Report / Latin America & Caribbean 10 Mayo 2007 3 minutes

Los nuevos grupos armados de Colombia

Resumen Ejecutivo

El desmantelamiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y el 2006 es percibido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe como un paso decisivo hacia la paz. Aunque el hecho de haber sacado del conflicto a cerca de 32.000 miembros de las AUC ha alterado sin duda el panorama de la violencia, existe evidencia cada vez más fuerte del surgimiento de nuevos grupos armados que son más que las simples “bandas criminales” que contempla el gobierno. Algunos de ellos se comportan cada vez más como la nueva generación de paramilitares, y exigen una respuesta más inmediata e integral por parte del gobierno.

Desde comienzos del 2006, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), grupos defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido insistentemente sobre el rearme de unidades paramilitares desmovilizadas, la persistencia de grupos que no se desmovilizaron porque no participaron en las negociaciones entre el gobierno y las AUC, y la fusión de ex paramilitares con poderosas organizaciones criminales, a menudo profundamente implicadas en el tráfico de drogas. Peor aún, existen indicios de que algunos de los nuevos grupos y organizaciones criminales han establecido relaciones comerciales en torno al narcotráfico con elementos de los grupos insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al mismo tiempo, el plan del gobierno para la reintegración de los paramilitares desmovilizados ha dejado ver profundas fallas.

Estas señales de alerta se deben tomar en serio, pues en estos momentos existen las condiciones para la continuación o el resurgimiento ya sea de grupos paramilitares como los tradicionales, o de una federación de nuevos grupos y organizaciones criminales apoyados en el narcotráfico. Los combates militares con las FARC y el más pequeño ELN no cesan, y el tráfico de drogas no ha disminuido. Las cuantiosas sumas de dinero ilícito que produce el narcotráfico ayudan a alimentar el conflicto de varias décadas de duración, afectan la reintegración de los ex combatientes a la sociedad y fomentan la formación y el fortalecimiento de nuevos grupos armados, como sucedió con las AUC y las FARC hace más de un decenio.

Estos nuevos grupos todavía no cuentan con la organización, la cobertura y el poder de las AUC. No se sabe a ciencia cierta cuántos suman, pero incluso el cálculo más bajo –de la policía y la misión de la OEA– de cerca de 3.000 combatientes es preocupante, aunque algunas organizaciones de la sociedad civil llegan hasta triplicar esta cifra. Algunos de estos grupos, como la Organización Nueva Generación (ONG) en Nariño, han empezado a operar de modo muy similar al de los antiguos bloques de las AUC en la región, realizando, entre otras, operaciones de contrainsurgencia y buscando controlar territorio y población para dominar el negocio del narcotráfico. Otros, como las Águilas Negras en Norte de Santander, son menos visibles, y compiten y colaboran a la vez con redes criminales establecidas en la frontera con Venezuela.

La respuesta del gobierno a esta amenaza ha sido insuficiente, pues se ha limitado a tratarla como un asunto de orden público cuya responsabilidad compete sobre todo a la policía; que ha instituido un plan especial y un “bloque de búsqueda” especial para tratar con lo que denomina genéricamente como “bandas criminales”. Esto no ha impedido, sin embargo, la propagación de los grupos por todo el país. En algunas regiones las fuerzas de seguridad no cooperan unas con otras y su compromiso en la lucha contra los nuevos grupos es bajo. Las instituciones judiciales, en especial la Fiscalía General de la Nación, muchas veces no pueden investigar porque carecen de recursos y no cuentan con la ayuda de las fuerzas de seguridad, pero también porque están intimidadas. El programa de reintegración para ex combatientes está siendo reestructurado con miras a superar problemas serios, pero el tiempo trabaja en su contra.

Para derrotar a estos grupos y organizaciones criminales emergentes se requiere de una nueva estrategia integral. Es necesario combinar una inteligencia sólida y medidas de orden público más efectivas con medidas de carácter militar, respetando siempre los derechos humanos y complementando estas políticas con un mejoramiento en la forma como se reincorporan los combatientes desmovilizados a la sociedad, lo cual incluye un ambicioso programa nacional de desarrollo e infraestructura rural. Esta estrategia se debe concentrar inicialmente en las regiones en donde el dominio paramilitar ha cesado pero que son objetivo tanto de los nuevos grupos como de las FARC. El mantenimiento de las condiciones de seguridad en estas áreas depende tanto de una presencia policial y militar permanente y efectiva como del suministro de beneficios y servicios económicos tangibles a las comunidades locales.

Bogotá/Bruselas, 10 de mayo de 2007

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Executive Summary

The disbanding of the paramilitary United Self-Defence Forces of Colombia (AUC) between 2003 and 2006 is seen by the administration of President Alvaro Uribe as a vital step toward peace. While taking some 32,000 AUC members out of the conflict has certainly altered the landscape of violence, there is growing evidence that new armed groups are emerging that are more than the simple “criminal gangs” that the government describes. Some of them are increasingly acting as the next generation of paramilitaries, and they require a more urgent and more comprehensive response from the government.

Since early 2006, the Organization of American States (OAS) Peace Support Mission in Colombia (MAPP/OEA), human rights groups and civil society organisations have insistently warned about the rearming of demobilised paramilitary units, the continued existence of groups that did not disband because they did not participate in the government-AUC negotiations and the merging of former paramilitary elements with powerful criminal organisations, often deeply involved with drug trafficking. Worse, there is evidence that some of the new groups and criminal organisations have established business relations over drugs with elements of the insurgent Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and National Liberation Army (ELN). At the same time, the government’s plan for reintegrating demobilised paramilitaries has revealed itself to be deeply flawed.

These alerts have to be taken seriously since conditions now exist for the continuity or re-emergence either of old-style paramilitary groups or a federation of new groups and criminal organisations based on the drug trade. The military struggles with the FARC and the smaller ELN are ongoing, and drug trafficking continues unabated. Massive illegal funds from drug trafficking help fuel the decades-long conflict, undermine reintegration of former combatants into society and foment the formation and strengthening of new armed groups, as occurred with the AUC and the FARC more than a decade ago.

These new groups do not yet have the AUC’s organisation, reach and power. Their numbers are disputed but even the lowest count, from the police and the OAS mission, of some 3,000 is disturbing, and civil society groups estimate up to triple that figure. Some of these groups, such as the New Generation Organisation (Organización Nueva Generación, ONG) in Nariño have started to operate much like the old AUC bloc in the region, including counter-insurgency operations and efforts to control territory and population so as to dominate the drug trade. Others, such as the Black Eagles in Norte de Santander, are less visible and both compete and cooperate with established criminal networks on the Venezuelan border.

The government’s response to the threat has been insufficient, limited to treating it as a law enforcement matter, mainly the responsibility of the police, who have instituted a special plan and a special “search unit” to deal with what they generically label “criminal gangs” (bandas criminales). This has not stopped the groups from spreading across the country. In some regions the security forces do not cooperate with each other and show low commitment to fight the new groups. Justice institutions, in particular the attorney general’s office, often cannot carry out investigations because they lack resources and are not helped by the security forces but also because they are intimidated. The reintegration program for ex-combatants is being restructured to overcome serious shortcomings but time is working against it.

A new, comprehensive strategy is essential if the emerging groups and criminal organisations are to be defeated. It requires combining solid intelligence and more effective law enforcement with military measures, all with full respect for human rights and complemented by improvements in how demobilised fighters are reintegrated into society, including a major, national rural infrastructure and development program. This strategy needs to concentrate initially in the regions where paramilitary domination has ended but which are targets of both the new groups and the FARC. Sustaining security in those areas depends both on permanent, effective police and military presence as well as on providing tangible economic benefits and services for the local communities.

Bogotá/Brussels, 10 May 2007