¿Qué hay de nuevo? Cinco años después de que las FARC dejaran sus armas, desafíos económicos y amenazas a la seguridad dificultan la vida de los excombatientes. Las reformas rurales se han estancado, el partido político de la exguerrilla no ha logrado posicionarse y los disidentes están tomando el control de las actividades criminales y las zonas rurales en varias regiones de Colombia.

¿Por qué importa? Retrasos en las reformas, la estigmatización de los exgue­rrilleros y el asesinato de cientos de exmiembros de las FARC desacreditan el acuerdo de paz de 2016 en el campo. Nuevos actores armados se aprovechan de la desesperación económica. Los tropiezos al acuerdo podrían impulsar el reclutamiento por parte de disidentes y complicar las iniciativas de paz del Estado con los grupos armados emergentes.

¿Qué se debe hacer? El gobierno colombiano debe hacer más para fomentar el desarrollo rural y las oportunidades económicas para los exguerrilleros, garantizando al mismo tiempo que puedan participar en política de forma segura. Las fuerzas militares deben enfocarse en proteger a los civiles en lugar de limitarse a enfrentar a los grupos disidentes. EE. UU. debe llevar a cabo sus planes de sacar a las desmovilizadas FARC de la lista en la que las designa como un grupo terrorista.

La mayor fuerza guerrillera de Colombia ha renunciado a la guerra, pero tiene problemas encontrando su lugar en vida pública pacífica. Cerca de 14 000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) depusieron sus armas luego de que sus líderes firmaran un acuerdo con el Estado en 2016, poniendo fin a una insurgencia de 52 años que predicaba justicia para los pobres en el campo, pero cometía atrocidades contra la población civil y se vio envuelta en el mundo criminal. Para el gobierno, el acuerdo pondría fin al conflicto y recuperaría zonas del territorio; para las FARC, garantizaría su seguridad personal, reformas económicas y de otra índole que reclamaban desde hace décadas y una plataforma política. Cinco años después, muchas partes del acuerdo de paz se han reglamentado y la guerra ha terminado. Sin embargo, el gobierno se ha demorado en implementar la reforma rural y otras partes del acuerdo, mientras los exguerrilleros se enfrentan a dificultades económicas en medio del surgimiento de violentas facciones “disidentes” de las FARC. Mientras tanto, los antiguos dirigentes de las FARC han mantenido un rígido control sobre su recién creado partido y no han logrado conseguir el apoyo de la población. El gobierno debe implementar las reformas estancadas, garantizar la seguridad de los exmiembros de las FARC y el ejercicio de sus derechos políticos, y recalibrar su estrategia militar contra los disidentes armados.

El acuerdo de 2016 fue un gran logro. A lo largo de cuatro años, los negociadores de La Habana elaboraron un acuerdo de paz que se destaca por sus 300 páginas y su formidable complejidad, pero sobre todo por el pacto que consiguió. Para Bogotá representó una oportunidad para superar décadas de un conflicto agobiante. Para los líderes de las FARC, anunciaba un final digno a una guerra nacida de ideales y principios, pero que había degenerado en barbarie y se había enredado con el narcotráfico. Una feroz contraofensiva estatal había replegado a las FARC, mientras que los abusos del grupo, ampliamente denunciados, así como su creciente participación en el crimen transnacional, habían desprestigiado a la causa rebelde y la habían hecho profundamente impopular.

Al firmar el acuerdo, los comandantes insurgentes tenían grandes esperanzas. Esperaban que una serie de reformas propuestas aliviaran por fin las condiciones de vida en zonas rurales desatendidas y llevaran al campo servicios estatales esenciales. Imaginaban que las FARC continuarían siendo una potente fuerza social y política desarmada en toda Colombia. Pensaban que su considerable ejército de combatientes, una vez desmovilizado, permanecería leal al antiguo mando central y seguiría teniendo influencia en las comunidades. Esperaban que nuevas empresas cooperativas del sector agrícola, respaldadas por capital semilla del Estado prosperaran. Algunos hablaron de sus aspiraciones de inspirar un nuevo modelo de alternativas equitativas y ambientalmente sostenibles en la agroindustria. Sobre todo, deseaban que su nuevo partido político madurara y se convirtiera en un destacado movimiento progresista que compitiera por una parte del poder nacional. Vieron la política como una forma de continuar su lucha por otros medios.

Cinco años después, el acuerdo de paz ha permitido que Colombia deje atrás el trauma de un conflicto nacional y las masivas atrocidades de la guerra y ha logrado, según lo planeado, la desmovilización de la gran mayoría de los combatientes de las FARC, pero poco más de la evolución imaginada por la guerrilla se ha materializado. El plan de reinserción de miles de combatientes a través de cooperativas tuvo múltiples inconvenientes, desde la lejanía de los lugares escogidos para la entrega de armas hasta la resistencia apenas disimulada (al menos inicialmente) de los funcionarios del gobierno. Enfrentados a una necesidad económica extrema, los excombatientes se han dispersado por todo el país. Algunos han establecido nuevos negocios con modesto éxito; otros, en lugares como la costa del Pacífico y el Catatumbo, a lo largo de la frontera con Venezuela, enfrentan hostilidades incesantes por parte de grupos armados y, en algunos casos, de comunidades cautelosas. Cerca de 300 desmovilizados de las FARC han sido asesinados, mientras las autoridades no logran identificar a los culpables.

En cuanto a las ambiciones políticas de los reinsertados, sus nefastos resultados electorales en 2018 y 2019 demuestran el profundo resentimiento de la opinión pública colombiana hacia las FARC. El partido político que surgió de la insurgencia, Comunes, está fragmentado por luchas internas y es dirigido por un bloque de los exlíderes del grupo de manera dogmática y centralizada. Su principal instrumento de influencia política sigue siendo los diez escaños en el Congreso que el acuerdo de 2016 le otorgó hasta 2026, los cuales desea, pero es poco probable, que se mantengan durante varios años más. A nivel local, las demoras en la implementación de las reformas rurales previstas en el acuerdo de paz han minado la credibilidad de las FARC, después de que les aseguraran a las escépticas comunidades campesinas que el gobierno cumpliría sus promesas. Algunos excombatientes se han involucrado en la movilización comunitaria y organización de protestas para presionar por estas y otras reformas; otros se mantienen en la sombra, temerosos de las consecuencias de cualquier tipo de protagonismo.

El acuerdo de paz tampoco ha resultado en el fin definitivo del conflicto, incluso si la violencia actual no se compara con los días más oscuros del país. Un pequeño número de excombatientes de las FARC renunciaron por completo al acuerdo, a menudo, por intereses económicos. Más interesados en ganancias económicas y menos comprometidos ideológicamente que los antiguos guerrilleros, estos “disidentes de las FARC” se han convertido en una grave amenaza armada. Han aterrorizado comunidades, se han tomado el control de las actividades ilícitas y se han enfrentado con otros grupos armados. En Cauca y Nariño en la costa del Pacífico y en tramos de la frontera venezolana, algunos residentes dicen que la violencia y la intimidación son más graves que nunca. Se cree que muchos de los asesinatos de excombatientes son obra de estas facciones.

Aun así, el acuerdo de 2016 sigue ofreciendo un marco de importancia crítica para la construcción de una Colombia más pacífica y equitativa, y debe implementarse en su totalidad. Las reformas al igual que la sustitución voluntaria de cultivos de coca serán vitales para orientar al campo hacia actividades lícitas y dejar de depender de los esfuerzos de erradicación que han fracasado en el pasado. También es importante para la validez del acuerdo, y para la perspectiva de acuerdos con otros grupos armados, que los campesinos y los excombatientes vean pruebas tangibles de que ponerle fin a la guerra les conviene. Igualmente, es fundamental redoblar los esfuerzos para proteger a los guerrilleros desmovilizados de los riesgos que enfrentan y garantizar que puedan participar en actividades políticas pacíficas. El éxito de Comunes dependerá de sus dirigentes y de los votantes colombianos. Pero con o sin el partido, los excombatientes y sectores de la sociedad, como los campesinos por los que las FARC alguna vez decían luchar, deben tener garantías que les permitan participar en la política sin miedo. El Congreso debe revivir una serie de proyectos legislativos estipulados en el acuerdo que han quedado en el aire, incluida una nueva ley para garantizar que las autoridades respeten el derecho constitucional a la protesta pacífica.

El gobierno también debe reexaminar su estrategia para combatir a los grupos disidentes, a menudo dirigidos por excombatientes pero dotados de nuevos reclutas. Afrontar esta amenaza inevitablemente continuará implicando cierto uso de la fuerza. Pero las tácticas que le dieron resultado a las fuerzas armadas colombianas contra las más jerárquicas y monolíticas FARC no se adaptan bien para esta lucha. Atacar a los líderes puede simplemente fragmentar a los grupos disidentes y desencadenar una nueva disputa violenta, dejando a los civiles en medio del fuego cruzado. En lugar de calcular su éxito por la cantidad de militantes capturados o de hectáreas de coca destruidas, el gobierno debe medir su progreso por la cantidad de territorio liberado del control de los grupos armados. Debe reconsiderar su enfoque en la erradicación de coca y en las operaciones militares en las que las tropas ingresan a las áreas por breves períodos y luego se marchan, dejando a los pobladores algunas veces expuestos al riesgo de un violento contraataque de los grupos armados. Al mismo tiempo, el gobierno debe reiterar su voluntad de ofrecer paquetes de desmovilización personalizados a individuos o grupos.

Al tiempo que Colombia trabaja para lograr una implementación más completa del acuerdo de 2016, los actores externos deben buscar formas de ayudar. EE. UU. puede ayudar a los excombatientes a prosperar, al tomar finalmente la decisión, pendiente desde hace mucho, de retirar a las desmovilizadas FARC de su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Las sanciones derivadas de esa designación han impedido el éxito de la reinserción económica y social de muchos excombatientes, quienes no pueden hacer cosas tan mundanas como abrir una cuenta bancaria, lo que dificulta su regreso al mercado laboral y limita el apoyo de EE. UU. al desarrollo rural del país. Los donantes también pueden ayudar a fortalecer la capacidad del Estado para procesar a los responsables de los asesinatos de combatientes desmovilizados de las FARC.

El quinto aniversario del acuerdo de paz de 2016 es un momento para reflexionar sobre los logros alcanzados, hacer un balance del trabajo crucial que queda por hacer y renovar el compromiso para culminar esta labor. El destino de los hombres y mujeres de las FARC es decisivo para el futuro de Colombia. Si los líderes del país pueden demostrar, cuando aún tienen la oportunidad de hacerlo, que un movimiento guerrillero puede convertirse en una oposición pacífica, encontrar nuevos medios de subsistencia y ver resueltos sus principales reclamos a través de medios democráticos, entonces el atractivo de las armas puede por fin empezar a desaparecer.

Bogotá/Nueva York/Bruselas, 30 de noviembre de 2021

Al momento de firmar el acuerdo de paz con el gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reportaron unos 7000 combatientes y 2800 milicianos en sus filas, repartidos en aproximadamente el 22 por ciento de los municipios del país^[fn]“Comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, comunicado de prensa, Presidencia de Colombia, 4 de abril de 2017; “Zonas Postfarc”, Fundación Paz y Reconciliación, 28 de junio de 2018; “Organizan el traslado de 2.800 milicianos de las FARC a zonas de desmovilización”, EFE, 9 de junio de 2017.Hide Footnote . A pesar de haber sufrido importantes reveses militares en los años previos a las negociaciones, la guerrilla había mantenido una presencia constante en diversas zonas rurales. En muchas de estas áreas, las FARC eran la autoridad de facto, dirimiendo disputas comunitarias, administrando una forma de justicia burda y estableciendo los parámetros de la vida cotidiana^[fn]Daniel Pécaut, Las Farc: Una Guerrilla sin fin o sin fines? (Bogotá, 2008).Hide Footnote . En ocasiones, reclutaba a miembros de la comunidad; en algunas áreas, incitó a los campesinos a cultivar coca y castigó a los que se resistían. Los habitantes se enfrentaron a la vida bajo el dominio de los rebeldes como mejor pudieron, ideando formas de mantener cierto grado de autonomía, aunque no fue fácil. “En nuestra zona siempre había un comandante visible”, recordó una autoridad indígena^[fn]Entrevista de Crisis Group, autoridad indígena, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote .

El principal objetivo político de las FARC era derrocar a los gobernantes del país y rehacer el Estado^[fn]Fundadas oficialmente en 1964, las FARC remontan sus orígenes como movimiento guerrillero a los grupos de autodefensa campesina. Políticamente, las FARC surgieron y se mantuvieron cerca del Partido Comunista Colombiano y admiraban la doctrina soviética. Las FARC proclamaron que combinarían “todas las formas de lucha” para lograr una revolución marxista clásica en la que el proletariado se levantaría contra las clases altas. Ver Pécaut, Las FARC, op. cit., p. 25.Hide Footnote . Durante cinco décadas de lucha, las FARC pretendieron imponerle su programa de revolución marxista y transformación agraria al Estado. Antes de las conversaciones que llevaron al acuerdo de 2016, las tres rondas de negociación anteriores (en 1984, 1991 y 1998-2002) no habían logrado generar lo que la guerrilla consideraba como el mínimo aceptable para poner fin a su lucha armada, incluida una plataforma segura que les permitiera continuar su campaña ideológica dentro de la política democrática formal. Con cierta justificación, las autoridades colombianas sospechaban que los rebeldes simplemente estaban utilizando estos procesos de paz para fortalecerse^[fn]Ver Mauricio García Durán, De la Uribe a Tlaxcala procesos de paz (Bogotá, 1992); y Steven Dudley, Walking Ghosts (Nueva York, 2004), p. 172.Hide Footnote .

La experiencia de los fracasos del pasado orientó el enfoque de las FARC en las conversaciones secretas con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuando estas iniciaron en 2012^[fn]Juan Manuel Santos es actualmente miembro del consejo directivo de International Crisis Group.Hide Footnote . Los rebeldes temían deponer las armas en gran parte debido a lo sucedido con la Unión Patriótica, un partido fundado por excombatientes de las FARC en alianza con el Partido Comunista tras un acuerdo de 1984 con el Estado. En los años que siguieron a ese acuerdo, al menos 3000 miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, incluidos dos candidatos presidenciales, fueron asesinados en una implacable campaña de exterminio^[fn]Roberto Romero Ospina, Unión Patriótica: Expedientes contra el olvido (Bogotá, 2012). También fracasaron dos rondas posteriores de negociación entre las FARC y el gobierno, en 1991 y a partir de 1998. Las conversaciones de 1991 pretendían forjar una agenda común entre las FARC y los otros movimientos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército de Liberación Popular, pero los tres no lograron llegar a un consenso. Durante las conversaciones de San Vicente de Caguán entre 1998 y 2002, el gobierno acusó a las FARC de utilizar la zona desmilitarizada para reagruparse. Al final, las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre de qué hablar. Renata Segura y Delphine Mechoulan, “Made in Havana: How Colombia and the FARC Decided to End the War”, International Peace Institute, febrero de 2017.Hide Footnote . En consecuencia, el acuerdo de 2016 le exige al Estado garantizar la participación política de los movimientos de oposición, y desmantelar los grupos posparamilitares de derecha surgidos de un proceso de desmovilización anterior y que podrían atentar contra las FARC como sus antecesores lo hicieron contra la Unión Patriótica.

Debilitadas por las ofensivas militares del gobierno Santos y de su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, pero lejos de estar derrotadas, las FARC vieron en las conversaciones de La Habana una salida para una guerra estancada y una forma de acercarse a sus aspiraciones. Para los rebeldes, el acuerdo de paz representaba el compromiso solemne del Estado para ayudarles a alcanzar sus objetivos históricos, en primer lugar creando un partido político a partir del movimiento y garantizándole curules en el poder legislativo hasta 2026, y en segundo lugar respaldando un ambicioso paquete de reformas que abordaba la desigualdad rural, apoyaba la sustitución voluntaria de cultivos de coca y creaba un sistema de justicia transicional para los crímenes de guerra que incluía una amnistía para la mayoría de las bases. Sin embargo, a pesar de ofrecer estos incentivos, el gobierno Santos mantuvo claro que sus principales objetivos eran desmovilizar a la guerrilla y poner fin al conflicto. En este sentido, estableció ciertos límites^[fn]Juan Manuel Santos, La Batalla para la Paz (Bogotá, 2019), p. 320.Hide Footnote . Ni la economía de libre mercado ni la reforma de las fuerzas armadas estaban abiertas a discusión, aunque ambos eran temas que las FARC habían insistido previamente en debatir.

Después de que las partes anunciaran el acuerdo que tanto les costó alcanzar en agosto de 2016, una mayoría de colombianos, por un pequeño margen, votó en su contra en un referéndum celebrado en octubre de 2016. Conmocionado por el resultado, el gobierno se apresuró a renegociar partes del texto. El Congreso colombiano ratificó la versión revisada en diciembre de ese mismo año, dando un cierre formal a medio siglo de hostilidades^[fn]Informe sobre América Latina de Crisis Group N°60, Bajo la sombra del “no”: la paz en Colombia después del plebiscito, 31 de enero de 2017; y N°67, Reformas arriesgadas: el enfoque del gobierno de Duque hacia la paz en Colombia, 21 de junio de 2018.Hide Footnote . Pero el fracaso del plebiscito desestabilizó el acuerdo. En los años siguientes, las dispares expectativas de las partes, las dificultades para realizar reformas en zonas rurales y la oposición (incluso por parte del actual gobierno del presidente Iván Duque) a aspectos clave del acuerdo relacionados con lo que se percibe como indulgencia judicial a favor de exmiembros de las FARC han alarmado a los defensores del acuerdo^[fn]Camilo González Posso, “Cinco años de acuerdos de paz, transición a la paz o recomposición de violencias”, Indepaz, 18 de septiembre de 2021; Jairo Estrada et al., “Reavivar el acuerdo de paz con las FARC-EP: Propuestas de planeación y política pública”, Centro de Pensamiento y Diálogo Político, agosto de 2021.Hide Footnote .

En el quinto aniversario del acuerdo de 2016, este informe analiza hasta qué punto el acuerdo ha cumplido sus promesas a las FARC^[fn]Además de los informes citados anteriormente, consulte los informes de Crisis Group sobre América Latina N°68, La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, 12 de julio de 2018; y N°82, Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Colombia, 6 de octubre de 2020.Hide Footnote . Explora cómo les ha ido a los excombatientes en su esfuerzo por integrarse a una vida civil pacífica y participar en la política formal, y sugiere medidas que el Estado debería tomar para implementar los aspectos no cumplidos del acuerdo en aras de forjar una paz más duradera. Se basa en unas 200 entrevistas con excombatientes, políticos, líderes sociales y religiosos, funcionarios a nivel local y nacional del gobierno, militares y monitores internacionales durante una investigación de campo realizada en Antioquia, Cauca, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Norte de Santander.

El desarme y la desmovilización de las FARC han demostrado ser los éxitos más destacados del acuerdo de paz de 2016 de Colombia. Sin embargo, los esfuerzos por guiar el paso de los guerrilleros hacia la vida civil han generado complicaciones y han perjudicado las ambiciones de los antiguos rebeldes y su búsqueda de influencia política.

Las condiciones para la desmovilización de las FARC se decidieron en un subcomité creado como parte de las conversaciones de La Habana en febrero de 2015 con el objetivo de ponerle fin formalmente a las hostilidades^[fn]Las FARC rechazan ampliamente el término desmovilización, argumentando que sus fuerzas no se han desmovilizado, sino que han optado por luchar por medios pacíficos. Del mismo modo, rechazan los términos reintegración y desarme, prefiriendo utilizar “reincorporación”. Para facilitar el debate comparativo, este informe se basa en la terminología convencional de desarme, desmovilización y reintegración.Hide Footnote . Las discusiones del subcomité produjeron un acuerdo para proceder con un alto al fuego bilateral (las FARC ya habían declarado uno unilateral) y una entrega inmediata de armas. Los combatientes de las FARC debían concentrarse en siete zonas de transición y luego dispersarse entre estos sitios y otras diecinueve zonas rurales de desmovilización, donde debían permanecer durante seis meses mientras sus compañeros se desarmaban^[fn]“Zonas Veredales, Dejación de Armas y Tránsito a la Legalidad de las FARC-EP Y la Construcción de Paz”, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de Colombia, 2018, p. 83.Hide Footnote .

La cantidad y la ubicación de estos sitios fueron objeto de intensos debates. Los delegados militares del gobierno en las conversaciones de paz proponían que hubiera sólo diez zonas en total, mientras que las FARC pedían 80^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro del equipo negociador del gobierno Santos, Bogotá, octubre de 2021.Hide Footnote . El gobierno prefería zonas alejadas de ciudades e infraestructuras clave, lejos de los territorios protegidos para minorías étnicas y sin rutas de tráfico ilícito^[fn]No se cumplieron todas estas condiciones y varias zonas de desmovilización se encuentran dentro de parques nacionales y reservas indígenas. Renata Segura y Sabrina Stein, “The FARC’s Collective Reintegration Project: Its Impact on Colombia’s DDR”, Social Science Research Council, julio de 2019.Hide Footnote . Los delegados de las FARC recuentan que su preferencia era por áreas donde la presencia estatal fuera débil para poder atribuirse el mérito de la expansión de los servicios públicos mientras mantenían cierto grado de autoridad dentro de las comunidades^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líder local excombatiente, Caño Indio, junio de 2021; representante local de Comunes, Mocoa, abril de 2021.Hide Footnote .

La guerrilla y el gobierno también diferían respecto al modelo de desmovilización. El gobierno tenía una fuerte preferencia y una amplia experiencia en la “desmovilización individual”, es decir, la transición de los excombatientes hacia nuevos empleos remunerados o la creación de pequeñas empresas, generalmente en las ciudades. Unos 33 000 de los paramilitares de derecha que se habían agrupado para luchar contra los insurgentes de izquierda del país habían regresado a la vida civil de esta manera desde principios de la década de 2000, junto con aproximadamente 22 000 guerrilleros^[fn]Segura y Stein, “The FARC’s Collective Reintegration Project: Its Impact on Colombia’s DDR”, op. cit. Los paramilitares surgieron por primera vez en Colombia a finales de la década de 1960, cuando la legislación permitió la formación de grupos cívico-militares privados. Los primeros grupos eran contrainsurgentes con una doctrina anticomunista, pero a principios de la década de 1980, prominentes familias terratenientes formaron sus propios grupos simplemente para la protección de sus propiedades. Estos grupos, que fueron declarados ilegales en 1989, desarrollaron rápidamente vínculos con los cárteles del narcotráfico, trabajando de manera independiente, pero con frecuencia en estrecha coordinación con élites locales y las fuerzas armadas. Los paramilitares finalmente se organizaron bajo un grupo central, las Autodefensas Unidas de Colombia, que aterrorizó a los campesinos. Para obtener más información sobre la desmovilización de los grupos paramilitares, ver “Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al proceso de desmovilización de las AUC en Colombia: Compendio de documentos publicados (2004-2007)”, Organización de los Estados Americanos, 2008.Hide Footnote .

Las FARC consideraban que el modelo de desmovilización individual había sido diseñado para sus enemigos, los paramilitares, y en cambio proponían una desmovilización colectiva en la que grandes grupos de excombatientes vivirían juntos mientras encontraban nuevos medios de vida, principalmente relacionados con actividades agrícolas^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario senior de Comunes, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote . Este enfoque, pensaban los guerrilleros, preservaría la cadena de mando, que las FARC consideraban crucial para asegurar su futuro político en zonas remotas^[fn]Segura y Stein, “The FARC’s Collective Reintegration Project: Its Impact on Colombia’s DDR”, op. cit.Hide Footnote . También imaginaban trabajar en cooperativas rurales que sirvieran de ejemplo de cómo administrar mejor las tierras comunales y las ganancias compartidas en el campo colombiano. Al mismo tiempo, esperaban pasar sin problemas de ser una fuerza armada a ser organizadores comunitarios. “Cuando nos fuimos de nuestras aéreas de influencia hacia los ETCR, siempre pensábamos poder volver [a nuestros territorios anteriores] para hacer política”, dijo un excomandante de mando medio^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario local de Comunes, Mocoa, abril de 2021.Hide Footnote .

Al final, el acuerdo de 2016 no fue concluyente sobre qué modelo se aplicaría. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (encargada de la reintegración de los excombatientes a la vida civil) les ofreció oportunidades de desmovilización individual a todos los excombatientes, dejando abierta la opción de iniciativas colectivas.

Después de varios meses de lo que las FARC denominaron “pedagogía de paz”, en la que los líderes socializaron el acuerdo con sus tropas, éstas apoyaron abrumadoramente el acuerdo y empezaron a cumplir sus términos. A partir del 1 de diciembre de 2016, cerca de 7000 combatientes se reunieron (como se contempló en La Habana) en siete zonas de concentración y entregaron sus armas a una Misión de Verificación de la ONU antes de dispersarse en otras diecinueve áreas rurales, todo en un lapso de 150 días. Para el 27 de junio de 2017, la misión de la ONU certificó haber recogido todas las armas de fuego personales, un total de 7132^[fn]“Cronología Misión de la ONU en Colombia”, Misión de Verificación de la ONU en Colombia, septiembre de 2017; “La misión recibe el conjunto de las armas individuales de las farc-ep de acuerdo a la hoja de ruta del 29 de mayo”, comunicado de prensa, Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 26 de junio de 2017.Hide Footnote . La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ha acreditado a 13 998 exmiembros de las FARC, incluidos presos y milicias civiles de las FARC, quienes también aceptaron retirarse^[fn]“Avances y Georreferenciación en Reincorporación”, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 30 de abril de 2021. Además de miembros de base y milicias, las FARC desmovilizaron a 3365 prisioneros, “El proceso de paz de la Habana, la Ley de Amnistía e Indulto y los/as prisioneros/as políticos”, comunicado de prensa, Comunes, 21 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Si la entrega de las armas resultó ser uno de los pasos más sencillos de la desmovilización de la guerrilla, no se puede decir lo mismo de la transición a la vida civil^[fn]“Colombia: se aplaza la entrega de armas de las FARC en el marco del proceso de paz”, BBC Mundo, 30 de mayo de 2017.Hide Footnote . Más allá de los trazos generales, los negociadores dedicaron poca atención a planificar la reintegración de la guerrilla. Las FARC tampoco anticiparon los desafíos que enfrentaría su enfoque colectivo, incluidas las limitaciones técnicas y políticas del propio grupo.

Muchos de los problemas se debieron a la falta de claridad sobre los lugares de desmovilización. Aunque las partes definieron a grandes rasgos los lugares durante las conversaciones, no habían acordado mucho más para el momento en el que las FARC comenzaron a trasladarse a estas áreas. A medida que llegaban, los comandantes de la guerrilla eran usualmente quienes decían exactamente dónde construir las viviendas y otras infraestructuras, que no habían sido aún instaladas^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro del equipo negociador del gobierno Santos, Bogotá, octubre de 2021.Hide Footnote .

El gobierno esperaba que los excombatientes ayudaran a construir refugios básicos y otras adecuaciones, ya que suponía que los campamentos serían usados sólo durante los seis meses del proceso de entrega de armas, y no como asentamientos a largo plazo para los nuevos civiles de las FARC^[fn]Ibid.Hide Footnote . Sin embargo, muchos combatientes tenían la impresión de que tendrían una vivienda permanente, agua potable y otros servicios al llegar. De hecho, esta promesa de una mejor vida había convencido a algunos a dejar las armas. “Había mucha incertidumbre cuando llegamos”, recordó una excombatiente en Putumayo, un departamento en la frontera sur. “Nos habían dicho que nos entregarán los ETCR con facilidades, pero nada. Imaginase había mujeres llegando con sus bebes. El agua era sucia y nos empezamos a enfermar”^[fn]Entrevista de Crisis Group, mujer excombatiente, Mocoa, abril de 2021. “Pese a no estar listas las zonas, Farc pueden concentrarse”, Verdad Abierta, 26 de enero de 2017.Hide Footnote .

Siguieron arduas negociaciones entre el gobierno y las FARC sobre qué construir en los espacios de desmovilización y quién lo haría. Inicialmente, el gobierno propuso carpas, mientras que algunos comandantes pidieron casas de ladrillo. El gobierno finalmente acordó construir viviendas permanentes y espacios comunes. A finales de mayo de 2017, con solo una parte de los refugios terminados, el gobierno se dio cuenta de que necesitaría extender la vida útil de los espacios de desmovilización mucho más allá de los seis meses previstos^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro del equipo negociador del gobierno Santos, Bogotá, octubre de 2021. Ver también “Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia”, Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 23 de junio de 2017, p. 8.Hide Footnote . La mayoría de los excombatientes no tenían un hogar al cual regresar ni ahorros que les permitieran reubicarse.

Las áreas de desmovilización fueron denominadas “Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración” (ETCR) en agosto de 2017, y comenzaron a asumir un nuevo papel a medida que las FARC intentaban concretar sus aspiraciones de reintegración colectiva. La mayoría de los ETCR tienen filas de viviendas estandarizadas, baños compartidos y zonas comunes; algunos tienen centro de salud y escuela. Muchos, aunque no todos, están cerca de otros asentamientos rurales. El ejército ha mantenido un perímetro de seguridad alrededor de los espacios y patrulla regularmente.

En un principio destinados únicamente al desarme, los ETCR no fueron elegidos por su potencial económico. Aunque más de la mitad de los excombatientes tenían un pasado campesino, la ubicación remota de los lugares, a menudo a horas en carro o bote de la ciudad más cercana, resultaron inadecuados para la agricultura debido a las dificultades para transportar los productos recién cosechados al mercado y la falta de refrigeración^[fn]“Caracterización comunidad FARC-EP: Resultados generales”, Universidad Nacional de Colombia, 6 de julio de 2017.Hide Footnote . Además, si bien el gobierno se valió de decretos presidenciales para ocupar temporalmente los terrenos destinados para los ETCR, la mayoría de los predios no estaban titulados, o se encontraban dentro de bosques o parques protegidos, o zonas reclamadas por comunidades indígenas o étnicas, lo cual imponía limitaciones a la construcción y los cultivos entre otras^[fn]Ver por ejemplo “Decreto 2019 del 07 diciembre 2016”, Presidencia de Colombia, 7 de diciembre de 2016; “Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia”, Kroc Institute, noviembre de 2017, p. 21. El gobierno señala acertadamente que el acuerdo de paz no prevé la transferencia de la propiedad de la tierra a los excombatientes. Sin embargo, se ha comprometido con algunas concesiones de tierras y desde entonces ha logrado ciertos avances hacia la compra de predios en áreas de los ETCR. Hasta abril de 2021, el Estado había adquirido nueve predios para viviendas en ETCR, con el objetivo adquirir diecinueve en total, “Gobierno entrega más de 1.000 hectáreas de tierra para la reincorporación”, comunicado de prensa, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 15 de abril de 2021.Hide Footnote . A los excombatientes del ETCR de La Carmelita, en el Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador, se les dijo que el gobierno no podía comprar las tierras porque no todas estaban tituladas, lo que significa que eventualmente tendrían que salir de allí^[fn]“Excombatientes en Putumayo, dispuestos a ser reubicados”, El Universal, 31 de mayo de 2019.Hide Footnote . La incertidumbre derivada de esto se ha traducido en una reducida actividad económica. “Mucha gente se fue del ETCR por razones económicas”, dijo una excombatiente. “En el ETCR no hay nada para hacer. A nadie le interesa invertir en la zona porque se sabe que no se van a quedar”^[fn]Entrevista de Crisis Group, mujer excombatiente, Mocoa, abril de 2021.Hide Footnote .

Un año después del acuerdo de paz, la mayoría de los combatientes desmovilizados habían abandonado los espacios de concentración en busca de mejores oportunidades en otros lugares^[fn]“La reincorporación de las FARC tres años después: Desafíos y propuestas”, Fundación Ideas para la Paz, diciembre de 2019.Hide Footnote . A septiembre de 2021, 10 500 excombatientes, que representan el 77 por ciento de todos los registrados, viven fuera de los ETCR^[fn]“Informe del Secretario General”, Misión de Verificación de la ONU en Colombia, septiembre de 2021. Las autoridades locales elevan aún más el porcentaje, al 80 por ciento de los combatientes desmovilizados viviendo fuera de los ETCR. Ver “Avances y Georreferenciación en Reincorporación”, op. cit.Hide Footnote . La mayoría de los excombatientes se trasladaron a ciudades o a otras zonas rurales; actualmente, existen cerca de 100 nuevos espacios de reincorporación, zonas de desmovilización colectiva de facto que surgieron cuando grupos de excombatientes migraron de los ETCR a otros lugares donde pudieran vivir y trabajar cerca unos de otros. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, así como la Misión de Verificación de la ONU, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, reconocen extraoficialmente estas áreas como parte del proceso de reintegración, aunque carecen de reconocimiento formal y garantías de seguridad^[fn]“La realidad de las nuevas áreas de reincorporación de excombatientes de las Farc”, El Espectador, 16 de junio de 2020.Hide Footnote .

Mientras los excombatientes enfrentaban desafíos en sus espacios de concentración, la disputa sobre si la guerrilla debía integrarse colectiva o individualmente agitó al Consejo Nacional de Reincorporación, un organismo creado por el acuerdo y compuesto por dos representantes del gobierno y dos de las FARC, que tiene el mandato de aprobar la financiación inicial de los proyectos colectivos de subsistencia y resolver los desacuerdos que surjan en torno a los parámetros de la política de reintegración^[fn]El acuerdo estableció varios órganos conjuntos similares para monitorear el progreso, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación. Cada uno de estos órganos incluyó a miembros del gobierno colombiano y de las exFARC.Hide Footnote . Durante el gobierno Santos, los proyectos colectivos enfrentaron una fuerte resistencia por parte de la agencia para la reincorporación, tanto por razones políticas como prácticas. Los críticos del acuerdo advirtieron que la guerrilla ejercería una influencia indebida en el campo si permanecía agrupada^[fn]“Zonas veredales: ¿las Farc llegaron para quedarse?”, Semana, 18 de marzo de 2017.Hide Footnote . Mientras tanto, la agencia no tenía experiencia interna ni normas que regularan la gestión de iniciativas colectivas, y tuvieron que desarrollar ambas desde cero.

El núcleo de los planes de reintegración colectiva de las FARC debía ser una empresa cooperativa a nivel nacional, Economías Sociales del Común (Ecomún)^[fn]“Nace Ecomún, la primera empresa cooperativa de las Farc”, comunicado de prensa, Ministerio del Trabajo de Colombia, 3 de julio de 2017.Hide Footnote . Constituida legalmente en julio de 2017, Ecomún pretende poner a prueba un modelo económico alternativo en zonas rurales, enfocado en proyectos de redistribución, desarrollo sostenible y pequeñas empresas de base. Más concretamente, debe actuar como un marco legal que le permita establecer asociaciones locales a las exFARC; éstas, a su vez, podrían compartir los gastos administrativos, proporcionar asistencia técnica a los proyectos y redistribuir las ganancias entre sus miembros, con el objetivo de fortalecer la unidad entre los excombatientes de las FARC y crear un modelo de negocio arraigado en los valores de la solidaridad. Uno de los impulsores de proyectos colectivos explicó:

El gobierno quiere que todos tomemos la ruta individual, pero creemos que, si hacemos una reintegración colectiva, reforzaremos nuestra identidad, nuestra cohesión y nuestros ideales. Si tengo un proyecto individual, los beneficios serán solo para mí. Somos parte de un proceso, una revolución, solo por estar aquí [en un proyecto colectivo]^[fn]Entrevista de Crisis Group, El Estrecho, noviembre de 2021.Hide Footnote .

Ecomún también intenta ofrecerles a los excombatientes una mayor independencia para establecer las condiciones de su propia reintegración, proporcionando una infraestructura legal para los proyectos económicos que los excombatientes locales desearan realizar. Sin embargo, la financiación de los emprendimientos comerciales depende, en primer lugar, del Estado y, en segundo lugar, del partido político sucesor de las FARC, ya que estos son los dos integrantes del consejo destinado a aprobar la financiación inicial de todas las propuestas colectivas de los excombatientes^[fn]Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, “Entre la incertidumbre y la esperanza: ECOMUN una apuesta colectiva de transformación”, Universidad del Rosario, julio de 2019.Hide Footnote . Sumado a esto, el apoyo del gobierno a las iniciativas colectivas ha sido escaso desde el comienzo, y la agencia para la reincorporación también ha impuesto requisitos, que incluyeron registros legales, evaluaciones ambientales e incluso abrir cuentas bancarias, los cuales no siempre pueden cumplir los exguerrilleros^[fn]La política formal de reintegración de las FARC solo se finalizó hasta junio de 2018, un año después de que terminara la desmovilización. “Documento CONPES 3931”, Departamento Nacional de Planeación, 22 de junio de 2018. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización evalúa y determina si financia o no proyectos individuales. Los proyectos colectivos que involucran a más de un excombatiente pasan por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), el cual los examina con base en evidencias de adecuada planificación técnica, ambiental, comercial, social y financiera. “La reincorporación económica de los excombatientes de las FARC. Retos y riesgos a futuro”, Fundación Ideas para la Paz, julio de 2019, pp. 28-29.Hide Footnote .

El acceso al sistema financiero ha sido un desafío particular, ya que los bancos intentan evitar entrar en conflicto con el Departamento del Tesoro de EE. UU., que desde tiempo atrás incluyó a las FARC en la lista de organizaciones terroristas, estableciendo así sanciones de amplio alcance contra quienes las apoyen o hagan negocios con ellas. Algunas de las personas desmovilizadas también aparecían en esta lista, incluido el representante legal original de Ecomún, quien tuvo que ser reemplazado para registrar la cooperativa^[fn]Las cooperativas o asociaciones locales que utilizaron el término FARC o palabras relacionadas en su nombre, o que incluyeron miembros en sus listas, informaron que fueron rechazadas por múltiples bancos. Entrevistas de Crisis Group, funcionario senior de Comunes, Bogotá, septiembre de 2021; asesor del proyecto de cooperativa económica, Tumaco, octubre de 2021.Hide Footnote .

Ecomún no ha tenido el impacto que las FARC esperaban^[fn]Germán Darío Valencia Agudelo y Fredy Alexander Chaverra Colorado, “Cooperativismo y reincorporación socioeconómica de exintegrantes de las Farc-EP en Colombia”, Revista de Paz y Conflictos, vol. 12, no. 2 (2019).Hide Footnote . Casi inmediatamente después de su creación, Ecomún se vio en una crisis económica, ya que el Consejo Nacional de Reincorporación había aprobado relativamente pocos proyectos, impidiendo efectivamente que la cooperativa en general recibiera el financiamiento inicial que necesitaba. Hasta abril de 2021, el consejo de reincorporación había aprobado 90 proyectos colectivos, no todos bajo los auspicios de Ecomún, los cuales beneficiaron aproximadamente a 3400 excombatientes, una cifra mucho menor a la proyectada por las FARC. Una cantidad similar de excombatientes se encuentra trabajando en proyectos individuales. Divisiones al interior del partido político sucesor de las FARC también han entorpecido el desarrollo de Ecomún, ya que facciones rivales han buscado el control de las operaciones y la dirección del partido^[fn]“Exguerrilleros de las Farc denuncian ‘sabotaje’ de Comunes a asamblea que buscó modificar cooperativa pionera en reincorporación”, Infobae, 27 de septiembre de 2021.Hide Footnote .

Para muchas mujeres, las presiones generadas por el cambio repentino y radical que se produjo tras al acuerdo de 2016 fueron particularmente agudas. Mientras estuvieron activas en la guerrilla, a las mujeres no se les permitía tener hijos y, si quedaban embarazadas, tenían que dejar a los recién nacidos al cuidado de sus familiares. Cuando se desmovilizaron, muchas mujeres comenzaron a formar familias y a reclamar la custodia de sus hijos mayores. Los funcionarios gubernamentales involucrados en la reintegración celebraron el cambio, confiando en que las responsabilidades familiares generarían un sentido de estabilidad y compromiso y evitarían que los combatientes hombres regresaran a la guerra^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario senior de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Bogotá, enero de 2020.Hide Footnote . Sin embargo, el cambio a la vida familiar nuclear tuvo un costo. Las mujeres excombatientes han contado que la violencia doméstica aumentó entre las parejas desmovilizadas a medida que se asumían roles de género más tradicionales. “En la guerra, había reglas sobre el maltrato, porque significaba no solo maltratar a la compañera sino a un camarada de armas”^[fn]Entrevista de Crisis Group, lideresa excombatiente, Caño Indio, junio de 2021.Hide Footnote . A diferencia de cuando se encontraban activas en la guerrilla, ahora cuentan con pocos mecanismos para denunciar abusos, proteger a las víctimas o mediar entre las partes^[fn]A pesar de que el gobierno asigna policías y soldados a los ETCR, muchas mujeres en estas zonas manifiestan que se sienten impedidas para denunciar hechos de violencia doméstica debido al estigma, el miedo a represalias y la falta de espacios seguros a los cuales puedan acudir. Entrevistas de Crisis Group, mujeres excombatientes en ETCR, Charras y Caño Indio, mayo y junio de 2021.Hide Footnote .

Although the government stations police and soldiers in the ETCRs, many women in these areas report feeling unable to report domestic violence due to stigma, fear of reprisal and lack of safe spaces to flee to. Crisis Group interviews, female ex-combatants in ETCRs, Charras and Caño Indio, May and June 2021.Hide Footnote

La vida en los espacios de reintegración también es a menudo financieramente imposible, especialmente para las mujeres con hijos. Pasar a ser como “cualquier [otro] colombiano” dejó a muchos luchando por poner comida en la mesa^[fn]Entrevista de Crisis Group, excombatiente, Tibú, junio de 2021.Hide Footnote . Como parte del acuerdo, el Estado paga a cada excombatiente el 90 por ciento del salario mínimo nacional cada mes, pero esta no es una suma generosa^[fn]En 2017, el 90 por ciento del salario mínimo mensual era de aproximadamente $664 000 pesos colombianos, equivalente a unos $225 dólares según el promedio anual de la tasa de cambio. Inicialmente, el subsidio para los excombatientes expiraba a los dos años, pero se ha prorrogado varias veces y ahora está previsto que continúe hasta enero de 2022.Hide Footnote . Debido a que los ETCR carecen de servicios para el cuidado de niños, muchas mujeres no pueden trabajar para complementar este ingreso a menos que lleven a sus hijos con ellas o los dejen al cuidado de otras personas^[fn]“Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia”, op. cit., p. 15.Hide Footnote . Este problema se agudizó durante la pandemia de COVID-19 cuando las escuelas y las guarderías cerraron. El salario mínimo ha tenido que cubrir no solo los gastos de la madre sino también los de sus hijos. Además, las mujeres a menudo no pueden acudir a su familia indirecta en busca de apoyo debido al estigma asociado con haber participado en la guerra^[fn]En el momento de la desmovilización, el 77 por ciento de los excombatientes de las FARC afirmaron no tener un hogar al cual regresar. “Caracterización comunidad FARC-EP: Resultados generales”, op. cit. Entrevista de Crisis Group, mujer excomandante de las FARC, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Por último, aparte de los desafíos logísticos y financieros, la transición a la vida civil supuso un choque para algunos exmiembros de las FARC, al sustraerlos del modelo de vida colectiva que los líderes guerrilleros defendían y esperaban mantener después de la desmovilización. Según una excombatiente:

Dentro las filas, todo nuestro tiempo estaba ordenado. Solo nos tocaba cumplir con nuestros deberes. Acá, nos toca tomar decisiones sobre todas las cosas de la vida: que echar en la sopa, que color de ropa ponernos. No sabíamos nada del Estado colombiano ni cómo funciona esa realidad. Pasamos de ser un grupo a ser individuos^[fn]Entrevista de Crisis Group, mujer excombatiente, Caño Indio, junio de 2021.Hide Footnote .

Los exoficiales de mando medio de las FARC son fundamentales para comprender los desafíos que afectan la capacidad de la antigua guerrilla para encontrar su equilibrio social, económico y político. Podría decirse que estos oficiales de mando medio estaban en la mejor posición para convertirse en líderes cooperativos y figuras políticas locales después de la guerra. Actualmente, sin embargo, muy pocos de estos individuos ocupan esos roles. Un pequeño número de ellos abandonó el proceso desde sus inicios para formar facciones “disidentes” de las FARC, un fenómeno que se analiza con mayor detalle más adelante. Estos desertores han ejercido una enorme presión sobre los excomandantes de campo que siguen comprometidos con la desmovilización, asesinando a decenas que se niegan a retomar armas y desplazando por la fuerza a muchos más.

Los oficiales de mando medio de las FARC en 2016 eran parte de una generación más joven de guerrilleros. En los últimos años de insurgencia, las FARC transfirieron sus funciones de dirección de un mando central a oficiales focalizados en las regiones con conocimientos especializados de las zonas específicas en las que operaban^[fn]En 2010, después de sufrir derrotas estratégicas y la perdida de comandantes clave, las FARC comenzaron a operar en grupos más pequeños esparcidos por áreas más extensas. Se enfocaron más en recopilar inteligencia para ejecutar ataques contra la infraestructura y el personal del Estado. Ver Camilo Echandía Castilla, “Situación actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-2011)”, Fundación Ideas para la Paz, 2011; León Valencia y Ariel Ávila, “La nueva realidad de las FARC”, Observatorio del Conflicto Armado, julio de 2011.Hide Footnote . Los oficiales de mando medio que emergieron tenían un conocimiento profundo del terreno, incluida la economía ilegal, pero estaban menos arraigados en los fundamentos ideológicos de la guerrilla. “Después de la firma, dije, tenemos un problema: tenemos muchos reincorporados, pero muy pocos mandos medios con formación política”, dijo un excomandante regional. “Son excelentes en todo lo que tiene que ver con operaciones y asuntos de guerra, pero en la política muy débiles. … Es ese mismo problema que ahora se ve”^[fn]Entrevista de Crisis Group, excomandante regional, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Oficiales militares y excombatientes de alto rango dicen que muchos de los que abandonaron el proceso de desmovilización para reincorporarse a los grupos armados procedían precisamente de esta corriente de veteranos que priorizaban el dinero^[fn]Entrevista de Crisis Group, oficial militar senior, Mocoa, abril de 2021; oficial militar senior, Santander de Quilichao y Bogotá, febrero y octubre de 2020; excomandante de las FARC, Cali, febrero de 2020.Hide Footnote . Para esta primera ola de los llamados disidentes, otros oficiales de mando medio eran los mejores reclutas gracias a sus conocimientos comerciales y militares.

Para los potenciales reclutas no resulta sencillo rechazar a los grupos disidentes. “Si no estamos con ellos, nos consideran como traidores”, dijo un comandante de mando medio que ha sido amenazado por grupos disidentes y ahora vive en una ciudad intermedia^[fn]Entrevista de Crisis Group, excomandante de mando medio, Cúcuta, mayo de 2021.Hide Footnote . Los líderes de mando medio que se resistieron al reclutamiento por parte de los disidentes a menudo tuvieron que abandonar los espacios de concentración por su propia seguridad, así como la de sus compañeros combatientes^[fn]Entrevistas de Crisis Group, excombatientes, Santander de Quilichao y Cali, julio de 2021.Hide Footnote .

Por estas y otras razones, pocos meses después de que comenzara la desmovilización, muchos excomandantes de campo habían abandonado sus regiones. Este vacío de mando debilitó la capacidad de la guerrilla para establecer relaciones en tiempos de paz con las poblaciones cercanas. Actualmente, existe una marcada diferencia entre las zonas donde los excomandantes se quedaron o surgieron nuevos líderes, por un lado, y las zonas de las que han huido los oficiales de mando medio^[fn]A abril de 2021, 24 de los 26 ETCR originales estaban en operación. Santa Lucía en Ituango, Antioquia cerró por motivos de seguridad, al igual que Gallo en Córdoba. Pero tan solo once ETCR albergan a más de 100 excombatientes. “Registro Nacional de Reincorporación”, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 30 de abril de 2021.Hide Footnote .

Un ejemplo de liderazgo local exitoso se puede encontrar en Charras, Guaviare. El ETCR se rige por un conjunto claro de veintidós reglas que regulan desde las responsabilidades de limpieza comunal hasta la hora en la que los comedores deben cerrar sus puertas en la noche. Los residentes resuelven sus disputas a través de asambleas periódicas con un liderazgo electo. Los excombatientes trabajan en proyectos agrícolas comunales, produciendo un sustento básico que ha atraído a excombatientes de otras zonas^[fn]Entrevistas de Crisis Group, mujeres excombatientes, Charras, mayo de 2021.Hide Footnote . Los vecinos de la zona describen a los combatientes desmovilizados como buenos vecinos con los que comparten una escuela y una ambulancia, y a menudo recurren a los líderes del ETCR para que medien en los problemas entre ellos y la población excombatiente^[fn]Entrevistas de Crisis Group, excombatientes y miembros de la comunidad, Charras, mayo de 2021.Hide Footnote .

Los excombatientes viven en una armonía similar con los vecinos en asentamientos informales alrededor de Neiva, Huila, en la parte occidental del país, donde exoficiales de mando medio han organizado a 240 excombatientes y otros residentes con la intención de crear cooperativas para la comercialización de huevos y lácteos^[fn]Este proyecto incluye iniciativas de reconciliación con la población local, que incluye a muchas víctimas de las FARC. Entrevistas de Crisis Group, víctimas de las FARC y excombatientes que trabajan en cooperativa, Neiva, septiembre de 2021.Hide Footnote .

En contraste, en el norte del Cauca, no muy lejos de la costa del Pacífico, se observa una dinámica muy diferente. Exguerrilleros de la zona de desmovilización de Elvira, al sur de la ciudad de Cali, fueron los primeros en el país en registrar una cooperativa luego del acuerdo de paz, con el objetivo de combinar la agricultura sustentable, cultivos comerciales como café y pequeñas tiendas^[fn]“Trabajando por quedarse: la reincorporación de las Farc en el Cauca”, El Espectador, 28 de abril de 2018.Hide Footnote . Sin embargo, a medida que los grupos disidentes en el área ganaron fuerza en 2018 y 2019, los excomandantes de las FARC tuvieron que huir para evitar ser reclutados y amenazados de muerte, seguidos por la mayoría de las bases^[fn]Cauca reporta el mayor número de homicidios de excombatientes, con 49 a agosto. El 24 de agosto, el tribunal de justicia transicional de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), les ordenó a las autoridades implementar nuevas medidas para proteger a los excombatientes. “AUTO SAR AI-044-2021”, JEP Tribunal Para la Paz, 24 de agosto de 2021.Hide Footnote . Actualmente, el ETCR está a la espera de una reubicación urgente debido a amenazas a la seguridad^[fn]“Informe del Secretario General”, Misión de Verificación de la ONU en Colombia, septiembre de 2021.Hide Footnote . Muchos exguerrilleros se defienden por sí mismos, tratando de mezclarse con los pobladores locales, a menudo con la ayuda de empresas individuales respaldadas por el Estado. Los excombatientes se quejan de la persistente desconfianza entre ellos y otros civiles^[fn]Entrevistas de Crisis Group, excombatientes, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote . Dicen que evitan hacer amigos que puedan revelarle su ubicación a posibles agresores^[fn]Entrevistas de Crisis Group, excombatientes, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote . Como dijo una figura de alto nivel que se ha alejado del área: “Solo te puedes reincorporar si te haces invisible. ¿Pero cómo puedes reconstruir tu vida si no le puedes decir a nadie quién eres?”^[fn]Entrevista de Crisis Group, exmiembro senior de las FARC, Cali, julio de 2021.Hide Footnote .

La violencia ha marcado profundamente a los exmiembros de las FARC a medida que se desmovilizan e intentan encontrar su papel en tiempos de paz. Hasta septiembre, la ONU había contabilizado 292 excombatientes asesinados desde 2016. Otros cientos más han enfrentado amenazas, han sido desplazados de sus espacios de reintegración u hogares, o han experimentado estigmatización y discriminación. Un número creciente de combatientes desmovilizados compara su situación con la de la Unión Patriótica después de 1984, manifestando que prefieren evitar cualquier rol público o de liderazgo comunal para no arriesgarse a ser asesinados o forzados a desplazarse. Este miedo ha arruinado varias iniciativas de reintegración económica y social. En regiones como Cauca y Meta, los proyectos económicos se han visto directamente amenazados, lo que ha obligado a los excombatientes a abandonarlos por completo.

Incluso cuando no son objeto de amenazas violentas, los excombatientes dicen que son marginados socialmente y les niegan oportunidades laborales. Esta estigmatización ha perjudicado no solo a los combatientes reintegrados, sino también a sus familias. “En el colegio, se reían de mis hijos, los insultan, porque yo soy exguerrillera”, explicó una madre. “¿Qué tiene que ver mi hija con eso?”^[fn]Entrevista de Crisis Group, mujer excombatiente, Neiva, septiembre de 2021.Hide Footnote

Frente a las críticas internas y externas, el gobierno colombiano ha creado un conjunto de mecanismos destinados a mejorar la seguridad de los excombatientes. El ejército continúa patrullando los alrededores de los ETCR, lo que los hace mucho más seguros para los excombatientes que las ciudades o pueblos cercanos. No obstante, vivir cerca de las fuerzas armadas también pone a los excombatientes en riesgo de ser acusados de ser informantes^[fn]“Los excombatientes en la zona occidental del Norte de Santander han sido señalados por parte de los grupos armados como posibles informantes del ejército”. Entrevista de Crisis Group, oficial de monitoreo internacional, Cúcuta, junio de 2021. En Guaviare, algunos excombatientes han pedido a los militares que mantengan distancia, sosteniendo conversaciones con los oficiales solo en privado para no ser vistos como aliados demasiado cercanos. Entrevista de Crisis Group, figura de liderazgo de ETCR, San José del Guaviare, mayo de 2021.Hide Footnote . La Unidad Nacional de Protección, la entidad estatal responsable de la protección de líderes políticos y de la sociedad civil en riesgo, ha aprobado poco menos de 600 esquemas de seguridad para exguerrilleros, los cuales pueden incluir vehículos blindados, guardaespaldas o simplemente equipos de comunicación mejorados^[fn]“Informe del Secretario General”, op. cit. Un comité especial dentro de la Unidad que incluye representación de las FARC determina la asignación de medidas de protección. “3.4.7.4.1 Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP”, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 24 de noviembre de 2016.Hide Footnote . A julio, aproximadamente otras 700 solicitudes de protección estaban a la espera de una decisión^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, septiembre de 2021. En julio, la JEP le ordenó a la Consejería que determinara el estado de estas solicitudes pendientes en un plazo de veinte días.Hide Footnote .

Aunque el número total de asesinatos se redujo en 2020, otros tipos de violencia aumentaron, como el desplazamiento forzado^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario de monitoreo internacional, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote . Los excombatientes de los ETCR de El Diamante, Meta, en el oriente de Colombia, y Santa Lucía, Antioquia, en el centro, fueron reubicados en su totalidad por motivos de seguridad; los de otros cuatro espacios están esperando una reubicación similar^[fn]“Informe del Secretario General”, op. cit.Hide Footnote .

La impunidad de los crímenes contra excombatientes sigue siendo la regla más que la excepción, lo que contribuye a una sensación general de terror. “Nos han matado a muchos”, dijo un excombatiente. “Y no capturan a nadie, algo que genera mucho miedo dentro la población”^[fn]Entrevista de Crisis Group, excombatiente, San José del Guaviare, mayo de 2021.Hide Footnote . La Fiscalía General cuenta con la Unidad Especial de Investigación destinada a acelerar las investigaciones sobre estos casos. Funcionarios del gobierno señalan que la unidad resuelve hasta un 50 por ciento más de homicidios que la policía en todo el país, pero sin embargo ha tenido dificultades para encontrar a los culpables, en particular a las personas o grupos que ordenan los asesinatos, muchos de los cuales son perpetrados por sicarios^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario senior, Presidencia de Colombia, octubre de 2021. La Controlaría dice que la unidad de investigación ha avanzado en el “esclarecimiento” de la responsabilidad en el 55 por ciento de 415 casos, que incluyen tanto a excombatientes como a sus familiares. Sin embargo, en solo 45 casos, los culpables han recibido sentencias. “Quinto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones”, Contraloría General, septiembre de 2021, p. 156.Hide Footnote . En el departamento de Norte de Santander, por ejemplo, la unidad dice haber identificado a los culpables en la mitad de sus 40 casos de homicidios y amenazas graves, pero las autoridades reconocen que únicamente han podido determinar quién ordenó el crimen en cinco de esos casos^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, junio de 2021.Hide Footnote .

El número de casos llevados a juicio es aún menor. Solo hay dos condenas por delitos contra exmiembros de las FARC en Cauca, uno de los departamentos más afectados con 49 asesinatos a septiembre^[fn]“Informe del Secretario General”, op. cit. La JEP reconoce 49 homicidios en Cauca, mientras que las autoridades locales reconocen 47.Hide Footnote .

Con el acuerdo de 2016 que preveía que las FARC crearan un partido político (Comunes) y recibieran diez escaños divididos en partes iguales entre la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia, los dirigentes del grupo anticiparon que podrían moldear la implementación del acuerdo de paz y desempeñar un papel destacado en la política colombiana (lo que resultó ser poco realista). Según un exguerrillero de alto rango, el partido era, en opinión de la dirección, “la instancia más importante” que surgió del acuerdo^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario senior de Comunes, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote . Sin embargo, las exFARC han tenido dificultades para hacer que su mensaje político resuene a nivel local y nacional. Cuatro años después de su creación, Comunes enfrenta divisiones dentro de sus filas sobre su manejo de la reintegración y su relación con las áreas rurales.

A lo largo de las negociaciones que condujeron al acuerdo final, los comandantes rebeldes sobreestimaron su respaldo en las zonas rurales, así como su capacidad para recuperarlo tras la desmovilización. A pesar de que algunos de los habitantes de los lugares donde operaban las FARC simpatizaban e incluso compartían los reclamos y exigencias del movimiento, la influencia política de la guerrilla dependía en gran medida de su poder armado. Como expresó un funcionario de Comunes: “Una cosa es liderazgo con fusil. Otra cosa distinta es liderazgo por parte de un reincorporado”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario senior de Comunes, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Crisis Group telephone interview, senior Comunes official, September 2021.Hide Footnote

Una vez que las FARC dejaron de estar al mando, y particularmente en las zonas donde nuevos grupos armados ocuparon su lugar, las relaciones entre los excombatientes y las comunidades tuvieron que reconstruirse por completo. En algunos casos, los excombatientes lucharon por mantener sus vínculos con organizaciones de la sociedad civil que habían tolerado o, en ocasiones, ayudado a formar durante la insurgencia. En el sur de Córdoba, por ejemplo, las organizaciones de campesinos y cocaleros que habían coexistido con las FARC enfrentaron represalias y acusaciones de presunta colaboración con la guerrilla por parte del grupo posparamilitar del Clan del Golfo, que se tomó el territorio de las exFARC a partir de 2018^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes de organización campesina, Montería, octubre de 2019 y agosto de 2021.Hide Footnote .

En otros lugares, los pobladores desconfiaban de los combatientes desmovilizados y se mostraban cautelosos a la hora de asociarse con ellos al sentir que representaba un riesgo para su propia seguridad, dada la creciente violencia contra los excombatientes de las FARC. Algunos habían sido víctimas de la guerrilla; otros se quejaban de que los excombatientes monopolizaban las ayudas. “Había mucha dificultad” con los desmovilizados FARC, dijo una autoridad indígena. “En muchos lugares no eran bienvenidos. No había confianza y los excombatientes tenían muy pocos enlaces con la comunidad”^[fn]Entrevista de Crisis Group, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote .

Gran parte de este revés tomó por sorpresa a los exdirigentes de las FARC, que habían previsto que la presencia de los exguerrilleros en las zonas rurales durante la reincorporación obligaría al Estado a abrir oficinas locales de agencias de desarrollo y a establecer servicios de salud y educación que beneficiarían tanto a los excombatientes como a las comunidades cercanas. Esperaban que los pobladores considerarán su presencia como algo positivo^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes excombatientes en Caño Indio, Caquetá y Nariño, junio, septiembre y octubre de 2021.Hide Footnote . En realidad, la ayuda usualmente ha sido entregada exclusivamente a los excombatientes. Conscientes de que como resultado las tensiones estaban aumentando, varios excombatientes abogaron por compartir la ayuda estatal con los residentes cercanos^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la ONU, marzo de 2020.Hide Footnote . Sin embargo, muchos otros de los desmovilizados estaban preocupados por su propia subsistencia. “Estábamos enfocados en resolver nuestros futuros, así que no estábamos pensando en cómo organizar las comunidades”^[fn]Entrevista de Crisis Group, exmiembro senior de las FARC, Cali, febrero de 2020.Hide Footnote .

Los retrasos e incumplimientos del gobierno para emprender las reformas contempladas en el acuerdo de paz debilitaron aún más la influencia local de las FARC. La guerrilla había convencido a las comunidades reacias a confiar en las promesas del gobierno sobre reforma rural y sustitución de cultivos de que el Estado mantendría sus promesas. En el Catatumbo, al noreste del país, el grupo ayudó a organizar algunas de las primeras reuniones entre el Estado y los campesinos para discutir los planes de desarrollo rural. “Las FARC nos ayudó a convocar a la gente y convencerlos que podrían confiar en el proceso”, explicó un funcionario estatal. “Entrar el territorio no fue difícil con su aporte”^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario, Agencia Nacional de Tierras, Cúcuta, abril de 2021.Hide Footnote . Excombatientes en todo el país también ayudaron a inscribir beneficiarios en el Programa Nacional Integral de Sustitución, ideado para prestar asistencia en la siembra de cultivos lícitos a los campesinos que erradicaran voluntariamente sus cultivos de coca^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionario senior de Comunes, Bogotá, septiembre de 2021; excomandante de mando medio, Cúcuta, mayo de 2021.Hide Footnote .

Cuando estos programas no cumplieron las expectativas, tanto el gobierno como las FARC pagaron un alto precio político. Un analista local en Guaviare recordó la frustración por la sustitución de cultivos de coca. “Los campesinos les dijeron a los excombatientes, ‘eso es culpa de ustedes por llevarnos a ese programa’”^[fn]Entrevista de Crisis Group, analista de seguridad local, San José del Guaviare, mayo de 2021.Hide Footnote . Mientras tanto, los excombatientes sobre el terreno contaban con pocos medios para garantizar que el Estado cumpliera sus promesas.

Los programas de desarrollo rural han generado un ciclo similar de expectativas y decepción que ha perjudicado la reputación de las FARC. A partir de 2017, los residentes de dieciséis regiones afectadas por el conflicto elaboraron una lista de prioridades para el desarrollo rural. Además de ayudar a organizar las reuniones con la comunidad, los excombatientes de algunas regiones formaron parte de los grupos asesores civiles convocados por el gobierno para apoyar la concertación con las comunidades sobre la implementación de los programas. “La comunidad nos ve como un aliado luchando por la implementación”, dijo un excombatiente local involucrado en el desarrollo rural^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, septiembre de 2021.Hide Footnote . Sin embargo, actualmente muchos de los campesinos que participaron en las discusiones iniciales dicen que el gobierno ha elegido sus propias prioridades sobre las suyas, por ejemplo, al favorecer las carreteras sobre los proyectos de reconciliación. “Cuando empezamos a tener dificultades, la comunidad volvió a nosotros [las FARC] a preguntar, ‘¿Qué hacemos? No están cumpliendo, están negando lo pactado’”^[fn]Ibid.Hide Footnote .

Las dificultades para reconstruir la influencia de las FARC en el campo se hicieron evidentes durante el paro nacional de Colombia a mediados de 2021. Los manifestantes que salieron a las calles entre abril y junio exigieron, entre otras, una reforma policial y mayor igualdad económica. Por su parte, los manifestantes en las zonas rurales exigieron mayor equidad y desarrollo en el campo, incluso mediante la implementación del acuerdo de paz^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°90, Paro y pandemia: las respuestas a las protestas masivas en Colombia, 2 de julio de 2021.Hide Footnote . Muchos guerrilleros desmovilizados vieron el paro como una continuación de su propia lucha^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, excombatiente en Huila, junio de 2021.Hide Footnote . En algunos casos, exmiembros de las FARC se unieron y ayudaron a organizar manifestaciones en Guaviare, Meta, Caquetá, Huila y partes de Norte de Santander^[fn]Dos de los cinco voceros de los comités de paro departamentales en Caquetá eran excombatientes, mientras que exdirigentes de las FARC apoyaron a organizaciones sociales para sostener un bloqueo vial en Norte de Santander. Entrevista telefónica de Crisis Group, excombatiente en posición de liderazgo en el comité de paro local en Caquetá, septiembre de 2021.Hide Footnote . Sin embargo, en otras zonas rurales, especialmente en las que aún se encuentran afectadas por el conflicto, y en las ciudades principales, el estigma y el miedo a represalias han hecho que muchos excombatientes huyan de la escena pública^[fn]Entrevista de Crisis Group, exmiembro senior de las FARC, Cali, julio de 2021.Hide Footnote . En Tibú, que es particularmente peligroso para los excombatientes, uno de ellos explicó que “acá somos todos muy recién desmovilizados. En esa condición, no podemos opinar sobre el paro. Tenemos miedo a participar”^[fn]Entrevista de Crisis Group, excombatiente, Tibú, junio de 2021.Hide Footnote .

Varios excombatientes señalan los retrasos en la implementación del capítulo del acuerdo de paz sobre reforma política como una de las razones de su reticencia a participar en actividades cívicas de cualquier tipo^[fn]Por ejemplo, excombatientes que se desmovilizaron mientras estaban en prisión dicen que temen ser arrestados por protestar pacíficamente, lo que podría mandarlos de vuelta a la cárcel para terminar de cumplir condenas anteriores, entrevistas de Crisis Group, excombatientes, Tibú y Tumaco, junio y octubre de 2021.Hide Footnote . Nuevas iniciativas legales para fortalecer el derecho a la protesta pacífica, por ejemplo, no han sido aprobadas por el Congreso, mientras que una reforma legal para garantizar la seguridad de la oposición política se ha aplicado de forma irregular en el campo^[fn]“Informe Trimestral: estado efectivo de la implementación del acuerdo final, julio-septiembre 2021”, KROC Institute, noviembre de 2021, pp. 14-19.Hide Footnote .

El partido político sucesor de las FARC nació el 1 de septiembre de 2017, una vez finalizado el desarme. En el primer congreso del partido se votó por la adopción del nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (infortunadamente manteniendo las siglas FARC), el cual se mantuvo hasta 2021, cuando los miembros aprobaron el cambio a Comunes.

Desde sus inicios, el partido ha luchado por unir los intereses dispares que se habían mantenido ocultos al interior de una jerarquía militar, pero comenzaron a salir a flote durante las conversaciones de paz. En el centro de las disputas se encuentran las opiniones contrarias sobre si la dirección del partido debe descentralizarse y hasta qué punto. Las fracturas se derivan de tensiones sobre si excombatientes o intelectuales urbanos aliados deben ocupar puestos directivos; desacuerdos sobre cómo ocupar los escaños del Congreso y distribuir los recursos; y frustración entre los exlíderes locales de las FARC por su limitado acceso a la toma de decisiones del partido central^[fn]Segura y Stein, “The FARC’s Collective Reintegration Project: Its Impact on Colombia’s DDR”, op. cit. Entrevistas de Crisis Group, excomandantes senior de las FARC, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Una de las primeras decisiones del nuevo partido fue mantener una dirección centralizada. Los miembros del comando de las FARC mantuvieron sus posiciones de liderazgo y solo un civil se unió al Consejo Político de quince miembros^[fn]En el momento de la creación del partido, su dirección incluía a: Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko), Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez), Jorge Torres Victoria (alias Pablo Catatumbo), Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Lozada), Ricardo Téllez (alias Rodrigo Granda), Félix Antonio Muñoz (alias Pastor Alape), Juan Ermilo Cabrera (alias Bertulfo Álvarez), Jaime Alberto Parra (alias Mauricio Jaramillo), Griselda Lobo Silva (alias Sandra Ramírez), Francy María Orrego (alias Erika Montero), Judith Simanca Herrera (alias Victoria Sandino), Eloísa Rivera Rojas (alias Liliana Castellanos), Israel Zúñiga (alias Benkos Biohó) y Jairo Estrada. “Así inicia el partido de las Farc,” Generación Paz, 7 de septiembre de 2017.Hide Footnote . Muchas de estas mismas personas ocuparon los escaños del Senado y la Cámara de Representantes del partido y obtuvieron la representación en los órganos conjuntos de supervisión del acuerdo de paz. Según algunos miembros de Comunes, el control de las posiciones de liderazgo por parte de este estrecho círculo fue un error que luego afectó la autoridad del partido con la base desmovilizada. Uno de ellos dijo: “Lo que han hecho es dejar que un solo grupo imponga su hegemonía sobre el otro, en vez de construir consenso”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, exmiembro del consejo político de las FARC, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Estos pasos en falso le han dificultado a las exFARC construir una base decente de apoyo electoral. Para muchos colombianos, el papel de los líderes de las FARC en las atrocidades del pasado los convierte en candidatos inaceptables, a la vez que no se ha permitido el ascenso de nuevas figuras carismáticas. Si bien el partido no presentó candidato presidencial en 2018, sí inscribió una lista de 23 candidatos al Senado y trece a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas anteriores. Con solo 55 587 votos, menos del 0,5 por ciento, el partido mantuvo solo los diez escaños que tiene garantizados hasta 2026 en el acuerdo de paz. En las elecciones locales de 2019, a los candidatos del partido les fue un poco mejor, solo un tercio de los cuales eran excombatientes y el resto estaba compuesto por nuevos miembros civiles del partido. Los candidatos de las FARC obtuvieron dos alcaldías en coalición con otros partidos de izquierda.

Los miembros del partido y los candidatos alegan que se enfrentan a desventajas estructurales en las campañas, incluida una grave falta de financiación en comparación con otros contendientes. También indican que es posible que sus partidarios no estén registrados o dispuestos a votar^[fn]Entrevista de Crisis Group, excomandante de las FARC, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote . Sin embargo, los resultados también demostraron el grado de resentimiento de los colombianos hacia la prolongada insurgencia de las FARC, así como la brecha entre la retórica marxista de la exguerrilla y el sentir de la población. En las zonas rurales, los resultados dejaron en evidencia que las desmovilizadas FARC habían perdido su influencia y no lograron formar coaliciones políticas para recuperarla.

Para aquellos miembros del partido que pasaron a formar parte del congreso, pronto se hizo evidente la dificultad para formar alianzas. Mientras que algunos dieron la bienvenida a las figuras de las exFARC como miembros de un amplio frente de apoyo al acuerdo de paz en oposición al gobierno del presidente Duque, un senador de las FARC describió el ambiente como abrumadoramente hostil. “Había un discurso vulgar en contra de nosotros, y muchos elementos que querían destruir nuestra capacidad de construir relaciones dentro el congreso”^[fn]Entrevista de Crisis Group, senador de Comunes, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Los recién nombrados representantes carecían de experiencia en la política legislativa y pasaron gran parte de su tiempo durante los primeros meses aprendiendo los pormenores del procedimiento. Según un congresista de la oposición, sus colegas de las FARC intentaron compensar su inexperiencia preparándose para los debates mucho más a fondo que otros legisladores^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, octubre de 2021.Hide Footnote . Otras fuentes, en cambio, dicen que los representantes de las FARC también contribuyeron a su propio aislamiento con un dogma rígido que no conectaba con la realidad de la clase media urbana, cuyas preocupaciones dominan el debate político. Otro congresista de centro describió a los representantes de las exFARC como desinteresados en construir propuestas innovadoras o en formar coaliciones fuera de su zona de confort en la izquierda^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, octubre de 2021.Hide Footnote .

Funcionarios de Comunes reconocen que el partido no será competitivo en las elecciones cuando sus curules designadas en el Congreso expiren en 2026, y están abogando por una extensión hasta 2042, la cual es poco probable que obtengan^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario senior de Comunes, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote . Al igual que en 2018, Comunes no ha logrado convencer a los partidos de izquierda de integrar una coalición formal de cara a las elecciones de 2022. El principal candidato progresista, Gustavo Petro, se ha negado a que Comunes se una a su coalición, y actualmente existe una profunda ruptura entre su partido Colombia Humana y la dirección de Comunes. Aun así, es probable que muchos excombatientes apoyen la campaña de Petro, y según informes el candidato les ha expresado a los partidarios de las antiguas FARC que está abierto a aceptar su apoyo siempre que trabajen fuera del marco de Comunes.

De hecho, al pasar a la política democrática competitiva, las desmovilizadas FARC le han permitido a la izquierda más amplia del espectro político colombiano liberarse de su propio estigma de asociación con la insurgencia rural y así ganar popularidad y votos. Aunque perdió en la segunda vuelta de las elecciones de 2018 frente a Duque, Petro obtuvo el mayor porcentaje de un candidato de izquierda en una elección presidencial en la historia de Colombia. De cara a las elecciones de 2022, Petro parece de nuevo estar bien posicionado para disputar el máximo cargo, mientras que es poco probable que Comunes presente un candidato.

Actualmente, un considerable número de exguerrilleros afirman que Comunes ya no representa sus intereses. Un grupo de funcionarios locales y senior del partido ha intentado separarse y crear un nuevo movimiento enfocado en descentralizar la dirección y abordar lo que llaman una “grave crisis” en el proceso de reintegración^[fn]“Carta abierta al presidente de Colombia, Iván Duque”, Neiva, 19 de septiembre de 2021.Hide Footnote . Alegando que Comunes está demasiado entregado a la política nacional y es demasiado conciliador con el gobierno, estos líderes del campo dicen que se han tenido que enfrentar los desafíos de la reintegración solos. Agregan que el partido no les ha proporcionado el apoyo político necesario para aliviar sus problemas cotidianos ni ha presionado al gobierno para que implemente el acuerdo de paz. Según un líder local, Comunes es “irrelevante” para sus esfuerzos de reintegración^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder excombatiente, Santander de Quilichao, julio de 2020.Hide Footnote .

El 10 de agosto, un grupo de reinsertados dirigió una carta al partido solicitando una escisión formal en Comunes, creando así dos partidos políticos que buscan representar a la población excombatiente en la coordinación del proceso de paz y el control de los escaños reservados en el Congreso^[fn]“Solicitud de Escisión del Partido de la transición política del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, Carta al Consejo Nacional de Comunes, 10 de agosto de 2021.Hide Footnote . Aunque es poco probable que el partido apruebe esta solicitud, en septiembre, el mismo grupo formó la Mesa Autónoma para la Reintegración y la Paz, y le solicitó oficialmente al gobierno colombiano crear un enlace reconociéndolo como representante de parte de la población excombatiente^[fn]“Carta abierta al presidente de Colombia, Iván Duque”, op. cit.Hide Footnote . Desde entonces, la agencia para la reintegración, así como la misión de la ONU, han mantenido varias reuniones con representantes de la Mesa. Comunes, por su parte, expulsó a varios críticos de alto perfil en 2020 y 2021^[fn]En 2020, líderes del partido expulsaron a Jesús Emilio Carvajalino (alias Andrés París), José Benito Cabrera Cuevas (alias Fabián Ramírez), Benedicto de Jesús González y a Ubaldo Enrique Zúñiga (alias Pablo Atrato). González había sido elegido para ocupar el escaño en el Congreso de Jesús Santrich, mientras que Zúñiga es senador. En marzo de 2021, el partido manifestó que no le permitiría mantener su escaño a Zúñiga ni a la senadora Victoria Sandino después de que finalice el mandato actual.Hide Footnote .

Los cismas políticos internos no son nuevos para las FARC, pero rara vez han tenido tanta visibilidad. Exlíderes de las FARC de ambos lados de esta división política coinciden en que las fisuras en el partido comenzaron a presentarse incluso antes de que se firmara el acuerdo de 2016. Durante la insurgencia, la disciplina militar escondió las diferencias de opinión para resguardar la unidad en la toma de decisiones con el mando central^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario senior de Avanzar, septiembre de 2021.Hide Footnote . Las negociaciones sobre temas delicados como el desarme y temas de género hicieron aflorar estas frustraciones, y algunos favorecieron el desarme gradual, por ejemplo, en lugar de la entrega inmediata de armas que de hecho ocurrió. Según algunos de los que han roto con la dirección del partido, el resentimiento también se deriva de la falta de comunicación con las bases durante las negociaciones de La Habana. Un líder de la iniciativa de escisión de Comunes dijo: “El problema fue exactamente eso, que todos nosotros confiábamos en los negociadores. Pero ellos no nos compartieron lo que estaba adentro del acuerdo, y aún peor, mintieron”^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario senior de la iniciativa de escisión de Comunes, Neiva, septiembre de 2021.Hide Footnote .

La rápida pérdida de influencia de los exguerrilleros en el campo intensificó la discordia. A medida que los excomandantes de mando medio y alto abandonaron las áreas rurales, la mayoría por motivos de seguridad, los excombatientes empezaron a manifestar su sensación de abandono. “Los comandantes nos abandonaron”, dijo una excombatiente. “Hay muy pocos que quedan con nosotros … están allá en Bogotá viviendo como reyes”^[fn]Entrevista de Crisis Group, mujer excombatiente, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote .

Al mismo tiempo, ha habido muchos desacuerdos entre los líderes del partido sobre la forma de relacionarse con las comunidades, el grado de autonomía y poder político que se le debe conceder a los líderes locales y su posicionamiento en relación con las protestas y los movimientos sociales^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de mando medio de Comunes, San José del Guaviare, Santander de Quilichao, Cúcuta, abril, mayo y julio de 2021.Hide Footnote . Algunos líderes locales en los espacios de reintegración se quejaron porque consideran que la toma de decisiones de Comunes está demasiado centralizada, y los proyectos económicos y solicitudes de seguridad resultan aprobadas o denegadas por favoritismo^[fn]Entrevistas de Crisis Group, excomandantes de mando medio, abril-julio de 2021.Hide Footnote . Excombatientes expresaron su frustración por la escasa interacción con la dirección del partido. “Los directores nacionales del partido son ajenos a nuestra realidad. Deberían estar en las trincheras con nosotros”^[fn]Entrevista de Crisis Group, excomandante de las FARC, Cúcuta, abril de 2021.Hide Footnote .

Algunos en Comunes minimizan los desacuerdos como parte de un desarrollo natural y positivo. “Las contradicciones son el material de la creatividad”, dijo un líder del partido^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de Comunes, septiembre de 2021.Hide Footnote . Las condiciones de seguridad han impedido que los funcionarios de rango medio y alto permanezcan en el campo de la forma que desearían, argumentó un miembro del partido^[fn]“La inseguridad paralizó de inmediato a nuestra dirigencia local. ... Las zonas rurales eran parte de nuestro tejido, pero ahora nos vemos obligados a apoyarlas a distancia”, entrevista de Crisis Group, funcionario senior de Comunes, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote . Otros sienten que las quejas de los inconformes son injustificadas. Desde principios de 2021, Comunes ha hecho un esfuerzo visible por ampliar su huella territorial mediante la designación de funcionarios senior responsables de los asuntos regionales y dando mayor visibilidad a los líderes emergentes. Una figura senior de Comunes expresó su molestia con la iniciativa de escisión y su proclividad a debatir a través de los medios de comunicación. “Hemos designado direcciones locales y regionales. Si hay desacuerdo, deberíamos resolverlo entre nosotros, no por las redes”^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario senior de Comunes, Bogotá, septiembre de 2021.Hide Footnote .

No obstante, las fracturas en el partido son reales y profundas. Es probable que el intento de Comunes por representar a todos los combatientes desmovilizados se vea obstaculizado si no hace un gran esfuerzo por apaciguar a los miembros inconformes. Algunos militantes del partido admiten su decepción por la aparente falta de interés de la dirección para resolver las divisiones internas. Un excomandante de mando medio dijo: “Hay una purga interna por la falta de humildad que tiene nuestro liderazgo nacional”^[fn]Entrevista de Crisis Group, mayo de 2021.Hide Footnote .

Las divisiones en Comunes no son solo un asunto interno; pueden suponer riesgos para el acuerdo de paz, particularmente al poner en duda la autoridad de las exFARC para actuar como contraparte del gobierno en el monitoreo del acuerdo. Funcionarios del gobierno de Duque y del partido en el poder se resisten a realizar reformas complejas y a incluir a las exFARC en la vida política. Las fracturas en Comunes ahora amenazan con confirmar el argumento de los detractores de que el liderazgo del partido no se fundamenta en un mandato genuino de todos los combatientes desmovilizados y, como tal, su papel en la toma de decisiones debe ser restringido. “La representación de las FARC dentro de las instancias del acuerdo de paz es para todos los excombatientes, no para el partido”, dijo un alto funcionario del gobierno, y agregó que determinar la afiliación puntual de los grupos que representan a los excombatientes “es cuestión de abogados”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario senior, Presidencia de Colombia, octubre de 2021.Hide Footnote .

Crisis Group telephone interview, senior official, Colombian Presidency, October 2021.Hide Footnote

Tras la llegada de Duque al poder en 2018, representantes de las exFARC han denunciado los esfuerzos del gobierno en varios frentes por reducir su influencia en la implementación del acuerdo de paz. Alegan que el gobierno ha reducido el número de reuniones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), el órgano de supervisión por mandato del acuerdo, y ha interrumpido el debate cuando sus miembros se reúnen^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, miembros de la Comisión, marzo de 2021. Las quejas de las FARC sobre la Comisión hacen eco a las preocupaciones de la sociedad civil sobre otras entidades creadas por el acuerdo, por ejemplo, el Comité Nacional de Garantías de Seguridad, encargado de elaborar un plan para desmantelar los grupos armados restantes del país. En abril, los miembros le escribieron al presidente Duque alegando que el Comité se había reunido solo seis veces durante los 38 meses de su mandato, sin abordar en ninguna el mandato básico para el que fue creado. “Carta al presidente Iván Duque y Miguel Ceballos”, 26 de abril de 2021.Hide Footnote . Funcionarios senior del gobierno coinciden en que la Comisión ha cambiado el modus operandi que tenía bajo la administración Santos, cuando el gobierno tomaba algunas decisiones conjuntamente con las FARC. Sería “ilegal e inconstitucional” otorgar a las FARC un poder de decisión que otros partidos políticos no tienen, dijo un funcionario. “No es que el CSIVI no esté funcionando, sino que no está funcionando como ellos quieren que funcione”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario senior, Presidencia de Colombia, octubre de 2021.Hide Footnote .

Además de desestimar el papel de las FARC en esta institución, el partido de gobierno (el Centro Democrático) ha argumentado sistemáticamente que el sistema de justicia transicional creado por el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es demasiado indulgente. El acuerdo les concedió una amnistía a las bases de la guerrilla, al tiempo que estipuló que los comandantes serían investigados por sus presuntos crímenes de guerra. Duque ha criticado repetidamente al sistema de justicia transicional por su facultad para dictar sentencias sin penas de prisión en los casos en que el acusado confiesa verazmente sus crímenes. Una de sus primeras iniciativas en el cargo fue un intento fallido por reformar las reglas de la JEP^[fn]“Los tres aspectos que el presidente Duque quiere reformar de la JEP”, El Tiempo, 11 de marzo de 2019.Hide Footnote . El gobierno también ha amenazado con presentar una petición a los tribunales de transición en relación con la supuesta falta de entrega de todos sus activos por parte de las FARC, estableciendo periódicamente nuevos plazos para que lo hagan^[fn]“Se agota el tiempo para la recibir los bienes Farc destinados a las víctimas”, comunicado de prensa, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 24 de noviembre de 2020. El acuerdo de paz exigía que las FARC declararan sus bienes y los entregaran al Estado para destinarlos al pago de reparaciones a las víctimas de sus crímenes. Las FARC entregaron un inventario de activos al gobierno en 2017, incluyendo desde fincas y carros hasta oro y dinero en efectivo. Las FARC sostienen que la lista debía ser confidencial, con el fin de proteger la transferencia de bienes a manos del Estado. Sin embargo, el inventario fue publicado por la Fiscalía General, lo que, según las FARC, les permitió a terceros, incluidos otros grupos armados, apoderarse de numerosas propiedades.Hide Footnote . Hasta el momento no ha impuesto un ultimátum. No obstante, la amenaza del gobierno ha profundizado la desconfianza hacia el Estado entre los excomandantes guerrilleros.

Sin embargo, en términos generales, varios miembros de las FARC han comparecido voluntariamente ante el sistema de justicia transicional y han cumplido con sus reglas. Hay siete importantes casos en curso, incluidos los relacionados con el secuestro, reclutamiento de menores, asesinatos y desapariciones. La única imputación hasta la fecha ha sido en el caso de secuestro, en el que el tribunal acusó a excomandantes senior de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ante lo cual han asumido su responsabilidad^[fn]“Respuesta y observaciones al Auto 019 del 26 de enero de 2021 por parte de exintegrantes del secretariado de las FARC-EP, comparecientes dentro del Caso 001 ‘Toma de Rehenes y otras graves privaciones a la libertad’”, Carta a la JEP, 30 de abril de 2021. Los comandantes de las FARC imputados rechazaron un nuevo cargo de esclavitud presentado el 5 de noviembre de 2021, luego de que la JEP accediera a una solicitud de la Procuraduría General de la Nación para agregar el cargo. “Ex-Farc en desacuerdo por imputación de esclavitud en caso de secuestro”, El Tiempo, 8 de noviembre de 2021.Hide Footnote .

Según algunos informes, la gravedad de estas acusaciones iniciales ha impulsado a los excomandantes senior de las FARC que se enfrentan a un juicio a incrementar su participación en otras partes del sistema de justicia transicional con el fin de preservar un futuro papel en la vida pública^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de justicia transicional, septiembre de 2021.Hide Footnote . En sus sentencias, la primera de las cuales está relacionada con el secuestro y es probable que se anuncie a principios del año 2022, el tribunal también tendrá en cuenta la sinceridad de los exmiembros de las FARC en la investigación de la Comisión de la Verdad. Si considera que los miembros no han demostrado disposición para colaborar, la JEP puede restringir su participación en el Congreso y en otros roles políticos, o lo que es más probable, exigir actos de restitución en el campo que alejarían a estas personas de sus roles políticos en Bogotá. Además, es probable que estas sentencias lleguen durante el período previo a las elecciones de 2022 y sean objeto de un intenso escrutinio público, posiblemente disminuyendo la percepción de la opinión pública sobre la capacidad de los funcionarios de las FARC para ocupar cargos públicos.

Así como el acuerdo de paz pretendía reintegrar a los miembros de las FARC a la vida civil, tenía como objetivo devolver el territorio en control de la guerrilla a las manos del Estado. Si bien el Estado logró ampliar su control en las áreas más cercanas a las ciudades con infraestructura vial y mercados más fuertes, no recuperó todos los antiguos bastiones de las FARC, algunos de los cuales han caído bajo el dominio de otros grupos armados. Entre estos grupos se encuentran los llamados disidentes de las FARC, un conjunto de facciones que trabajan en diversos grados de alineación y competencia entre sí y solo tienen una escasa semejanza con la antigua insurgencia. La gran mayoría de las personas que viven en zonas controladas por los disidentes en Colombia describen a estos grupos como motivados por el dinero, en gran parte generado por la economía ilegal, así como ideológicamente rudimentarios y extremadamente violentos.

Los disidentes surgieron, y se han aprovechado, de los fracasos de la transición de la guerrilla a la política formal, así como de las dificultades de la reintegración de los combatientes. Argumentan que hubo “un abandono total de la causa” por parte de los negociadores de las FARC, como manifestó a medios locales John Catatumbo, comandante del disidente Frente 33, en septiembre de 2021: “Hicieron una negociación más o menos personal, un equipo de comandantes, y se fueron y [nos] dejaron a la merced [de] cualquier cosa que nos pudiera pasar a los combatientes”^[fn]“Primicia: Hablan Disidencias de las FARC en el Catatumbo”, Tercer Canal, 23 de septiembre de 2021.Hide Footnote . Valiéndose de esta retórica y de tácticas violentas, los disidentes han reclutado nuevos combatientes en comunidades marginadas y se han dedicado a la economía ilegal, aprovechando la desesperación económica y el descontento del sector rural que durante mucho tiempo motivaron la insurgencia de las FARC y que el acuerdo de paz prometió resolver.

Las rupturas que dieron origen a los disidentes comenzaron a surgir antes de la firma del acuerdo de paz. En junio de 2016, una parte del Frente 1 de las FARC, activo en el suroriente del país bajo el mando de alias Iván Mordisco, le manifestó a los líderes guerrilleros en La Habana que no planeaba unirse al proceso. En un intento por restablecer la disciplina, las FARC entregaron el mando del Frente 1 a alias Gentil Duarte, líder del Frente 7 y representante del bloque oriental del movimiento^[fn]“Comunicado sobre el Frente Primero Armando Ríos”, Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Briceño de las FARC-EP, 8 de julio de 2016.Hide Footnote .

Pero a pesar de la reacomodación, la dirección nacional de las FARC no pudo controlar ni a Duarte ni a los frentes bajo su mando. La magnitud de la división fue evidente meses después, en la X Conferencia Nacional de las FARC. Según asistentes a la conferencia, surgieron tensiones entre las distintas facciones sobre los tiempos del desarme, la asignación de las curules en el Congreso y la distribución de la financiación estatal prometida, así como de los propios recursos de las FARC^[fn]Entrevistas de Crisis Group, excomandantes y excombatientes de las FARC, Bogotá, Santander de Quilichao, Caño Indio, Cúcuta, mayo-julio de 2021.Hide Footnote . Según informes, Duarte era partidario de un desarme gradual, abogaba por ocupar los escaños del Congreso con civiles en lugar de excombatientes y expresó su descontento por la forma en la que el Estado dispondría de los bienes de la guerrilla en virtud del acuerdo^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, excomandante senior de las FARC, septiembre de 2021; Asistente a la X Conferencia, Montería, agosto de 2021.Hide Footnote . Después de la conferencia, anunció que no se uniría al acuerdo de paz. El Frente 7 de Duarte no se desarmó, como tampoco lo hizo la mayor parte del Frente 1 y ambos afirman actualmente ser las únicas manifestaciones reales que quedan de las FARC.

La mayoría de los otros disidentes se separaron durante las primeras fases de la desmovilización. A fines de 2017, era evidente que las desmovilizadas FARC tendrían dificultades para recuperar su influencia en los territorios que el movimiento había controlado anteriormente. Alrededor de la misma época, como se mencionó anteriormente, varios oficiales de mando medio abandonaron el proceso de reintegración para retomar las zonas y el comercio ilícito que los rebeldes habían dejado atrás. La mayoría de las facciones disidentes surgieron aisladas unas de otras, adoptando a menudo el nombre del frente de las FARC que había ocupado previamente la zona, como el Frente 33 en el Catatumbo o el Nuevo Frente 6 en el Cauca.

Los líderes de estas nuevas facciones solían estar bien versados en la actividad criminal, pero también eran, en palabras de un excombatiente, unos “don nadie”: oficiales de mando medio a los que finalmente se les presentó la oportunidad de ganar influencia y hacer fortuna^[fn]Entrevista de Crisis Group, excomandante senior de las FARC, Cali, febrero de 2020.Hide Footnote . Son abrumadoramente jóvenes, a menudo en sus veintes y, como se señaló anteriormente, carecen de la formación ideológica de los líderes de las antiguas FARC. Un oficial militar senior dijo: “Las FARC antes tenían una ideología, pero hoy los disidentes son narcotraficantes. Tienen gustos de narcos, en los carros, la música, propiedades en Cartagena”^[fn]Entrevista de Crisis Group, oficial militar senior, septiembre de 2021.Hide Footnote . Varios líderes disidentes de alto rango han sido capturados después de que las fuerzas de seguridad se enteraran de fiestas extravagantes o siguieran a sus muchas novias^[fn]Entrevista de Crisis Group, oficial militar senior, octubre de 2020.Hide Footnote .

Aunque son notablemente diferentes a los grupos guerrilleros del pasado, decenas de estos grupos han retomado los territorios y las actividades ilícitas que antes controlaban las FARC. Al hacerlo, han asumido nuevamente el control territorial y social, y no muestran signos de pretender detenerse. Los frentes disidentes han sentido “una necesidad de crecer”^[fn]Entrevista de Crisis Group, fuente de inteligencia, septiembre de 2021.Hide Footnote . El reclutamiento ha demostrado ser el mejor mecanismo para consolidar su influencia. En algunas zonas con una fuerte presencia de disidentes, los pobladores informan que casi todas las familias tienen algún miembro relacionado con los grupos^[fn]Entrevista de Crisis Group, miembro de la comunidad, Patía, noviembre de 2021.Hide Footnote . Han reclutado ampliamente entre los jóvenes, y muchos de los miembros de base no tenían ningún vínculo o experiencia con las exFARC^[fn]Las estimaciones del número de disidentes varían. El comandante general de las fuerzas militares de Colombia dijo en septiembre que los grupos disidentes incluyen 2400 miembros, 700 de los cuales tienen su base en Venezuela. “Exclusive: Some 1,900 Colombian guerrillas operating from Venezuela, says Colombia military chief”, Reuters, 30 de septiembre de 2021. En octubre, el ministro de Defensa de Colombia dijo que los grupos disidentes tenían el plan de llegar a 8000 combatientes en solo cuatro departamentos: Guainía, Caquetá, Guaviare y Putumayo. “Mindefensa advierte que disidencias quieren tener 8 mil hombres”, El Heraldo, 5 de octubre de 2021. El grupo de la sociedad civil Indepaz estima que los grupos disidentes cuentan con poco más de 5200 combatientes, incluidas sus redes de apoyo. “Los Focos del Conflicto en Colombia”, Indepaz, 4 de octubre de 2021.Hide Footnote . Muchos provienen de lugares con dificultades económicas, en parte debido a las promesas incumplidas de los programas de sustitución de cultivos de coca y desarrollo rural^[fn]Ver por ejemplo “XXX Informe Semestral”, MAPP-OEA, septiembre de 2021, pp. 8-9.Hide Footnote .

See for example, “XXX Informe Semestral”, MAPP-OEA, September 2021, pp. 8-9.Hide Footnote

En 2019 comenzó una nueva etapa en el desarrollo de los disidentes, cuando el ex­se­na­dor alias Iván Márquez y el exrepresentante a la cámara alias Jesús Santrich anunciaron por medio de un video la creación de Segunda Marquetalia, un nuevo grupo disidente^[fn]El nombre Segunda Marquetalia se refiere al lugar de origen de las FARC, un enclave conocido coloquialmente como Marquetalia, donde surgieron los grupos de autodefensas campesinas a principios de la década de 1960. Los militares retomaron el territorio en 1964.Hide Footnote . Santrich se había convertido en un pararrayos para la controversia tanto al interior de Comunes como en la política colombiana en general. El congresista fue arrestado el 9 de abril de 2018 después de que un tribunal de Nueva York emitiera una orden de arresto por su presunta participación en la coordinación de envíos de cocaína. Aunque fue liberado en junio de 2019 y volvió a ocupar su curul en el Congreso, huyó del país solo unas semanas después y resurgió en agosto, tras retomar las armas^[fn]“Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC, por narcotráfico a petición de Estados Unidos,” El País, 9 de abril de 2018.Hide Footnote . Márquez también estaba siendo investigado en EE. UU. por delitos similares y se negó a asumir su escaño en el Senado, citando falta de garantías legales^[fn]“Colombia cocaine-trafficking probe poses risk to peace accord”, The Wall Street Journal, 28 de abril de 2018; “Renuncia de Márquez, ¿protesta al Gobierno?”, El Colombiano, 17 de julio de 2018.Hide Footnote .

Denunciando la “traición” del Estado al acuerdo de paz, Segunda Marquetalia difundió un video-manifiesto en el que anunciaba su formación y señalaba el fracaso del Estado para “garantizar la vida de sus ciudadanos, y particularmente la de evitar el asesinato por razones políticas”^[fn]“Manifiesto”, FARC-EP Segunda Marquetalia, 29 de agosto de 2019.Hide Footnote . El video, filmado en Venezuela según el gobierno colombiano, denunciaba que el gobierno y la élite política tradicional habían trabajado para obstaculizar las reformas prometidas a las FARC y que “nada hizo Santos para impedir el hundimiento en el Congreso de la Reforma Política, sabiendo, como todos los colombianos, que ninguna guerrilla se desarma si no existen plenas garantías de participación política para todos”^[fn]“Manifiesto: Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer”, comunicado de prensa, Segunda Marquetalia-FARC-EP, 28 de agosto de 2019.Hide Footnote . Desde entonces, Segunda Marquetalia ha intentado reavivar su enfrentamiento con el Estado colombiano, mientras continúa poniendo de manifiesto el supuesto incumplimiento del gobierno a los compromisos adquiridos en el acuerdo y la ineptitud política de Comunes^[fn]“Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución”, Fundación Conflict Responses, julio de 2021.Hide Footnote .

Segunda Marquetalia pronto se esforzó por forjar alianzas entre los numerosos disidentes independientes de todo el país, en feroz competencia con una iniciativa similar del movimiento de Gentil Duarte. Ambos grupos enviaron “comisiones” a regiones con facciones disidentes activas como el Cauca, Catatumbo, Nariño, Putumayo y otros lugares para negociar con estos frentes existentes.

En uno de esos casos, en 2019, Duarte envió a un emisario conocido como Johnnier al Cauca, donde cuatro facciones disidentes competían entre sí. El emisario “logró convencer a todos que estaban trabajando por la misma cosa, que era recuperar lo que tenían las FARC”^[fn]Ibid.Hide Footnote . A instancias de Duarte, las facciones del Cauca se unieron al Comando Coordinador de Occidente, una red formada para administrar todas las fuerzas disidentes a lo largo de la costa del Pacífico. Sin embargo, la cooperación del Comando tiene límites. Por ejemplo, los frentes aliados no comparten las rutas del narcotráfico, como lo hacían los frentes de las exFARC, sino que se pagan entre ellos para transportar de forma independiente sus cargamentos de coca o marihuana a un puerto de salida^[fn]Entrevista de Crisis Group, fuente de inteligencia, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Duarte también parece haber expandido su coalición al enviar mano de obra y recursos a zonas estratégicas en otras partes del país, como, por ejemplo, a lo largo de la frontera con Venezuela, donde operan los grupos disidentes Frente 10 y Frente 33, así como la cuenca del río Caquetá en el sur^[fn]Entrevistas de Crisis Group, oficial militar senior, Mocoa, abril de 2021; oficial militar senior, San José del Guaviare, noviembre de 2020; oficial de monitoreo internacional, Popayán, febrero de 2020.Hide Footnote . El Frente 10 ha penetrado considerablemente en territorio venezolano, como quedó claro en marzo de 2021 cuando el ejército de ese país desplegó un ataque aéreo y terrestre contra el Frente en el estado Apure de Venezuela, en la frontera con Colombia, lo cual tuvo efectos mixtos. (Fuentes de la zona le manifestaron a Crisis Group en ese momento que la guerrilla, que participa en mercados ilícitos en Venezuela y a lo largo de la frontera, aparentemente no le había pagado a sus contactos en las fuerzas de seguridad^[fn]Bram Ebus, “Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana”, comentario de Crisis Group, 28 de abril de 2021.Hide Footnote .) Según algunos reportes militares, Duarte pudo enviar refuerzos mientras el Frente 10 repelía a las fuerzas armadas venezolanas^[fn]Mensajes de audio y texto circulados entre oficiales militares colombianos activos y retirados vistos por Crisis Group, abril de 2021.Hide Footnote .

Otra expansión agresiva de las fuerzas aliadas de Duarte está en marcha en Nariño, una región de la costa del Pacífico que limita con Ecuador. Facciones vinculadas al Comando Coordinador Occidental, en particular bajo la dirección del Frente 30, comenzaron a avanzar hacia el sur desde el Cauca a partir de finales de 2020^[fn]Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares senior, Tumaco, octubre de 2021.Hide Footnote . Se enfrentaron con grupos armados que ya estaban presentes en las zonas rurales, lo que provocó un desplazamiento masivo en 2021, con al menos 5000 personas obligadas a huir de sus hogares entre abril y agosto^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del gobierno local y personas desplazadas, Roberto Payán, septiembre de 2021.Hide Footnote . En el espacio de un año, el Frente 30 consolidó su influencia en una amplia franja de Nariño, el departamento con la segunda mayor concentración de cultivos de coca en Colombia y varias rutas fluviales para el transporte marítimo de drogas^[fn]Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares senior, Tumaco, octubre de 2021; funcionarios de monitoreo internacional, Barbacoas, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Los emisarios de Segunda Marquetalia tuvieron menos éxito a la hora de reclutar aliados, hasta finales de 2020 y 2021 cuando sus esfuerzos finalmente dieron fruto^[fn]“Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución”, op. cit.Hide Footnote . Fuentes militares y residentes informan que Segunda Marquetalia parece haber llegado a un entendimiento con los Comandos de la Frontera, un grupo armado compuesto por una mezcla del antiguo Frente 48 y paramilitares que opera en Putumayo, en el sur de Colombia^[fn]Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares y residentes, Mocoa y Puerto Asís, abril de 2021.Hide Footnote . Fuentes también afirman que Segunda Marquetalia compró el apoyo de bandas armadas rivales en Tumaco, Nariño, una ciudad costera del Pacífico, lo que trajo algo de calma a esta atormentada ciudad^[fn]Entrevistas de Crisis Group, fuentes militares y residentes, Tumaco, octubre de 2021.Hide Footnote . Combatientes alineados con Segunda Marquetalia también han comenzado a trabajar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor insurgencia aún activa del país, en Argelia, Cauca^[fn]A lo largo de 2020, las operaciones militares contra el ELN en Argelia, junto con los avances en el área de los frentes disidentes de las FARC Carlos Patiño y Jaime Martínez, debilitaron significativamente al ELN. En 2021, sin embargo, al parecer con el apoyo de Segunda Marquetalia, el ELN ha recuperado fuerza y a mediados de 2021 comenzó a retomar territorio. Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares senior, fuentes de inteligencia, funcionarios de monitoreo internacional, septiembre de 2021.Hide Footnote . Fuentes de seguridad de la zona afirman que Segunda Marquetalia está en confrontación con el Frente Carlos Patiño, aliado de Duarte, en el sur del Cauca y a lo largo de la costa del Pacífico^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario de monitoreo internacional, Patía, noviembre de 2021.Hide Footnote .

Entre tanto, la dirección de Segunda Marquetalia parece estar ubicada en Venezuela. En mayo, el grupo reportó que Santrich había sido asesinado allí, aunque las dudas sobre quién pudo ser el responsable persisten, al igual que si realmente está muerto^[fn]“Muere Jesús Santrich: las disidencias de las FARC confirman el fallecimiento del comandante guerrillero colombiano en territorio venezolano”, BBC Mundo, 18 de mayo de 2021. “Jesús Santrich estaría vivo, aseguró el periodista Luis Carlos Vélez”, Infobae, 22 de noviembre de 2021.Hide Footnote . El gobierno colombiano sigue acusando a su homólogo venezolano de albergar a terroristas^[fn]Ver, por ejemplo, “Duque acusa a Maduro de resguardar a los disidentes de las FARC que retoman las armas”, El País, 29 de agosto de 2019. Ver también tuit de Iván Duque, @IvanDuque, presidente de Colombia, 11:00 am, 26 de julio de 2021.Hide Footnote .

Al mismo tiempo, algunos frentes disidentes continúan operando de manera independiente en aras de sus propios intereses, incluso en Nariño, donde varios frentes se han aliado nominalmente, en un momento u otro, tanto con Duarte como con Segunda Marquetalia^[fn]Entrevistas de Crisis Group, fuentes militares y residentes, Tumaco, octubre de 2021.Hide Footnote . Un número menor de excombatientes de las FARC reincidentes también han sido reclutados por otros grupos armados. Según pobladores del sector, el grupo posparamilitar del Clan del Golfo reclutó fuerzas élite de lo que era el Frente 25 de las FARC para formar una unidad de operaciones especiales en el Bajo Cauca^[fn]Entrevista de Crisis Group, líder comunitario, Montería, agosto de 2021.Hide Footnote .

Las facciones disidentes ahora han asumido el papel que alguna vez desempeñaron las FARC en zonas de Colombia. Aunque de carácter diverso y aún profundamente fracturados, los disidentes generalmente tienen relaciones con las comunidades civiles basadas en coerción y explotación. Muchos de los combatientes desmovilizados de las FARC dicen estar horrorizados por su comportamiento, que afirman que es más violento y arbitrario que el que ellos solían tener^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líder comunitario que fue combatiente de las FARC, San José del Guaviare, mayo de 2021; exmiembro senior de las FARC, Cali, febrero de 2020.Hide Footnote . Los pobladores a menudo se refieren coloquialmente a los grupos disidentes como paramilitares, a causa de su crueldad y obsesión por las ganancias ilícitas^[fn]Un ejemplo es la disidencia Carlos Patiño en Cauca. Entrevistas de Crisis Group, residentes y oficiales militares, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote .

La mayoría de las facciones disidentes están orientadas hacia el crimen organizado y el control del territorio. Mientras que las FARC, al menos teóricamente, veían la economía ilegal como una forma de apoyar su causa política y la regulaban en consecuencia, para al menos algunos disidentes las ganancias parecen ser un fin en sí mismas. Un indicador de este giro es la producción de coca. Las exFARC, por una parte, regularmente imponían límites a la cantidad de hectáreas de coca que los campesinos podían cultivar, y los incentivaban para que también sembraran cultivos de alimentos, mientras que, por otra, varias facciones disidentes le imponen actualmente la siembra de monocultivos de coca a los campesinos^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líder campesino, Santander de Quilichao, julio de 2021; líderes comunitarios, La Hormiga, abril de 2021.Hide Footnote . El aumento de las tasas de deforestación también indica que la praderización de tierras, anteriormente restringida en muchas áreas bajo el control de las FARC (en parte por el deseo de mantener una cobertura operativa), ahora está siendo incentivada por algunos disidentes^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°91, Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia, 1 de noviembre de 2021. Entrevista de Crisis Group, funcionario de la Unidad de Parques Nacionales, San José del Guaviare, mayo de 2021. Sobre la ideología de las FARC en torno a la conservación, ver Alfredo Molano, Trochas y Fusiles (Bogotá, 2017).Hide Footnote .

Las comunidades han informado de numerosos incidentes de intimidación por parte de grupos disidentes que buscan neutralizar la resistencia. El Frente Dagoberto Ramos, que opera en el norte del Cauca, ha intentado establecer su control sobre el comercio de marihuana en el municipio de Toribio, no solo comprando y traficando la planta, sino también incrementando su poder sobre los campesinos que la cultivan^[fn]Entrevistas de Crisis Group, miembros de asociación de campesinos, Toribio y Santander de Quilichao, febrero y julio de 2021.Hide Footnote . Los líderes locales que no estén de acuerdo o se pronuncien en contra del control de los disidentes pueden resultar expuestos a un grave peligro.

Las facciones armadas centran su atención en los líderes de las Juntas de Acción Comunal, a quienes intentan convencer para que trabajen a su nombre. Algunos líderes comunitarios están dispuestos a aceptar ciertas demandas de los disidentes con el fin de obtener concesiones en otros ámbitos. Explicó el presidente de una Junta en Tibú:

Yo fui muy claro con el comandante, que mi comunidad es de las más vulnerables y que le agradezco que no haya reclutamiento [de nuestros jóvenes]. No puedo ni apoyar ni oponerme a los grupos. Hay reglas por acá, algo que no puedo cambiar^[fn]Entrevista de Crisis Group, junio de 2021.Hide Footnote .

Otros miembros de Juntas de Acción Comunal que han tratado de defender su autonomía frente a los disidentes han sido amenazados o asesinados, lo que se suma a la cifra de asesinatos de líderes sociales en Colombia desde el acuerdo de paz^[fn]Los miembros de las juntas se encuentran entre los líderes sociales más atacados. En 2019, la Fiscalía General informó que los disidentes de las FARC eran responsables de aproximadamente el 25 por ciento de los asesinatos de líderes sociales que había resuelto. El fiscal general ya no publica estas estadísticas, pero grupos de la sociedad civil informan que se cree que los disidentes son responsables de al menos el 11 por ciento de los ataques a líderes sociales en el primer semestre de 2021. “Resiste Informe Semestral enero-junio 2021”, Programa Somos Defensores, 2021. Ver también Informe de Crisis Group, Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Colombia, op. cit.Hide Footnote . En áreas donde hay más de un grupo armado, los líderes comunitarios se encuentran en una situación aún peor, ya que negociar necesidades humanitarias con un grupo podría provocar la ira de otro. “Incluso si fuera el caso que quisiéramos hablar, por la cantidad de grupos, no se puede. Si hablamos con uno, estamos señalados por el otro”^[fn]Entrevista de Crisis Group, guardia indígena, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote .

Las hostilidades entre las autoridades indígenas y las facciones disidentes se han intensificado particularmente en el norte del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia. Mientras que las guerrillas de las FARC respetaban un cierto grado de autonomía de gobierno indígena, las facciones disidentes han pretendido imponer su propio liderazgo político y social^[fn]Entrevistas de Crisis Group, autoridades indígenas, Santander de Quilichao y Popayán, julio de 2021.Hide Footnote . Aprovechándose de la pobreza entre los indígenas, los disidentes han reclutado “en masa” en el norte del Cauca, y también han creado clubes de fútbol y recreación^[fn]Entrevista de Crisis Group, lideresa indígena, Bogotá, noviembre de 2021.Hide Footnote . Los líderes tradicionales que han intentado reafirmar su autoridad, particularmente con los jóvenes, enfrentan represalias y señalan los asesinatos en 2021 de tres mujeres indígenas destacadas que habían resistido abiertamente la influencia de los disidentes^[fn]Entrevista de Crisis Group, autoridad indígena, Popayán, julio de 2021. Según una lideresa indígena, “si se opone a los grupos, pintan la casa [con grafitis], le dicen a uno cuántas horas para salir [antes de que lo maten]. Así que no solo los líderes sino toda la comunidad que está en contra de los grupos está callada”. Entrevista de Crisis Group, autoridad indígena, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote .

Además, los disidentes de las FARC recurren cada vez más a los confinamientos forzados como una forma de establecer el control sobre las comunidades, particularmente en las áreas en conflicto. Ante la sospecha de que cualquier cara nueva en una zona determinada pueda pertenecer a grupos rivales, los disidentes imponen estrictos límites sobre quién puede entrar y salir. En el Triángulo de Telembí en Nariño, una región con lucrativas rutas de tráfico fluvial, varios grupos disidentes han instalado minas antipersonales en las entradas y salidas de las veredas, y les han dicho a los pobladores que no pueden atender sus cultivos o les han advertido que mudarse de casa resultaría en la expulsión permanente de sus tierras^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios desplazados, Magüí Payán y Roberto Payán, septiembre de 2021.Hide Footnote . Según informes, el Frente Carlos Patiño en el Cauca expidió tarjetas de identidad para los residentes de algunas veredas y ahora las exige en los puestos de control^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario de monitoreo internacional, Patía, noviembre de 2021.Hide Footnote .

La violencia contra la población civil se ha convertido en algo habitual en las zonas bajo dominio de los disidentes. Residentes de Catatumbo, Cauca y Nariño reportan incidentes en los que disidentes han abierto fuego sin tener en cuenta las víctimas civiles que puedan causar. Durante su avanzada en Nariño, el Frente 30 se enfrentó con rivales en zonas rurales, utilizando casas como nidos de francotiradores^[fn]Entrevistas de Crisis Group, personas desplazadas, septiembre de 2021.Hide Footnote . En el Catatumbo, disidentes han colocado explosivos en las calles con la intención de atacar a la policía que se encontraba patrullando, pero a menudo resultan matando o hiriendo a civiles^[fn]Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de monitoreo internacional y residentes, Tibú, junio de 2021.Hide Footnote . En las tres áreas, las facciones han utilizado minas antipersonales para acordonar el territorio bajo su control y así evitar la erradicación de coca o que los civiles huyan^[fn]Entrevistas de Crisis Group, personas desplazadas, Magüí Payán y Roberto Payán, septiembre de 2021; oficiales de seguridad, Popayán y Tumaco, septiembre de 2021. Ver también, “XXX Informe Semestral”, op. cit., pp. 9-10.Hide Footnote .

Las mujeres y los jóvenes han sufrido de manera desproporcionada la expansión de los disidentes. El reclutamiento de menores es común y se ha incrementado significativamente durante la pandemia^[fn]“Defensoría alerta por reclutamiento forzado de menores durante pandemia”, comunicado de prensa, Defensoría del Pueblo, 1 de diciembre de 2020. Entre 2018 y 2020, aproximadamente un tercio de los niños en un programa de reintegración del Estado fueron reclutados por grupos disidentes de las FARC antes de ser liberados. “Reclutamiento de menores de edad no se acabó tras el acuerdo con las Farc: Consejera de DDHH”, comunicado de prensa, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 11 de febrero de 2021.Hide Footnote . Para los jóvenes que no pueden asistir a la escuela virtualmente, o cuyas familias necesitan que trabajen, los disidentes en el norte del Cauca ofrecen incentivos tentadores: teléfonos móviles, rumores de salarios mensuales de hasta tres veces el salario mínimo nacional, motocicletas e influencia social^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes afrocolombianos e indígenas, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote . Las jóvenes también se están integrando cada vez más en estas facciones como informantes, novias o reclutadoras para ayudar a atraer a los hombres jóvenes^[fn]Entrevistas de Crisis Group, lideresas indígenas, Santander de Quilichao y Popayán, julio de 2021.Hide Footnote . “Los jóvenes que no quieren meterse terminan amenazados. … Las mamás no pueden ni denunciar ni reclamar. Están debilitando la familia entera, que es su estrategia”^[fn]Entrevista de Crisis Group, lideresa indígena, Santander de Quilichao, julio de 2021.Hide Footnote .

Las fuerzas de seguridad colombianas se han desplegado ampliamente en áreas donde los disidentes operan con una estrategia de estabilización, lo cual buscan lograr combatiendo la economía ilegal, desmantelando las estructuras de mando de los grupos armados y reafirmando su autoridad en puntos clave de las rutas del narcotráfico^[fn]Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares senior, Mocoa, Montería, Popayán y Tumaco, abril y agosto-septiembre de 2021.Hide Footnote . En la práctica, esta estrategia significa que un número significativo de tropas están dedicadas a la erradicación de cultivos de coca y al manejo de puestos de control a lo largo de las principales carreteras y ríos. Las operaciones contra disidentes tienden a ser redadas en las que los soldados capturan a una persona y luego abandonan el área en el lapso de unas pocas horas. La presencia militar permanente es inusual fuera de los centros urbanos.

Lejos de tranquilizar al público, las ofensivas militares pueden aumentar el estrés de la vida diaria. Los disidentes han obligado a los campesinos a protestar contra la erradicación de coca, han exigido que los civiles ayuden a expulsar al ejército e incluso los han obligado a congregarse para pedir la liberación de los disidentes capturados^[fn]Entrevista de Crisis Group, oficial militar senior, Mocoa, abril de 2021.Hide Footnote . Un oficial militar senior en el Cauca dijo:

Esas nuevas estructuras evitan confrontarnos [a los militares]. En [su] lugar, ellos se meten a organizar la población civil y les obligan a salir a expulsarnos. … Hemos tenido casos en donde [los pobladores] rodean a nuestros soldados y dicen que no podemos operar, para proteger sus cultivos y también a los capturados^[fn]Entrevista de Crisis Group, Popayán, septiembre de 2021.Hide Footnote .

En general, los residentes de las zonas devastadas por la violencia desconfían del ejército. En algunos casos, los propios comandantes militares expresan su frustración por no poder ayudar más a los civiles. En ocasiones, las tropas ceden ante las protestas liberando a los sospechosos o abandonando el área en lugar de enfrentarse a los civiles desarmados^[fn]Entrevistas de Crisis Group, oficiales militares senior, Popayán y Tumaco, septiembre de 2021.Hide Footnote . Pero muchos pobladores dicen que temen a los militares tanto como a los grupos armados. Manifiestan (y algunos uniformados lo confirman) que los militares tienden a considerar a todos los residentes de las zonas controladas por los disidentes como militantes o colaboradores, lo que resulta en hostigamientos y arrestos arbitrarios^[fn]Entrevistas de Crisis Group, líderes comunitarios en Cauca, Nariño, Putumayo, Córdoba, abril-julio y septiembre de 2021.Hide Footnote . “Nadie cree en las instituciones y menos el ejército”, dijo un líder comunitario. “Para ellos somos todos criminales”^[fn]Entrevista de Crisis Group, La Hormiga, abril de 2021.Hide Footnote .

Crisis Group interview, La Hormiga, April 2021.Hide Footnote

Los logros más importantes del acuerdo de paz de 2016 siguen siendo el exitoso desarme de una de las insurgencias más antiguas de la región y el firme compromiso de los excombatientes con el proceso de desmovilización. Pero cinco años después de la firma del acuerdo de paz, la plena reintegración de las FARC a la vida civil está aún incompleta y enfrenta varios peligros. La creciente inseguridad y la falta de oportunidades económicas han hecho que la transición a una vida pacífica sea difícil para muchos o casi imposible para algunos. La desconexión del nuevo partido político de las FARC de los combatientes desmovilizados, así como de la opinión pública colombiana en general, lo ha desacreditado y ha provocado malestar dentro de sus filas. Las facciones disidentes y otros grupos armados, por su parte, están aprovechando la desilusión para reclutar entre la población civil y reactivar el conflicto en zonas donde hasta hace poco empezó a disminuir.

Los éxitos políticos y electorales de Comunes, o cualquier otro partido derivado de las FARC, no son esenciales para el éxito del proceso de paz de Colombia. Pero el colapso del partido de la exguerrilla probablemente agravaría el creciente descontento entre los excombatientes y las comunidades rurales si no se les garantiza que las reformas prometidas en el acuerdo de 2016 seguirán adelante.

De particular importancia son las iniciativas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos y civiles de los excombatientes y los programas de desarrollo rural. Las reformas políticas previstas en el acuerdo de paz incluyen el apoyo a los sectores tradicionalmente marginados para que participen abiertamente y sin temor en la política mediante reformas al código electoral, garantías de seguridad para la oposición, protecciones legales para la protesta pacífica y programas contra la estigmatización. Menos de la mitad de las trece disposiciones legales que esta parte del acuerdo ordena han pasado por el Congreso^[fn]“¿En qué va la Paz? Las cifras de la implementación”, Informe multi-partidista del Congreso, 6 de enero de 2021.Hide Footnote . La creación de dieciséis curules en la Cámara de Representantes designadas para representantes de las comunidades más afectadas por el conflicto se aprobó finalmente en agosto de 2021, después de no haber pasado por el Congreso a tiempo para las elecciones de 2018^[fn]“Lo que debe saber de las 16 curules de la paz”, Infobae, 26 de agosto de 2021.Hide Footnote .

El desarrollo rural, pieza central del acuerdo de paz, está aún más rezagado. Se ha limitado en gran medida a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (conocidos como PDET), sin ninguna de las reformas legales o estructurales previstas en el acuerdo. Estos proyectos tienen como objetivo corregir el subdesarrollo histórico de las zonas afectadas por el conflicto, previendo nuevas infraestructuras que tardarán una década o más en construirse. El gobierno también ha avanzado tímidamente en la ampliación del registro de tierras y en reservar predios para que en algún momento sean distribuidos entre los campesinos sin tierra, aunque hasta ahora se han distribuido solo unos pocos títulos y predios^[fn]“La agencia de tierras infla las cifras de predios que ha entregado a campesinos sin tierras”, La Silla Vacía, 29 de agosto de 2021.Hide Footnote . Al mismo tiempo, el Congreso se ha negado a aprobar reformas básicas para facilitar el acceso de campesinos sin tierra a créditos y crear una jurisdicción agrícola para agilizar la resolución de conflictos. La sustitución voluntaria de cultivos para los cultivadores de coca, un punto separado del acuerdo de paz, ha fracasado en medio de una implementación mediocre, demorada e incompleta. Los campesinos, después de esperar cuatro años por una ayuda que debía llegar en doce meses, están retomando los cultivos de coca por desesperación económica y presionados por los grupos armados^[fn]“Informe Trimestral: estado efectivo de la implementación del acuerdo final, julio-septiembre 2021”, op. cit.; Elizabeth Dickinson, “Putumayo en Medio del Fuego Cruzado”, La Silla Vacía, 26 de abril de 2021.Hide Footnote .

Lejos de enfrentar estos desafíos, el gobierno de Duque en ocasiones los ha exacerbado. Funcionarios del gobierno proclaman el éxito de la transición democrática de las FARC al señalar a los excombatientes que se presentaron como candidatos en las elecciones^[fn]“Tienen la garantía de que pueden participar en política. Tienen sus escaños en el Congreso. … No hubo candidatos que tuvieran que retirarse o que fueran asesinados en elecciones anteriores. … Ahora se están preparando para participar en unas terceras elecciones”. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario senior, Presidencia de Colombia, octubre de 2021.Hide Footnote . Sin embargo, participar en elecciones es solo un componente del ejercicio de los derechos políticos^[fn]“Palabras del presidente de la República, Iván Duque en la socialización del Tercer Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo De paz”, Presidencia de Colombia, 14 de septiembre de 2021.Hide Footnote . Si bien algunos excombatientes se han unido a movimientos de protesta o los han organizado, en muchas áreas los excombatientes no pueden participar en actividades cívicas, asistir a protestas, apoyar organizaciones sociales o incluso expresar sus opiniones políticas por temor a represalias violentas de grupos armados hostiles o por temor a ser arrestados por presunta complicidad con los disidentes. En ocasiones, funcionarios del gobierno, incluido el presidente, han utilizado un lenguaje que contribuye a la estigmatización de los excombatientes, aunque niegan hacerlo^[fn]Por ejemplo, al explicar el proceso de desmovilización, el presidente a menudo se refiere a las exFARC como un movimiento narcoterrorista. Ver, por ejemplo, “Iván Duque: Discurso ante la Asamblea General de la ONU”, Presidencia de Colombia, 21 de septiembre de 2021.Hide Footnote . Mientras tanto, la hostilidad del gobierno hacia la sustitución de cultivos de coca y su limitada implementación de reformas rurales han minado lo que constituía todo el propósito del acuerdo para algunos exmiembros de las FARC y campesinos, quienes lo vieron como una vía para remediar su histórica marginación en áreas rurales a través de medios pacíficos democráticos^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°87, Raíces profundas: coca, erradicación y violencia en Colombia, 26 de febrero de 2021. El gobierno insiste en que está haciendo reformas rurales, pero que debe comenzar con un programa de titulación de predios que dice otorgará 50 000 títulos para fines de 2021. “Palabras del presidente de la República, Iván Duque en la socialización del Tercer Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo De paz”, Presidencia de Colombia, 14 de septiembre de 2021.Hide Footnote .

Estas difíciles circunstancias han favorecido a las facciones disidentes, cuya propaganda se centra en acusar al gobierno de actuar con mala fe al no implementar el acuerdo y en la impotencia de los excombatientes para obligar al Estado a cumplirlo. Los jóvenes sin acceso al mercado laboral ni a la tierra “están retomando las armas, porque ¿qué más hay?”, dijo la madre de uno de ellos^[fn]Entrevista de Crisis Group, víctima y madre de una persona de 20 años, Neiva, septiembre de 2021.Hide Footnote . Otro excombatiente explicó: “Las filas están creciendo nuevamente. Si el Estado quiere que la guerra con las antiguas FARC termine, y que no continúe con una nueva generación (nuestros hijos tomando las armas) tiene que cumplir con lo pactado”^[fn]Entrevista de Crisis Group, excombatiente, Neiva, septiembre de 2021.Hide Footnote .

Dudas sobre si el gobierno está realmente comprometido con el acuerdo de paz también pueden perjudicar los esfuerzos futuros para desmovilizar a otros grupos armados. La lección que el comandante del Frente 33 mencionado anteriormente dijo haber aprendido fue: “Jamás vamos a entregar las armas. … las armas son del pueblo, son la garantía de cualquier conversación”^[fn]“Primicia: Hablan disidencias de las FARC en el Catatumbo”, op. cit.Hide Footnote . Otros grupos violentos también han manifestado su convicción de que el Estado nunca permitirá que unas insurgencias desmovilizadas participen democráticamente^[fn]Ver por ejemplo, “ELN insiste en que no dejará las armas y que esperará a otro gobierno para dialogar”, Semana, 19 de octubre de 2021; “Cuatro años después”, Revista Insurrección, 28 de septiembre de 2020; y José Vásquez Posada, “Incumplimiento de los acuerdos y escalada paramilitar”, Insurgencia Urbana ELN, 15 de septiembre de 2020.Hide Footnote .

See, for example, “ELN insiste en que no dejará las armas y que esperará a otro gobierno para dialogar”, Semana, 19 October 2021; “Cuatro Años Después”, Revista Insurrección, 28 September 2020; and José Vásquez Posada, “Incumplimiento de los acuerdos y escalada paramilitar”, Insurgencia Urbana ELN, 15 September 2020.Hide Footnote

Las exFARC se han enfrentado a múltiples obstáculos en su cambio hacia una política democrática pacífica, pero Comunes y su dirección también han cometido errores. Si el partido no logra superar sus propias diferencias internas sobre la dirección y la estrategia de reintegración, el acuerdo de paz puede verse afectado. El recrudecimiento de las disputas internas fortalece la posición de los críticos del acuerdo, ya sea en la derecha colombiana o entre las facciones disidentes.

Comunes debe tener como prioridad garantizar que toda la población desmovilizada tenga voz respecto a la forma de reintegración a la vida civil, social, económica y política de los excombatientes. Podría, por ejemplo, ampliar el acceso a posiciones de dirección y toma de decisiones del partido para demostrar que la desmovilización está descentralizada. Permitir que una nueva generación de líderes ascienda a través de las filas le podría permitir al partido sintonizar mejor con el sentir de la población colombiana y formar alianzas más fuertes con otros partidos de izquierda, que podrían estar más inclinados a tratar con caras nuevas que con el viejo elenco de líderes de las FARC.

La transición política de las exFARC aún podría tener éxito sin Comunes al frente, siempre que algunas de sus prioridades sean absorbidas por los movimientos progresistas. De hecho, el acuerdo de paz ha contribuido a la gran expansión del espacio político disponible para la izquierda en el país. El acuerdo logró eliminar el antiguo y desgastante estigma que caracterizaba a los grupos políticos de izquierda como equivalentes y alineados con la insurgencia. Las causas progresistas, como la lucha contra la extrema desigualdad económica de Colombia, han recibido un mayor apoyo, y los candidatos han aprovechado la frustración popular por la estratificación social, entre estos el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien está en condiciones de obtener buenos resultados en las próximas elecciones presidenciales.

Al mismo tiempo, los excombatientes tendrán dificultades para participar en cualquier movimiento político, sobre todo en las zonas rurales, mientras los protagonistas de estas causas, incluidos los líderes sociales, los movimientos campesinos y los organizadores de protestas, estén sometidos a unos índices de violencia tan elevados^[fn]Informe de Crisis Group, Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en Colombia, op. cit.Hide Footnote .

Los disidentes se diferencian de la insurgencia anterior en sus objetivos, comportamiento y composición. Sin embargo, desde su aparición, el gobierno ha recurrido en gran medida a las mismas tácticas que empleaba para combatir a las FARC: capturar o matar a los líderes, erradicar los cultivos de coca, despejar áreas sin establecer control permanente. Si bien estas tácticas resultaron efectivas contra la guerrilla de las FARC, la cual tenía una jerarquía definida, han tenido como efecto la fragmentación de los grupos disidentes, en muchos casos provocando nuevas oleadas de violencia contra la población civil^[fn]Las operaciones de captura y muerte han tenido a menudo como consecuencia la fragmentación de las facciones disidentes, desencadenando luchas por el poder al interior de estos grupos. Ver informe de Crisis Group, Raíces profundas: coca, erradicación y violencia en Colombia, op. cit.Hide Footnote .

Los disidentes requieren una respuesta militar, pero esa no es la única estrategia que debe aplicarse. El surgimiento de estos grupos tiene sus raíces en el abandono del campo por parte del Estado y la falta de alternativas pacíficas. La pandemia hizo que el abandono fuera dolorosamente evidente. Los disidentes aumentaron drásticamente el reclutamiento entre los estudiantes a quienes las medidas de la cuarentena, en efecto, habían aislado del sistema escolar^[fn]“Defensoría alerta por reclutamiento forzado de menores durante pandemia”, op. cit.Hide Footnote . Estos grupos y otros continuarán encontrando una fuente de reclutas dispuestos mientras el Estado no se establezca como una alternativa creíble en las áreas rurales.

Los esfuerzos para combatir a los disidentes deben dejar de enfocarse exclusivamente en atacar a estos grupos y centrarse en proteger a la población civil. En la práctica, este último objetivo se traduce en que los militares deben redefinir los indicadores de éxito en torno a un control territorial genuino. Por ejemplo, en lugar de contar la cantidad de hectáreas de coca erradicadas, las fuerzas armadas podrían medir el progreso por la cantidad de barrios y municipios en los que no se encuentre presencia de grupos armados o que se han beneficiado de reducciones significativas de la violencia. En particular, los militares deben reconsiderar qué tanto aporta la erradicación de coca y ciertos tipos de ofensivas en las que ingresan a operar en un área y la abandonan poco después, lo que a menudo provoca un violento contraataque contra los pobladores. Los comandantes militares deben ser conscientes de la manera en la que su propia presencia pone en riesgo la seguridad de la comunidad. Una práctica que las fuerzas armadas debe limitar es la de agradecer públicamente a los pobladores que han proporcionado inteligencia. Como resultado, poblaciones enteras a menudo resultan expuestas a represalias. Mientras tanto, a los disidentes de las FARC se les deben ofrecer rutas claras para desmovilizarse de manera individual o en pequeños grupos.

Adicionalmente, el sistema de justicia debe tener una presencia mucho más fuerte en todo el país para garantizar que las amenazas y la violencia sean denunciadas, los sospechosos juzgados con las debidas garantías y que los civiles puedan obtener reparación^[fn]Desde que asumió el cargo a principios de 2020, el fiscal general Francisco Barbosa Delgado ha tenido como prioridad ampliar la presencia territorial de la entidad. “Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, presenta el direccionamiento estratégico que seguirá la entidad para garantizar presencia en los territorios y elevar los niveles de esclarecimiento”, Fiscalía General de la Nación, 5 de noviembre de 2020.Hide Footnote .

Los donantes extranjeros y los organismos internacionales han sido vitales para garantizar que el acuerdo de paz sobreviva a los giros de la política colombiana, y serán fundamentales para forjar los próximos cinco años de implementación. Deben continuar enfatizando que la reforma rural es el núcleo de una estrategia para prevenir conflictos futuros. Los países donantes también pueden seguir apoyando la reintegración económica. Varios países, incluidos EE. UU. y los Estados miembros de la UE, ya respaldan mecanismos en la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia para acelerar las investigaciones exhaustivas de los crímenes contra excombatientes. Este trabajo es vital para acabar con la impunidad que contribuye a perpetuar los ataques contra excombatientes.

EE. UU. debe seguir adelante con la determinación de eliminar a las FARC de su lista de organizaciones terroristas, un movimiento que está pendiente desde hace mucho y que según informes es inminente, al igual que a las personas desmovilizadas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro^[fn]“U.S. to Drop Colombian Rebel Group FARC From Terrorist List to Bolster Five-Year-Old Pact”, Wall Street Journal, 23 de noviembre de 2021.Hide Footnote . Las sanciones de EE. UU. contra las desmovilizadas FARC han impedido que muchos excombatientes abran cuentas bancarias, obtengan asistencia humanitaria y para el desarrollo por parte de donantes estadounidenses, e incluso que asistan a reuniones internacionales que podrían ofrecer formación en políticas transparentes y responsables. Cinco años después de que la exguerrilla accediera a desarmarse, ha demostrado su abrumador compromiso con el acuerdo de paz. Perpetuar el estatus de las FARC como organización designada sería contraproducente tanto para la capacidad de sus miembros de competir democráticamente como para los intereses de EE. UU. en la estabilidad de Colombia.

Además, posibles futuras designaciones de EE. UU. a personas que han renunciado al acuerdo o a nuevas facciones disidentes deben ser escritas e implementadas con cautela, para evitar incluir involuntariamente a miles de exmiembros de las FARC que se han comprometido a regresar a la vida civil. Trabajando de la mano con el Departamento del Tesoro de EE. UU., funcionarios de la Embajada estadounidense en Bogotá podrían orientar a los bancos colombianos para ayudar a evitar que el sector privado aplique demasiado estrictamente cualquier nueva sanción, lo que podría impedir el acceso al sistema bancario y comercial del que gozan las guerrillas desmovilizadas.

El acuerdo de paz de 2016 es acertadamente aclamado como un logro meticuloso y un intento integral por mejorar la vida de millones de colombianos. Sus éxitos son indiscutibles. El desarme de la insurgencia más antigua de América del Sur eliminó la sombra del conflicto de numerosas comunidades y abrió partes del campo al desarrollo rural pacífico. Permitir que los exguerrilleros participen en el proceso electoral ha ayudado a redibujar el mapa político en Colombia.

Sin embargo, este progreso no puede ocultar la incertidumbre que rodea al acuerdo de paz ni la sensación de desesperanza que albergan muchos excombatientes. Junto con el cumplimiento de los compromisos con los habitantes de las zonas rurales, es fundamental que el Estado colombiano redoble sus esfuerzos para garantizar que los excombatientes estén seguros y puedan establecer nuevos medios de subsistencia y ejercer sus derechos políticos y civiles. Si las comunidades rurales y los excombatientes perciben que el acuerdo no ha cumplido sus promesas, las amenazas violentas serán más difíciles de enfrentar.

En parte porque la paz sigue estando incompleta, la atención de muchos en el gobierno y el público se ha centrado precisamente en esas nuevas olas de conflicto. Sin embargo, a medida que proliferan los disidentes de las FARC, el ELN y los grupos posparamilitares, entre otros, y que los funcionarios estatales, los militares y los socios extranjeros se esfuerzan por atacar a estos grupos, se corre el riesgo de que estos últimos descuiden los esfuerzos por consolidar el acuerdo de paz.

Las negociaciones siguen siendo el mejor medio para poner fin a los innumerables y recurrentes conflictos internos de Colombia, pero cada percepción de que el acuerdo de 2016 está fallando afecta las perspectivas de lograr un nuevo pacto. Culminar un acuerdo de paz a satisfacción de ambas partes es la mejor manera tanto de poner fin a un conflicto pasado como de ayudar a garantizar que se puedan forjar y cumplir futuros acuerdos.

Bogotá/Nueva York/Bruselas, 30 de noviembre de 2021