La nueva Constitución de Bolivia: Evitar una confrontación violenta
La nueva Constitución de Bolivia: Evitar una confrontación violenta
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  1. Executive Summary
Bolivia’s Landslide Lays to Rest the Fears of Fraud
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La nueva Constitución de Bolivia: Evitar una confrontación violenta

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Resumen Ejecutivo

Bolivia corre el riesgo de que se reanuden la confrontación y la violencia en la medida en que el gobierno del presidente Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) buscan incluir vastas reformas estatales en una nueva Constitución. Sus propuestas han sido duramente criticadas en la Asamblea Constituyente (AC) por líderes de la oposición que representan a las tierras bajas del oriente y a las clases medias urbanas, y la disputa está ahondando la brecha en un país ya de por sí polarizado. La vigencia de la AC se extendió hasta el 14 de diciembre de 2007, pero el tiempo corre en contra de los asambleístas. En los próximos cuatro meses, los líderes políticos de Bolivia tienen que entablar un diálogo de amplio alcance con el fin de lograr un consenso nacional sobre temas fundamentales.

Los temas en juego incluyen la naturaleza misma del Estado, ya sea unitario o descentralizado con fuertes elementos federales; cambios importantes en el equilibrio entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder estatal; y un nuevo orden territorial, con demandas emotivas y enfrentadas de autonomía regional, indígena y local, y donde cada lado equipara el triunfo o la derrota con la supervivencia política y económica. El MAS y sus partidos y movimientos sociales aliados presionan por el establecimiento de un “Estado unitario plurinacional comunitario” que, en su opinión, compensaría los siglos de exclusión de los pueblos indígenas. La propuesta trascendería las fronteras regionales y económicas tradicionales y ha encontrado una firme oposición por parte de los sectores sociales y políticos afectados, que aseguran que las divisiones políticas étnicas serían el preludio de la balcanización de Bolivia.

La AC tuvo un año para solucionar estos y otros temas en una nueva Constitución, pero el grueso del tiempo se desperdició en discusiones sobre los procedimientos de votación y acerca de cómo manejar las propuestas de la oposición. La más férrea oposición contra Morales, que ha incluido brotes esporádicos de violencia, proviene de los prefectos y los comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. También se han presentado conflictos entre las poblaciones urbanas y rurales.

El 3 de agosto de 2007, el MAS y los partidos de oposición llegaron a un acuerdo de último momento en el Congreso para autorizar la ampliación de la AC por cuatro meses, hasta el 14 de diciembre. Ese acuerdo también abordó otros temas, entre ellos el respeto por las propuestas de las minorías; la implementación de la autonomía departamental en la región oriental de conformidad con el referéndum de julio de 2006; y la creación de una “comisión política” de alto nivel ajena a la AC para que ayude a lograr un consenso, una tarea difícil a la luz de las posturas intransigentes que durante doce meses tuvieron los asambleístas tanto del gobierno como de la oposición.

El manejo que Morales le ha dado a su gobierno también ha suscitado críticas de la oposición, que afirma que la incertidumbre política está frenando la muy requerida inversión extranjera y privada. Aunque los ingresos públicos hayan aumentado gracias a los altos precios de los productos primarios, los elementos pro gubernamentales están luchando entre sí por el control del dinero derivado del petróleo, el gas y la minería. La política de tenencia de la tierra causa descontento no sólo entre los grandes terratenientes y la agroindustria, sino también entre los campesinos sin tierra, un sector importante de los electores de Morales, quienes protestan por los títulos colectivos de tierra que benefician exclusivamente a los pueblos indígenas.

Si el presidente Morales no lidera el nuevo diálogo de manera tal que apacigüe las tensiones y logre el consenso, corre el riesgo de que estalle nuevamente la violencia y, en última instancia, de que fracase su proyecto de cambio cuasi revolucionario.

Bogotá/Bruselas, 31 de agosto de 2007

Executive Summary

Bolivia is moving dangerously toward renewed confrontation and violence as the government of President Evo Morales and his Movement toward Socialism (MAS) party seek to embed sweeping state reforms in a new constitution. Their proposals are being sharply criticised in the Constituent Assembly (CA) by opposition leaders representing the eastern lowlands and the urban middle classes, and the dispute is widening the breach in an already polarised country. The CA’s life has been extended to 14 December 2007 but time is not on delegates’ side. In the next four months, Bolivia’s political leaders need to engage in a wide-ranging dialogue to reach national consensus on fundamental issues.

The issues at stake include the very nature of the state, whether unitary or decentralised with strong federal elements; significant shifts in the balance among the executive, legislative and judicial branches of government; and a new territorial order, with emotionally driven, competing demands for regional, indigenous and local autonomies and each side equating victory or defeat with political and economic survival. The MAS and its allied parties and social movements are pushing for a “plurinational, communitarian, unitary state” (Estado unitario plurinacional comunitario) that, in their view, would compensate for centuries of exclusion of the indigenous peoples. The proposal would cut across traditional regional borders and economic redlines and is meeting tough resistance from affected social and political sectors, who assert ethnic political divisions would be the prelude to Bolivia’s Balkanisation.

The CA had a one-year term to resolve these and other issues in a new constitution but the bulk of the time was squandered in zero-sum battles over voting procedures and how to deal with opposition proposals. The fiercest opposition to Morales, including sporadic violence, has come from prefects and civic committees in Santa Cruz, Tarija, Beni and Pando departments. Conflicts have also emerged between urban and rural populations.

On 3 August 2007, MAS and the opposition parties brokered an eleventh-hour agreement in Congress that authorized a four-month extension of the CA, until 14 December. That agreement also addressed a series of issues, including respect for minority proposals; implementation of departmental autonomy in the eastern region in accordance with the July 2006 referendum; and creation of a high-level “political commission” outside the CA to help build consensus – a difficult task considering the intransigent stances of government and opposition delegates for twelve months.

Morales’s management of the government also has fuelled opposition charges that political uncertainty is holding back much needed foreign and private investment. Though public revenue has increased thanks to high commodity prices, pro-government elements are fighting each other for control of the oil, gas and mining money. Land tenure policy causes discontent not only among large estate owners and agribusinesses, but also among landless peasants, a core part of Morales’s constituency, who are angered over collective land titles that benefit indigenous peoples exclusively.

If President Morales does not lead the new dialogue in a manner that defuses tensions and achieves consensus, he risks new violence and, ultimately, the failure of his project of near-revolutionary change.

Bogotá/Brussels, 31 August 2007

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