Reformas en Bolivia: riesgo de nuevos conflictos
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Bolivia’s Landslide Lays to Rest the Fears of Fraud
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Reformas en Bolivia: riesgo de nuevos conflictos

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Panorama general

El 22 de enero, el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, completará un año en el cargo en medio de crecientes tensiones ciudadanas. El gobierno que preside y sus opositores están trenzados en un enfrentamiento sobre las reformas institucionales que alterarían la Constitución, pondrían fin a un desigual sistema de tenencia de tierras y devolverían el poder económico al Estado. Los extremistas están pasando a primera plana en ambos bandos en medio de una crisis diferente a las anteriores debido a que los intereses en juego implican la propuesta de un modelo nacional muy distinto, al cual las élites tradicionales consideran una clara amenaza a su supervivencia. A menos que desaparezca la retórica amenazante y se inicien el diálogo, la mediación y los acuerdos de forma inmediata, podría haber violencia generalizada en el 2007.

Después de una luna de miel sorprendentemente tranquila, durante la cual se llevó a cabo la nacionalización del sector de los hidrocarburos por la vía de decreto presidencial del 1 de mayo de 2006, las tensiones han venido aumentando de forma creciente. Morales se encuentra bajo presión por parte de militantes de su propio partido Movimiento al Socialismo (MAS), movimientos sociales y sindicatos, para que cumpla la totalidad de sus promesas electorales sociales y económicas. Tres temas han llegado a un punto crítico ─ la reforma agraria, la Asamblea Constituyente (AC) y las autonomías regionales ─ además de la nacionalización de las minas, el cultivo de la coca y algunos aspectos no resueltos de la refinación y distribución de gas y petróleo que se vislumbran en el trasfondo. Todas las disputas actuales están estrechamente ligadas a la rivalidad existente entre el gobierno central y las económicamente dinámicas tierras bajas del oriente donde predominan las industrias del petróleo, el gas, la agropecuaria y los grandes latifundios.

La oposición política y las élites económicas consideran que cada una de las reformas propuestas constituye una amenaza a su forma de vida y se valen de todos los medios posibles para derrotarla más que para tratar de moderarla. El gobierno de Morales y el MAS han seguido adelante sin buscar acuerdos. El grado de polarización se acerca cada vez más al que llevó a una prematura destitución de los tres antecesores inmediatos de Morales en los últimos cinco años y constituye una amenaza latente para la unidad nacional. Existe una distancia enorme entre las percepciones de unos y otros. El gobierno arguye que la oposición menosprecia los resultados electorales y que la voluntad de la mayoría debe respetarse. La oposición y los comités cívicos orientales sostienen que Morales y el MAS buscan imponer un modelo revanchista y radicalmente étnico que no es representativo del país en su conjunto.

El gobierno utilizó su fuerte mayoría en la cámara baja del Congreso para aprobar una ley de reforma agraria el 28 de noviembre de 2006, que reglamenta la adquisición y redistribución de tierras improductivas. Argumentando que la ley pondría en grave riesgo a las industrias agropecuarias orientadas a la exportación que, junto con las exportaciones de gas natural, constituyen el motor económico de la región oriental, la oposición intentó aprovechar su mayor fortaleza en el Senado para bloquear la ley allí, por lo menos evitando un quórum. Morales convocó una protesta masiva para presionar a ese cuerpo colegiado y luego derrotó la táctica del quórum con la ayuda, presuntamente obtenida en forma indebida, de unos cuantos senadores rebeldes de la oposición. El resultado renovó el temor de los grandes terratenientes de que el objetivo fundamental del gobierno sea apoderarse de todas sus tierras en beneficio de centenares de miles de campesinos de las tierras altas del occidente, a lo que respondieron organizando huelgas en todo el oriente, cerrando carreteras y aumentando sus fuerzas de seguridad privadas.

El 17 de noviembre, después de un enfrentamiento de tres meses, la disputa sobre los procedimientos de votación de la AC finalizó con la adopción de forma arrolladora por parte del MAS de la mayoría absoluta para la mayor parte de los temas (aunque la aprobación de la totalidad del texto final del borrador de la constitución requerirá una mayoría de las dos terceras partes de la AC y la aceptación por referéndum popular). Con el argumento de que la ley requiere que todos los votos de la AC tengan como base una mayoría de dos tercios, algunos delegados del partido Unidad Nacional (UN) iniciaron una huelga de hambre a la cual se han sumado más de 2.000 personas en todo el país.

Aquí hay dos puntos de vista opuestos. Morales y los movimientos indígenas insisten en que la AC tiene poderes plenipotenciarios para cambiar de forma profunda el marco constitucional y “refundar” Bolivia. La oposición cree que la esencia del documento actual se debe conservar. La actitud intransigente del MAS sobre los procedimientos hace peligrar la posibilidad de que las reformas sean adoptadas por todo el país. La clase media urbana de Sucre, sede de la AC, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, ha realizado protestas pacíficas masivas durante más de un mes.

El tercer tema tiene que ver con la autonomía de las regiones de Bolivia (también llamadas departamentos), las cuales eligieron sus prefectos por primera vez en diciembre de 2005. El referéndum del 2 de julio de 2006 sobre autonomía regional fracasó en todo el país pero fue aprobado en cuatro de las nueve regiones (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), todas ubicadas en el oriente. El gobierno realizó una campaña en favor de votar “no” y se ha mostrado bastante displicente sobre el tema. Ahora las regiones del oriente temen que se valga de la AC para reemplazarlas por un sistema de descentralización que subdividiría al país en unas 40 regiones.

Lo más preocupante ha sido la violencia de fin de año en La Paz y Santa Cruz durante el cual han sido atacados periodistas, estaciones de televisión, edificios públicos, asociaciones cívicas y algunas ONG que trabajan en favor de los campesinos y grupos indígenas sin tierra. El 8 de diciembre los comités cívicos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz lanzaron un ultimátum advirtiendo que si el gobierno no atendía sus demandas, una semana más tarde declararían la autonomía de facto de sus provincias en encuentros masivos (cabildos). Los partidarios más acérrimos de Morales anunciaron que marcharían en Santa Cruz si la unidad nacional se veía en peligro. El llamado del Presidente Morales a las fuerzas armadas el 11 de diciembre a defender esa unidad se interpretó en el oriente como una amenaza de represión armada.

Posteriormente el gobierno dio marcha atrás al expresar su disposición a entrar en conversaciones con la oposición sobre la votación en la AC y la autonomía regional, y la oposición también puso de manifiesto algunas expresiones conciliadoras. La situación, sin embargo, sigue siendo frágil y todos los involucrados necesitan emprender la búsqueda de acuerdos. En concreto:

  • Ambos bandos deben expresar públicamente su condena a la violencia. El gobierno debe cesar en sus ataques a las élites de Santa Cruz con el objeto de conseguir el apoyo de los indígenas; y los comités cívicos de la región oriental deben terminar con sus amenazas separatistas.
     
  • Se debe buscar un mediador, de ser posible internacional, para que ayude a resolver el enfrentamiento en la AC mediante una fórmula que disponga el voto de mayoría absoluta para los temas de rutina y la mayoría de los dos tercios de la totalidad de los votos para los temas importantes comenzando por la autonomía regional; el mediador deberá estar disponible para facilitar conversaciones cuando sea necesario.
     
  • Se requieren negociaciones que propicien un acercamiento en los temas de reforma agraria. El instituto gubernamental encargado de la reforma agraria (INRA) necesita una mayor capacidad institucional, así como más personal especializado en solución de conflictos para prevenir y dirimir disputas sobre qué es una tierra improductiva. La comunidad internacional debe facilitar al gobierno de Morales el concurso de personas con ese tipo de experiencia.

Si no se dan esos pasos, otra probable fase de violentos conflictos sociopolíticos podría presagiar la desintegración de Bolivia.

Bogotá/Bruselas, 8 de enero de 2007

Bolivia’s first indigenous president, Evo Morales, will complete a year in office on 22 January amid rising civil unrest. His government and its opponents are locked in confrontation over institutional reforms that would rewrite the constitution, end an inequitable land tenure system and return economic power to the state. Extremists are coming to the fore in both camps in a crisis that differs from previous ones because the stakes involve a proposal for a very different national model that the traditional elites see as a fundamental threat to their survival. Unless menacing rhetoric ends and dialogue, mediation and compromise begin immediately, widespread violence may result in 2007.

Following a surprisingly calm honeymoon, which saw nationalisation of the hydrocarbon sector by presidential decree on 1 May 2006, tensions have continuously increased. Morales is under pressure from militants of his Movement Toward Socialism (MAS), social movements, and labour unions to make good on the full range of his campaign’s social and economic promises. Three issues have come to a head – land reform, the constituent assembly (CA), and regional autonomy – with nationalisation of the mines, coca cultivation and unsettled aspects of oil and gas refining and distribution looming in the background. The current disputes are all closely linked to the rivalry between the central government and the economically dynamic eastern lowlands where oil and gas, agro-business and large landholdings are dominant.

The political opposition and economic elites equate each proposed reform with a threat to their way of life and seek to use every means available to defeat rather than moderate it. The Morales administration and the MAS have pushed ahead without searching for compromises. The degree of polarisation is nearing that which led to the premature ouster of Morales’s three immediate predecessors in five years, and it potentially threatens national unity. Perceptions are worlds apart. The government argues that the opposition shows disdain for electoral results, and the majority’s will must be respected. The opposition and the eastern civic groups charge that Morales and the MAS seek to impose a vindictive, radically ethnic model that is unrepresentative of the country as a whole.

The government used its strong majority in the lower house of Congress to pass a land reform bill on 28 November 2006 providing for acquisition and redistribution of unproductive land. The opposition, arguing that the bill would seriously jeopardise the export-oriented agro-businesses that, along with natural gas exports, are the eastern region’s economic engine, tried to use its greater strength in the Senate to block the bill there, at least by denying a quorum. Morales called for a mass protest to pressure that body, then defeated the quorum tactic with the help – allegedly obtained improperly – of a few rebel opposition senators. The result renewed large landholders’ fear that the government’s ultimate goal is to seize all their holdings for the benefit of hundreds of thousands of western highland peasants. They responded by organising strikes throughout the east, closing roads and expanding their private security forces.

The dispute over voting procedures in the CA ended after a three-month standoff on 17 November with the MAS steamrolling adoption of a majority rule for most issues (though the final, full text of the draft constitution will require a two-thirds majority in the CA and acceptance by popular referendum). Arguing that the law requires all votes at the CA be based on a two-thirds majority, delegates of the Unidad Nacional (UN) party went on a hunger strike that has been joined by more than 2,000 across the country.

Two distinct visions are at odds here. Morales and the indigenous movements insist that the CA has plenipotentiary powers to fundamentally overhaul the constitutional framework and “refound” Bolivia. The opposition believes the core of the current document must be retained. The uncompromising MAS attitude on procedures imperils the prospect that reforms will be accepted by the entire country. The urban middle classes in Sucre, where the CA meets, Cochabamba, La Paz and Santa Cruz have been holding peaceful mass protests for more than a month.

The third issue involves the autonomy of Bolivia’s regions (also called departments), which elected their prefects for the first time in December 2005. The 2 July 2006 referendum on regional autonomy failed nation-wide but was approved in four of the nine regions (Beni, Pando, Santa Cruz, and Tarija), all in the east. The government campaigned for a “no” vote and has been rather dismissive of the issue. The eastern regions now fear it will use the CA to replace them with a decentralisation scheme that would subdivide the country into some 40 regions.

Most worrying has been end-of-year violence in La Paz and Santa Cruz during which journalists, television stations, government buildings, civic associations and NGOs working for landless peasants and indigenous groups have been attacked. On 8 December, the civic groups of Beni, Pando, Tarija and Santa Cruz issued an ultimatum that they would declare the de facto autonomy of their provinces a week later at massive town meetings (cabildos) if the government did not react to their demands. Hard-core Morales supporters announced they would march on Santa Cruz if national unity was endangered. President Morales’s call to the armed forces on 11 December to defend that unity was interpreted in the east as threatening armed repression.

The government subsequently stepped back, expressing willingness to talk with the opposition about CA voting and regional autonomy, and the opposition also made conciliatory sounds. But the situation remains fragile, and all concerned need to start the search for compromises. Specifically:

  • Both sides should publicly condemn violence. The government should cease using attacks on Santa Cruz elites to rally its indigenous support; the eastern region civic groups should cease separatist threats.
     
  • A mediator, international if possible, should be sought to help unblock the standoff at the CA through a formula providing for majority votes on routine issues and two-thirds votes on important ones, starting with regional autonomy, and to be available for facilitating talks whenever needed.
     
  • Bridge-building is required for land reform issues. The government institute in charge of land reform (INRA) needs more institutional capacity and trained personnel in conflict resolution to prevent and manage disputes about what is non-productive land. The international community should provide the Morales government with that expertise.

Without such steps, a likely next round of violent socio-political conflict could be a harbinger of Bolivia’s disintegration.

Bogotá/Brussels, 8 January 2007

Supporters of the Movement to Socialism party (MAS) attend a rally a day after nationwide election in El Alto, Bolivia, 19 October 2020. REUTERS/Ueslei Marcelino

El contundente resultado de las elecciones bolivianas pone fin a los temores de fraude

En un giro sorprendente, los votantes bolivianos le devolvieron el poder al partido del expresidente Evo Morales un año después de su salida. El nuevo gobierno debería aprovechar este significativo mandato para sanar las heridas en casa y construir puentes ideológicos en la región.

Un año después de que una disputada elección sumiera a Bolivia en una profunda incertidumbre política y social, la contundente victoria de Luis Arce ha devuelto al poder al derrocado Movimiento al Socialismo (MAS) y le ha asegurado el regreso a un gobierno impulsado por un incuestionable respaldo mayoritario. Las autoridades electorales, decididas a no dejar repetir las sospechas de juego sucio de las elecciones de 2019, procedieron el 18 de octubre a paso lento en el conteo oficial de votos. Pero la escala de la victoria de Arce se hizo evidente pocas horas después del cierre de los puestos de votación, a través de conteos rápidos y actualizaciones informales del conteo de votos. Mensajes de felicitación de un espectro político intensamente dividido, incluidos los de la presidenta interina Jeanine Áñez y Carlos Mesa, el candidato de centro que compitió contra Arce, parecieron confirmar una transición pacífica del poder a un nuevo gobierno, poniendo fin a un período traumático marcado por violencia, una política tóxica y la llegada del COVID-19. 

El crédito por la transparencia de las elecciones se lo merecen sus organizadores. Pero el resultado fue un rechazo al año del gobierno interino de Áñez, acusado por sus opositores de haber permitido, en venganza, una toma del Estado por parte de políticos de piel blanca y de extrema derecha, y de perseguir a sus críticos y despreciar los intereses de los pueblos indígenas. También fue una señal de que el MAS tiene una base de apoyo firme e independiente de Evo Morales, su líder y presidente de Bolivia entre el 2006 y 2019. El triunfo preliminar de Arce con el 54 por ciento de los votos, así como la extraordinaria participación del 87 por ciento en las elecciones del 18 de octubre, le dan derecho al nuevo gobierno a reclamar una legitimidad democrática indiscutible, incluso si los quiebres políticos fundamentales del país y los detonantes del conflicto permanecen presentes. El presidente electo hereda un país con divisiones regionales, étnicas y de clase; una economía que se tambalea hacia una contracción que se espera sea del 6,2 por ciento en 2020; y un movimiento político de masas que, después de gobernar Bolivia durante catorce años antes del interludio de Áñez, enfrenta tensiones internas y rivalidades entre facciones.

Unas elecciones pacíficas en contra todo pronóstico

Las elecciones del 20 de octubre de 2019 fueron declaradas nulas después de que la ONU, la Unión Europea y la Iglesia Católica intervinieran para buscar una salida a la violencia postelectoral que dejó más de 30 muertos. Las repercusiones de esa debacle, y las implacables tensiones políticas desde entonces, tuvieron un fuerte impacto en esta nueva jornada electoral. Los bolivianos están profundamente divididos y defienden interpretaciones radicalmente diferentes de lo sucedido en el 2019: o hubo un golpe contra Morales promovido por fuerzas de oposición que magnificaron simples anomalías electorales con el apoyo de una Organización de los Estados Americanos intervencionista; o hubo un intento por parte del MAS de perpetrar un fraude masivo para asegurar que Morales se mantuviera en el poder. Esa polarización solo creció cuando el gobierno interino de Áñez lideró lo que se ha descrito como una “ola de persecución política” contra miembros del MAS y líderes de movimientos populares afiliados históricamente al partido de izquierda. Mientras tanto, el gobierno interino se mantuvo al margen a medida que ataques racistas poco disimulados de sus aliados se volvían comunes.

La campaña de Arce también logró captar un gran número de votantes indecisos, que llegó a sumar alrededor del 20 por ciento del electorado.

En las semanas previas a las elecciones de 2020, políticos de todo el espectro ideológico, incluido el ministro del interior del gobierno interino, manifestaron su preocupación por un posible fraude y amenazaron con movilizar a sus partidarios si percibían algún indicio de juego sucio. Salvador Romero, designado por Áñez como presidente del Tribunal Supremo Electoral en noviembre de 2019, intentó asegurar a todas las partes que, con el apoyo de socios internacionales, incluida una misión electoral de la UE, se habían resuelto muchos de los problemas que plagaron las elecciones anteriores. Romero estaba tan preocupado por la percepción de falta de transparencia que, en la noche del 17 de octubre, pocas horas antes de que comenzaran las votaciones, anunció la decisión de eliminar el sistema de conteo rápido y confiar exclusivamente en el lento conteo oficial. Sin embargo, resultó poco realista suponer que los bolivianos esperarían pacientemente durante días hasta que finalizara el conteo final. A última hora del 18 de octubre, cuando el tono de indignación aumentaba en las redes sociales sugiriendo un fraude inminente, se publicaron los resultados del conteo rápido y se declaró vencedor al candidato del MAS. 

Un “nuevo” MAS

Los bolivianos nunca sabrán con certeza cuántas personas realmente votaron por Evo Morales en el 2019, ya que persisten disputas sobre el conteo, y varias urnas y las oficinas electorales fueron quemadas en el caos postelectoral. Pero no parece haber duda de que muchos más salieron a respaldar a Arce. Muchos partidarios de vieja data del MAS le retiraron su apoyo al partido en el 2019 después de que Morales, habiendo perdido un referéndum en el 2016 para abolir los límites a la reelección, llenará el tribunal electoral con partidarios que le permitieron postularse para un cuarto mandato. Sin embargo, muchos de estos votantes descontentos quedaron desconcertados por lo que vieron como una élite minoritaria de ascendencia europea que intentaba deshacer los avances hacia la igualdad política y económica para los indígenas y los pobres conseguidos durante el mandato de Morales, en el que sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. El 18 de octubre, estos votantes aparentemente regresaron al movimiento de izquierda: resultados iniciales muestran que el apoyo de Arce fue entre seis y diez puntos más alto que el de Morales en 2019.

Esta victoria es el resultado de una eficaz campaña capaz de movilizar el “voto oculto”, una oposición débil y fragmentada, y la fuerza y ​​el poder organizativo de los movimientos sociales que históricamente han sido el motor del MAS. Mientras que la oposición se centró en movilizar el sentimiento anti-MAS, Arce enfocó su campaña en la economía, un tema que tuvo eco ya que Bolivia se hunde en una profunda recesión, en parte debido a las restricciones destinadas a limitar la propagación del COVID-19. Arce, quien lideró un crecimiento económico prolongado cuando fue ministro de Economía de Morales, prometió un regreso a tiempos mejores.

La campaña de Arce también logró captar un gran número de votantes indecisos, que llegó a sumar alrededor del 20 por ciento del electorado según encuestas, mientras que la persecución y el hostigamiento a los simpatizantes del MAS podrían haber llevado a miles de bolivianos a “ocultar” sus intenciones de voto. Estos factores ayudan a explicar por qué ninguna encuesta de opinión preelectoral logró predecir el margen de victoria de veinte puntos obtenido por Arce. Mesa, un moderado experiodista y expresidente, no pudo convencer suficientes votantes, mientras que Luis Fernando Camacho, quien contaba con el respaldo de la derecha radical (y se negó a retirarse para unificar el voto anti-MAS), dividió las fuerzas que buscaban mantener a Arce fuera del poder. Mientras tanto, las organizaciones indígenas, campesinas y laborales se reorganizaron rápidamente después del fiasco electoral del 2019 y en varias ocasiones hicieron gala de su poder en las calles.

Se avecinan tiempos difíciles 

Si bien el MAS recibirá el poder a principios de noviembre con un claro mandato popular, lo hará en un momento de profundas dificultades nacionales. La crisis económica y de salud provocada por la pandemia ya ha deshecho algunos de los logros contra la pobreza conseguidos durante la administración de Morales. El país sigue polarizado en cuestiones tales como el papel del Estado y la religión en la vida pública, políticas económicas y la autonomía de las regiones con mayorías no indígenas; esta última llevó al país al borde del conflicto en el 2008. Investigaciones judiciales sobre las represiones dirigidas por el gobierno interino a raíz de las elecciones del año pasado, incluidas dos masacres de manifestantes, podrían antagonizar aún más a los líderes de la oposición.

Mesa ha anunciado que liderará la oposición, y Arce puede esperar a unos rivales mejor preparados y más efectivos que las minorías que enfrentó Morales en el parlamento. Los resultados electorales para las curules de la Cámara y el Senado, también decididos el 18 de octubre, aún no son definitivos, pero el conteo rápido sugiere que, si bien el MAS conseguirá la mayoría, no mantendrá los dos tercios necesarios para sobrepasar las barreras parlamentarias o nombrar jueces a su gusto. En cambio, tendrá que negociar con la oposición. Mesa se mostró dispuesto a trabajar con el MAS “si el nuevo gobierno reconoce la voz de la oposición”; Camacho, en cambio, aún no ha concedido su derrota y criticó a las autoridades electorales. Reforzar el papel de las fuerzas de oposición será esencial para prevenir el tipo de ira pública que invadió al país después de las elecciones del 2019.

Arce parece ser consciente de la necesidad de tener un enfoque más conciliador y utilizó una retórica mediadora en su primera conferencia de prensa postelectoral, diciendo que el MAS había aprendido de sus errores. Nacido en una familia de clase media en La Paz, Arce tiene formación como economista, con una maestría de la Universidad de Warwick. Como ministro de Economía, implementó la nacionalización de las industrias de hidrocarburos, telecomunicaciones y minería en Bolivia, pero también observó una ortodoxia macroeconómica bastante estricta, con el beneplácito del sector privado.

Queda por ver qué papel desempeñará Morales en la administración de Arce.

Su partido, mientras tanto, sigue en la búsqueda de una nueva vida y propósito sin Morales, que se encuentra exiliado en Argentina. Las diferencias internas se hicieron claras en la elección del candidato del MAS: Morales personalmente seleccionó a Arce como candidato sobre David Choquehuanca, quien fue la primera opción de la base y terminó como compañero de fórmula de Arce. Pero si Morales fue lo suficientemente poderoso como para imponer a su candidato a principios del 2020, queda por ver qué papel desempeñará en la administración Arce. También persisten preguntas sobre su regreso a Bolivia, dado que tiene varios procesos judiciales pendientes en su contra. Horas después de la victoria de Arce algunos líderes del MAS sugirieron que el expresidente no debería regresar al país por ahora. Durante la ausencia de Morales, jóvenes activistas, como Andrónico Rodríguez, han emergido como nuevos posibles líderes.

El gobierno recién elegido en Bolivia confirma la atracción magnética que genera un movimiento progresista de masas en un país que ha sufrido algunas de las estratificaciones sociales más extremas de América Latina. El resultado también resalta la diversidad ideológica y política de una región que ahora cuenta con gobiernos de todos los matices, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. La victoria de Arce confirma esta heterogeneidad política, y debería llevar a las organizaciones regionales a esforzarse por construir coaliciones que abarquen todo el espectro político. Junto con la posible sanación de las heridas internas, el nuevo gobierno boliviano podría incluso sumarse a un grupo de gobiernos de izquierda elegidos democráticamente (de la mano de México y Argentina), que están dispuestos y en capacidad de negociar con todas las partes en conflicto para desactivar la crisis política y humanitaria más alarmante de la región en Venezuela.

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