Los esfuerzos del presidente Evo Morales por consolidar reformas radicales con base en una nueva y controvertida Constitución han llevado a Bolivia a un
callejón sin salida. El 8 de diciembre de 2007, sus partidarios en la Asamblea Constituyente (AC) aprobaron provisionalmente el texto haciendo caso omiso de los procedimientos y prácticamente excluyendo a los delegados de la oposición. Los débiles intentos que se han hecho para zanjar la brecha cada vez más profunda han fracasado, acentuando el potencial para una confrontación violenta que las dos partes parecen todavía querer evitar. Sin embargo, en un abierto desafío a Morales, en mayo de 2008 Santa Cruz aprobó masivamente el estatuto autonómico del departamento por referendo. Otros dos departamentos de las tierras bajas del oriente lo imitaron, y se espera que un cuarto lo haga el 22 de junio. Morales está presionando la adopción definitiva de la Constitución por referendo y un voto de confianza popular. La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y varios países europeos, y el Grupo de Amigos (Argentina, Brasil y Colombia) deben brindar sus buenos oficios para ayudarles al gobierno y la oposición a llegar a un acuerdo urgente sobre la Constitución revisada que pueda mantener unido al país.

Bolivia necesita estabilidad democrática tanto como progreso económico, pero los dos lados tienen en la actualidad estrategias de suma cero, y el Tribunal Constitucional es inoperante, incapaz de actuar como árbitro imparcial. Es esencial dejar de lado los “referendos de tipo duelo” que buscan someter a la contraparte. Se requiere de un consenso básico en lo que respecta a la compatibilidad entre la autonomía departamental y los diversos niveles de autonomía, regional e indígena, que establece la nueva Constitución y que las tierras bajas del oriente perciben como perjudiciales para sus economías y sus competencias administrativas; al uso y la distribución de los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) entre los nueve departamentos y entre estos y el gobierno central; y al estatus de la ciudad de Sucre como capital constitucional pero sin ser la sede del gobierno.

El gobierno debe dejar provisionalmente de quitar dinero del IDH a los departamentos para financiar su nuevo programa de pensiones (Renta Dignidad) y las discusiones en torno al estatus de Sucre se deben posponer hasta una etapa posterior. La cuestión autonómica es la máxima prioridad y se debe afrontar de inmediato, incluyendo lo siguiente:

• aplazar la adopción definitiva de la nueva Constitución y el referendo revocatorio de los funcionarios públicos elegidos;
   
• establecer un foro amplio con el fin de renovar el diálogo político entre el gobierno y el partido del presidente Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), de un lado, y la oposición del otro, pidiendo a la OEA, la UE y países europeos claves, y al Grupo de Amigos sus buenos oficios y apoyo financiero;
   
• concentrarse, en un lapso de tiempo mutuamente acordado, en zanjar las diferencias y lograr compatibilidad entre las autonomías departamental, regional e indígena;
   
• buscar un acuerdo sobre el marco legal, técnico y político apropiado para enmendar el proyecto de Constitución; y
   
• afrontar el uso y la distribución de los ingresos del IDH y el estatus de Sucre como capital una vez que se hayan logrado los acuerdos anteriores y se haya enmendado subsiguientemente la Constitución.

Bogotá/Bruselas, 19 de junio de 2008