Colombia’s attempt to end five decades of bloodshed could be at risk, after local Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) units appeared to have breached a four-month-old unilateral ceasefire by ambushing a military patrol 14 April, reportedly killing eleven soldiers and wounding another twenty. The deadliest guerrilla action since the peace negotiations began two and a half years ago is not likely to lead to a collapse of the talks, but the parties and the international community must now move quickly to prevent them from unravelling.

El intento de Colombia de acabar con cinco décadas de violencia puede estar en riesgo, luego de que unidades locales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían violado el cese al fuego unilateral decidido hacía cuatro meses, cuando emboscaron a una patrulla militar el 14 de abril, asesinando a once soldados e hiriendo al menos a otros veinte. Esta acción guerrillera, la más letal de las ocurridas desde el inicio hace dos años y medio de los diálogos de paz, probablemente no provoque el colapso de las conversaciones, pero las partes y la comunidad internacional deben actuar con rapidez para evitar que éstas se deterioren.

Más preguntas que respuestas

De acuerdo a fuentes oficiales, los soldados fueron emboscados con granadas, explosivos y armas de fuego cerca del municipio de Buenos Aires (Cauca) mientras llevaban a cabo una misión de control territorial nocturna no especificada. Las FARC no han dado una explicación alternativa, pero han dicho que el incidente es una “reacción legítima” a las continuas operaciones contrainsurgentes contra sus tropas. Sin embargo, esto no encaja con algunos hechos producidos en el terreno. La gran disparidad en el número de víctimas – solo un guerrillero fue reportado muerto – y la intensidad del combate, hacen pensar que fue un ataque premeditado, a diferencia del secuestro del General Rubén Darío Alzate, que causó una breve suspensión de las negociaciones a finales del año pasado.

Esto ha llevado a muchos en Colombia a especular que las FARC pueden haber tratado de utilizar una emboscada como medio para presionar al gobierno a aceptar un cese del fuego bilateral inmediato. Esto sería improbable. El gobierno ha rechazado repetidamente un cese bilateral antes de un acuerdo final. Pero las cosas estaban moviéndose en la dirección correcta, cuando el Presidente Santos suspendió temporalmente los ataques aéreos a campamentos guerrilleros y renovó esa decisión hace unos pocos días. La consecuencia predecible e inmediata del ataque en el Cauca ha sido que Santos considere el ataque una clara ruptura del cese al fuego y ordene el término de la suspensión de las operaciones aéreas que durante la última década han ocasionado grandes pérdidas para las FARC.

Esto sugiere que el verdadero problema va más allá de un mero error de cálculo. No obstante el fuerte control interno ostentado por las FARC, este incidente puede evidenciar que los negociadores en La Habana, incluyendo a varios reconocidos comandantes del Cauca, tienen problemas controlando a sus tropas y previniendo que reaccionen a las continuas acciones de los militares colombianos. Si es así, también sugeriría que los esfuerzos del gobierno para estabilizar el cese al fuego recompensando a las FARC con la suspensión de los ataques aéreos no cambió significativamente la situación en el terreno.

Un proceso en riesgo

Más allá de la tragedia humana, estos desarrollos ponen en un serio riesgo el proceso. Reactivar los bombardeos fue tal vez necesario para dar al gobierno espacio para manejar tanto a los militares molestos y a una opinión pública altamente escéptica, pero debe ahora soportar la presión de una retaliación sin límites. A pesar de las deficiencias, incluyendo algunas pequeñas violaciones el mes pasado, el cese al fuego de las FARC ha ayudado a reducir la intensidad del conflicto a un mínimo histórico. Una gran ofensiva pondría en peligro estos logros humanitarios y posiblemente llevaría a las FARC a suspender el cese al fuego, lo que podría a su vez allanar el camino para una nueva ola de violencia de la que las conversaciones tendrían dificultades para sobrevivir.

El gobierno también debe resistir la creciente presión política de emitir un ultimátum. Mientras los negociadores trabajan para avanzar en el tema de justicia transicional, que se encuentra en discusión desde mediados de 2014, la paciencia se ha empezado a acabar , incluso entre algunos partidarios del proceso, de cara a las reñidas elecciones locales programadas para Octubre. Pero una línea más dura en La Habana no necesariamente será útil para alcanzar un acuerdo sobre justicia transicional o sobre el “fin del conflicto”, el otro punto pendiente de los 5 en la agenda. Ambas partes enfrentan una creciente presión por el tiempo, ya que necesitan el resto del periodo de gobierno de Santos (que concluye en 2018) para iniciar la implementación del acuerdo final. Una fecha límite tendría poco valor adicional, pero podría incrementar significativamente los riesgos de fracaso o provocar un acuerdo de paz superficial que no cuente con el total compromiso de la partes.

El camino a seguir

No hay una alternativa real a un desescalamiento bilateral del conflicto antes del acuerdo final. Los esfuerzos en esa dirección han estado en marcha desde el año pasado, culminando en un acuerdo sin precedentes en marzo para iniciar el desminado humanitario conjunto. Volver a encarrilar el proceso no será tarea fácil. Lo que sucedió en el Cauca probablemente ha borrado cualquier nivel de confianza entre las FARC y los militares. También podría ser un grave revés para los esfuerzos de crear apoyo al proceso en los militares, incentivando a los mandos de línea dura y elevando nuevas dudas dentro de las tropas sobre la credibilidad de las promesas del gobierno.

Reparar el daño requerirá, sobre todo, esclarecer rápidamente lo ocurrido, como las FARC lo han solicitado. Idealmente, esto debería ser realizado por una tercera parte independiente y de confianza. Cuba y Noruega, los dos países que acompañan las negociaciones ya jugaron un rol clave en superar la crisis que se desencadenó con el secuestro del General Alzate el pasado noviembre, y están posiblemente mejor posicionados para liderar este esfuerzo. Otros, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), pueden ayudar a facilitar las comunicaciones en el terreno. Con el fin de minimizar las posibilidades de un futuro incidente, pueden ser necesarios cambios en el manejo del cese al fuego de las FARC, incluyendo una verificación imparcial continua, algo que el gobierno ha rechazado hasta ahora. Adicionalmente a estas medidas, los socios internacionales de Colombia deberían renovar públicamente su apoyo a los diálogos de paz.

Ambas partes han invertido mucho en este proceso y no hay dudas que siguen comprometidos en alcanzar un acuerdo final. Es positivo que aun los más críticos no han llamado a acabar el proceso. Pero el riesgo de un quiebre involuntario debido a una escalada militar o un revés político es real. Ambos, el gobierno y la FARC, necesitarán mantener el curso si esperan sortear esta última crisis.

Bogotá/Bruselas

The human tragedy apart, these developments put the process at serious risk. Re-activating bombing was perhaps necessary to give the government room to manage both the angry military and highly sceptical public opinion, but it must now withstand pressure for unrestrained retaliation. Despite shortcomings, including smaller violations over the last month, FARC’s ceasefire had helped reduce the intensity of the conflict to a historic low. A major offensive would jeopardise these humanitarian gains and possibly drive FARC to call off its ceasefire, thus potentially paving the way for a new wave of violence in which the talks would struggle to survive.

The government should also resist the mounting political pressure to issue an ultimatum. As the negotiators labour to make headway on transitional justice, under discussion since mid-2014, patience has started to wear thin ahead of closely contested local elections scheduled for October, even among some supporters of the process. But a tougher line in Havana would not likely be helpful in reaching an agreement on transitional justice or the “end of the conflict”, the other remaining item on the five-point agenda. Both sides already face increasing time pressure, as they will need the remainder of Santos’s term (ending in 2018) to begin implementing a final agreement. A deadline would have little added value, but it would significantly increase the risks of failure or of a shallow peace agreement that lacks the parties’ full buy-in.

There is no real alternative to a bilateral conflict de-escalation strategy ahead of a final agreement. Efforts in that direction have been underway since last year, culminating in an unprecedented agreement in March to begin joint humanitarian demining. Getting back on this track will not be easy. Cauca has probably wiped out what little confidence there was between FARC and the military. It could also prove a severe setback for efforts to get the military behind the process, emboldening hardliners and raising new doubts among troops about the credibility of government promises.

Repairing the damage will require, above all, rapidly clarifying what happened, as FARC has requested. Ideally, this should be done by independent and trusted third parties. Cuba and Norway, the two countries accompanying the talks, already played a key role in overcoming the crisis triggered by the kidnapping of General Alzate last November and are likely best placed to lead such an effort. Others, such as the International Committee of the Red Cross (ICRC), might help to facilitate communication on the ground. In order to minimise the chance of a future incident, changes in the management of FARC’s ceasefire might be required, including continuous impartial verification, something the government has until now rejected. In addition to such measures, Colombia’s international partners should publicly renew their support for the peace talks.

Both sides have invested much in this process, and there are no doubts that they remain committed to reaching a final agreement. It is positive that even most critics have not called for ending the process. But risks of an involuntary breakup due to military escalation or political backlash are real. Both the government and FARC will need to keep on course if they are to steer through this latest crisis.

Bogotá, Brussels