Briefing / Latin America & Caribbean 29 Abril 2008 3 minutes

Colombia: Lograr que el avance militar rinda frutos

Panorama general

Los casi seis años de intensas operaciones de seguridad del gobierno del presidente Álvaro Uribe contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están comenzando a producir resultados tangibles. Las fuerzas del gobierno dieron de baja a varios importantes comandantes de campo rebeldes en 2007 y a dos miembros del comando central en marzo de 2008, entre ellos a Raúl Reyes, segundo al mando, y han interrumpido severamente la comunicación entre los insurgentes, propiciando una pérdida de cohesión interna en la organización, así como la disminución de sus ingresos ilegales. Sin embargo, este progreso se ha dado a expensas del grave deterioro de las relaciones con Ecuador y Venezuela y de un mayor riesgo de aislamiento político tras el controvertido ataque aéreo contra el campamento de Reyes en territorio ecuatoriano. Las ganancias militares sólo pueden ser fructíferas si se combinan con una estrategia política que busque sistemáticamente el intercambio de insurgentes encarcelados por rehenes cautivos en manos de las FARC, que restablezca la muy necesaria cooperación con los países vecinos a lo largo de las fronteras y que promueva con determinación el desarrollo rural integrado para consolidar la seguridad y ampliar el apoyo internacional a Colombia.

El logro de un canje de rehenes por prisioneros es un reto clave para el gobierno de Uribe. Desde mediados de 2007 el tema ha adquirido una gran importancia política, tanto en Colombia como a nivel internacional, y ha contribuido a acentuar las tensiones con Venezuela. Después de una primera iniciativa del presidente francés Nicolas Sarkozy, quien busca la liberación de Íngrid Betancourt, que es ciudadana colombo-francesa, y de la liberación unilateral por parte de Uribe de unos 180 prisioneros de las FARC en mayo de 2007, el gobierno autorizó al presidente venezolano Hugo Chávez, en agosto de 2007, para facilitar el intercambio. Sin embargo, tres meses después Uribe quiso poner fin a la participación de Chávez, por la ausencia de resultados y por su evidente sesgo a favor de las FARC. En enero y febrero de 2008 las FARC liberaron unilateralmente a seis rehenes (de un total de cerca de 45 secuestrados “políticos” y otros 700 secuestrados “económicos”, los últimos de los cuales no se han considerado parte de ninguna negociación hasta este momento) como un gesto de apoyo a Chávez. Sin embargo, esto no sirvió para avanzar en una negociación, pese al apoyo de un grupo de países amigos, entre ellos Francia y Brasil.

El ataque del 1° de marzo contra el campamento de las FARC en Ecuador que causó la muerte de Reyes detonó la más seria crisis política en la región andina desde hacía muchos años, el rechazo hacia Colombia por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río, y el rompimiento de las relaciones con Ecuador. También pareció cerrar la puerta para nuevas liberaciones unilaterales de rehenes y para el logro de un acuerdo humanitario. Los insurgentes insisten en la desmilitarización de dos municipios y Uribe persiste en su rechazo de esta propuesta. Entre tanto, existe evidencia de que las FARC están adaptando su método de operación y su estrategia a largo plazo y, tal como ha sucedido anteriormente, es muy posible que sobrevivan a la reciente escalada militar del gobierno. Su habilidad para utilizar santuarios venezolanos y ecuatorianos plantea un gran reto a la política de seguridad de Uribe.

El gobierno de Uribe no debe jugársela toda a la estrategia militar. Debe diseñar e implementar con prontitud una estrategia complementaria que le permita ganar terreno político frente a los insurgentes, y, al tiempo, recuperar un respaldo internacional más amplio, sobre todo a nivel regional. Es crucial avanzar en el tema del intercambio de rehenes por prisioneros. La estrategia se debe enfocar en:

diseñar incentivos políticos firmemente condicionados para avanzar en el intercambio de rehenes por prisioneros con las FARC, incluidas ya sea la desmilitarización, internacionalmente monitoreada, de los municipios de Florida y Pradera o de otra área de tamaño similar que sirva como lugar de las negociaciones durante 45 días, con base en un acuerdo previo con las FARC según el cual los secuestrados y los prisioneros se liberarían durante ese período;
comprometer a Ecuador de inmediato y luego a Venezuela con el fin de reforzar la cooperación fronteriza e impedir el uso de santuarios, entre otras mediante el mejoramiento de las comunicaciones y la movilidad por helicóptero del nuevo mecanismo de monitoreo de la OEA;
rediseñar el papel del grupo de los países amigos dándole un mandato limitado específicamente para el canje de rehenes por prisioneros, y pidiéndole a Brasil que asuma un rol de liderazgo; y
expandir considerablemente la inversión en infraestructura para desarrollo rural, de modo que las alternativas económicas distintas del cultivo de coca, una mayor gobernabilidad y el Estado de derecho puedan servir de base para una seguridad sostenible en los territorios liberados de la presencia de las FARC.

Bogotá/Bruselas, 29 de abril de 2008

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I. Overview

Almost six years of intense security operations against the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) by the administration of President Álvaro Uribe are beginning to produce tangible results. Government forces killed several important rebel field commanders in 2007 and two members of the central command in March 2008, including second-in-command Raúl Reyes, and have severely disrupted insurgent communications, prompting a loss of internal cohesion and decreasing illegal revenues. However, this progress has come at the cost of severely deteriorating relations with Ecuador and Venezuela and increased risk of political isolation after the controversial bombing raid on Reyes’s camp inside Ecuador. Military gains can pay off only if combined with a political strategy that consistently pursues a swap of imprisoned insurgents for hostages in FARC captivity, reestablishes much needed working relations with neighbours along borders and strongly advances integrated rural development to consolidate security and broaden Colombia’s international support.

Achieving the hostages-for-prisoners swap is a key challenge for the Uribe administration. The issue has acquired great political significance in Colombia and internationally since mid-2007 and has contributed to increasing tensions with Venezuela. After an initial initiative of French President Nicolas Sarkozy, who seeks the liberation of Colombian-French citizen Ingrid Betancourt, and Uribe’s unilateral release of some 180 FARC prisoners in May 2007, the government authorised Venezuelan President Hugo Chávez in August 2007 to facilitate a swap. Uribe officially sought to end Chávez’s involvement three months later, however, in the absence of results and following an open display of bias towards the FARC. The FARC unilaterally released six hostages in January and February 2008 (of a total of some 45 so-called “political” and another 700 “economic” hostages, with the latter not being considered part of any deal at this point) as a gesture of support for Chávez. This did nothing to advance a deal, however, despite the support of a group of friendly countries, among them France and Brazil.

The 1 March attack on the FARC camp in Ecuador that produced Reyes’s death triggered the most serious political crisis in the Andean region in many years, Colombia’s condemnation in the Organization of American States (OAS) and the Río Group and a break in relations with Ecuador. It also seemed to slam the door shut to further unilateral releases of hostages and a humanitarian agreement. The insurgents insist on and Uribe rejects the demilitarisation of two municipalities. Meanwhile, there is evidence that the FARC is adapting its method of operation and long-term strategy and, as in the past, may well survive the recent government military escalation. Its ability to use Venezuelan and Ecuadorian sanctuaries presents a major challenge for Uribe’s security policy.

The Uribe administration should not put all its eggs in the military basket. It needs to promptly design and implement a complementary strategy that would allow it to gain political ground on the insurgents as well as recover broader international backing, especially regionally. Moving forward with the hostages-for-prisoners swap is crucial. The strategy should focus on:

devising strongly conditioned political incentives to advance the hostages-for-prisoners swap with the FARC, including either internationally monitored demilitarisation of Florida and Pradera municipalities or another area of similar size that would serve as the site of negotiations for 45 days on the basis of a prior agreement with the FARC that the hostages and prisoners would be released during that period;
engaging Ecuador immediately and Venezuela subsequently in order to reinforce border cooperation and prevent the use of sanctuaries, including by enhancing the communications and helicopter mobility of the new OAS monitoring mechanism;
redesigning the role of the group of friendly countries by giving it a limited mandate specifically for the hostages-for-prisoners swap and calling on Brazil to assume a leadership role; and
expanding considerably investment in infrastructure for rural development so that economic alternatives to coca cultivation, better governance and rule of law can provide the basis for sustainable security in territory freed from the FARC.

Bogotá/Brussels, 29 April 2008