Bolivia corre el riesgo de que se reanuden la confrontación y la violencia en la medida en que el gobierno del presidente Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) buscan incluir vastas reformas estatales en una nueva Constitución. Sus propuestas han sido duramente criticadas en la Asamblea Constituyente (AC) por líderes de la oposición que representan a las tierras bajas del oriente y a las clases medias urbanas, y la disputa está ahondando la brecha en un país ya de por sí polarizado. La vigencia de la AC se extendió hasta el 14 de diciembre de 2007, pero el tiempo corre en contra de los asambleístas. En los próximos cuatro meses, los líderes políticos de Bolivia tienen que entablar un diálogo de amplio alcance con el fin de lograr un consenso nacional sobre temas fundamentales.

Los temas en juego incluyen la naturaleza misma del Estado, ya sea unitario o descentralizado con fuertes elementos federales; cambios importantes en el equilibrio entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder estatal; y un nuevo orden territorial, con demandas emotivas y enfrentadas de autonomía regional, indígena y local, y donde cada lado equipara el triunfo o la derrota con la supervivencia política y económica. El MAS y sus partidos y movimientos sociales aliados presionan por el establecimiento de un “Estado unitario plurinacional comunitario” que, en su opinión, compensaría los siglos de exclusión de los pueblos indígenas. La propuesta trascendería las fronteras regionales y económicas tradicionales y ha encontrado una firme oposición por parte de los sectores sociales y políticos afectados, que aseguran que las divisiones políticas étnicas serían el preludio de la balcanización de Bolivia.

La AC tuvo un año para solucionar estos y otros temas en una nueva Constitución, pero el grueso del tiempo se desperdició en discusiones sobre los procedimientos de votación y acerca de cómo manejar las propuestas de la oposición. La más férrea oposición contra Morales, que ha incluido brotes esporádicos de violencia, proviene de los prefectos y los comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. También se han presentado conflictos entre las poblaciones urbanas y rurales.

El 3 de agosto de 2007, el MAS y los partidos de oposición llegaron a un acuerdo de último momento en el Congreso para autorizar la ampliación de la AC por cuatro meses, hasta el 14 de diciembre. Ese acuerdo también abordó otros temas, entre ellos el respeto por las propuestas de las minorías; la implementación de la autonomía departamental en la región oriental de conformidad con el referéndum de julio de 2006; y la creación de una “comisión política” de alto nivel ajena a la AC para que ayude a lograr un consenso, una tarea difícil a la luz de las posturas intransigentes que durante doce meses tuvieron los asambleístas tanto del gobierno como de la oposición.

El manejo que Morales le ha dado a su gobierno también ha suscitado críticas de la oposición, que afirma que la incertidumbre política está frenando la muy requerida inversión extranjera y privada. Aunque los ingresos públicos hayan aumentado gracias a los altos precios de los productos primarios, los elementos pro gubernamentales están luchando entre sí por el control del dinero derivado del petróleo, el gas y la minería. La política de tenencia de la tierra causa descontento no sólo entre los grandes terratenientes y la agroindustria, sino también entre los campesinos sin tierra, un sector importante de los electores de Morales, quienes protestan por los títulos colectivos de tierra que benefician exclusivamente a los pueblos indígenas.

Si el presidente Morales no lidera el nuevo diálogo de manera tal que apacigüe las tensiones y logre el consenso, corre el riesgo de que estalle nuevamente la violencia y, en última instancia, de que fracase su proyecto de cambio cuasi revolucionario.

Bogotá/Bruselas, 31 de agosto de 2007