Report / Latin America & Caribbean 3 minutes

Colombia y sus vecinos: los tentáculos de la inestabilidad

Si bien es cierto que el conflicto armado colombiano tiene profundas raíces históricas, el hecho es que día a día se ve más afectado por el ingreso de armas, explosivos y precursores químicos a su territorio, y es financiado por el egreso de drogas ilícitas.

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Resumen Ejecutivo

Si bien es cierto que el conflicto armado colombiano tiene profundas raíces históricas, el hecho es que día a día se ve más afectado por el ingreso de armas, explosivos y precursores químicos a su territorio, y es financiado por el egreso de drogas ilícitas. Los tentáculos de la inestabilidad se extienden a lo largo de los 9.000 kilómetros de tierra y agua que separan a Colombia de sus cinco vecinos – Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá – y que a la vez la unen a ellos. En estas fronteras se ejerce muy poco control y el gobierno colombiano insiste en demandar una mayor cooperación regional. Los vecinos se muestran bastante reticentes, en parte debido a sus propias crisis internas y en parte debido a su particular visión del conflicto. Sin embargo, Colombia necesita una mayor ayuda de parte de ellos para avanzar en su lucha por poner fin a este conflicto, en tanto que una situación de paz en Colombia mejoraría las posibilidades de sus vecinos de solucionar sus propios y serios problemas internos.

Durante los primeros meses del 2003 hubo un marcado recrudecimiento de la violencia. Las FARC intentaron asesinar al presidente Álvaro Uribe, una unidad paramilitar incursionó en territorio panameño, y tanto las FARC como el ELN se han esforzado por contrarrestar el mejoramiento del desempeño de las fuerzas armadas colombianas, asistidas por Estados Unidos, para proteger el principal oleoducto que atraviesa los departamentos que colindan con Venezuela. El asesinato de dos miembros de la tripulación de un avión de reconocimiento estadounidense que se estrelló como resultado de disparos de las FARC, y el secuestro de los tres sobrevivientes norteamericanos por los insurgentes, elevaron el grado de la participación militar de Estados Unidos, por lo menos en operaciones de rescate, así como el interés hemisférico en el conflicto.

El presidente Uribe pidió a los países vecinos que declararan formalmente a las FARC como una organización terrorista y que le prestaran a Colombia mayor apoyo en materia de inteligencia, en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. Aunque una cumbre presidencial centroamericana, el Consejo Permanente de la OEA y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitieron resoluciones solidarias, de los países vecinos sólo Panamá atendió plenamente la solicitud de Colombia con respecto a las FARC y, en términos generales, aún no existe suficiente cooperación concreta.

Las relaciones entre Colombia y el gobierno de Chávez en Venezuela han sido tensas desde hace algún tiempo debido a que éste ha tolerado, por lo menos tácitamente, a los insurgentes, quienes se desplazan casi que con total libertad a lado y lado de la frontera con Venezuela, y también debido al abundante flujo de drogas ilícitas a través de dicho país. Venezuela, Ecuador y Panamá se sienten vulnerables al impacto del conflicto interno de su vecino, en gran parte porque sus zonas fronterizas son pobres y estructuralmente subdesarrolladas. Responsabilizan a Colombia por no hacer esfuerzos suficientes para contener el conflicto y por permitir incursiones a sus territorios de grupos armados irregulares, traficantes de drogas y armas, así como de refugiados. En cuanto a Perú y Brasil, si bien confían en poder manejar cualquier desbordamiento directo del conflicto, en gran parte debido a la geografía inhóspita de las fronteras, les preocupa el narcotráfico y también los efectos colaterales de la política antinarcóticos de Colombia y Estados Unidos. El temor de Perú tiene que ver con un súbito incremento en los cultivos de coca en dicho país, que puede estar contrarrestando los recientes avances de Colombia en materia de erradicación. Brasil sabe que el problema cada vez mayor de criminalidad y droga en sus principales ciudades tiene nexos directos con Colombia, pero el nuevo gobierno todavía está revisando su política y es claro que no le gusta el Plan Colombia de Washington.

Las reacciones de los vecinos de Colombia dependen en gran parte de su propia dinámica política interna. Los cinco países enfrentan profundos problemas económicos y sociales. En Brasil y Ecuador se posesionaron nuevos presidentes a comienzos del 2003 y todavía están definiendo sus políticas con respecto a Colombia. El presidente Chávez de Venezuela resistió una grave huelga general de dos meses, pero difícilmente se podría decir que la supervivencia de su gobierno y la estabilidad del país están aseguradas. El presidente de Perú, Alejandro Toledo, ha visto descender los niveles de popularidad de su gobierno y su proyecto de reforma política corre peligro. En cuanto a Panamá, el conflicto colombiano le plantea serias amenazas de seguridad.

Este informe examina el impacto del conflicto armado colombiano en los países vecinos. Sigue vigente la responsabilidad básica de Colombia en cuanto a manejar el conflicto. Colombia tiene que avanzar hacia una solución negociada mediante una estrategia amplia e integral que combine el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, al tiempo que se respetan los derechos humanos, se amplía el Estado de derecho y se implementan reformas políticas y económicas factibles. Sin embargo, una cooperación regional más efectiva en cuestiones de seguridad, el fin de las recriminaciones mutuas y el establecimiento de un consenso político le serían de enorme ayuda al gobierno de Uribe. Desde el punto de vista operacional, Colombia y sus vecinos deben dar prioridad a un mayor control y desarrollo fronterizo conjunto, a una mayor cooperación judicial, a compartir información de inteligencia, a consolidar la confianza entre los militares y la policía, a una acción más concertada en la lucha contra la droga.

Bogotá/Bruselas, 8 de abril del 2003

Executive Summary

While the Colombian armed conflict has deep roots in history, increasingly it is fuelled by the inflow of weapons, explosives and chemical precursors and financed by an outflow of drugs. The tentacles of instability criss-cross the 9000 kilometres of land and water that separate Colombia from and link it to its five neighbours, Ecuador, Peru, Brazil, Venezuela and Panama. Those borders are largely uncontrolled, and the Colombian government has stepped up its demands for fuller regional cooperation. The neighbours are greatly reluctant, partly because of internal crises and partly because of their view of the conflict. Yet, Colombia needs more help from them to make progress in ending that conflict, while peace in Colombia would give them a better chance to solve their own serious domestic problems.

The first months of 2003 witnessed a marked surge in violence. The FARC tried to assassinate President Álvaro Uribe, a paramilitary unit made a foray across the border into Panama, and both the FARC and ELN have made a determined effort to counter the upgrading of the Colombian military, assisted by the U.S., to protect the major oil pipeline that runs through the provinces bordering Venezuela. The killing of two crew members after a U.S. spotter plane crash-landed while under FARC gunfire, and the kidnapping by the insurgents of the three American survivors raised the level of U.S. military involvement, at least in rescue operations, as well as the intensity of the hemisphere’s focus on the conflict.

President Uribe challenged his neighbours to formally declare FARC a terrorist organisation and give substantive intelligence, counter-drug and counter-insurgency support. Although he received encouraging resolutions from a Central American presidential summit, the OAS Permanent Council and the United Nations Security Council, only Panama fully met the request on FARC, and overall there is insufficient new concrete cooperation.

Relations between Colombia and the Chávez government in Venezuela have been strained for some time by the latter’s at least tacit tolerance of the insurgents, who move nearly freely on either side of the Venezuelan border, and the significant flow of drugs through that country. Venezuela, Ecuador and Panama each feel vulnerable to the impact of their neighbour’s internal conflict, not least because their exposed border areas are poor and structurally underdeveloped. They blame Colombia for not doing enough to contain the conflict and subjecting them to incursions of irregular armed groups and drug and arms traffickers, as well as refugees. While Peru and Brazil are confident they can manage any direct spillover, largely because of forbidding geography, they worry about drug trafficking and the side effects of Colombian and U.S. counter-drug policy. Peru’s apprehension relates to a sudden rise in coca cultivation that may be negating Colombia’s recent eradication gains. Brazil knows that the rising crime and drug problem in its main cities has direct links to Colombia but the new government is still reviewing its policy and is clearly uncomfortable with Washington’s Plan Colombia approach.

The reactions of Colombia’s neighbours depend substantially on their own domestic political dynamics. All five have deep economic and social problems. Brazil and Ecuador inaugurated new presidents early in 2003 and are still edging into their policies toward Colombia. Venezuela’s Chávez withstood a crippling two-month general strike but the survival of his government and the stability of the country are far from assured. Peru’s President Alejandro Toledo has seen his approval rating plummet, and his signature political reform project endangered. Colombia’s conflict presents Panama with a serious security threat.

This report examines the armed conflict’s impact on Colombia’s neighbours. Nothing has altered Colombia’s basic responsibility to manage the conflict. It needs to move toward a negotiated solution by pursuing a broad, integrated security strategy that combines strengthening the security forces while respecting human rights, extending the rule of law, and implementing credible political and economic reforms. But more effective regional security cooperation, an end to mutual recriminations, and establishment of a political consensus would do much to help the Uribe administration. Operationally, Colombia and its neighbours should give priority to enhanced joint border control and development, more effective intelligence sharing and judicial cooperation, confidence building between the military and police and more concerted action against drugs.

Bogotá/Brussels, 8 April 2003

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