o han impuesto sanciones. Muchas tienen razones, principalmente comerciales, pero también vínculos históricos o dependen de los mercenarios del Grupo Wagner vinculados al Kremlin, para no romper lazos con Moscú. Consideran que elegir un bando o asumir los costos de una guerra, que muchos ven como un problema europeo, va en contra de sus intereses. La frustración con Occidente también influye, ya sea por el acaparamiento de vacunas para el COVID-19, políticas migratorias o injusticia climática. Muchos ven un doble estándar en la indignación por Ucrania, dadas las intervenciones de Occidente en otros lugares y su historial colonialista. Numerosos líderes del sur global también creen, particularmente en lo que respecta a las sanciones, que los gobiernos occidentales han puesto la lucha contra Rusia por encima de la economía global

De hecho, fuera de Europa, las mayores ramificaciones de la guerra son económicas. El nerviosismo financiero desencadenado por la invasión y el anuncio de sanciones agitaron los mercados que el COVID-19 ya había sacudido. Los precios de los alimentos y los combustibles se dispararon, lo que provocó una crisis en el costo de vida. Aunque los precios han disminuido desde entonces, la inflación sigue desbocada, lo que magnifica los problemas de endeudamiento. La pandemia y la crisis económica son dos de las diversas amenazas que se refuerzan mutuamente, entre las que destacan también el cambio climático y la inseguridad alimentaria, las cuales pueden afectar a países vulnerables y avivar disturbios. En la lista de este año, Pakistán es un excelente ejemplo. Muchos países se encuentran en situaciones similares.

¿El 2022 dio algún motivo de optimismo para el año entrante? Dada la angustia de Ucrania, encontrar algo positivo en la guerra puede parecer perverso. Pero si Kiev hubiera luchado menos, si Occidente hubiera estado menos unido que bajo el liderazgo de Biden, y si Rusia hubiera prevalecido, Europa, y posiblemente el mundo, estarían en una situación más peligrosa. Putin tampoco fue el único hombre fuerte que tuvo un mal año. Varios populistas, cuyas políticas recientemente han sembrado mucha discordia, también perdieron. Jair Bolsonaro fue derrotado en Brasil. El expresidente estadounidense Donald Trump parece, por ahora, una figura disminuida. Marine Le Pen no logró ganar la presidencia francesa. En Italia, donde los populistas lograron ganar el poder, en su mayoría viraron hacia el centro al asumir el cargo. El populismo de extrema derecha no es una fuerza agotada, pero algunos de sus representantes sufrieron reveses. Además, la diplomacia multilateral logró en gran parte salir adelante. A pesar de sus amargas diferencias, China, Rusia y las potencias occidentales seguían considerando en su mayoría al Consejo de Seguridad de la ONU como un lugar para gestionar las crisis fuera de Ucrania. Acuerdos que podrían poner fin a la horrible guerra de Etiopía y fortalecer los lazos entre Colombia y Venezuela demuestran que la paz en otros lugares puede avanzar a pesar del conflicto en Europa.

Sin embargo, en general, fue un año inquietante, más aún dado que es el más reciente de una serie de ellos. La pandemia convulsionó a la mayor parte del planeta. Una turba enfurecida irrumpió en el Capitolio estadounidense. Las temperaturas en algunas partes del mundo amenazan la supervivencia humana. Ahora, una gran guerra se desata en Europa, su arquitecto invoca una escalada nuclear y varios países pobres enfrentan crisis de endeudamiento, hambre y clima extremo. Ninguno de estos eventos llegó sin previo aviso y, sin embargo, hace unos años habrían causado asombro. También se producen en un momento en el que el número de personas muertas en conflictos se eleva y hay más personas desplazadas o hambrientas que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas debido a la guerra.

Entonces, ¿en 2023 las principales potencias irán a la guerra o romperán un tabú nuclear de casi 80 años? ¿Las crisis políticas, dificultades económicas y el cambio climático provocarán un colapso social no sólo en algunos países sino a nivel mundial? Las respuestas más pesimistas a las grandes preguntas de este año parecen descabelladas. Pero después de los últimos años, sería demasiado complaciente descartar lo impensable.

1. Ukraine
2. Armenia and Azerbaijan
3. Iran
4. Yemen
5. Ethiopia
6. República Democrática del Congo y los Grandes Lagos
7. El Sahel
8. Haití
9. Pakistán
10. Taiwán

Hasta ahora, Ucrania ha resistido el asalto de Rusia, gracias al valor de los ucranianos y la ayuda de Occidente. Pero después de casi un año de combates, no se vislumbra el final.

Cuando el Kremlin lanzó su invasión total en febrero, parecía esperar derrocar al gobierno de Ucrania e instalar un régimen más dócil. Calculó mal. La resistencia de Ucrania fue tan feroz como la planificación de Rusia fue inepta. En primavera, Moscú se vio obligado a retirarse de los alrededores de Kiev y concentró sus fuerzas en el oriente y el sur. Luego, a finales del verano, las tropas ucranianas, ahora armadas con armas más potentes suministradas por Occidente, avanzaron también allí.

Sin embargo, Moscú ha redoblado su apuesta. Movilizó a unos trescientos mil hombres adicionales, aunque los datos son poco fiables. Al menos la misma cantidad de rusos huyó del país y la escasez de personal y equipo continúa afectando al ejército. El Kremlin también anunció la anexión de partes de Ucrania, incluyendo territorio que no controla. Inició una campaña de ataques aéreos contra la infraestructura ucraniana. Los cortes de energía resultantes han dejado muchas zonas prácticamente inhabitables. Uno de cada tres ucranianos ha sido desplazado durante el último año.

Hasta el momento, hay pocos indicios de que Kiev o Moscú vayan a dar marcha atrás. Los ucranianos encuentran en cada nuevo ataque y en las revelaciones de los abusos rusos (incluidas ejecuciones sumarias y abusos sexuales) una razón más para luchar. En Rusia, la propaganda y la opresión disuaden a la oposición. Ninguna de las partes demuestra un interés genuino por las conversaciones de paz. Es comprensible que los ucranianos se resistan a ceder terreno cuando lo han venido recuperando. Moscú, a pesar de decir estar abierto a la diplomacia, aún exige que Kiev capitule, y desprecia al gobierno ucraniano como nazis controlados por un degenerado Occidente. Al escalar el conflicto tras cada revés, Putin parece estar bloqueando sus propias salidas.

Se está llegando a un estancamiento, aunque nadie sabe cuánto durará. Atrincherados, ambos lados sondean en busca de espacios para avanzar. Un nuevo ataque a Ucrania central desde Bielorrusia, aunque muy publicitado, parece improbable dadas las escasas posibilidades de éxito. Moscú espera que el frío invernal y los altos precios del combustible, provocados por los boicots occidentales a los hidrocarburos rusos, hagan que los europeos se resistan a apoyar a Ucrania. Pero la unidad de Occidente hasta ahora muestra pocas fisuras. Muchas capitales europeas consideran que una posible derrota ucraniana las pondría en riesgo al alentar a Moscú. La visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Washington a finales de 2022 confirmó el apoyo bipartidista estadounidense, a pesar de las quejas del ala derecha del Partido Republicano.

En cuanto al escenario verdaderamente catastrófico, una escalada potencialmente nuclear entre la OTAN y Rusia, tanto Moscú como las capitales occidentales se han esforzado por evitar enfrentamientos directos. Por ejemplo, Occidente ha rechazado la idea de crear zonas de exclusión aérea y se ha abstenido de suministrar armamento avanzado. Rusia ha evitado ataques en territorio de la OTAN. Putin ha resaltado en repetidas ocasiones la capacidad nuclear rusa, aparentemente con el objetivo de advertir a Occidente, aunque recientemente ha aligerado su retórica. Un ataque nuclear tendría poca utilidad militar y podría desencadenar justamente la participación directa de la OTAN que Moscú quiere evitar. Sin embargo, no se puede descartar esta posibilidad, particularmente si Putin siente que está perdiendo el control del poder. De hecho, la guerra ha generado lo que probablemente sea el mayor riesgo de confrontación nuclear en sesenta años. También prepara el terreno para lo que podría ser un largo enfrentamiento, con Europa dispuesta a choques cada vez más peligrosos, pase lo que pase en Ucrania.

Ciertamente, los líderes occidentales deben mantener abierta la puerta para un acuerdo, dejando claro al Kremlin los beneficios, particularmente en cuanto al alivio de las sanciones, que supondría un acuerdo aceptable para Ucrania. Por ahora, sin embargo, consideran que, a pesar de todos los horrores de la guerra, respaldar a Ucrania, incluso con algún riesgo de escalada nuclear, es mejor que permitir que Rusia prevalezca a través de una brutal campaña militar y amenazas nucleares. Es un cálculo difícil de hacer; hasta cierto punto, desconcierta a otras partes del mundo. Por ahora, sin embargo, es el correcto.

Si la guerra en Ucrania ha tenido repercusiones en crisis de todo el mundo, su impacto ha sido especialmente agudo en el sur del Cáucaso. Dos años después de su última guerra por Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán parecen encaminadas a un nuevo enfrentamiento. Las acciones de Rusia en Ucrania han alterado los cálculos en la región.

Una nueva guerra sería más corta pero no menos dramática que el conflicto de seis semanas de 2020. En esa guerra, en la que murieron más de siete mil soldados, las fuerzas azerbaiyanas expulsaron a los armenios de partes del enclave de Nagorno-Karabaj y áreas cercanas, todas las cuales se encontraban bajo control de las fuerzas armenias desde principios de la década de 1990. Finalmente, Moscú negoció un alto al fuego.

Desde entonces, la balanza se ha inclinado aún más a favor de Azerbaiyán. El ejército armenio no ha reabastecido sus tropas ni su armamento, ya que Rusia, su tradicional corredor de armas, carece de suministros. Azerbaiyán, por el contrario, se ha fortalecido. Su ejército supera varias veces al de Armenia, está mucho mejor equipado y cuenta con el respaldo de Turquía. El aumento de la demanda europea de gas azerbaiyano también ha alentado a Bakú.

Los penosos esfuerzos de Rusia en Ucrania también inciden de otras maneras. Como parte del alto al fuego de 2020, las fuerzas de paz rusas se desplegaron en áreas de Nagorno-Karabaj aún ocupadas por armenios. Rusia ha reforzado sus guardias fronterizos y personal militar a lo largo de partes de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán que, desde la guerra, se han convertido en nuevas líneas de combate. La idea era que los contingentes, aunque pequeños, serían suficientes para disuadir los ataques porque Bakú no estaría dispuesto a irritar a Moscú.

Pero las fuerzas rusas no han impedido varias escaladas este último año. En marzo y agosto, las tropas azerbaiyanas se apoderaron de más territorio en Nagorno-Karabaj, incluidas posiciones estratégicas en las montañas. En septiembre, las fuerzas azerbaiyanas tomaron territorio dentro de la misma Armenia. Los ataques fueron cada vez más sangrientos.

La guerra en Ucrania también ha ensombrecido las conversaciones de paz. Históricamente, Moscú ha tendido a liderar los esfuerzos de paz en Nagorno-Karabaj. Se suponía que el alto al fuego de 2020 abriría el comercio en la región, incluso mediante el restablecimiento de una ruta directa a través de Armenia desde Azerbaiyán hasta su exclave Nakhchivan en la frontera con Irán. Mejorar el comercio allanaría el camino para llegar a un acuerdo sobre la compleja cuestión del futuro de Nagorno-Karabaj. (Tras la guerra de 2020, Ereván renunció a su demanda de décadas de un estatus especial para Nagorno-Karabaj, pero aún quiere derechos especiales y garantías de seguridad para los armenios que habitan la zona; Bakú argumenta que los armenios locales pueden gozar de derechos como cualquier ciudadano azerbaiyano).

A finales de 2021, Moscú aceptó una nueva mediación liderada por la UE entre Armenia y Azerbaiyán, con la esperanza de que reforzara los esfuerzos de paz rusos, que habían tenido pocos avances. Sin embargo, desde que comenzó la guerra en Ucrania, Moscú ve la diplomacia de la UE como parte de esfuerzos más amplios para frenar la influencia rusa. A pesar de los intentos de capitales occidentales, el Kremlin se niega a participar.

Como resultado, hay dos borradores de acuerdo en el aire: uno preparado por Rusia y otro que Armenia y Azerbaiyán han desarrollado con el respaldo de Occidente (muchas de las secciones contienen textos opuestos propuestos por las dos partes). Cada borrador aborda el comercio y la estabilización de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, mientras que el destino de los armenios de Nagorno-Karabaj se deja para un proceso aparte y hasta ahora no iniciado. La vía bilateral apoyada por Occidente es probablemente más prometedora, en parte porque fue generada por las partes en conflicto, aunque no está claro cómo respondería Moscú si se llega a un acuerdo. De cualquier forma, las dos partes están muy alejadas. Bakú tiene todas las cartas y ganaría más con un acuerdo, especialmente en términos de comercio y relaciones exteriores, que militarmente.

El peligro es que las conversaciones no lleguen a ninguna parte o que otro estallido hunda tanto la vía liderada por Moscú como la respaldada por Occidente, y Azerbaiyán tome lo que pueda por la fuerza.

Las masivas protestas contra el régimen, la despiadada represión iraní y su suministro de armas a Rusia han dejado a la República Islámica más aislada que nunca en las últimas décadas, justo mientras se gesta una crisis por su programa nuclear.

Las protestas que sacuden el país han planteado la amenaza más prolongada y contundente para la autoridad de la República Islámica desde el Movimiento Verde de 2009. Decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes, encabezadas por mujeres y estudiantes que rechazan el uso obligatorio del hiyab como símbolo de misoginia y opresión en general, han tomado las calles en actos de desafío contra el régimen.

En respuesta, el gobierno iraní ha asesinado a cientos de personas, entre ellas decenas de niños. Las ejecuciones formales de los manifestantes se producen tras juicios que los grupos de derechos humanos consideran una farsa. Miles de personas están en la cárcel, muchas de ellas sometidas a terribles torturas. El régimen califica de complot extranjero lo que es una rotunda expresión popular del sentimiento antigubernamental, particularmente entre los jóvenes y en las periferias desatendidas durante mucho tiempo. Pocos se lo creen.

El desafío para las heroicas jóvenes manifestantes iraníes es conseguir el apoyo de los iraníes mayores de clase media, muchos de los cuales simpatizan con ellas, pero le temen a la violencia del régimen o a un cambio radical. Un mayor número de iraníes podría unirse si las protestas alcanzaran una masa crítica, pero sin su adhesión parece poco probable que eso suceda, a no ser que otro detonante incline la balanza o surjan líderes entre los manifestantes. Hasta el momento, nada sugiere que el régimen se pueda dividir. Pero la represión tampoco puede sofocar la profunda ira social. Algo se ha roto. El régimen no puede hacer retroceder el reloj.

Mientras tanto, las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, estancadas desde principios de septiembre, ahora están en un punto muerto. La capacidad nuclear de Teherán ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Su capacidad de enriquecimiento de uranio se ha ampliado; su tiempo de producción se ha reducido a casi cero. El monitoreo por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica está severamente restringido. El momento que EE. UU. y sus aliados han querido evitar durante mucho tiempo, en el que deben elegir entre la posibilidad de que Irán adquiera una bomba nuclear o el uso de la fuerza para evitar que eso suceda, parece estar a la vista.

Incluso si pueden salir del paso durante algunos meses, octubre de 2023, que es cuando las restricciones de la ONU sobre los misiles balísticos de Irán expirarán, será un punto álgido. Al considerar estas restricciones cruciales para contener la proliferación de misiles y drones por parte de Irán, especialmente para ayudar a Rusia en Ucrania, la única opción de los líderes occidentales para evitar que expiren es volver a imponer las sanciones de la ONU. Es probable que esto lleve a Irán a retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, una posible casus belli para EE. UU. e Israel. Cualquier ataque de su parte contra el programa nuclear iraní podría desencadenar una escalada de represalias en toda la región. Con Irán furioso con Arabia Saudita por su apoyo a los canales satelitales que Teherán culpa por alimentar las protestas y una confrontación multifacética entre Irán e Israel, que podría recrudecerse con el nuevo gobierno israelí de extrema derecha, abundan los riesgos.

En este contexto, mantener la puerta abierta a la diplomacia tiene sentido. Las capitales occidentales, horrorizadas por la represión interna de la República Islámica, indignadas por su suministro de armas a Rusia y bajo presión de sus electores locales que atacan a cualquiera que recomiende dialogar, se preocupan comprensiblemente de que un diálogo con Teherán pueda proveer un salvavidas al régimen. Sin embargo, hasta ahora han optado por no cortar completamente los contactos, en parte porque algunos necesitan negociar la liberación de rehenes, pero principalmente teniendo en cuenta la amenaza nuclear. Dadas las tensas relaciones actuales, las perspectivas de que unas conversaciones puedan desactivar la crisis nuclear parecen sombrías. Pero al menos lograr un entendimiento sobre los límites de la contraparte podría ayudar a controlar las tensiones hasta que haya más espacio para la distensión y un compromiso diplomático sustancial. Es difícil que los manifestantes salgan ganando si la crisis nuclear llega a un punto crítico, es más probable que el asediado régimen logre desviar la atención en casa y ejercer un control aún más duro.

Yemen está en el limbo. Una tregua de abril entre los rebeldes hutíes y el gobierno internacionalmente reconocido del país, respaldado principalmente por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), expiró en octubre. No se han reanudado combates significativos, pero ambos bandos se preparan para volver a la guerra.

La tregua negociada por la ONU fue una inesperada luz en un brutal conflicto de ocho años. En noviembre de 2021, los hutíes, que controlan gran parte del nororiente de Yemen, parecían estar cerca de la victoria. Si hubieran logrado tomarse la ciudad de Marib y las instalaciones cercanas de petróleo y gas, habrían ganado la guerra por el norte, habrían conseguido los fondos que tanto necesitaba su cuasi Estado y marcado el fin del gobierno del entonces presidente Abed Rabbo Mansour Hadi. Su ofensiva se evitó cuando fuerzas afiliadas a EAU expulsaron a los hutíes de territorio estratégico en Marib y la vecina Shabwah en enero de 2022. Los hutíes respondieron con ataques transfronterizos con misiles y drones contra EAU y Arabia Saudita. Entonces, la guerra de Ucrania provocó una escasez mundial de alimentos y combustible que significó nuevas presiones sobre todas las partes.

El estancamiento consiguiente generó un espacio para la mediación. A principios de abril, la ONU anunció una tregua de dos meses entre el gobierno de Hadi y los hutíes. Riad, cada vez más decepcionada con la guerra, respaldó el acuerdo. Varios días después, Hadi renunció. Fue reemplazado por un Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) de ocho miembros, seleccionados por los saudíes y los emiratíes, que es más representativo de la coalición de facciones yemeníes que se enfrentan a los hutíes y, casi con la misma frecuencia, entre sí.

Las esperanzas iniciales de que se llegara a un acuerdo más amplio se han desvanecido. Tras dos prórrogas, las negociaciones lideradas por la ONU para una tregua más amplia fracasaron a principios de octubre, frustradas por la exigencia de los hutíes de que el gobierno pagara los salarios de las fuerzas de seguridad y militares rebeldes. (Según fuentes de ambas partes y de la ONU, el gobierno y los saudíes acordaron pagar los salarios de los civiles, pero se negaron a cubrir el costo de las fuerzas que luchan contra ellos en el terreno).

La lucha está en su mayoría suspendida, incluso sin la tregua. Las principales ofensivas terrestres y los ataques transfronterizos no se han reanudado y las conversaciones continúan, ahora principalmente a través de canales bilaterales saudíes-hutíes. Pero las tensiones están aumentando. Los hutíes han lanzado lo que llaman disparos de advertencia contra la infraestructura de petróleo y gas controlada por el CLP, lo que ha provocado la interrupción de las exportaciones de petróleo. Dicen que las ventas de petróleo pueden reanudarse cuando ellos y sus fuerzas reciban su parte de los ingresos. En represalia, el gobierno intentó detener las importaciones de combustible a través del puerto de Hodeidah, en el Mar Rojo, controlado por los hutíes, pero Riad lo impidió. Según informes, ambas partes están acumulando fuerzas y equipamiento militar en torno a las principales líneas de frente.

El riesgo de reanudación de la guerra es preocupantemente alto. Algunos del bando de los hutíes se inclinan por otra ofensiva, aunque por ahora, a pesar de que probablemente sean más fuertes que sus rivales, los hutíes carecen de fondos y sus fuerzas están debilitadas. Otra posibilidad es que lleguen a un acuerdo con los saudíes sobre el pago de salarios, prorroguen la tregua y utilicen el dinero y el tiempo para reagruparse. Algunos líderes hutíes esperan lograr un acuerdo más amplio con Riad que implique la salida saudí del conflicto y consolide el estatus de los hutíes como fuerza dominante en Yemen. Pero un acuerdo de este tipo, al ignorar los intereses de muchas facciones contrarias a los hutíes que ya se quejan de haber sido excluidas de las conversaciones bilaterales, podría sumir a Yemen en una nueva fase de guerra. Incluso con los saudíes fuera, parece poco probable que los hutíes puedan invadir fácilmente todo Yemen como los talibanes lo hicieron en Afganistán.

Sería mejor una tregua prolongada que allane el camino para unas conversaciones entre yemeníes. Un acuerdo genuino debe cumplir con los requisitos de todas las principales facciones yemeníes y probablemente requiera la mediación de la ONU. Pero con los hutíes percibiendo que obtienen más a través de la intransigencia e Irán, el único actor externo con cierta influencia sobre el grupo, sin disposición para ayudar, tal acuerdo es quizás el escenario menos probable.  

Una de las guerras más letales de 2022, dentro y alrededor de la región de Tigray en Etiopía, se ha detenido por el momento. Dos de los principales adversarios, el gobierno del primer ministro etíope Abiy Ahmed y el Frente Popular de Liberación Tigray (FPLT), que dominó la política etíope durante décadas antes de que Abiy asumiera el poder en 2018 y luego se distanció de él, firmaron un acuerdo el 2 de noviembre en Pretoria, Sudáfrica y un acuerdo de seguimiento diez días después en Nairobi. Pero la calma es frágil. Siguen sin resolverse cuestiones clave, en particular si las fuerzas de Tigray se desarmarán y si el presidente de Eritrea, Isaías Afwerki, cuyo ejército ha estado luchando junto a las tropas etíopes, retirará sus tropas a la frontera reconocida internacionalmente.

Las hostilidades estallaron a fines de 2020 cuando las fuerzas de Tigray se tomaron una serie de bases militares nacionales en la región, alegando que se estaban adelantando a una intervención federal. Durante dos años de enfrentamientos, la balanza se inclinó de un lado a otro. Una tregua en marzo de 2022 ofreció un respiro. A fines de agosto, se rompió y se reanudó la guerra en pleno. Las fuerzas federales, de Amhara y de Eritrea volvieron a superar las defensas de Tigray.

El número de víctimas ha sido abrumador. Investigadores de la Universidad de Gante en Bélgica estiman que entre 385 mil y seiscientos mil civiles habían muerto por causas relacionadas con la guerra hasta agosto de 2022. Fuentes de ambos bandos afirman que cientos de miles de combatientes han muerto en enfrentamientos desde agosto de 2022. Todas las partes están acusadas de atrocidades; las fuerzas de Eritrea han dejado un rastro de devastación particularmente cruel. La violencia sexual ha sido rampante, aparentemente utilizada de manera estratégica para humillar y aterrorizar a los civiles. Durante la mayor parte de la guerra, Addis Abeba bloqueó a Tigray, suspendió los servicios de energía, telecomunicaciones y bancarios y restringió el suministro de alimentos, medicinas y otros productos.

El acuerdo de Pretoria fue una victoria para Abiy. Los líderes de Tigray se comprometieron a restablecer el gobierno federal y a desarmarse en un mes. Addis Abeba dijo que levantaría tanto el bloqueo como la designación de grupo terrorista del FPLT. En Nairobi, los comandantes de Abiy parecieron ofrecer un cronograma más flexible para el desarme, y acordaron que las fuerzas tigrayanas entregaran las armas pesadas a medida que los combatientes de Eritrea y Amhara se retiraran. Desde entonces, la tregua se ha mantenido. La ayuda ha aumentado y las autoridades federales han vuelto a conectar Mekele, la capital tigrayana, a la red eléctrica.

Pero muchas cosas podrían fallar. Una disputa sobre las fértiles tierras fronterizas de Tigray occidental, que el pueblo amhara llama Welkait y reclama como propias, es especialmente compleja. Los eritreos, por su parte, no se han retirado, aunque informes sugieren que algunas de sus tropas han comenzado a hacerlo. Los tigrayanos tampoco han entregado sus armas. Las partes deben coordinar una secuencia de acciones detallada, para que cada lado no culpe al otro por los retrasos.

El aliado en el campo de batalla de Abiy, Isaías, es quien podría terminar siendo su mayor dolor de cabeza. En 2018, el acuerdo de paz entre Abiy e Isaías puso fin a décadas de hostilidad entre ambos países, aunque en cierta medida también allanó el camino para la ofensiva conjunta de Etiopía y Eritrea contra Tigray. Abiy ha salido victorioso en su lucha contra el FPLT. Pero a pesar de todo el rencor, es probable que necesite algún tipo de acuerdo con los líderes tigrayanos para evitar plantar las semillas de otra insurgencia. Su gobierno debe determinar el papel del FPLT en cualquier administración regional interina y si permitirá que algunos soldados tigrayanos se conviertan en fuerzas regionales o se reincorporen al ejército federal. No está claro si el primer ministro etíope reconoce la necesidad de actuar con magnanimidad. Igualmente importante es saber si podrá, en caso afirmativo, vender esa idea a Isaías, quien se unió a la guerra con la esperanza de acabar con su archienemigo, el FPLT.

El M23, un grupo rebelde que permanecía inactivo y que según informes de la ONU está respaldado por Ruanda, está causando estragos en el oriente de la República Democrática del Congo. Los combates han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares y podrían derivar en una guerra regional más amplia.

El M23 controla varias ciudades y rodea la capital provincial de Goma. En 2013, el grupo fue debilitado por una fuerza reforzada de la ONU, pero ahora parece estar bien armado y organizado. Incluye exsoldados congoleses, muchos de los cuales son tutsis, un grupo étnico que se extiende por los Grandes Lagos de África, y profesa defender intereses comunales.

El repentino resurgimiento del M23 se debe tanto a las tensiones entre los Estados de los Grandes Lagos como a las dinámicas locales. El gobierno congolés había estado intentando reafirmar su autoridad en el conflictivo oriente, hogar de decenas de grupos rebeldes, incluidos algunos de países vecinos. El año pasado, el presidente congolés Félix Tshisekedi invitó a las tropas de Uganda a luchar contra las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo mayoritariamente ugandés que se declara parte del Estado Islámico. El presidente congolés también parece haber aprobado discretamente operaciones burundesas en suelo congolés. Eso irritó al presidente de Ruanda, Paul Kagame. A su juicio, la presencia de sus vecinos podría privar a Ruanda de influencia en el oriente del Congo, donde tiene intereses económicos, al igual que Uganda y Burundi, y lleva mucho tiempo combatiendo a los insurgentes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (conocidas por sus siglas en francés FDLR), un remanente de la milicia hutu responsable del genocidio de 1994.

Tshisekedi acusa a Kagame de respaldar al M23 como una forma de extraer recursos congoleses. Expertos de la ONU también señalan el apoyo de Ruanda a los rebeldes, y un informe de la ONU filtrado en diciembre de 2022 afirma que hay “evidencia sustancial” de que el ejército ruandés intervino directamente en la lucha del Congo contra el M23 y respaldó al grupo con armas, municiones y uniformes. Kigali rechaza las acusaciones y, a su vez, acusa al ejército congolés de trabajar con las FDLR (lo que Tshisekedi niega, aunque informes de la ONU también lo confirman en gran medida).

Una complicación adicional son las elecciones generales del Congo en 2023. Los comicios podrían suponer para el país un nuevo paso para alejarse de sus desastrosas guerras civiles de dos décadas atrás. Pero la suspensión del registro electoral o de las elecciones en el oriente debido a la violencia podría empañar los resultados. También es posible que Tshisekedi pretenda aumentar la retórica contra Ruanda durante la campaña, lo que pondría en peligro a las minorías que algunos congoleses ya consideran partidarios del M23.

Una misión militar de África Oriental (sin la presencia de Ruanda, cuyos contingentes fueron rechazados por Kinshasa) tiene el mandato de restaurar la calma en el oriente del Congo. La ONU cuenta con una fuerza de mantenimiento de la paz de catorce mil efectivos, muchos de ellos alojados en Goma, pero parece reacia a enfrentarse a los insurgentes y es profundamente impopular entre muchos congoleses. En cambio, Kenia, como parte de la fuerza regional, tiene la poco envidiable tarea de enfrentar al M23.

La población local, que tanto ha sufrido, tiene grandes esperanzas de que las tropas kenianas puedan hacer retroceder a los rebeldes, pero Kenia, con sensatez, ve el objetivo más como asegurar Goma y sus principales vías circundantes y empujar al M23 a un alto al fuego. El grupo podría entonces reincorporarse a las conversaciones de paz entre el gobierno congolés y decenas de grupos armados del oriente de las que había sido expulsado debido a los combates.

Lograr que Ruanda participe será crucial, dada su influencia sobre los líderes del M23. La mejor oportunidad para lograrlo radica en una diplomacia concertada por parte de los líderes de África Oriental destinada a reparar las relaciones entre Kagame y Tshisekedi, que ha mostrado algunas señales iniciales de progreso, junto a esfuerzos para detener la colaboración entre el ejército congolés y las FDLR. La fuerza de África Oriental es una oportunidad, en otras palabras, para abrir espacio para la diplomacia tanto como para luchar contra el M23.

Si esta diplomacia falla, las tropas de Kenia podrían quedar estancadas en el traicionero terreno del oriente del Congo. El despliegue de tantas fuerzas vecinas en el oriente congolés ya corre el riesgo de volver a las guerras indirectas que desgarraron la región en las décadas de 1990 y 2000.

Burkina Faso, Malí y Níger no parecen lograr que las obstinadas insurgencias islamistas retrocedan. Los líderes occidentales, cuya participación militar durante la última década ha hecho poco por detener la violencia, parecen no saber cómo responder a los golpes de Estado en Burkina Faso y Malí.

Burkina Faso está en la situación más desesperada. Los grupos yihadistas controlan aproximadamente el cuarenta por ciento de su territorio, incluidas vastas áreas rurales en el norte y el oriente. Los militantes llevan meses sitiando Djibo, una de las principales ciudades del norte. Los combates han causado miles de muertos y han expulsado a casi dos millones de personas de sus hogares. A medida que aumentan las derrotas, también aumentan las acusaciones al interior del ejército. Dos golpes de Estado el año pasado, ambos provocados por masacres de militantes contra las tropas, vieron a un teniente coronel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, tomar el poder en enero para ser derrocado en septiembre por un capitán hasta entonces desconocido, Ibrahim Traoré. El propio Traoré está luchando por unificar unas divididas fuerzas de seguridad. Es posible que siga el ejemplo de sus homólogos malienses jugando con el sentimiento populista, criticando a Francia y acercándose a Rusia. Lo más preocupante es que Traoré está reclutando voluntarios para luchar contra los yihadistas, lo que podría disparar el derramamiento étnico de sangre.

Malí sufrió dos golpes de Estado, en 2020 y 2021. El Estado está prácticamente ausente en el extremo norte. Allí, militantes vinculados al Estado Islámico y a Al-Qaeda luchan entre sí y contra rebeldes no yihadistas, que son predominantemente tuareg, una comunidad que se extiende por gran parte del Sahel. Los rebeldes tuareg firmaron un acuerdo con Bamako en 2015, con la esperanza de ganar posiciones en el ejército y la delegación de poderes. Pero ahora, al sentirse abandonados, algunos rebeldes podrían considerar conveniente unirse de nuevo a los yihadistas. (Militantes vinculados a Al-Qaeda se unieron y luego usurparon una rebelión separatista dominada por los tuareg que capturó el norte de Malí hace aproximadamente una década). Más al sur, en el centro de Malí, la lucha que enfrenta a las fuerzas malienses y a mercenarios rusos del Grupo Wagner contra los militantes parece estancada y marcada por abusos rampantes de derechos humanos por ambas partes.

Níger está en mejor forma, aunque allí también hay señales preocupantes. El gobierno ha, ya sea, integrado milicias civiles a las fuerzas de seguridad o se ha negado a armarlas. Su disposición a enfrentar a los grupos yihadistas también puede haber contribuido a una pausa en la violencia. Aun así, el presidente Mohamed Bazoum sobrevivió un intento de golpe de Estado en marzo de 2021, y los arrestos posteriores, incluso entre oficiales de alto rango, pueden haber alimentado la hostilidad al interior del ejército. Los yihadistas han avanzado en parques y bosques a lo largo de las fronteras de Burkina Faso y Benín, acercándose a la capital, Niamey.

La participación externa en el Sahel está evolucionando rápidamente. Francia, que intervino para expulsar a los militantes del norte de Malí en 2013, ha puesto fin a sus operaciones en ese país debido a sus tensas relaciones con Bamako, aunque mantiene bases en Níger. Una misión de la ONU, en Malí desde abril de 2013, tampoco ha logrado avanzar. Occidente ahora parece más preocupado por evitar que los yihadistas se extiendan hacia el sur, al Golfo de Guinea. La ira regional contra los franceses está aumentando, en gran parte gracias a una década de fracasos occidentales para controlar los avances de los militantes, pero también a la desinformación rusa. Es poco probable que los brutales pistoleros a sueldo de Wagner lo hagan mejor, pero a muchos residentes locales les molesta que se critique al grupo ruso, considerando el legado de Occidente.

Lo más importante en un momento de inflexión para la región es que los líderes reconsideren lo que ha sido un enfoque predominantemente militar para enfrentar a los islamistas. Las operaciones militares cumplen una función, pero deben estar subordinadas a los esfuerzos por mejorar las relaciones entre las comunidades, ganarse a la población del interior y, potencialmente, incluso dialogar con los líderes militantes. Los gobiernos occidentales deben sentirse castigados por su historial durante la última década. Pero a medida que algunos líderes del Sahel se acercan a Moscú, sería un error cortar los lazos e intentar obligarlos a elegir un bando. 

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití ha estado paralizada por el estancamiento político y la desenfrenada violencia de las pandillas. Los servicios públicos han colapsado y el cólera se está propagando. Las cosas están tan mal que algunos haitianos ahora depositan sus esperanzas en las tropas extranjeras, a pesar del nefasto legado de las anteriores intervenciones en el país.

Ariel Henry, el primer ministro interino que ha estado liderando el país desde el asesinato de Moïse, cuenta con el apoyo de influyentes potencias extranjeras, pero enfrenta una dura resistencia haitiana. Desde que asumió el poder, el gobierno de Henry ha enfrentado la oposición del Acuerdo de Montana, un grupo de políticos de la oposición y representantes de la sociedad civil. Se suponía que Henry dirigiría la transición hacia unas elecciones, pero la desbocada inseguridad impidió su realización, y, adicionalmente, Henry destituyó a las autoridades electorales.

Cientos de pandillas controlan más de la mitad del país. Asfixian a la capital, Puerto Príncipe, bloquean carreteras e imponen un reino de terror, que incluye el uso de la violación para castigar e intimidar a la población, a veces atacando a niños de hasta diez años. La coalición de pandillas más grande, el G9, está encabezada por el notorio pandillero Jimmy “Barbeque” Chérizier. Las pandillas haitianas han existido durante décadas, a menudo vinculadas a políticos. Pero su poder se ha disparado desde el asesinato de Moïse.

Las cosas han llegado a un punto crítico en los últimos seis meses. En julio, los enfrentamientos entre el G9 y otra pandilla por Cité Soleil, una empobrecida comuna cercana a Puerto Príncipe, resultaron en más de doscientas personas muertas en poco más de una semana. Dos meses después, Henry levantó los subsidios al combustible, lo que hizo que los precios se dispararan y provocó protestas masivas, a las que se unieron los pandilleros. Luego, el G9 se apoderó de una importante terminal petrolera, lo que provocó una escasez de combustible en casi todo el país, lo cual, entre otras cosas, afectó el acceso al agua potable. Chérizier dijo que sólo devolvería la terminal cuando Henry dimitiera, aunque las fuerzas policiales haitianas pudieron recuperarla unos meses después.

El resultado ha sido una catástrofe humanitaria. La mitad de la población, 4,7 millones de personas, se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria, y se cree que casi veinte mil personas corren el riesgo de morir de hambre. Las dificultades de los trabajadores humanitarios para llegar a los centros médicos, combinadas con la escasez de agua potable han dado lugar a un resurgimiento del cólera. Según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, entre principios de octubre y principios de diciembre se presentaron más de trece mil casos, con 283 muertes registradas, pero probablemente se trate de enormes subregistros.

Ante estos desafíos, en octubre Henry solicitó apoyo militar extranjero. Cualquier misión de este tipo tendrá que enfrentar a pandillas conformadas por jóvenes y niños, incrustadas en áreas urbanas densamente pobladas. También hay oposición política: el Acuerdo de Montana se opone en gran medida a cualquier misión, pues considera que el primer ministro interino la usará para afianzarse en el poder. Muchos otros haitianos son cautelosos, dada la subyugación de la isla por parte de potencias extranjeras y el preocupante historial de los anteriores despliegues extranjeros. Sin embargo, un número cada vez mayor de haitianos, especialmente en las áreas más afectadas por la violencia de pandillas, han expresado su apoyo por pura desesperación.

Las sanciones de EE. UU. y Canadá contra varios políticos de altos cargos en ejercicio y retirados, junto con Chérizier, han sacudido a las élites haitianas y podrían darles una pausa para pensar sobre sus futuros vínculos con las pandillas. Pero pocos países extranjeros parecen dispuestos a desplegar tropas. Dicho esto, si Henry y sus rivales se pusieran de acuerdo sobre el papel de dicha misión y sobre una hoja de ruta para la transición, las fuerzas extranjeras podrían ser la mejor esperanza para Haití. Incluso su llegada y la amenaza de la ejecución de operaciones podrían hacer que las pandillas abandonen las principales carreteras y reduzcan su asfixiante control sobre la capital.

Pakistán está entrando en un año electoral con un cuerpo político profundamente dividido, mientras el exprimer ministro Imran Khan genera apoyo populista contra el gobierno y el todopoderoso ejército.

La salida de Khan del cargo en la primavera pasada vino acompañada de su caída en desgracia ante el ejército pakistaní. Tras llegar al poder con el apoyo de la cúpula militar, las relaciones se deterioraron debido a la ineptitud del gobierno de Khan, su encendida retórica antiestadounidense y sus intentos por instalar a sus fieles en altos cargos del ejército. A medida que crecía el apoyo para una moción de censura, Khan afirmó que Washington estaba detrás de un complot para derrocarlo. El jefe del ejército, el general Qamar Javed Bajwa, rechazó la teoría conspiratoria, preocupado por el impacto que pudiera tener en las relaciones con EE. UU., y despreció el último esfuerzo de Khan por ganárselo a través de una prórroga indefinida como jefe. En abril, Khan fue destituido. Un gobierno de coalición presidido por Shehbaz Sharif asumió el poder.

Khan y su partido, el Pakistán Tehreek-e-Insaf abandonaron el Parlamento y se tomaron las calles. Las violentas protestas se intensificaron en todo el país cuando el gobierno de Sharif rechazó la petición de Khan de celebrar elecciones anticipadas. Sus partidarios también arremetieron contra los altos mandos militares, en particular contra Bajwa. La retórica antioccidental ha provocado la ira de un público receptivo. Khan afirma que Sharif está administrando mal la economía, lo cual también ha tocado una fibra sensible a medida que aumenta el costo de vida.

El 3 de noviembre, durante una marcha antigubernamental de varias semanas en la capital, Islamabad, Khan resultó herido por un disparo. El atacante, detenido en el acto, insiste en que actuó solo. Pero Khan acusa a Sharif, a un ministro de su gabinete y a un alto funcionario de inteligencia militar de conspirar para asesinarlo.

Todo esto es un mal presagio para las elecciones, previstas para antes de octubre de 2023. Los principales contendientes desde ya están en desacuerdo con las reglas del juego, y Khan acusa a los principales funcionarios electorales de respaldar al gobierno de Sharif. Parece decidido a rechazar el resultado si su partido pierde. Ahora, bajo un nuevo mando, el ejército promete mantenerse al margen de la contienda política. Pero a los generales les puede resultar difícil cumplir su promesa si las cosas se salen de control o toman una dirección que consideran amenazante.

Otra crisis política, sumada a todos los demás desafíos que enfrenta, es lo último que Pakistán necesita. En este último año, inundaciones devastadoras sumergieron un tercio del país, afectando a uno de cada siete pakistaníes; 20,6 millones de personas aún requieren ayuda humanitaria. Según estimaciones fiables, el total de daños y pérdidas económicas asciende a $31 200 millones de dólares, y se necesitan al menos otros $16 300 millones para la recuperación. Los segmentos más vulnerables de la población, en particular las mujeres y niñas, se encuentran entre los más afectados, al ver su limitado acceso a educación, fuentes de ingresos y servicios médicos aún más reducido.

Las condiciones de un rescate del Fondo Monetario Internacional de agosto de 2022, que evitó que Pakistán dejara de pagar su deuda, también pusieron a Sharif en un aprieto: rescindir y perder el rescate, o poner en marcha dolorosas reformas y correr el riesgo de impulsar el apoyo populista a Khan. A causa de las inundaciones, Pakistán ahora necesita aún más ayuda, la cual ha tardado en llegar. Los retrasos en la ayuda y la reconstrucción podrían agravar aún más los reclamos y fortalecer la base de Khan.

Mientras tanto, los militantes islamistas están resurgiendo. En la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, los ataques de militantes contra las fuerzas de seguridad han aumentado. El repunte se debe tanto a la acogida de militantes pakistaníes en Afganistán por parte de los talibanes como al intento fallido de Islamabad, con la mediación de los talibanes, de llegar a un acuerdo con los militantes. Tras haber acogido a líderes talibanes por décadas, durante la guerra de EE. UU. en Afganistán, Islamabad parece estar teniendo dificultad para imponer su voluntad a su antiguo aliado. 

El mayor punto crítico entre EE. UU. y China parece cada vez más inestable, mientras Washington pretende mantener la primacía en la región y Beijing la unificación con la isla.

La unificación ha sido durante mucho tiempo el objetivo de China. Beijing dice que espera que se produzca de manera pacífica, pero no descarta la fuerza. La evaluación de Washington es que Xi Jinping ha fijado el 2027 como el año en el que el ejército chino debería tener la capacidad para apoderarse de Taiwán. Por su parte, EE. UU. mantiene la política de “Una sola China” (que aspira a una resolución pacífica del estatus de Taiwán sin prejuzgar el resultado) y una postura de “ambigüedad estratégica” sobre si acudiría en defensa de Taiwán. Pero con Beijing cada vez más poderoso y asertivo, Washington muestra signos de endurecimiento de las políticas adoptadas cuando el ejército de China era más débil.

Las cosas se calentaron el verano pasado, cuando la presidenta saliente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, visitó Taipéi, la capital de Taiwán. Como legisladora, Pelosi no le reporta al presidente estadounidense, Joe Biden (cuya administración presuntamente desaconsejó la visita). Pero, como era de esperar, Beijing vio su visita como una poderosa señal de apoyo a Taipéi y un presagio del debilitamiento del compromiso de EE. UU. con la política de “Una sola China”. En respuesta, organizó una serie de ejercicios militares sin precedentes alrededor de Taiwán y desplegó buques de guerra y aviones a lo largo de la “línea media”, que ha servido como el límite tácitamente acordado de la actividad militar china en el Estrecho de Taiwán durante décadas.

La creciente tensión por el ascenso de China, su asertividad en Asia-Pacífico y su empeño en desarrollar su capacidad militar se han convertido en una de las principales preocupaciones de la política estadounidense. La actitud beligerante hacia China, incluida la relacionada con Taiwán, es un asunto que goza de un inusual consenso bipartidista en Washington. Tanto la administración de Biden como el Congreso creen que la capacidad de EE. UU. para disuadir una invasión china ha disminuido, y quieren recuperarla.

Para el gobierno estadounidense, el desafío consiste en darle credibilidad tanto a los costos en los que China incurriría si llega a lanzar una campaña militar, como a la garantía de que, si desiste, Washington no buscaría la separación permanente de Taiwán.

Parece poco probable que China invada en un futuro próximo. Romper las defensas de Taiwán supondría un gran esfuerzo y, habiendo visto la respuesta de Occidente a la invasión rusa de Ucrania, es probable que Beijing comprenda el rechazo internacional y el costo económico que podría desencadenar una ofensiva, incluso si EE. UU. opta por no intervenir militarmente.

Aun así, las amenazas creíbles de EE. UU. (continuar fortaleciendo las capacidades de autodefensa de Taiwán, hacer que su postura militar en Asia y el Pacífico sea menos vulnerable a un ataque chino e identificar medidas económicas punitivas con aliados y socios) pueden ayudar a disuadir a Beijing. Pero estas medidas deben ir acompañadas de garantías de que la política estadounidense no cambiará. Si Beijing considera que abstenerse de atacar le da a Washington y a Taipéi espacio para crear las condiciones necesarias para la separación permanente de Taiwán, entonces su cálculo se inclinará hacia la guerra.

Biden parece consciente del peligro. Aunque tiene una preocupante tendencia a comprometerse a ayudar militarmente a Taiwán (sus asistentes se han retractado rápidamente de sus comentarios en cada ocasión), se ajustó al guion cuando se reunió cara a cara con el presidente chino, Xi Jinping, durante la reunión del G-20 en noviembre. Le aseguró a Xi Jinping que la política estadounidense no había cambiado. Xi Jinping, a su vez, le dijo a Biden que China continúa buscando la unificación pacífica.

Aun así, los riesgos a corto plazo podrían aumentar las tensiones. Del lado estadounidense, Kevin McCarthy, quien lideró a los republicanos cuando eran minoría en la Cámara, ya ha dicho que visitará Taiwán si sucede a Pelosi como presidente. Como mínimo, China respondería con demostraciones de fuerza militar a la par de sus ejercicios en respuesta a Pelosi. Si aumentan los problemas económicos y políticos internos de Beijing, es posible una muestra de determinación más contundente, en particular si se considera que EE. UU. está aprovechando su ventaja en un momento en el que percibe la debilidad china.

Una escalada de ese tipo no significaría una guerra inmediata, pero podría acercar a las potencias económicas y militares más poderosas del mundo a ella.

Publicado originalmente en Foreign Policy