Briefing / Latin America & Caribbean 08 Enero 2007 4 minutes Reformas en Bolivia: riesgo de nuevos conflictos Share Facebook Twitter Correo electrónico Linkedin Whatsapp Guardar Imprimir Download PDF Full Report Also available in English Español English Panorama general El 22 de enero, el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, completará un año en el cargo en medio de crecientes tensiones ciudadanas. El gobierno que preside y sus opositores están trenzados en un enfrentamiento sobre las reformas institucionales que alterarían la Constitución, pondrían fin a un desigual sistema de tenencia de tierras y devolverían el poder económico al Estado. Los extremistas están pasando a primera plana en ambos bandos en medio de una crisis diferente a las anteriores debido a que los intereses en juego implican la propuesta de un modelo nacional muy distinto, al cual las élites tradicionales consideran una clara amenaza a su supervivencia. A menos que desaparezca la retórica amenazante y se inicien el diálogo, la mediación y los acuerdos de forma inmediata, podría haber violencia generalizada en el 2007. Después de una luna de miel sorprendentemente tranquila, durante la cual se llevó a cabo la nacionalización del sector de los hidrocarburos por la vía de decreto presidencial del 1 de mayo de 2006, las tensiones han venido aumentando de forma creciente. Morales se encuentra bajo presión por parte de militantes de su propio partido Movimiento al Socialismo (MAS), movimientos sociales y sindicatos, para que cumpla la totalidad de sus promesas electorales sociales y económicas. Tres temas han llegado a un punto crítico ─ la reforma agraria, la Asamblea Constituyente (AC) y las autonomías regionales ─ además de la nacionalización de las minas, el cultivo de la coca y algunos aspectos no resueltos de la refinación y distribución de gas y petróleo que se vislumbran en el trasfondo. Todas las disputas actuales están estrechamente ligadas a la rivalidad existente entre el gobierno central y las económicamente dinámicas tierras bajas del oriente donde predominan las industrias del petróleo, el gas, la agropecuaria y los grandes latifundios. La oposición política y las élites económicas consideran que cada una de las reformas propuestas constituye una amenaza a su forma de vida y se valen de todos los medios posibles para derrotarla más que para tratar de moderarla. El gobierno de Morales y el MAS han seguido adelante sin buscar acuerdos. El grado de polarización se acerca cada vez más al que llevó a una prematura destitución de los tres antecesores inmediatos de Morales en los últimos cinco años y constituye una amenaza latente para la unidad nacional. Existe una distancia enorme entre las percepciones de unos y otros. El gobierno arguye que la oposición menosprecia los resultados electorales y que la voluntad de la mayoría debe respetarse. La oposición y los comités cívicos orientales sostienen que Morales y el MAS buscan imponer un modelo revanchista y radicalmente étnico que no es representativo del país en su conjunto. El gobierno utilizó su fuerte mayoría en la cámara baja del Congreso para aprobar una ley de reforma agraria el 28 de noviembre de 2006, que reglamenta la adquisición y redistribución de tierras improductivas. Argumentando que la ley pondría en grave riesgo a las industrias agropecuarias orientadas a la exportación que, junto con las exportaciones de gas natural, constituyen el motor económico de la región oriental, la oposición intentó aprovechar su mayor fortaleza en el Senado para bloquear la ley allí, por lo menos evitando un quórum. Morales convocó una protesta masiva para presionar a ese cuerpo colegiado y luego derrotó la táctica del quórum con la ayuda, presuntamente obtenida en forma indebida, de unos cuantos senadores rebeldes de la oposición. El resultado renovó el temor de los grandes terratenientes de que el objetivo fundamental del gobierno sea apoderarse de todas sus tierras en beneficio de centenares de miles de campesinos de las tierras altas del occidente, a lo que respondieron organizando huelgas en todo el oriente, cerrando carreteras y aumentando sus fuerzas de seguridad privadas. El 17 de noviembre, después de un enfrentamiento de tres meses, la disputa sobre los procedimientos de votación de la AC finalizó con la adopción de forma arrolladora por parte del MAS de la mayoría absoluta para la mayor parte de los temas (aunque la aprobación de la totalidad del texto final del borrador de la constitución requerirá una mayoría de las dos terceras partes de la AC y la aceptación por referéndum popular). Con el argumento de que la ley requiere que todos los votos de la AC tengan como base una mayoría de dos tercios, algunos delegados del partido Unidad Nacional (UN) iniciaron una huelga de hambre a la cual se han sumado más de 2.000 personas en todo el país. Aquí hay dos puntos de vista opuestos. Morales y los movimientos indígenas insisten en que la AC tiene poderes plenipotenciarios para cambiar de forma profunda el marco constitucional y “refundar” Bolivia. La oposición cree que la esencia del documento actual se debe conservar. La actitud intransigente del MAS sobre los procedimientos hace peligrar la posibilidad de que las reformas sean adoptadas por todo el país. La clase media urbana de Sucre, sede de la AC, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, ha realizado protestas pacíficas masivas durante más de un mes. El tercer tema tiene que ver con la autonomía de las regiones de Bolivia (también llamadas departamentos), las cuales eligieron sus prefectos por primera vez en diciembre de 2005. El referéndum del 2 de julio de 2006 sobre autonomía regional fracasó en todo el país pero fue aprobado en cuatro de las nueve regiones (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), todas ubicadas en el oriente. El gobierno realizó una campaña en favor de votar “no” y se ha mostrado bastante displicente sobre el tema. Ahora las regiones del oriente temen que se valga de la AC para reemplazarlas por un sistema de descentralización que subdividiría al país en unas 40 regiones. Lo más preocupante ha sido la violencia de fin de año en La Paz y Santa Cruz durante el cual han sido atacados periodistas, estaciones de televisión, edificios públicos, asociaciones cívicas y algunas ONG que trabajan en favor de los campesinos y grupos indígenas sin tierra. El 8 de diciembre los comités cívicos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz lanzaron un ultimátum advirtiendo que si el gobierno no atendía sus demandas, una semana más tarde declararían la autonomía de facto de sus provincias en encuentros masivos (cabildos). Los partidarios más acérrimos de Morales anunciaron que marcharían en Santa Cruz si la unidad nacional se veía en peligro. El llamado del Presidente Morales a las fuerzas armadas el 11 de diciembre a defender esa unidad se interpretó en el oriente como una amenaza de represión armada. Posteriormente el gobierno dio marcha atrás al expresar su disposición a entrar en conversaciones con la oposición sobre la votación en la AC y la autonomía regional, y la oposición también puso de manifiesto algunas expresiones conciliadoras. La situación, sin embargo, sigue siendo frágil y todos los involucrados necesitan emprender la búsqueda de acuerdos. En concreto: Ambos bandos deben expresar públicamente su condena a la violencia. El gobierno debe cesar en sus ataques a las élites de Santa Cruz con el objeto de conseguir el apoyo de los indígenas; y los comités cívicos de la región oriental deben terminar con sus amenazas separatistas. Se debe buscar un mediador, de ser posible internacional, para que ayude a resolver el enfrentamiento en la AC mediante una fórmula que disponga el voto de mayoría absoluta para los temas de rutina y la mayoría de los dos tercios de la totalidad de los votos para los temas importantes comenzando por la autonomía regional; el mediador deberá estar disponible para facilitar conversaciones cuando sea necesario. Se requieren negociaciones que propicien un acercamiento en los temas de reforma agraria. El instituto gubernamental encargado de la reforma agraria (INRA) necesita una mayor capacidad institucional, así como más personal especializado en solución de conflictos para prevenir y dirimir disputas sobre qué es una tierra improductiva. La comunidad internacional debe facilitar al gobierno de Morales el concurso de personas con ese tipo de experiencia. Si no se dan esos pasos, otra probable fase de violentos conflictos sociopolíticos podría presagiar la desintegración de Bolivia. Bogotá/Bruselas, 8 de enero de 2007 Download pdf to continue reading the full report I. Overview Bolivia’s first indigenous president, Evo Morales, will complete a year in office on 22 January amid rising civil unrest. His government and its opponents are locked in confrontation over institutional reforms that would rewrite the constitution, end an inequitable land tenure system and return economic power to the state. Extremists are coming to the fore in both camps in a crisis that differs from previous ones because the stakes involve a proposal for a very different national model that the traditional elites see as a fundamental threat to their survival. Unless menacing rhetoric ends and dialogue, mediation and compromise begin immediately, widespread violence may result in 2007. Following a surprisingly calm honeymoon, which saw nationalisation of the hydrocarbon sector by presidential decree on 1 May 2006, tensions have continuously increased. Morales is under pressure from militants of his Movement Toward Socialism (MAS), social movements, and labour unions to make good on the full range of his campaign’s social and economic promises. Three issues have come to a head – land reform, the constituent assembly (CA), and regional autonomy – with nationalisation of the mines, coca cultivation and unsettled aspects of oil and gas refining and distribution looming in the background. The current disputes are all closely linked to the rivalry between the central government and the economically dynamic eastern lowlands where oil and gas, agro-business and large landholdings are dominant. The political opposition and economic elites equate each proposed reform with a threat to their way of life and seek to use every means available to defeat rather than moderate it. The Morales administration and the MAS have pushed ahead without searching for compromises. The degree of polarisation is nearing that which led to the premature ouster of Morales’s three immediate predecessors in five years, and it potentially threatens national unity. Perceptions are worlds apart. The government argues that the opposition shows disdain for electoral results, and the majority’s will must be respected. The opposition and the eastern civic groups charge that Morales and the MAS seek to impose a vindictive, radically ethnic model that is unrepresentative of the country as a whole. The government used its strong majority in the lower house of Congress to pass a land reform bill on 28 November 2006 providing for acquisition and redistribution of unproductive land. The opposition, arguing that the bill would seriously jeopardise the export-oriented agro-businesses that, along with natural gas exports, are the eastern region’s economic engine, tried to use its greater strength in the Senate to block the bill there, at least by denying a quorum. Morales called for a mass protest to pressure that body, then defeated the quorum tactic with the help – allegedly obtained improperly – of a few rebel opposition senators. The result renewed large landholders’ fear that the government’s ultimate goal is to seize all their holdings for the benefit of hundreds of thousands of western highland peasants. They responded by organising strikes throughout the east, closing roads and expanding their private security forces. The dispute over voting procedures in the CA ended after a three-month standoff on 17 November with the MAS steamrolling adoption of a majority rule for most issues (though the final, full text of the draft constitution will require a two-thirds majority in the CA and acceptance by popular referendum). Arguing that the law requires all votes at the CA be based on a two-thirds majority, delegates of the Unidad Nacional (UN) party went on a hunger strike that has been joined by more than 2,000 across the country. Two distinct visions are at odds here. Morales and the indigenous movements insist that the CA has plenipotentiary powers to fundamentally overhaul the constitutional framework and “refound” Bolivia. The opposition believes the core of the current document must be retained. The uncompromising MAS attitude on procedures imperils the prospect that reforms will be accepted by the entire country. The urban middle classes in Sucre, where the CA meets, Cochabamba, La Paz and Santa Cruz have been holding peaceful mass protests for more than a month. The third issue involves the autonomy of Bolivia’s regions (also called departments), which elected their prefects for the first time in December 2005. The 2 July 2006 referendum on regional autonomy failed nation-wide but was approved in four of the nine regions (Beni, Pando, Santa Cruz, and Tarija), all in the east. The government campaigned for a “no” vote and has been rather dismissive of the issue. The eastern regions now fear it will use the CA to replace them with a decentralisation scheme that would subdivide the country into some 40 regions. Most worrying has been end-of-year violence in La Paz and Santa Cruz during which journalists, television stations, government buildings, civic associations and NGOs working for landless peasants and indigenous groups have been attacked. On 8 December, the civic groups of Beni, Pando, Tarija and Santa Cruz issued an ultimatum that they would declare the de facto autonomy of their provinces a week later at massive town meetings (cabildos) if the government did not react to their demands. Hard-core Morales supporters announced they would march on Santa Cruz if national unity was endangered. President Morales’s call to the armed forces on 11 December to defend that unity was interpreted in the east as threatening armed repression. The government subsequently stepped back, expressing willingness to talk with the opposition about CA voting and regional autonomy, and the opposition also made conciliatory sounds. But the situation remains fragile, and all concerned need to start the search for compromises. Specifically: Both sides should publicly condemn violence. The government should cease using attacks on Santa Cruz elites to rally its indigenous support; the eastern region civic groups should cease separatist threats. A mediator, international if possible, should be sought to help unblock the standoff at the CA through a formula providing for majority votes on routine issues and two-thirds votes on important ones, starting with regional autonomy, and to be available for facilitating talks whenever needed. Bridge-building is required for land reform issues. The government institute in charge of land reform (INRA) needs more institutional capacity and trained personnel in conflict resolution to prevent and manage disputes about what is non-productive land. The international community should provide the Morales government with that expertise. Without such steps, a likely next round of violent socio-political conflict could be a harbinger of Bolivia’s disintegration. Bogotá/Brussels, 8 January 2007 Related Tags More for you EU Watch List / Global Watch List 2021 – Spring Update Commentary / Latin America & Caribbean Bolivia: Shifting Loyalties Complicate Route to Reconciliation