El triunfo en primera vuelta de Evo Morales en las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 alteró profundamente la política en Bolivia y la manera en que la nación más pobre de Suramérica se percibe en el exterior. Su partido de izquierda, el Movimiento al Socialismo (MAS), superó a los partidos tradicionales con una victoria apabullante que reflejó las expectativas y los deseos de la mayoría de los bolivianos por un cambio socioeconómico de amplio alcance, reforma institucional e inclusión plena de la población pobre, en su mayor parte rural e indígena. Sin embargo, para que Morales tenga éxito –y es preciso que así sea si se quiere evitar que Bolivia caiga en una situación de inestabilidad seria y de violencia–, la comunidad internacional tendrá que demostrar su comprensión y ofrecer apoyo a medida que aborde los explosivos temas de nacionalización, reforma constitucional, autonomía, droga y políticas de desarrollo.

Morales demostró de inmediato que va a contracorriente de todos los demás presidentes bolivianos de los últimos 25 años. Nombró a representantes de movimientos sociales y a intelectuales de izquierda en puestos clave, nacionalizó el sector de hidrocarburos el 1 de mayo de 2006 y programó la elección de una asamblea constituyente y un referendo autonómico regional para el 2 de julio. En materia de política exterior, cerró filas con los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba y se distanció de los Estados Unidos. Aunque su posesión en enero y sus primeros meses de gobierno han sido sorprendentemente tranquilos, existen fuertes indicios de que el camino hacia las reformas de largo alcance que él y sus electores quieren será difícil.

Los obstáculos incluyen problemas económicos, institucionales y sociales profundamente arraigados; falta de control pleno de la legislatura; la oposición de grupos económicos y políticos poderosos en Santa Cruz, en el oriente, y Tarija, en el sur; y la naturaleza híbrida del MAS: afincado en los movimientos sociales y al mismo tiempo limitado por éstos. La reducción de la pobreza extrema de Bolivia y la creación de un Estado más eficiente, incluyente y justo dependen también de las relaciones que el nuevo gobierno sea capaz de establecer con inversores extranjeros, vecinos suramericanos, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos.

En términos generales, la comunidad internacional reaccionó positivamente frente a la elección de Morales, que lo percibió correctamente como la expresión de un cambio político desde hace mucho tiempo requerido, un paso importante hacia una estabilidad institucional al menos en el corto plazo, y la oportunidad de avanzar en la lucha contra la exclusión social y la pobreza generalizadas. Ni siquiera el espinoso tema de la legalización de los cultivos de coca, un tema importante de la campaña de Morales que preocupa a Washington, Bruselas y otras capitales europeas, afectó seriamente la luna de miel inicial.

Esto cambió el Día del Trabajo, cuando Morales expidió un decreto en el que se estipulaba que las empresas extranjeras del sector de hidrocarburos tendrían que ceder “el control y la dirección” de sus instalaciones a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y suscribir nuevos contratos con ganancias más altas para YPFB en el término de 180 días, pues de no hacerlo no podrían continuar con sus operaciones en el país. A esta medida, que afectó sobre todo inversiones brasileñas y europeas, siguió el anuncio de que el gobierno pronto llevaría a cabo una reforma agraria y nacionalizaría otros sectores clave de la economía, como el minero. Los círculos empresariales españoles fueron los que más protestaron, al tiempo que se tensionaron las relaciones con Brasil y Argentina; por su parte, la voluntad del presidente Chávez de Venezuela de mediar sólo complicó la situación.

El referéndum autonómico del 2 de julio de 2006 y la elección de la asamblea constituyente ese mismo día constituyen hitos en la historia política de Bolivia. Si este proceso gemelo se desarrolla efectivamente, es posible que permita el manejo exitoso de las políticas bastante radicales del gobierno de Morales y que, en último término, genere la estabilidad institucional y fortalezca la democracia. Sin embargo, dadas las divisiones de todo tipo en el país –étnicas, de clase, regionales–, el doble proceso también podría convertirse en el campo de batalla en el que se decidirán la estabilidad de Bolivia e incluso su integridad territorial.

La comunidad internacional –y de manera importante la UE por sus recursos y su postura relativamente poco controvertida en el país– tiene que comprometer al gobierno de Morales en cuanto a la manera en que puede ayudarle a Bolivia a superar la pobreza generalizada y la exclusión social en un proceso de reforma que proteja el interés de todos en la estabilidad. La ayuda técnica y financiera de los donantes también puede ayudar en el desarrollo de los procesos de la asamblea constituyente y del referéndum autonómico regional. Una cooperación a tres niveles entre la UE y los Estados Unidos con Bolivia debe fomentar el desarrollo alternativo como parte de una estrategia ampliada e integral de gobernabilidad rural y desarrollo. En último término, la reducción de la pobreza mediante actividades lícitas es la mejor opción para reducir la presión que se ejerce sobre los campesinos pobres para cultivar coca.

Bogotá/Bruselas, 3 de julio de 2006