Manteniendo la violencia a raya luego de la ruptura política en Bolivia

Después de casi catorce años en el poder, el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, presentó su renuncia el 10 de noviembre en medio de una intensificación de las protestas por fraude electoral y bajo presión de las fuerzas armadas. Junto con Morales, los rangos más altos del partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS) también renunciaron. Muchos de los altos oficiales y ministros, temiendo represalias luego de la caída del gobierno, buscaron asilo en embajadas, dejando a Bolivia desprovista de gobierno a medida que los disturbios empeoraban en las calles de las principales ciudades. Las opiniones sobre lo ocurrido están profundamente polarizadas: para los partidarios de Morales, su salida del poder es un golpe; sus opositores creen que se ha restaurado la democracia. La prioridad ahora es alcanzar un acuerdo nacional que aleje al país del abismo, organice unas elecciones fiables con participación del MAS y evite disturbios masivos por parte de sus seguidores y una posterior ofensiva contra ellos. Es casi seguro que se requerirá de la intermediación de alguno de los aliados externos del país. Ya que Brasil, los EE. UU. e incluso la Organización de Estados Americanos son percibidos como sesgados en contra de Morales, la Unión Europea tal vez tenga que intervenir. Sin una transición que supere las amargas divisiones en la política boliviana, el país corre el riesgo de un derramamiento de sangre peor y una confrontación que una región cada vez más tumultuosa no puede permitirse.

Hasta el momento, la situación política en La Paz continúa siendo caótica. Mientras Morales volaba a México donde solicito asilo junto a su vicepresidente, correspondió a la Asamblea Legislativa de Bolivia designar un presidente encargado antes de las nuevas elecciones, las que según la constitución se deben realizarse dentro de 90 días. Ese organismo ha estado dominado por el Movimiento al Socialismo de Morales. Pero con la mayoría de los legisladores del MAS, incluida la cúpula del Senado, sin hacer presencia, Jeanine Añez, una senadora opositora, se convirtió en la próxima en la línea de sucesión a la presidencia. El 12 de noviembre, Añez se proclama como presidenta interina, afirmado que sus principales tareas serían “pacificar el país” y organizar las elecciones. En principio, ella necesitaba el apoyo y asistencia de algunos legisladores del MAS para asumir el cargo, ya que el partido controla 25 de los 36 escaños del Senado y 88 de los 113 escaños en la Cámara de Diputados. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional emitida el mismo día la autorizó a tomar el poder inmediatamente en vista de la “ausencia definitiva” de Morales en el país. 

La nueva presidenta encargada necesitará evitar el partidismo y contener el descontento de la base social de Morales, la cual es considerable. Eso no será fácil. Incluso después de descontar las irregularidades reportadas en las elecciones, se estima que Morales recibió al menos el 40 por ciento de los votos en las elecciones del 20 de octubre. Sus partidarios creen firmemente que Morales fue derrocado en un golpe, y que el objetivo no era solo él como líder sino las políticas sociales de su gobierno que beneficiaron a los más pobres y a los indígenas del país, y su visión de inclusión y empoderamiento para una población históricamente relegada. Las autoridades interinas de Bolivia también deberán contener a los manifestantes anti-Morales, algunos de los cuales parecen querer limpiar el país de los vestigios del gobierno del MAS. Incluso antes de estos eventos más recientes, la situación era bastante peligrosa. Tensiones de larga data arraigadas en las principales divisiones sociales y económicas de Bolivia, entre los pueblos indígenas y los descendientes de los colonos europeos, entre las tierras altas del oeste y las tierras bajas del este, y entre pobres y ricos, estallaron en un conflicto abierto en 2008.

Por años Morales mantuvo estas tensiones a raya. El expresidente pasó de la extrema pobreza en el pueblo andino de Isallavi a la dirección del movimiento cocalero nacional, y luego a convertirse en el primer presidente perteneciente a la tradicionalmente marginada pero mayoritaria población indígena del país. Como presidente, lideró un gobierno que formó parte del emergente bloque de países latinoamericanos de izquierda, incluida Venezuela, aunque su gobierno siguió abriendo puertas a la inversión privada y respetando la prudencia fiscal. Se enfocó intensamente en aliviar la pobreza e, impulsado por un auge regional de productos básicos, alcanzó resultados sobresalientes: la pobreza extrema en Bolivia cayo del 38 por ciento en 2005 al 15 por ciento el año pasado.

Sin embargo, la determinación de Morales de permanecer en el cargo luego de asegurar la reelección en 2014 (con más del 61 por ciento de los votos) fue su ruina. Para sus opositores e incluso muchos simpatizantes, esto denotaba un ansia de poder que socavaba su imagen de líder de los oprimidos. Sus esfuerzos de asegurar por medio de un referendo el derecho a la reelección indefinida fueron frustrados en las votaciones de 2016. Sin embargo, a finales del año pasado logro que el Tribunal Supremo Electoral, compuesto en su mayoría por sus partidarios, le otorgara permiso para volver a presentarse con el argumento de que sus derechos humanos serían violados.

Ni esa manipulación constitucional fue suficiente. Al volver a las urnas, Morales supuestamente permitió u orquestó un sofisticado esquema de fraude electoral, que buscaba garantizar su rotunda victoria en primera vuelta. La auditoría de los votos realizada por un equipo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) apunta a que un servidor de internet paralelo y sin supervisión oficial tomó control de las últimas fases del conteo de votos, generando resultados a favor de Morales. La OEA también encontró que las actas de votación fueron dejadas sin supervisión, algunas fueron quemadas, y el 38 por ciento de la muestra de las actas escrutadas en Argentina, donde Morales supuestamente ganó el 80 por ciento de los 100 000 votos, presentaron inconsistencias. Que Morales haya sentido la necesidad de recurrir a tal extensión de fraude, sin precedentes en elecciones recientes en Bolivia, es una clara muestra del declive en su base de apoyo política.

Morales vio claramente lo que estaba por venir, pero ya era muy tarde. Horas después que el informe de la OEA fuera presentado el 10 de noviembre, y con la policía rompiendo filas y uniéndose a las protestas en los días previos, aceptó realizar nuevas elecciones. Poco después, el jefe de las fuerzas armadas transmitió un mensaje televisado para "sugerir" que el presidente se hiciera a un lado en nombre de la paz cívica, un consejo o una amenaza velada, que Morales y sus colegas atendieron inmediatamente.

Las protestas han tenido un resultado negativo. Luego de la elección, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Potosí para demandar nuevas elecciones. Choques entre los partidarios y opositores del gobierno de Morales, así como choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes de ambos lados del espectro político han desencadenado en varias muertes, incluidas dos en Santa Cruz a finales de octubre. La violencia se ha intensificado en los últimos días, y varias propiedades pertenecientes a Morales, sus colegas y sus oponentes han sido quemadas; locales comerciales saqueados; y el levantamiento de barricadas y puntos de control civiles en La Paz para mantener alejados a los partidarios de Morales mientras se desmantelan los que están en los bastiones de la oposición, sobre todo en Santa Cruz. En Vinto, un pequeño pueblo en la región de Cochabamba, maleantes de la oposición hicieron marchar descalsa por las calles a una alcaldesa aliada a Morales, cortándole el pelo y mojándola con pintura roja. La capital La Paz estuvo paralizada luego que los militares entraran para apoyar los esfuerzos de la policía de contener a miles de partidarios de Morales que bajaban desde el poblado adyacente de El Alto el domingo y lunes. Según los fiscales estatales, ocho personas han muerto durante las protestas, incluido un policía, mientras más de 300 personas han sido heridas desde las elecciones. Las muertes fueron causadas por heridas de armas de fuego, asfixia y heridas craneales causadas por objetos contundentes.

Ninguna de las partes se muestra muy conciliatoria. Las voces más pragmáticas de la oposición son cada vez más silenciadas por líderes de línea dura y manifestantes, e incluso por algunos elementos de las fuerzas de seguridad, que llaman a una restauración de la democracia y parecen buscar revertir los programas a favor de los indígenas de Morales. Luis Fernando Camacho, líder del comité civil de Santa Cruz desde febrero, una institución conservadora tradicional que ha estado al frente de las protestas anti-Morales, ha exigido que el expresidente sea encarcelado y que “la biblia vuelva al palacio de gobierno”.  Un oficial de bomberos, refiriéndose a la renuncia de Morales, dijo en una conferencia de prensa el lunes que “se ha sacado a la cabeza de la víbora, pero el cuerpo se sigue moviendo”. Algunos oficiales de policía también han mostrado su hostilidad con el saliente gobierno al desgarrar de sus uniformes la bandera wiphala, el emblema multicolor tradicional de los indígenas bolivianos. El mismo Morales ha llamado a la calma, insistiendo que “no podemos estar enfrentados entre hermanos bolivianos”. Pero él y su vicepresidente aún podrían tratar de avivar las llamas entre los manifestantes en Bolivia y esperar el momento adecuado para regresar. A su llegada a México, dijo que “seguirá la lucha”, consciente sin duda de las sendas protestas indígenas en 2003 y 2005 que precedieron su llegada al poder.

Los peligros que enfrenta Bolivia no son exclusivos del país, ni pueden ser separados de los del resto de la región. América Latina enfrenta un periodo de turbulencia excepcional. Masivas protestas antigubernamentales impulsadas por la ira hacia las élites, servicios públicos fallidos e inequidad económica han sacudido al Ecuador, Chile y Honduras. El gobierno de ultraderecha de Brasil ha dejado en entredicho el rol tradicional de ese país como contrapeso para la estabilidad regional. La crisis en Venezuela ha tenido devastadoras consecuencias humanitarias y el fracaso en resolverla, en parte reflejo de la polarización regional, proyecta una larga sombra sobre el continente. La crisis boliviana corre el riego de ser víctima y de agravar aún más esta polarización. El prominente rol de los militares ha convencido a muchos en la izquierda latinoamericana de que Morales cayó víctima de un golpe orquestado por las antiguas élites del país, mientras que muchos gobiernos centristas han quedado desconcertados por su repentina salida. En cambio, sus críticos insisten en que Morales había abandonado toda legitimidad constitucional, primero al eludir las reglas de reelección y luego al recurrir al fraude electoral. Ven su salida como una restauración de la democracia liberal.

La intensificación de la violencia y la legitimidad de la que goce el sucesor de Morales a los ojos de los bolivianos y de la región dependerá en gran medida de la forma en que Áñez y sus partidarios piloteen esta transición, cuánto afecte al procedimiento constitucional de Bolivia y hasta qué punto es socavado por la violencia en las calles o por parte del ejército. Es crucial que el partido de Morales tenga voz en lo que suceda después y que los poderes de facto se mantengan con líderes civiles. El mejor camino hacia adelante sería un plan de transición que cuente algún apoyo entre los partidarios de Morales, un gobierno interino que se abstenga de tomar decisiones políticas cruciales, y unas elecciones fiables dentro de tres meses que incluyan entre otros a un candidato del antiguo partido de Morales, MAS. Las fuerzas de seguridad deben ser muy cuidadosas en evitar hasta donde sea posible el uso de la violencia y cualquier muestra de sesgo político. 

Este resultado requerirá de un apoyo robusto e imparcial del exterior en un momento en que las condiciones son muy poco propicias. Identificar a un mediador con suficiente credibilidad para ser efectivo es una gran parte del desafío. Brasil ha sido central en el pasado: el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva ayudó a evitar el conflicto entre los líderes de las tierras bajas del este y el gobierno de Morales en 2008. El presidente Jair Bolsonaro, cuya política exterior está ahora dedicada a combatir, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo, el “marxismo cultural” y el “globalismo”, no puede desempeñar ese papel. El gobierno de EE. UU. ha declarado que ve la renuncia de Morales como un impulso a la democracia y una “contundente señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán". Pocos países de la región, si es que los hay, cuentan con la confianza de ambas fuerzas políticas en disputa, mientras que las instituciones regionales, incluida la OEA, son ampliamente consideradas como sesgadas ideológicamente. El secretario general de la OEA Luis Almagro ha dicho que el único golpe en Bolivia fue el fraude electoral de octubre.

En este sentido, la UE y los gobiernos europeos pueden estar mejor posicionados para mediar y apoyar una transición hacia unas nuevas elecciones. Su total compromiso diplomático en las próximas semanas será crucial, así como su compromiso de desplegar una misión de observación electoral para las próximas elecciones. Mientras la paz y la estabilidad para Bolivia y su gente se encuentran precariamente en la balanza, las dos partes y sus respectivos partidarios extranjeros deben pedir moderación en las calles, buscar algún tipo de plan de transición conciliado durante el gobierno interino y avanzar hacia unas elecciones presidenciales fiables e inclusivas.