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Agobio por la pandemia y violencia policial sacuden a Colombia
Agobio por la pandemia y violencia policial sacuden a Colombia
A member of the Ukrainian State Border Guard Service wearing a protective mask is seen at the contact line between Ukrainian troops and pro-Moscow rebels in Mayorsk, Ukraine on 17 March, 2020 REUTERS/Gleb Garanich

COVID-19 y conflicto: siete tendencias para vigilar

Mortal y perturbador como ya es, y con el terrible prospecto de empeorar y extenderse, el brote de coronavirus 2020 también podría tener efectos políticos que durarán más allá de la contención del contagio. Crisis Group identifica siete puntos de especial preocupación.

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Panorama general

La pandemia de COVID-19 presenta, sin duda, un desafío que definirá una nueva era para la salud pública y la economía global. Sus consecuencias políticas, tanto a corto como a largo plazo, han sido menos exploradas.

El brote global tiene el potencial de devastar Estados frágiles, provocar disturbios generalizados y poner a prueba los sistemas internacionales de gestión de crisis de manera severa. Sus implicaciones son especialmente graves para aquellos atrapados en medio del conflicto, ya que es probable que la enfermedad dificulte los flujos de ayuda humanitaria, limite las operaciones de paz y posponga o distraiga a las partes en conflicto sobre la continuidad de esfuerzos diplomáticos actuales o el nacimiento de otros nuevos. Líderes inescrupulosos pueden sacar provecho de la pandemia para avanzar en sus objetivos exacerbando las crisis domésticas o internacionales (al tomar medidas contra disidencias internas o intensificando conflictos con Estados rivales), asumiendo que nadie lo notará mientras el mundo se ocupa de otros temas. El COVID-19 ha alimentado la fricción geopolítica, con EE. UU. culpando a China por la enfermedad, mientras que Beijing intenta ganar amigos ofreciendo ayuda a los países afectados, exacerbando así las tensiones existentes entre las grandes potencias y complicando la cooperación en el manejo de la crisis.

Todavía no está claro cuándo y dónde golpeará más fuerte el virus, ni cómo los factores económicos, sociales y políticos pueden converger para detonar o agravar las crisis. Tampoco se puede dar por hecho que las consecuencias de la pandemia resulten ser total, o uniformemente, negativas para la paz y la seguridad. Los desastres naturales a veces han resultado en la disminución de conflictos, ya que las partes rivales han tenido que trabajar juntas, o al menos mantener la calma, para concentrarse en preservar y reconstruir sus respectivas sociedades. Ha habido algunas señales de gobiernos intentando aliviar tensiones políticas a la sombra del COVID-19, como, por ejemplo, con la oferta de asistencia humanitaria por parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait a Irán (centro de uno de los peores brotes iniciales fuera de China). Si bien la pandemia puede empeorar algunas crisis internacionales, también puede crear oportunidades para mejorar otras.

En Crisis Group nos preocupan especialmente los lugares donde el desafío global a la salud coincide con guerras o condiciones políticas que podrían dar lugar a nuevas crisis o exacerbar las existentes.

Los próximos meses serán sumamente riesgosos, con EE. UU. y los países europeos enfocándose en el impacto interno del COVID-19, mientras que la enfermedad probablemente se propague a países pobres y afectados por la guerra. Con la excepción de Irán, en su primera fase, el COVID-19 afectó principalmente a Estados que tenían recursos para enfrentar el problema, tales como China, Corea del Sur e Italia, aunque de manera desigual y a costa de tensiones severas en sus sistemas de salud y economías. A la fecha, se han reportado menos casos en países con sistemas de salud más débiles, menor capacidad estatal o donde hay conflictos internos significativos, donde las consecuencias de un brote podrían ser abrumadoras.

Esto, sin embargo, no es un gran consuelo. Los bajos números de casos seguramente se deben a la insuficiente toma de muestras, o al periodo entre la incubación del virus y su manifestación. El número de casos confirmados está aumentando en puntos frágiles del mundo árabe y África. Si los países no logran establecer distanciamiento social u otras medidas para detener la propagación del virus, o al menos retrasarlo, se podrían presentar picos de casos como los que ahora abruman a partes de Europa, pero con una disponibilidad de servicios de atención de emergencia para salvar vidas mucho menor. Es difícil de exagerar la devastación que esto causaría. Si la enfermedad se propaga en centros urbanos densamente poblados en Estados frágiles, puede ser prácticamente imposible de controlar. La dramática desaceleración económica que ya está en curso podría dificultar los flujos comerciales y crear un grado de desempleo que causaría daños a niveles difíciles de pronosticar y contemplar. Una recesión podría tener un costo particularmente alto en Estados frágiles que presentan un mayor potencial de disturbios y conflictos.

Todos los gobiernos enfrentan decisiones difíciles sobre cómo manejar el virus. Países desde el área Schengen hasta Sudán ya han impuesto restricciones fronterizas. Muchos han establecido prohibiciones parciales o generales a reuniones públicas, o insisten en que los ciudadanos se refugien en sus hogares. Estas son medidas necesarias, pero también costosas, sobre todo teniendo en cuenta las proyecciones de que la pandemia podría continuar durante más de un año hasta que una vacuna esté disponible. El impacto económico de restringir el movimiento durante meses puede ser devastador. Levantar las restricciones prematuramente podría generar nuevos picos de infección y obligar a retomar las medidas de aislamiento, lo que agravaría aún más el impacto económico y político de la enfermedad y requeriría mayores inyecciones de liquidez y estímulo fiscal por parte de los gobiernos de todo el mundo.

Estos son problemas universales, pero ya que Crisis Group es una organización enfocada en la alerta temprana y la prevención de conflictos, nos preocupan especialmente los lugares donde el desafío global a la salud coincide con guerras o condiciones políticas (tales como instituciones débiles, tensiones sociales, falta de confianza en los líderes y rivalidades interestatales) que podrían dar lugar a nuevas crisis o exacerbar las existentes. También esperamos identificar casos en los que la enfermedad podría, con una diplomacia efectiva, ayudar a reducir tensiones. Este informe breve, el primero de una serie de publicaciones de Crisis Group sobre el COVID-19 y sus efectos en el panorama de conflictos, se basa en los aportes de nuestros analistas en todo el mundo e identifica siete tendencias a tener presentes durante la pandemia.

I. La vulnerabilidad de poblaciones afectadas por conflictos

Es probable que las poblaciones de países afectados por conflictos, ya sea aquellos en guerra o que sufren sus secuelas, sean especialmente vulnerables a los brotes de la enfermedad.[fn]Excepto donde se indique lo contrario, este informe breve se basa en observaciones de los analistas de Crisis Group entre el 1 y el 21 de marzo de 2020. Para estudios previos de conflictos, salud pública y pandemias, ver Maire A. Connolly y David L. Heymann, “Deadly Comrade: War and Infectious Diseases”, The Lancet, vol. 360 (diciembre de 2002); Paul H. Wise y Michele Barry, “Civil War and the Global Threat of Pandemics”, Daedalus, vol. 146, no. 4 (otoño de 2017); Nita Madhav, Ben Oppenheim, Mark Gallivan, Prime Mulembakani, Edward Rubin y Nathan Wolfe, “Pandemics: Risks, Impacts and Mitigation”, en D.Y. Jamieson et al. (eds.), Disease Control Priorities, vol. 9 (tercera edición) (Washington, 2017).Hide Footnote En muchos casos, la guerra o disturbios prolongados, especialmente cuando se ven agravados por la mala gestión, corrupción o sanciones extranjeras, han dejado a los sistemas nacionales de salud profundamente mal preparados para enfrentar el COVID-19.

En Libia, por ejemplo, el gobierno respaldado por la ONU en Trípoli ha prometido invertir aproximadamente $350 millones para responder a la enfermedad, pero no está claro con qué fin: el sistema de salud colapsó debido a la salida de médicos extranjeros durante la guerra.[fn]“Libya’s Tripoli government declares emergency, shuts down ports, airports”, Reuters, 14 de marzo de 2020.Hide Footnote  En Venezuela, como Crisis Group advirtió en 2016 que sucedería, el enfrentamiento entre el gobierno chavista y la oposición ha acabado con los servicios de salud. El COVID-19 puede abrumar a los hospitales que quedan en el país muy rápidamente.[fn]Informe breve de Crisis Group sobre América Latina N°35, Venezuela: al borde del precipicio, 24 de junio de 2016.Hide Footnote  En Irán, la respuesta letárgica del gobierno, agravada por el impacto de las sanciones de los EE. UU., ha resultado en una calamidad: según informes, cada hora el virus infecta a casi 50 personas y cobra entre cinco y seis vidas.[fn]“U.S. to Iran: Coronavirus won’t save you from sanctions”, Reuters, 20 de marzo de 2020.Hide Footnote  En Gaza, donde el sistema de atención médica debilitado por años de bloqueo estaba mal equipado para atender a la población de alta densidad mucho antes del COVID-19, el Ministerio de Salud está luchando por reunir expertos y obtener suministros necesarios para cuando la enfermedad llegue. Parece ser una misión imposible: los proveedores médicos que prestan servicios en la región le dijeron a Crisis Group que se habían quedado sin suministros clave incluso antes de que el Ministerio anunciara dos casos de COVID el 21 de marzo.

Además de estos problemas institucionales, puede ser difícil persuadir a poblaciones que tienen poca confianza en el gobierno o en líderes políticos para que acaten las directivas de salud pública. Al analizar el brote de ébola de 2014 en Guinea, Liberia y Sierra Leona, Crisis Group señaló que “el virus se propagó inicialmente sin control no solo por la precariedad del monitoreo epidemiológico y la inadecuada capacidad y respuesta del sistema de salud, sino también porque las personas desconfiaban de lo que sus gobiernos decían o les pedían que hicieran”.[fn]Informe de Crisis Group sobre Africa N°232, The Politics Behind the Ebola Crisis, 28 de octubre de 2015.Hide Footnote  La desconfianza surgía en parte de la desinformación y los malos consejos sobre el contagio por parte de los gobiernos involucrados, pero también de las recurrentes tensiones políticas en una región marcada por la guerra en la década anterior.

En casos donde hay conflicto activo, los médicos y actores humanitarios nacionales e internacionales pueden ya tener dificultades para ayudar a las personas necesitadas. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONG internacionales tuvieron dificultades para contener un brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), a pesar del apoyo de las fuerzas de paz de la ONU, ya que las violentas milicias locales bloquearon el acceso a algunas áreas afectadas. En ocasiones, incluso, los combatientes atacaron a los médicos y a las instalaciones hospitalarias. Aunque las autoridades congoleñas y la OMS aparentemente lograron poner fin al brote en los últimos meses, la enfermedad duró mucho más y cobró muchas más vidas (con un total confirmado de 2264 muertes) de lo que hubiera sido el caso en un área estable.[fn]“DRC Ebola Updates: Crisis Update – March 2020”, MSF, 9 de marzo de 2020.Hide Footnote  Los obstáculos de seguridad podrían entorpecer de igual manera la respuesta al COVID-19 en lugares donde continúan las hostilidades.

Las áreas de conflicto activo con mayor riesgo inmediato de brotes de COVID-19 pueden ser el noroeste de Siria, alrededor del enclave asediado de Idlib, y Yemen

Las áreas de conflicto activo con mayor riesgo inmediato de brotes de COVID-19 pueden ser el noroeste de Siria, alrededor del enclave asediado de Idlib, y Yemen. Ambos países ya han experimentado crisis de salud durante sus guerras civiles, con episodios de violencia impidiendo la respuesta internacional a un brote de poliomielitis en Siria en 2013-2014, y uno de cólera en Yemen a partir del 2016. Funcionarios de la ONU han advertido sobre el riesgo de que el COVID-19 infecte a la población de Idlib, donde una ofensiva de las fuerzas gubernamentales respaldada por Rusia ha atacado sistemáticamente hospitales y otras instalaciones médicas, y ha resultado en el desplazamiento de más de un millón de personas en los últimos seis meses.[fn]Ver también Evan Hill y Yousur Al-Hlou, “‘Wash our hands? Some people can’t wash their kids for a week’”, The New York Times, 20 de marzo de 2020.Hide Footnote Muchas personas que huyen de los enfrentamientos duermen en los campos o debajo de los árboles, y prácticas básicas de higiene y distanciamiento social resultan imposibles debido a la falta de agua o jabón, y a los espacios reducidos. La entrega de kits de pruebas esenciales se ha retrasado por semanas. Los trabajadores humanitarios temen que un brote de la enfermedad en Idlib desborde las instalaciones médicas de la provincia y haga imposible atender a las víctimas de la guerra.

En Yemen, la guerra que empezó en 2015 ha diezmado lo que era ya un sistema de salud muy débil. Más de 24 millones de personas actualmente requieren asistencia humanitaria.[fn] Después de que las autoridades de facto en la ciudad capital de Sanaa y el gobierno internacionalmente reconocido en Adén prohibieran los vuelos internacionales para evitar la propagación del virus, los equipos de ayuda internacional redujeron su presencia al personal esencial. Un brote de COVID-19 podría abrumar rápidamente los esfuerzos de ayuda y hacer que una de las catástrofes humanitarias más graves del mundo sea aún peor.

En Idlib, Yemen y más allá, desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados están particularmente expuestos a posibles brotes de COVID-19, debido a condiciones de vida en su mayoría precarias y acceso limitado a atención médica. Datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2019 sugieren que más de 70 millones de personas se encuentran en estas categorías de desplazamiento a nivel mundial, y el número probablemente ha aumentado desde entonces, en especial por los últimos eventos en Siria.[fn]“El desplazamiento global supera los 70 millones de personas y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados pide más solidaridad”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, comunicado de prensa, 19 de junio de 2019.Hide Footnote  Cualquier camino que pudiera haber existido para la reubicación o traslado de personas desplazadas a lugares más seguros, en la práctica se encuentra ahora cerrado debido al COVID-19.

Hay una larga historia de aumento de contagios en campos de refugiados y desplazados internos, un riesgo latente nuevamente, aunque en algunas áreas los servicios médicos disponibles en los campamentos pueden ser mejores que los de las poblaciones circundantes. Funcionarios de la ONU están particularmente preocupados por el campamento de al-Hol en el noreste de Siria, hogar de más de 70 000 personas, incluidas mujeres y niños que huyeron del último enclave del Estado Islámico cuando este colapsó, entre ellos sirios, iraquíes y aproximadamente 10 000 ciudadanos de otros países. Cuando escribimos sobre el campamento en el otoño del 2019, ya era “un escenario de desastre humanitario, colmado de enfermedad: sus residentes carecían de alimentos adecuados, agua limpia, a menudo se encontraban desconectados por completo de los servicios médicos”, dejando a su población altamente vulnerable al COVID-19.[fn]Informe de Crisis Group sobre el Medio Oriente N°208, Women and Children First: Repatriating the Westerners Affiliated with ISIS, 18 de noviembre de 2019, p. 4.Hide Footnote

También son preocupantes los campamentos de refugiados rohinyá en Bangladesh, donde más de un millón de personas viven en condiciones de hacinamiento, con instalaciones de saneamiento y servicios de salud limitados al mínimo.[fn]Ver informe de Crisis Group sobre Asia N°303, A Sustainable Policy for Rohingya Refugees in Bangladesh, 27 de diciembre de 2019.Hide Footnote Una prohibición gubernamental a los servicios de internet y telefonía móvil en los campamentos limita el acceso a información preventiva vital, mientras que los altos niveles de desnutrición probablemente implican que tanto los refugiados como los residentes locales pueden ser más susceptibles a la enfermedad. En caso de que el COVID-19 llegue a los campamentos, las agencias humanitarias esperan que se propague como el fuego, lo que podría desencadenar una reacción violenta por parte de los bangladesíes que viven en las áreas circundantes y que ya de por sí están exaltados por la prolongada estadía de los refugiados.

En estos casos (al igual que las comunidades desplazadas en Irak y en otras partes del Medio Oriente, África y Asia), existe el riesgo de que los desplazados internos y los refugiados que enfrentan brotes de COVID-19 a gran escala en los campamentos donde residen intenten huir nuevamente hacia un lugar más seguro, lo que podría llevar a las poblaciones o autoridades locales a reaccionar con fuerza para contenerlas y a una potencial escalada de violencia. Es probable que los Estados, intentando detener la propagación de la enfermedad, vean con temor los nuevos flujos de refugiados. Colombia y Brasil, por ejemplo, habían adoptado un enfoque relativamente generoso con respecto a quienes huían de la crisis venezolana, pero ante la amenaza actual decidieron cerrar sus fronteras con este país. Sin embargo, la presión por escapar de la creciente pobreza y los riesgos para la salud podría obligar a un número creciente de migrantes venezolanos a usar cruces ilegales.

La emergencia del COVID-19 también podría exacerbar la crisis humanitaria en América Central vinculada en parte a las políticas de inmigración de la administración Trump, así como a los ya altos niveles de violencia en la región. Tras anunciar el cierre de su frontera sur a todo el tráfico no esencial a partir del 21 de marzo, EE. UU. puede intentar fortalecer los esfuerzos para detener la llegada de migrantes y refugiados de América Central y devolverlos a países de origen. Sin embargo, El Salvador y Guatemala suspendieron a mediados de marzo todos los vuelos entrantes de deportados centroamericanos desde EE. UU., y queda por ver si Washington puede convencerlos de que reanuden el servicio dado que ambos países han suspendido todos los demás vuelos internacionales de pasajeros.

En un momento de grave amenaza para las frágiles economías centroamericanas, los intentos para retomar los vuelos de deportación de EE. UU. y México podrían exponer a un número creciente de personas desplazadas a una recepción no grata, ya que los locales pueden temer que los recién llegados propaguen enfermedades. Es probable que muchos deportados se enfrenten a la opción de regresar a la frontera de los EE. UU., con el apoyo de las redes de tráfico, o convertirse en víctimas o cómplices de grupos criminales y pandillas de la región.

En muchos casos, el impacto del COVID-19 en los refugiados y los desplazados internos se sentirá desproporcionadamente sobre las mujeres, que a menudo forman la mayor parte de las poblaciones desplazadas en las regiones afectadas por el conflicto. El acceso de estas mujeres a servicios básicos y la capacidad de alimentar a sus familias ya son profundamente limitadas por el estigma relacionado con sus lazos (reales o presuntos) con grupos armados. Expuestas a explotación o abuso sexual, con su rehabilitación o reintegración a las comunidades como una prioridad baja para gobiernos débiles o indiferentes, las mujeres y los niños desplazados serán los primeros afectados por las crisis económicas que acompañarán la propagación de la enfermedad.

II. Perjuicio a mecanismos internacionales de gestión de crisis y resolución de conflictos

Una razón por la cual es probable que las poblaciones de refugiados y desplazados internos sean especialmente vulnerables al COVID-19 es que la enfermedad podría debilitar severamente la capacidad de las instituciones internacionales para atender áreas afectadas por el conflicto. La OMS y otros funcionarios internacionales temen que las restricciones asociadas con la enfermedad dificulten las cadenas humanitarias de suministro. Pero las agencias humanitarias no son las únicas partes del sistema multilateral bajo presión debido a la pandemia, y también es probable que obstaculice algunos esfuerzos de paz.

Las restricciones de viajes han comenzado a impactar los esfuerzos de mediación internacional. A los enviados de las Naciones Unidas que trabajan en el Medio Oriente se les ha impedido viajar hacia y dentro de la región debido al cierre de aeropuertos. Organizaciones regionales han suspendido las iniciativas diplomáticas en áreas que van desde el Cáucaso meridional hasta África occidental, mientras que el enviado del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, un grupo de Estados europeos y latinoamericanos que buscan una solución diplomática a la crisis venezolana, tuvo que cancelar un viaje ya retrasado a Caracas a principios de marzo por razones relacionadas con el COVID-19.[fn]Una delegación de diplomáticos que planeaba visitar Nagorno-Karabakh en nombre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación canceló el viaje, mientras que líderes de África occidental que planeaban visitar Guinea para discutir un polémico referéndum también suspendieron su visita.Hide Footnote 

La enfermedad podría afectar las importantes conversaciones de paz en Afganistán concebidas como un seguimiento del acuerdo preliminar de febrero entre EE. UU. y los talibanes, al menos reduciendo el número de personas que puedan participar (aunque limitando el grupo a tomadores de decisiones reales y personal de apoyo esencial podría conducir a conversaciones más serias).[fn]En una posible señal de progreso, el Representante de los Estados Unidos para la Reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad, tuiteó el 22 de marzo que Estados Unidos y Qatar habían facilitado conversaciones técnicas sobre la liberación de prisioneros entre el gobierno afgano y los talibanes “a través de videoconferencia por Skype”.Hide Footnote 

In a possible sign of progress, U.S. Representative for Afghanistan Reconciliation Zalmay Khalilzad tweeted on 22 March that the U.S. and Qatar had facilitated technical talks on prisoner releases between the Afghan government and Taliban “via Skype video conferencing”.Hide Footnote

La enfermedad significa que los líderes internacionales, enfocados como lo están en sus dramáticos problemas internos, tienen poco tiempo, o nada, para dedicarle a conflictos o procesos de paz

En términos generales, la enfermedad significa que los líderes internacionales, enfocados como lo están en sus dramáticos problemas internos, tienen poco tiempo, o nada, para dedicarle a conflictos o procesos de paz. Funcionarios europeos dicen que los esfuerzos para asegurar un alto al fuego en Libia (una prioridad para Berlín y Bruselas en febrero) ya no reciben atención de alto nivel. Diplomáticos que trabajan para evitar un enfrentamiento letal en el norte de Yemen necesitan desesperadamente el tiempo y la energía de altos funcionarios sauditas y estadounidenses, pero informan que las reuniones con ambos se han cancelado o reducido. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, canceló una cumbre convocada para el 16 de marzo con sus homólogos de Etiopía y Somalia que tenía como objetivo calmar las crecientes tensiones entre Nairobi y Mogadiscio; los funcionarios de Kenia señalaron la necesidad de centrarse en los esfuerzos para detener la propagación potencial del virus.[fn]“Kenya’s president cancels two foreign meetings over Covid-19”, The East African, 15 de marzo de 2020.Hide Footnote  También se cancelará una cumbre entre líderes de la Unión Europea y los países del “G5 Sahel” (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger), lo que supondrá un duro golpe para los esfuerzos por impulsar las operaciones antiterroristas en la región.

La enfermedad también podría afectar esfuerzos multinacionales de mantenimiento de la paz y asistencia en seguridad. A principios de marzo, la secretaría de la ONU solicitó a un grupo de nueve contribuyentes de tropas de mantenimiento de la paz, incluidos China e Italia, que suspendieran algunas o todas las rotaciones de unidades a las operaciones de cascos azules debido a preocupaciones sobre la propagación del COVID-19.[fn]Estas restricciones iniciales reflejaron las solicitudes de los países anfitriones y de tránsito (incluido Uganda, un importante centro logístico de la ONU) a la ONU para no arriesgarse a propagar la enfermedad. Correspondencia del Departamento de Apoyo Operativo de la ONU con representantes permanentes ante la ONU, 5 de marzo de 2020 (visto por Crisis Group, 9 de marzo de 2020).Hide Footnote El departamento de operaciones de la ONU ha anunciado nuevas limitacioness a las rotaciones desde entonces, lo que significa que los períodos de servicio de las fuerzas de paz se extenderán durante al menos tres meses en condiciones difíciles como la República Centroafricana y Sudán del Sur, lo que podría afectar su moral y efectividad. Es probable que se posponga una decisión del Consejo de Seguridad para establecer una nueva misión política para apoyar la transición de Sudán a un gobierno civil, debido a restricciones en la agenda del Consejo que sus miembros acordaron como parte de las medidas de contención del virus.[fn]El Consejo de Seguridad pospuso las reuniones a partir del 16 de marzo y probó las opciones de reunión virtual, aunque los diplomáticos aún se reunirán ocasionalmente para votar.Hide Footnote Si bien estas decisiones diplomáticas y operativas no tendrán un impacto inmediato en las operaciones de la ONU, una pandemia prolongada podría dificultar la búsqueda y despliegue de nuevas fuerzas y personal civil, desgastando a las misiones.

Si las organizaciones internacionales pueden tener dificultades para manejar la crisis, los medios de comunicación y las ONG también pueden tener dificultades para informar sobre conflictos y crisis debido a restricciones de viajes, y más aún cuando es probable que muchos lectores y televidentes pierdan interés (al menos temporalmente) en historias no relacionadas con el COVID-19. Algunos gobiernos autoritarios parecen estar listos para usar la crisis para limitar el acceso a los medios de comunicación. Egipto, por ejemplo, censuró a reporteros occidentales por su cobertura de la enfermedad dentro del país, eliminando las credenciales de un reportero de The Guardian, mientras que China envió de vuelta a varios de los principales corresponsales estadounidenses. Crisis Group a su vez ha tenido que limitar severamente la capacidad de nuestros analistas para viajar durante la pandemia por su propia seguridad. Como lo ilustra este informe breve, estamos decididos a mantener nuestro enfoque en los conflictos, ya sea que estén relacionados con el COVID-19 o no, y brindar la mejor cobertura posible, pero nuestro trabajo enfrentará limitaciones inevitables.

III. Riesgos para el orden social

El COVID-19 podría ejercer una gran presión sobre sociedades y sistemas políticos, creando el potencial para nuevos brotes de violencia. A corto plazo, es probable que la amenaza de enfermedad actúe como un elemento disuasorio de los disturbios sociales, ya que los manifestantes evitarán las reuniones masivas. El surgimiento del COVID-19 en China precipitó una disminución de las protestas contra Beijing en Hong Kong (aunque la incomodidad pública con elementos radicales del movimiento de protesta también pudo haber sido un factor).[fn]Helen Davidson, “Hong Kong: With coronavirus curbed, protests may return”, The Guardian, 15 de marzo de 2020.Hide Footnote También ha disminuido el número de manifestantes que salen a las calles de Argelia para protestar contra la corrupción gubernamental.[fn]“Algerians forego weekly protest amid coronavirus”, Reuters, 20 de marzo de 2020.Hide Footnote La oposición rusa acogió en gran parte la medida de las autoridades, aparentemente justificada por razones de salud, de bloquear las protestas contra la decisión del presidente Vladimir Putin de modificar la constitución para extender su mandato.[fn]

“Coronavirus forces Putin critics to scale back protests before big vote”, Reuters, 20 de marzo de 2020.
 

Hide Footnote Al menos una excepción a esta precaución general ocurrió en Níger, donde manifestantes se tomaron las calles en contra de la prohibición a las protestas que el gobierno extendió invocando el COVID-19. El 15 de marzo, las fuerzas de seguridad mataron a tres civiles.

Sin embargo, la tranquilidad en las calles puede ser un fenómeno temporal y engañoso. Las consecuencias económicas y de salud pública de la pandemia pueden hacer que las relaciones entre los gobiernos y los ciudadanos sean aún más tensas, especialmente cuando los servicios de salud se quiebren; preservar el orden público podría resultar difícil cuando las fuerzas de seguridad estén sobrecargadas y las poblaciones cada vez más frustradas con la respuesta del gobierno a la enfermedad.

Ya se pueden ver los primeros signos de desorden social. En Ucrania, manifestantes atacaron buses que transportaban a evacuados ucranianos desde Wuhan, China, ante rumores de que algunos estaban contagiados.[fn]“Coronavirus: Ukraine protesters attack buses carrying China evacuees”, BBC, 21 de febrero de 2020.Hide Footnote Se han informado casos de fugas de presos en Venezuela, Brasil e Italia, con reclusos reaccionando violentamente a las nuevas restricciones asociadas con el COVID-19, mientras que en Colombia disturbios carcelarios y un intento de fuga por la supuesta falta de protección contra la enfermedad resultó en la muerte de 23 reclusos en la cárcel La Modelo el 21 de marzo. También en Colombia, se presentaron saqueos a camiones de comida que se dirigían a Venezuela, al menos en parte como protesta por los efectos económicos de la decisión tomada por Colombia y Venezuela de cerrar la frontera entre ambos países por razones de salud. Incluso precauciones razonables pueden provocar respuestas hostiles. En Perú, las autoridades han arrestado a cientos de ciudadanos por violar las reglas de cuarentena, en algunos casos con resultados violentos.

 
El catastrófico impacto económico de la enfermedad podría sembrar la semilla para la agitación a futuro

En términos más generales, el catastrófico impacto económico de la enfermedad podría sembrar la semilla para la agitación a futuro. Podría ocurrir independientemente de que los países en cuestión hayan experimentado brotes importantes de la enfermedad, aunque el peligro en aquellos que sí lo hayan sufrido será mayor. Se avecina una recesión global de alcance aún desconocido; las restricciones de transporte relacionadas con la pandemia dificultarán el comercio y el suministro de alimentos; innumerables empresas se verán obligadas a cerrar; y es probable que los niveles de desempleo se disparen.[fn]Algunos analistas financieros predicen una “recesión global severa” como resultado del brote. Se prevé que la economía de EE. UU., por citar un ejemplo, se contraiga en un 14 por ciento en el segundo trimestre de 2020. “Assessing the Fallout from the Coronavirus Pandemic”, JP Morgan, 20 de marzo de 2020.Hide Footnote

Los gobiernos que tienen estrechos vínculos comerciales con China, especialmente algunos en África, están sintiendo el peso de la desaceleración derivada del brote original de Wuhan.[fn]Ver, por ejemplo, Hannah Ryder y Angela Benefo, “China’s coronavirus slowdown: Which African economies will be hit hardest?”, The Diplomat, 19 de marzo de 2020.Hide Footnote Los productores de petróleo ya están luchando con el colapso de los precios de la energía. Países como Nigeria, que tiene fuertes vínculos de importación y exportación con China y dependen de los precios del petróleo para sostener sus finanzas públicas, están sufriendo. Según los informes, Abuja ha considerado reducir los gastos en un 10 por ciento en el 2020, lo que significa que las autoridades tendrían que incumplir las promesas de aumentar el salario mínimo.[fn]“Silk roadblock: coronavirus exposes Nigeria’s reliance on China”, Reuters, 6 de marzo de 2020.Hide Footnote Tales medidas de austeridad, combinadas con otros efectos económicos del COVID-19, como la desaparición de turistas en áreas que dependen en gran medida de visitantes extranjeros, podrían conducir a crisis económicas que durarán mucho más allá de la crisis inmediata, creando el potencial de disturbios laborales prolongados e inestabilidad social.

Como señaló Crisis Group a comienzos de 2020, las agudas protestas de 2019 surgieron de un “sentimiento generalizado de injusticia económica” que podría “incendiar más ciudades este año”.[fn]Robert Malley, “10 Conflicts to Watch in 2020”, Comentario de Crisis Group, 27 de diciembre de 2019.Hide Footnote Indignación por los efectos del COVID-19, y la percepción de que los gobiernos no lo están manejando de manera adecuada, podrían desencadenar nuevas manifestaciones. El declive económico tendrá efectos aún más inmediatos en las sociedades de países de bajos ingresos. En grandes extensiones de África subsahariana, en particular, millones dependen de sus ingresos diarios para alimentar a sus familias. Un aislamiento prolongado podría generar rápidamente desesperación y agitación generalizada.

Otra razón para preocuparse es el claro potencial del COVID-19 para despertar sentimientos xenófobos, especialmente en países con grandes comunidades de inmigrantes. Al principio de la crisis, los trabajadores chinos en Kenia se enfrentaron al acoso relacionado con sospechas de que los vuelos de China Southern Airline estaban llevando el coronavirus al país. Algunos políticos occidentales, especialmente el presidente de los EE. UU., Donald Trump, han intentado avivar el resentimiento hacia Beijing con comentarios sobre el “virus chino”. Existe evidencia anecdótica de un aumento de los prejuicios hacia personas de origen chino en los EE. UU. y otros países occidentales, y un grave riesgo de que la enfermedad genere más violencia racista y en contra de los extranjeros.[fn]Ver, por ejemplo, Holly Yan, Natasha Chen y Dushyant Naresh, “What’s spreading faster than coronavirus in the U.S.? Racist assaults and ignorant attacks against Asians”, CNN, 21 de febrero de 2020.Hide Footnote

IV. Explotación política de la crisis

En este contexto de tensiones sociales, hay un amplio margen para que líderes políticos intenten sacar provecho del COVID-19, ya sea para solidificar su poder en el país o para perseguir sus intereses en el extranjero. A corto plazo, muchos gobiernos parecen confundidos por la velocidad, el alcance y el peligro del brote y, en algunos casos, la enfermedad ha infectado a las élites políticas. Un brote en la aislada capital de Brasil, Brasilia, ha enfermado a un gran número de funcionarios y políticos. En Irán, ha habido docenas de casos entre altos funcionarios y parlamentarios. En Burkina Faso, donde el gobierno ya está luchando con el colapso de la autoridad estatal en gran parte del país, una serie de casos ha afectado a los miembros del gabinete. El segundo vicepresidente del parlamento fue la primera víctima mortal registrada en África subsahariana. En tales casos, es más probable que la enfermedad debilite la capacidad de las autoridades para tomar decisiones sobre problemas de salud y otras crisis apremiantes.

Sin embargo, a medida que avanza la crisis, algunos líderes podrían ordenar medidas restrictivas que tengan sentido por estar relacionadas con la salud pública en el pico de la crisis y luego extenderlas con la esperanza de contener a la disidencia una vez que la enfermedad disminuya. Dichas medidas podrían incluir prohibiciones indefinidas a reuniones públicas masivas (que muchos gobiernos ya han instituido para detener la propagación del COVID-19 en sus comunidades) para evitar protestas públicas. Aquí nuevamente hay precedentes de la crisis del Ébola en África occidental: grupos locales de la sociedad civil y partidos de oposición afirman que las autoridades prohibieron las reuniones por más tiempo del necesario como una forma de reprimir protestas legítimas.[fn]Informe de Crisis Group, The Politics Behind the Ebola Crisis, op. cit., p. 25.Hide Footnote Un presagio de lo que está por venir se puede haber dado en Hungría, donde el primer ministro Viktor Orban solicitó al Parlamento el 21 de marzo que extienda indefinidamente el estado de emergencia que establece penas de prisión de cinco años para aquellos que difundan información falsa u obstruyan la respuesta a la crisis del Estado.[fn]“Hungary govt seeks to extend special powers amid coronavirus crisis”, Reuters, 21 de marzo de 2020.Hide Footnote

“Hungary govt seeks to extend special powers amid coronavirus crisis”, Reuters, 21 March 2020.Hide Footnote

Hay un amplio margen para que líderes políticos intenten sacar provecho del COVID-19

Elecciones programadas para el primer semestre del 2020, y tal vez después en el año, también podrían posponerse; en estos casos la justificación inmediata de la salud pública puede ser válida también, pero la tentación de usar el virus como un pretexto para mayores demoras y restricciones al ejercicio político está latente. De hecho, es probable que haya razones prácticas válidas para retrasar las elecciones en tales casos. Además de complicar la organización interna, la pandemia obstruirá el despliegue de apoyo electoral internacional y, donde esté planeado, misiones de observación. Aun así, es probable que los partidos de oposición sospechen de irregularidades, especialmente en países donde la confianza política es baja, ha habido una inestabilidad reciente, el gobierno goza de dudosa legitimidad o tiene un historial de manipulación de calendarios electorales.

De nuevo, ya hay ejemplos. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el 21 de marzo que las elecciones presidenciales planeadas para el 3 de mayo para elegir un reemplazo definitivo para Evo Morales (a quien el ejército expulsó después de unas elecciones polémicas en 2019), se retrasarían para una fecha no especificada en el futuro. En Sri Lanka, una decisión de la Comisión Electoral de posponer las elecciones parlamentarias por razones de salud pública podría otorgarle al presidente Gotabaya Rajapaksa (un nacionalista radical asociado con abusos a derechos humanos dirigidos a minorías y detractores políticos), poderes extendidos. Aunque Rajapaksa inicialmente quería que las elecciones siguieran adelante (lo que refleja sus expectativas de una abrumadora victoria), si se niega a revocar el Parlamento mientras las elecciones permanecen suspendidas, la extensión y la legalidad de su gobierno interino pueden generar controversia.

Algunos líderes también pueden ver al COVID-19 como un escudo para embarcarse en aventuras desestabilizadoras en el extranjero, ya sea para desviar el descontento interno o porque sienten que enfrentarán poco rechazo en medio de la crisis de salud global. Todavía no ha surgido tal caso, y existe el riesgo de que los analistas ahora atribuyan distintas crisis al COVID-19, las cuales se podrían explicar mejor por otros factores. En un momento en que la pandemia está distrayendo a las principales potencias y organizaciones multilaterales, algunos líderes pueden intentar afianzarse de maneras que en otro momento considerarían demasiado arriesgadas. Una serie de ataques contra objetivos estadounidenses por parte de las milicias chiítas respaldadas por Irán en Irak bien puede ser parte de un esfuerzo preexistente de Teherán para expulsar a EE. UU. del Medio Oriente. Pero con el liderazgo de Irán bajo una enorme presión interna, el impacto del coronavirus también podría afectar su cálculo. Como hemos afirmado, “sintiéndose asediado y sin una obvia salida diplomática, Irán podría concluir que solo una confrontación con EE. UU. podría cambiar su trayectoria hacia una dirección muy peligrosa”.[fn]Robert Malley y Ali Vaez, “The coronavirus is a diplomatic opportunity for the United States and Iran”, Foreign Policy, 17 de marzo de 2020.Hide Footnote

Del mismo modo, la crisis puede crear oportunidades para que grupos yihadistas desplieguen nuevas ofensivas contra gobiernos debilitados en África y el Medio Oriente. Hasta la fecha, ni ISIS ni ninguna de las diversas ramas de al-Qaeda ha dado signos de una visión estratégica clara en relación con la pandemia (aunque ISIS ha distribuido guías de salud a sus militantes sobre cómo hacer frente a la enfermedad basadas en dichos del profeta Mahoma).[fn]“ISIS tells terrorists to steer clear of coronavirus-stricken Europe”, Politico, 15 de marzo de 2020.Hide Footnote Sin embargo, como Crisis Group ha expuesto anteriormente, las fuerzas yihadistas tienden a “explotar el desorden”, ganando territorio y adherentes donde ya existen conflictos o los Estados débiles enfrentan agitación social.[fn]Informe especial de Crisis Group N°1, Exploiting Disorder: Al-Qaeda and the Islamic State, 14 de marzo de 2016.Hide Footnote ISIS, por ejemplo, utilizó el caos posterior al 2011 en Siria para obtener un nivel de poder que de otro modo hubiera sido imposible. Es posible que la agitación social y política pueda crear oportunidades similares para los actores yihadistas a medida que avanza la crisis. Por el contrario, esos grupos, como al-Shabaab en Somalia, que controlan franjas significativas de territorio podrían, al igual que los gobiernos, enfrentar un aumento del descontento popular si no logran contener el COVID-19.[fn]El desempeño de Al-Shabaab en el manejo de las hambrunas en 2011 y 2017 (exacerbadas tanto por el conflicto como por las restricciones del grupo a la ayuda), plantea dudas sobre cómo podría manejar la pandemia actual. Ver informe breve de Crisis Group sobre África N°125, Instruments of Pain (III): Conflict and Famine in Somalia, 9 de mayo de 2017.Hide Footnote

V. ¿Un punto de inflexión en las principales relaciones de poder?

Los posibles efectos del COVID-19 en algunos territorios problemáticos aumentan por el hecho de que el sistema global ya estaba en medio de una realineación.[fn]Malley, “10 Conflicts to Watch in 2020,” op. cit.Hide Footnote El momento actual, por lo tanto, se diferencia de otras crisis internacionales aun relativamente recientes. Cuando el colapso financiero provocó una recesión económica mundial en el 2008, EE. UU. aún tenía suficiente influencia para dar forma a la respuesta internacional a través del G20, aunque Washington tomó la precaución de involucrar a Beijing en el proceso. En el 2014, EE. UU. se hizo cargo de una respuesta multilateral tardía a la crisis del ébola en África occidental con la ayuda de diversos países desde el Reino Unido y Francia hasta China y Cuba.[fn]Ver Ted Piccone, “Ebola could bring U.S. and Cuba together”, The Brookings Institution, 31 de octubre de 2014.Hide Footnote Hoy, EE. UU., cuya influencia internacional ya se había debilitado considerablemente, ha dado a su vez una respuesta interna inadecuada al COVID-19, no ha logrado consenso con otras naciones y ha provocado resentimiento internacional. El presidente Donald Trump no solo insistió en los orígenes chinos de la enfermedad, sino que también criticó a la UE por su contención desacertada.

China, en contraste, después de tener que afrontar las consecuencias del brote inicial, su decisión temprana y costosa de limitar la información, su propia respuesta desigual, y haber intentado en ocasiones culpar a los EE. UU. mediante una campaña de desinformación irresponsable, ahora encuentra en la crisis de salud una oportunidad para ganar influencia sobre otros Estados a través de gestos humanitarios.[fn]Ver Conor Finnegan, “False claims about origins of the coronavirus cause spat between the U.S., China”, ABC, 13 de marzo de 2020. Algunos diplomáticos chinos parecen incómodos con las insinuaciones de Beijing de que el COVID-19 vino de los EE. UU., ver “Spat between Chinese diplomats shows internal split over Trump”, Bloomberg, 23 de marzo de 2020.Hide Footnote China ha acelerado su maquinaria diplomática para posicionarse como líder de la respuesta internacional a posibles brotes generalizados de COVID-19 en el continente africano.[fn]

Por ejemplo, ver Laura Zhou, “Will China’s support for nations fighting Covid-19 improve its global image?”, South China Morning Post, 22 de marzo de 2020.
 

Hide Footnote El 16 de marzo, el multimillonario chino Jack Ma anunció que su fundación entregaría 20 000 kits de prueba, 100 000 máscaras y mil unidades de equipos de protección a cada uno de los 54 países del continente. Dijo que canalizaría las donaciones a través de Etiopía, con el primer ministro Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de la Paz de 2019, coordinando su distribución.[fn]“As virus spreads, Africa gets supplies from China’s Jack Ma”, Associated Press, 22 de marzo de 2020.Hide Footnote El 19 de marzo, Beijing reforzó aún más su diplomacia al respecto, anunciando planes para construir un centro africano para la investigación, prevención y control de enfermedades en Nairobi.[fn]“Kenya to host Sh8 billion Africa disease control centre”, The Standard, 19 de marzo de 2020.Hide Footnote Beijing también ha ofrecido asistencia a los miembros de la UE, desviando las críticas de Europa a su manejo inicial del contagio en Wuhan.[fn]“China steps up support for European countries hardest hit by coronavirus”, South China Morning Post, 18 de marzo de 2020. Sobre los efectos de la ayuda china en la percepción europeas, ver Steven Erlanger, “In this crisis, U.S. sheds its role as global leader”, The New York Times, 22 de marzo 2020.Hide Footnote

“China steps up support for European countries hardest hit by coronavirus”, South China Morning Post, 18 March 2020. On the effects of Chinese aid on European perceptions, see Steven Erlanger, “In this crisis, U.S. sheds its role as global leader”, The New York Times, 22 March 2020.Hide Footnote

A pesar del llamado a la unidad de la OMS, la pandemia está adquiriendo un tono geopolítico divisivo

En general, a pesar del llamado a la unidad de la OMS, la pandemia está adquiriendo un tono geopolítico divisivo. Algunos líderes la han enmarcado muy claramente en estos términos. El presidente serbio Aleksander Vučić, por ejemplo, declaró que (sin ningún apoyo real de la UE) “todas mis esperanzas personales se centran en China y su presidente”.[fn]Julija Simic, “Serbia turns to China due to ‘lack of EU solidarity’ on coronavirus”, Euractiv, 18 de marzo de 2020.Hide Footnote Si bien Riad, que actualmente preside el G20, ha convocado una “cumbre virtual” de líderes (similar a la que ya tuvo el G7), la crisis podría aumentar las tensiones entre Washington, Beijing y otras potencias. Expertos de la UE han advertido que Rusia está difundiendo desinformación sobre el COVID-19 en países occidentales.[fn]“Russia deploying coronavirus disinformation to sow panic in West, EU document says”, Reuters, 18 de marzo de 2020.Hide Footnote Tomar partido entre las grandes potencias para aprovechar el desorden general no solo podría complicar la cooperación técnica contra el COVID-19, sino también dificultar acuerdos entre las potencias sobre cómo manejar las disputas políticas que este crea o exacerba.

En términos más amplios, es probable que el coronavirus y cómo se afronte tengan una profunda influencia en la forma que tome el orden multilateral que surgirá después de este. Es muy temprano para evaluar esas implicaciones. Por ahora, uno puede distinguir dos narrativas opuestas que toman fuerza: una en la que la lección es que los países deberían unirse para afrontar mejor el COVID-19, y otra en la que los países deben mantenerse separados para protegerse mejor de éste.[fn]Yuval Noah Harari calls this the choice between “nationalist isolation and global solidarity”. “The world after coronavirus”, Financial Times, 20 de marzo de 2020.Hide Footnote La crisis también representa una prueba de fuego para las posturas opuestas de los Estados liberales y aquellos que no lo son, sobre cómo manejar adecuadamente la extrema tensión social actual. A medida que la pandemia se desarrolle, pondrá a prueba no solo las capacidades operativas de organizaciones como la ONU y la OMS, sino también presupuestos básicos sobre los valores y políticas que las sustentan.

VI. Oportunidades para aprovechar

Si bien hay muchas señales de alerta asociadas al COVID-19, también hay destellos de esperanza. La magnitud del brote genera espacios para gestos humanitarios entre rivales. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, transportaron más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Irán para enfrentar la enfermedad (Bahréin, por el contrario, aprovechó la oportunidad para acusar a la República Islámica de “agresión biológica”).[fn]

Nafisa Eltahir y Lisa Barrington, “Bahrain accuses Iran of ‘biological aggression’, Gulf states try to curb coronavirus”, Reuters, 12 de marzo de 2020.
 

Hide Footnote Estados con relaciones más estrechas con Irán, incluidos Kuwait y Qatar, también han ofrecido asistencia. El presidente Trump le escribió al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, expresando su voluntad de ayudar a Pyongyang a enfrentar la enfermedad, lo cual resultó en un mensaje de agradecimiento en respuesta.[fn]Choe Sang-Hun, “Trump writes to Kim Jong-un offering help in virus fight, North Korea says”, The New York Times, 21 de marzo de 2020.Hide Footnote A pesar de cerrar su frontera con Venezuela, el gobierno colombiano también ha tenido su primer contacto oficial con Caracas en más de un año, bajo auspicios de una teleconferencia mediada por la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de discutir una respuesta de atención médica conjunta en las zonas fronterizas. Políticos antichavistas también han tomado medidas tentativas para trabajar con sus rivales con el fin de abordar la crisis, como ocurrió en el estado fronterizo de Táchira.

Otros dos ejemplos: en el Cáucaso, EE. UU. envió sus primeros auxilios a la región georgiana secesionista de Abjasia en más de una década para ayudar a contrarrestar el COVID-19, a pesar de que las autoridades de Abjasia están coordinando con Moscú en lugar de Tiflis las medidas contra la enfermedad. En Filipinas, el combativo presidente Rodrigo Duterte anunció un alto al fuego unilateral de un mes en su ofensiva contra rebeldes comunistas, con el fin de darle tiempo a las fuerzas gubernamentales para centrarse en la pandemia.[fn]“Duterte asks NPA for ceasefire during coronavirus lockdown”, Rappler.com, 17 de marzo de 2020.Hide Footnote

A medida que la devastación se extienda y las economías se reduzcan, pueden aumentar las presiones sobre los gobiernos y la oposición en situaciones polarizadas para encontrar un camino común

Estos son pasos positivos relativamente pequeños. Pero a medida que la devastación se extienda y las economías se reduzcan, pueden aumentar las presiones sobre los gobiernos y la oposición en situaciones polarizadas para encontrar un camino común si esa es una condición para la estabilidad y para recibir asistencia internacional. Las encuestas académicas muestran que las partes en conflicto frecuentemente responden a los desastres naturales con acuerdos para reducir la violencia. Una dinámica similar puede aplicar en algunos conflictos frente al COVID-19, aunque la escala de la crisis, y su impacto emergente en la diplomacia internacional, podría dificultar el apoyo de mediadores externos y organizaciones multilaterales a los esfuerzos de consolidación de la paz.[fn]See Joakim Kreutz, “From Tremors to Talks: Do Natural Disasters Produce Ripe Moments for Resolving Separatist Conflicts?”, International Interactions, vol. 8, no. 4 (2012).Hide Footnote

A principios de este mes, Crisis Group presionó a EE. UU. e Irán para aprovechar la coyuntura y llegar a un entendimiento mutuamente benéfico: Teherán liberaría a todos sus detenidos con doble nacionalidad o extranjeros (que enfrentan riesgos reales ante la enfermedad en las cárceles iraníes) mientras Washington relajaría sus sanciones (que exacerban la angustiosa situación humanitaria que enfrenta Irán como resultado de su propia mala gestión de la crisis del COVID-19).[fn]Malley y Vaez, “The coronavirus is a diplomatic opportunity for the United States and Iran”, op. cit.Hide Footnote Desde entonces, Teherán ha hecho concesiones en el tema de los prisioneros, intercambiando a un detenido francés por un iraní retenido en Francia y permitiendo que un prisionero británico-iraní salga de la cárcel temporalmente. Si bien EE. UU. ha dicho que enviaría asistencia humanitaria a Irán, la cúpula de la República Islámica rechazó de inmediato la oferta como engañosa, señalando que las sanciones de EE.UU. continúan vigentes. El líder supremo ayatolá Ali Khamenei ha citado teorías de conspiración que culpan a los EE. UU. de la enfermedad.[fn]Jon Gambrell, “Iran leader refuses U.S. help to fight COVID-19, citing conspiracy theory”, Associated Press, 22 de marzo de 2020.Hide Footnote

Jon Gambrell, “Iran leader refuses U.S. help to fight COVID-19, citing conspiracy theory”, Associated Press, 22 March 2020.Hide Footnote

VII. Posibles medidas de mitigación de la crisis

En el futuro, los gobiernos tendrán que decidir si apoyarán enfoques más cooperativos para manejar la crisis, no solo en términos de salud pública global sino también como un desafío político y de seguridad. Todos los líderes tienen presión para concentrarse e invertir dinero y capital político en prioridades nacionales, y en particular para ignorar riesgos de conflicto en Estados frágiles que pueden parecer difíciles de resolver, o simplemente no lo suficientemente importantes como para preocuparse. Pero habrá un día después, y si el periodo a venir no se trata con prudencia, podría estar marcado por grandes dificultades en áreas actualmente en conflicto, la erupción de nuevas violencias y un sistema multilateral mucho más frágil. Además de seguir de cerca las tendencias negativas y positivas mencionadas anteriormente, Crisis Group también estará pendiente de si los Estados y las instituciones multilaterales toman medidas preventivas y de mitigación para limitar el impacto de la pandemia en la paz y la seguridad.

En este espíritu, y para mitigar la posibilidad de que el COVID-19 genere una nueva crisis de seguridad, los gobiernos que tengan como objetivo limitar el impacto de la pandemia podrían considerar los siguientes pasos:

  • Seguir las evaluaciones de necesidad de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras agencias relevantes, e inyectar fondos esenciales relacionados con el COVID-19 al apoyo humanitario, especialmente para refugiados y desplazados internos, teniendo en cuenta los riesgos desproporcionados para las mujeres desplazadas;                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  • Trabajar con la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (quienes ya han comenzado a movilizar fondos para abordar las fallas del sistema de salud y las perturbaciones económicas a raíz del COVID-19), para evaluar las agitaciones sociales y políticas que pueden surgir de la pandemia en Estados débiles y ofrecer ayuda financiera y alivio de la deuda a los gobiernos;                                                                                                                                                                                                        
  • Ofrecer levantar temporalmente las sanciones a aquellos Estados afectados por el COVID-19, sea a través de marcos multilaterales como la UE o la ONU, o mediante la suspensión de sanciones unilaterales, según corresponda, por razones humanitarias, y eliminar cualquier obstáculo para la entrega de ayudas humanitarias;                           
  • Intentar mantener vivos los procesos de paz y los esfuerzos de prevención de conflictos trabajando con enviados de la ONU y otros mediadores para, por ejemplo, mantener comunicaciones electrónicas seguras con las partes en conflicto;                                                                                                                                                            
  • Cuando las autoridades retrasen elecciones u otras votaciones por razones legítimas relacionadas con el COVID-19, ofrecer apoyo externo (como declaraciones de asistencia electoral adicional una vez que la enfermedad se reduzca o diplomacia silenciosa entre las partes), para asegurarle a los ciudadanos que llegado el momento habrá elecciones;                                                                                                                                                                                                                                                       
  • Donde sea posible, establecer o fortalecer canales diplomáticos entre Estados y actores no estatales más afectados por la crisis para comunicarse sobre posibles riesgos de escalada en regiones tensas;                                                                                                                                                                                                                                      
  • Invertir en esfuerzos dirigidos por la OMS, medios independientes, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para difundir noticias imparciales sobre el COVID-19 en Estados débiles para contrarrestar rumores y manipulación política de la crisis, así como para mantener un foco sobre los conflictos que requieren ayuda internacional.

La pandemia del COVID-19 amenaza con ser larga y agotadora. Complejizará la diplomacia, y especialmente la diplomacia de crisis. Pero es crucial mantener intactos los canales de comunicación, y un espíritu de cooperación, en un período en que el sistema internacional parece estar tan listo como siempre a fragmentarse.

Nueva York/Bruselas, 24 de marzo de 2020

Demonstrators shout towards riot police officers during clashes following a protest against a tax reform bill launched by President Ivan Duque, in Cali, Colombia, on 30 April 30, 2021. A tax reform project in Colombia added fuel to the discontent. Luis ROBAYO / AFP

Agobio por la pandemia y violencia policial sacuden a Colombia

Colombia’s cities, towns and countryside are aflame with popular protests. In this Q&A, Crisis Group expert Elizabeth Dickinson traces the unrest’s origins to inequality, police impunity and the government’s seeming aloofness from the street.

¿Qué hay detrás de las protestas que han ocurrido en Colombia durante la última semana?

Colombia inició el 2021 con algunas malas premoniciones. En los últimos dos años se han vuelto evidentes las señales que advierten sobre un profundo descontento social. El gobierno, tratando de tapar los huecos fiscales que preocupaban a los inversionistas y de dar una respuesta a la pandemia, no prestó suficiente atención a la creciente insatisfacción por la enorme desigualdad, violencia política e inseguridad. Cuando el presidente Iván Duque presentó en abril una reforma tributaria que habría aumentado la carga sobre las familias de clase media, los manifestantes salieron a las calles para airear su descontento. El Defensor del Pueblo reportó el 5 de mayo que al menos 24 personas han muerto en las protestas, pero grupos de la sociedad civil elevaban la cifra a 31. Casi 90 personas fueron reportadas como desaparecidas el 4 de mayo, pero el gobierno afirma que 47 han sido encontradas desde entonces.

Los manifestantes están, en esencia, retomando lo que dejaron cuando la pandemia de COVID-19 apareció en marzo del año pasado, frenando meses de protestas callejeras que habían iniciado en noviembre de 2019. Pero ahora la situación es mucho peor. La pandemia ha empujado a 3,5 millones más de personas a la pobreza, lo que significa que el 43 por ciento de la población gana menos de lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. En algunas partes del país la situación es desesperada. En Bogotá, el número de personas que viven en situación de pobreza extrema se ha triplicado en solo un año.  La crisis sanitaria también ha puesto en evidencia todas las dificultades que enfrentan los más pobres. Las personas que están en el sextil más bajo de  ingresos son diez veces más propensas a ser hospitalizadas por COVID que las que están en los dos sextiles de ingresos más altos. “No tengo como para pagar un médico, así que no podemos enfermarnos”, le dijo a Crisis Group un manifestante en Cali.

Al mismo tiempo, la violencia en las áreas rurales ha aumentado, después de años de disminución tras el acuerdo de paz de 2016 entre Colombia y la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2020, con los ciudadanos bajo cuarentena y el gobierno trabajando a distancia, nuevos y viejos grupos armados aprovecharon para ampliar y consolidar su control territorial en varias regiones rurales. La pandemia aceleró la reconfiguración del panorama del conflicto, y han sido los civiles quienes han pagado el costo de la violencia.

El gobierno ha ignorado frecuentemente las graves advertencias sobre los efectos de la desigualdad y la creciente violencia rural.

El gobierno ha ignorado frecuentemente las graves advertencias, lanzadas por organizaciones de la sociedad civil e incluso las agencias estatales, sobre los efectos de la desigualdad y la creciente violencia rural; o ha exacerbado la frustración de la población al tratar de implementar políticas desconectada de la realidad como la reforma tributaria de abril. La legislación propuesta por el presidente, formalmente llamada Ley de Solidaridad Sostenible, habría implementado algunas medidas redistributivas, pero los métodos para recaudar más ingresos recaían sobre todo en la precaria estabilidad de las familias de clase media, que ya de por sí está bastante apretada. Al mismo tiempo, los colombianos pobres y de clase media han tenido que ver cómo altos funcionarios del gobierno y congresistas han volado a Miami para vacunarse, mientras el resto del país espera las vacunas que llegan muy lentamente.

Cuando han tenido que enfrentarse a los manifestantes, las fuerzas del Estado han respondido  en algunas ocasiones actuando con exacerbada brutalidad contra los civiles. Esta violenta respuesta, y la falta de voluntad del gobierno de frenarla o condenarla, han generado una escalada que no para, y que se ha convertido en la principal preocupación de los manifestantes.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno hasta ahora?

La respuesta del gobierno ha oscilado entre una desestimación de las protestas a la condena del “vandalismo terrorista” y una reacción de mano dura. También ha hecho algunas concesiones, incluyendo la decisión del 2 de mayo de retirar formalmente la reforma tributaria. Sin embargo, no hay ningún indicio de que Bogotá esté cerca de calmar las tensiones.

El gobierno ha centrado su cólera en publicitados ataques a miembros de las fuerzas de seguridad y lo que han llamado “vandalismo extremo” en contra de propiedades del Estado.

Inicialmente, el gobierno de Duque y algunos alcaldes intentaron disuadir a los manifestantes de salir a las calles, aludiendo a consideraciones de salud. Colombia se encuentra en medio de la tercera y más severa ola de la pandemia, con la capacidad de los hospitales a nivel nacional casi al límite y reportes de escasez crítica de oxígeno. A pesar de esto, los manifestantes acudieron masivamente a una huelga nacional el 28 de abril y las movilizaciones han seguido aumentando. La inmensa mayoría de las protestas han tenido lugar de forma pacífica. Pero el gobierno ha centrado su cólera en publicitados ataques a miembros de las fuerzas de seguridad y lo que han llamado “vandalismo extremo” en contra de propiedades del Estado, tales como estaciones de policía, y actos como la quema de buses, los saqueos en ciudades como Cali y la quema de neumáticos. El presidente, el ministro de Defensa y el fiscal general han afirmado que grupos armados y criminales, entre ellos facciones de las llamadas disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas urbanas. Estos grupos, dicen, pagan pequeñas sumas para que se destruya propiedad pública, algo que ha ocurrido en el pasado. Aunque puede que esto sea cierto, involucraría solamente a una minúscula parte de los manifestantes.

Algunos miembros del gobernante partido Centro Democrático, incluido el influyente expresidente Álvaro Uribe, han hecho un llamado para que se tomen medidas aún más duras. El 30 de abril, el ministro de Defensa anunció que los militares serían desplegados a las calles para “acompañar” a la policía. El 4 de mayo, varios senadores del Centro Democrático solicitaron al presidente que declarara el estado de conmoción interior, que permite que las fuerzas de seguridad allanen hogares y adelanten algunas operaciones sin necesidad de una orden judicial. Citan incidentes como el horrendo ataque del 4 de mayo en el sur de Bogotá, en el que los manifestantes intentaron quemar un puesto de policía con personal aún dentro. Ese mismo día, el ministro de defensa Diego Molano declaró que los policías estaban siendo atacados sistemáticamente de forma violenta.

Sin embargo, gran parte de los videos de las protestas que circulan públicamente sugieren que la mayoría de las agresiones van en la otra dirección. Decenas de grabaciones de la noche del 3 de mayo parecen mostrar a la policía disparando indiscriminadamente contra la multitud y a las fuerzas de seguridad atacando a manifestantes indefensos en populosas zonas urbanas. La televisión local de Cali captó prolongados enfrentamientos en los que la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó contra la multitud a plena luz del día. Ningún alto funcionario del gobierno ha condenado el comportamiento de la policía, aunque la Procuraduría ha abierto investigaciones a 30 miembros de la fuerza pública.  Por el contrario, los altos mandos militares y policiales han difundido vídeos en los que felicitan a sus tropas por un trabajo bien hecho y les instan a continuar su labor. Las fuerzas policiales están bajo el mando del Ministerio de Defensa, no de los alcaldes de las ciudades en las que operan, y las autoridades locales se preguntan si sus peticiones de evitar la represión militar contra los manifestantes están siendo sencillamente ignoradas. El 4 de mayo, el alcalde de Cali convocó a embajadores y representantes de organismos multilaterales con sede en Bogotá y les pidió ayuda para resolver la situación.

Aunque el presidente anunció que sostendría un nuevo “Diálogo Nacional”, no parece que este será el camino para salir de la crisis.

La ruptura entre los manifestantes y el palacio presidencial es cada vez más grande. Aunque Duque retiró la reforma tributaria, los manifestantes prometieron continuar con las marchas y el 4 de mayo los partidos de oposición se rehusaron a participar en nuevas consultas sobre el tema tributario hasta que no haya un cambio en el comportamiento de la policía. Aunque el presidente anunció que sostendría un nuevo “Diálogo Nacional”, reviviendo la iniciativa gubernamental nacida de las protestas de 2019, no parece que este será el camino para salir de la crisis. La agenda que se ha dado a conocer es muy parecida a la primera ronda de conversaciones, que fueron bastante coreografiadas y no sirvieron para poner fin al descontento que existía antes de la pandemia.

Cali ha mostrado unos niveles muy altos de violencia policial. ¿Cuál es la situación allí?

Cali ha sido el centro de gravedad de las protestas durante toda la semana. Grandes masas de manifestantes pacíficos llenaron las calles el 28 de abril, aunque hubo algunos incidentes aislados de saqueos y vandalismo. Funcionarios de defensa de alto rango, incluido el ministro, reaccionaron con alarma. Varios de ellos se desplazaron inmediatamente a la ciudad esa misma noche, y reportes de medidas de mano dura y brutalidad policial empezaron a surgir no mucho después. El 30 de abril, organizaciones de derechos humanos denunciaron una serie de supuestos asesinatos a manos de la policía, los cuales fueron negados por las autoridades. Grupos de la sociedad civil reportaron haber sido víctimas de acoso y amenazas, e incluso que les dispararon directamente.

Los enfrentamientos han seguido escalando. El 3 de mayo la policía fue filmada disparando contra los manifestantes, e incluso contra una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en dos barrios de bajos ingresos, La Luna y Siloé. Líderes de Siloé le dijeron a Crisis Group que la policía usó gas lacrimógeno como distracción antes de comenzar a disparar directamente contra la multitud, matando a tres personas. El 4 de mayo, dijeron a Crisis Group, al menos cuatro personas sufrieron heridas de bala y tres murieron. Tras una semana de protestas, la comunidad ha instalado puestos médicos improvisados y ha dispersado sus manifestaciones entre varios puntos para evitar concentrarse en un solo lugar. “Protestamos porque estamos indignados”, dijo a Crisis Group un líder local comunitario de Siloé en Cali. 

La fuerza del movimiento de protesta en Cali responde en parte a la violencia que han sufrido comunidades cercanas a lo largo de la costa pacífica.

La fuerza del movimiento de protesta en Cali responde en parte a la violencia que han sufrido comunidades cercanas a lo largo de la costa pacífica, sobre todo en este último año.  Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó han sufrido masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas entre militares y grupos armados. Muchos de los desplazados y amenazados escapan a Cali, cuyos barrios empobrecidos se han convertido en un lugar de último refugio. Las comunidades indígenas del Cauca viajaron para unirse a los manifestantes en Cali. Las marchas también han absorbido el impulso del movimiento de protesta que lleva meses en el cercano puerto de Buenaventura, donde una ofensiva dirigida por el ejército contra los grupos criminales urbanos ha dejado a las comunidades afrocolombianas expuestas a asesinatos por venganza y a desplazamientos forzados.

El sufrimiento de estas comunidades ha generado indignación, sobre todo por la percepción de que el gobierno los ha abandonado. “Estamos cansados. Hemos superado los límites”, le dijo a Crisis Group un líder comunitario. “Ya no podemos sobrevivir. La gente está lista para suicidarse en vez de continuar. Creemos entonces que este es el momento [de protestar] porque es el único momento que hay”.

También ha habido protestas en ciudades más pequeñas, zonas rurales y regiones históricamente afectadas por el conflicto. ¿Difieren estas protestas en sus reivindicaciones?

Uno de los aspectos más notables de las actuales protestas, en comparación con las de 2019, es que se han extendido ampliamente en zonas rurales y pueblos de Colombia. Según el Ministerio de Defensa, el 3 de mayo se llevaron a cabo marchas en 27 de los 32 departamentos del país. Aunque muchas de estas protestas responden a las políticas económicas del gobierno, sus reclamos van mucho más allá. Colombia se acerca al quinto aniversario de los acuerdos de paz, y poco de lo que fue prometido a los bastiones históricos del conflicto se ha materializado aún. De hecho, las partes del acuerdo de paz que eran más importantes para las comunidades rurales, como la reforma agraria y el programa de sustitución de cultivos de coca, han sufrido lamentables retrasos. Incluso en los casos en los que se ha avanzado en la implementación de los programas de desarrollo local, el aumento de la inseguridad ha socavado la paz.

La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad ha caracterizado el campo desde hace mucho tiempo. Desde el acuerdo de 2016, la respuesta estándar del gobierno a los brotes de violencia ha sido el despliegue de más tropas.

La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad ha caracterizado el campo desde hace mucho tiempo. Desde el acuerdo de 2016, la respuesta estándar del gobierno a los brotes de violencia ha sido el despliegue de más tropas. Las fuerzas de seguridad a menudo centran sus esfuerzos en objetivos que tienen métricas claras, como por ejemplo el número de cabecillas capturadas, que parecen avances en el papel cuando Bogotá las examina, pero que dejan detrás violencia revanchista y fragmentación de los grupos criminales. Las comunidades de Putumayo, Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Nariño y otros lugares dicen que protestan para exigir la implementación del acuerdo de paz, y el fin de la erradicación forzada de cultivos de coca , incluyendo el prometido retorno a las fumigaciones aéreas, que los expone a más violencia y destruye sus medios de vida.

¿Está haciendo el gobierno lo que se necesita para terminar la crisis?

El peor agravante de la violencia, los abusos de las fuerzas de seguridad, es quizás el más difícil de resolver.

No aún. Los líderes de las protestas han dicho que están abiertos a algún tipo de diálogo nacional, pero no necesariamente en el formato ha propuesto Bogotá. Pero la decisión de las autoridades de responder a las protestas como si fueran un problema de orden público, y la acumulación de reclamos y demandas por parte de los manifestantes disminuyen la esperanza de una resolución pacífica en el corto plazo. Es cada vez más evidente que los líderes políticos en el gobierno se concentran solo en el vandalismo, y no hay una reflexión sobre los excesos de las fuerzas de seguridad. En una alocución el 5 de mayo, Duque dijo que le dolían los peajes quemados, pero no mencionó los reportes de la muerte de las dos docenas de personas en una semana. Esta aparente indiferencia ante el estado de ánimo en las calles también se refleja en gran parte de los medios de comunicación convencionales, muchos de ellos leales al gobierno de Duque, que han cubierto las protestas sólo de forma esporádica y a menudo a través de la lente del "mantenimiento del orden público".

El peor agravante de la violencia, los abusos de las fuerzas de seguridad, es quizás el más difícil de resolver. A pesar del acuerdo de paz de 2016 y de los esfuerzos de la justicia transicional para responder a los abusos de los militares, las fuerzas de seguridad de Colombia nunca han reconocido su mala conducta, en el pasado o ahora. Aunque durante las negociaciones con las FARC hubo una incipiente discusión sobre posibles reformas institucionales a los cuerpos de seguridad, asesores que participaron en el proceso cuentan que éstas fueron abandonadas. Algunos oficiales militares admiten en conversaciones privadas que hay una necesidad urgente de reflexión interna.

Los manifestantes lo ponen en términos aún más duros. "Nuestro mensaje es que ese desangre que estamos viviendo viene por el mismo Estado", dijo a Crisis Group un líder comunitario de Cali. Sin un compromiso claro de que el Estado va a limitar la brutalidad policial y a reducir la inequidad en la manera como protege la salud y el bienestar material de los ciudadanos, o el reconocimiento por parte del establecimiento político de que está siendo fuertemente cuestionado, Colombia seguramente continuará viendo tensiones en la calle por algún tiempo.