icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Colombia: La política de seguridad democrática del presidente Uribe
Colombia: La política de seguridad democrática del presidente Uribe
VIDEO | Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia
VIDEO | Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia
Report 6 / Latin America & Caribbean

Colombia: La política de seguridad democrática del presidente Uribe

Más que cualquiera de sus antecesores, el presidente Álvaro Uribe ha convertido la lucha contra los insurgentes en la prioridad esencial y en el objetivo central de su gobierno. Gracias a algunos logros modestos alcanzados en el campo de batalla, se ha comenzado a restablecer una sensación de seguridad pública. Sin embargo, la Política de Seguridad Democrática (PSD) de Uribe, que es la estrategia de largo plazo que se suponía iba a darle coherencia al proyecto de seguridad, se encuentra estancada desde hace casi un año debido a las pugnas políticas internas y a las discusiones fundamentales sobre la mejor manera de ponerle fin a este conflicto de 40 años de duración.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Resumen Ejecutivo

Más que cualquiera de sus antecesores, el presidente Álvaro Uribe ha convertido la lucha contra los insurgentes en la prioridad esencial y en el objetivo central de su gobierno. Gracias a algunos logros modestos alcanzados en el campo de batalla, se ha comenzado a restablecer una sensación de seguridad pública. Sin embargo, la Política de Seguridad Democrática (PSD) de Uribe, que es la estrategia de largo plazo que se suponía iba a darle coherencia al proyecto de seguridad, se encuentra estancada desde hace casi un año debido a las pugnas políticas internas y a las discusiones fundamentales sobre la mejor manera de ponerle fin a este conflicto de 40 años de duración. Si no se le hacen algunas modificaciones sustanciales, es dudoso que alcance su meta.

De conformidad con la PSD, Uribe ha intentado recuperar el control del país incrementando la cantidad y capacidad de las tropas y las unidades de policía, y desplegándolas por todo el territorio para combatir a la guerrilla. Esto ha venido acompañado por un importante incremento en la erradicación de cultivos ilícitos, con el fin de disminuir la producción de coca y amapola, pero también para reducir los ingresos de los grupos guerrilleros y paramilitares. Al mismo tiempo, el gobierno ha reforzado la protección de los oleoductos y gasoductos para salvaguardar esa fuente de ingresos e impedir que les llegue financiación por ese concepto a los grupos armados al margen de la ley, que se habían acostumbrado a extorsionar bajo la amenaza de atacar dichas instalaciones.

Junto con el fortalecimiento de la estructura institucional de seguridad de Colombia, Uribe reveló otros tres mecanismos menos formales tendientes a reforzar la seguridad que han generado mucha controversia. En primer lugar, estableció una red de más de un millón de colaboradores e informantes civiles a quienes se les paga por suministrar información acerca de los insurgentes. Esto ha suscitado preocupación debido a la posibilidad de que los colaboradores utilicen su poder para zanjar rencillas personales; también se aduce que el sistema menoscaba la confianza en las comunidades. En segundo lugar, organizó unas milicias campesinas semientrenadas cuyos miembros operan en sus propias comunidades. Sin embargo, su situación de aislamiento y su entrenamiento por lo general deficiente las convierte en blanco de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por último, mediante un decreto ejecutivo primero y luego por medio de propuestas de leyes antiterroristas y otras, Uribe ha comenzado a otorgar al ejército diversos poderes policiales, sin aprobación ni supervisión judicial, con lo cual se han restringido las libertades civiles individuales.

Estas políticas abren la posibilidad para la ejecución de actividades arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad, que afectarían la credibilidad de la petición gubernamental de apoyo internacional y cooperación regional, y amenazan con ensombrecer un tanto la legitimidad de sus acciones contra los grupos armados al margen de la ley. Es peligroso transmitir el mensaje de que las fuerzas de seguridad tendrían mayor éxito si estuvieran menos restringidas por las obligaciones del Estado de respetar los derechos humanos y, como ha demostrado en repetidas ocasiones la historia, también es contraproducente.

El grueso del conflicto, incluido el mayor número de enfrentamientos como resultado de la política de seguridad más agresiva de Uribe, se ha desarrollado en las zonas rurales de Colombia. La ausencia de políticas de desarrollo regional coherentes es, quizás, la amenaza más seria que se cierne contra la potencial efectividad de la PSD. Será difícil, si no imposible, obtener triunfos duraderos contra los insurgentes, a menos que las comunidades rurales perciban beneficios claros e inmediatos en la campaña del gobierno. Como complemento necesario de los componentes militares de la PSD, es preciso que exista una política integral que busque reducir la pobreza en el campo, que invierta en programas sociales y que establezca el Estado de derecho; su ausencia dificulta aún más la tarea militar.

El sorprendente fracaso del referendo convocado por Uribe sobre temas políticos y económicos el 25 de octubre de 2003 podría forzar un cambio en la manera en que su gobierno formula sus políticas, en especial la PSD. Sin duda sería una medida sabia, en este contexto, lanzar una iniciativa de desarrollo rural que les ayude a los cultivadores de coca, que disminuya el flujo de refugiados y de la población desplazada internamente (PDI), y que suministre una razón para que la población rural acepte con mayor entusiasmo la PSD.

El gobierno también debe mantener la presión sobre los paramilitares, en especial sobre los que no participan en las actuales conversaciones, y cerciorarse de que cualquier arreglo al que se llegue con los paramilitares no permita que quienes hayan cometido crímenes atroces contra los derechos humanos se libren de ir a la cárcel. Finalmente, tiene que dejar en claro que, si bien su meta es derrotar a los insurgentes, la PSD no cierra las puertas a la posibilidad de soluciones negociadas. De hecho, el objetivo realista de una PSD modificada debe ser convencer a los grupos insurgentes, así como a todos los paramilitares, a entablar negociaciones serias.

Bogotá/Bruselas, 13 de noviembre, 2003

VIDEO | Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia

Bram Ebus, Crisis Group consultant for the Andes, investigates how deforestation in Colombia is often linked to conflict.

En Colombia, la deforestación está a menudo relacionada con el conflicto. El acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC incluía la promesa de salvaguardar las selvas del país.

Pero cuando las FARC depusieron las armas a finales de 2014, otros grupos armados ocuparon el vacío, acelerando la pérdida de bosque en las reservas naturales al fomentar la ganadería, el cultivo de coca y otros negocios no regulados. Mientras tanto, las víctimas de la guerra, desplazadas de sus hogares, también contribuyen a la tala de bosque al buscar nuevos medios de sustento.

Para este video, Bram Ebus, consultor de Crisis Group para los Andes, viajó a los focos de deforestación para investigar. 

Lea el informe completo de Crisis Group “Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia"

Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia