El presidente Juan Manuel Santos, que inició su período de gobierno el 7 de agosto de 2010, tiene la oportunidad de poner fin al prolongado conflicto armado de Colombia basándose en la estrategia que durante ocho años siguió su antecesor pero a la vez ajustándola e ampliándola sustancialmente. El enfoque predominantemente militar de Álvaro Uribe –la “política de seguridad democrática”– logró avances importantes en materia de seguridad, pero Colombia sigue acosada por nuevos grupos armados ilegales y otros actores criminales. Por concentrarse sobre todo en combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el gobierno anterior no prestó suficiente atención a otras fuentes de violencia y, lo que es más importante, no abordó las causas subyacentes del conflicto. Santos, quien fue elegido por el mayor número de votos en la historia del país, debería aprovechar su capital político para poner en marcha una estrategia de resolución del conflicto más integral que emprenda las reformas institucionales y estructurales indispensables para hacer frente a la ilegalidad y la impunidad, ampliar el acceso a los servicios estatales y enfrentar los problemas relacionados con la tierra y los derechos de las víctimas.

Las FARC y el ELN se han debilitado notoriamente pero no han sido derrotados. Las FARC, que todavía tienen en sus filas entre 8.000 y 10.000 combatientes, se han adaptado parcialmente a la fuerte presión militar y han establecido alianzas con los nuevos grupos armados ilegales, lo cual ha expuesto a la población civil desprotegida –en especial las comunidades indígenas y afrocolombianas– a una situación de violencia cada vez más aguda. Las fuerzas armadas han visto menoscabada su reputación por haber sido acusadas de miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH), debidas en parte a la obsesiva búsqueda de éxitos militares. Con las relaciones diplomáticas con Venezuela en el punto más bajo, el gobierno de Uribe no pudo controlar los movimientos transfronterizos de drogas, armas y grupos armados ilegales. Pese a las costosas iniciativas emprendidas contra el negocio de la droga, Colombia tiene el mayor número de hectáreas de cultivos de coca en el mundo y responde por un porcentaje sustancial de la producción mundial de cocaína.

El gobierno de Uribe intentó consolidar los logros en materia de seguridad ampliando y fortaleciendo la presencia de las instituciones estatales en zonas que anteriormente estaban dominadas por los insurgentes y produjo algunos resultados iniciales positivos en dos regiones piloto. Sin embargo, los éxitos obtenidos se ven opacados por las persistentes amenazas de diversos grupos armados ilegales y por una desconfianza en las autoridades que impide que los habitantes de esas zonas se arriesguen a participar abiertamente en programas estatales. Las iniciativas de consolidación también se han visto afectadas por un marco jurídicamente débil y financieramente incierto; una coordinación deficiente de las funciones militares y civiles; demoras y problemas en la restitución de tierras a las víctimas del conflicto; y el acceso limitado de los ciudadanos afectados por la violencia a oportunidades de generación de ingresos por vías legales. Las víctimas y las organizaciones que las defienden sufren amenazas de muerte, en tanto que la aplicación del marco de justicia transicional se ha caracterizado por la lentitud en establecer la verdad detrás de los crímenes atroces, judicializar a los responsables y dar una reparación integral a las víctimas.

Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y se espera que siga ejerciendo presión militar sobre los insurgentes. Sin embargo, también debería corregir las fallas de las políticas de su antecesor y poner en marcha reformas esenciales. Los aspectos militares y de aplicación coercitiva de la ley deberían respetar plenamente los derechos humanos y el DIH. Simultáneamente el presidente debe-ría aplicar una estrategia de seguridad ciudadana integral tanto en las zonas rurales como en las urbanas, que aborde amenazas como la expansión de los nuevos grupos armados ilegales, el tráfico interno de estupefacientes y la violencia contra las víctimas. Se requieren reformas para hacer frente a los persistentes problemas de corrupción, impunidad e influencia de intereses criminales en la política y el gobierno, con el fin de expandir el estado de derecho y, por consiguiente, dar mayor legitimidad a las instituciones del Estado.

Para avanzar en la política de “prosperidad democrática” que Santos ha anunciado como sucesora de la política de Uribe, el presidente debería ampliar el acceso a los servicios públicos y a programas de desarrollo alternativo y acelerar la restitución de las tierras. Otro desafío importante al que debería hacer frente es la reconstrucción de las relaciones con Venezuela y Ecuador, como prerrequisito para la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, y para comprometer a todos los países vecinos en el establecimiento de unos mecanismos de seguridad regional eficaces.

El nuevo presidente ha indicado que está dispuesto a negociar en algún momento con las FARC y el ELN. Es una medida prudente y debería adoptarse activamente, puesto que una victoria militar total sigue siendo improbable. Las propuestas iniciales del nuevo gobierno en lo relativo a cuestiones de tierra, reforma judicial y derechos de las víctimas, entre otras cosas, sugieren que planea trascender el legado de Uribe para dar una respuesta más integral a la amplia gama de problemas que alimentan el conflicto, algo que de todos modos es preciso hacer si se quiere consolidar una paz sostenible.

Poner en marcha reformas comprehensivas como parte de una agenda integral para la resolución del conflicto será imposible sin una amplia coalición política y social. Algunas condiciones parecen favorables. Con el capital que le aporta su arrollador triunfo electoral, Santos inicia su gobierno con un fuerte apoyo del Congreso, los medios de comunicación y el grueso de la población. Ha demostrado una disposición alentadora a efectuar consultas amplias que ha contribuido a la palpable sensación de luna de miel política en Bogotá y que es esencial para mantener el apoyo necesario. Sin embargo, en la medida en que avance en cuestiones como la tierra, que afectan los inte-reses particulares de muchas instancias poderosas en el Congreso y el país, es probable que enfrente una resistencia que pondrá a prueba tanto su compromiso como su capacidad para llevar a Colombia hacia una nueva era.

Bogotá/Bruselas, 13 de octubre de 2010