Colombia: ¿Hacia la paz y la justicia?
Colombia: ¿Hacia la paz y la justicia?
Table of Contents
  1. Executive Summary
Atrapados por el conflicto: cómo reformar la estrategia militar para salvar vidas en Colombia (Bogotá, 27 September 2022)
Atrapados por el conflicto: cómo reformar la estrategia militar para salvar vidas en Colombia (Bogotá, 27 September 2022)

Colombia: ¿Hacia la paz y la justicia?

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Resumen Ejecutivo

La manera en que Colombia implemente su nuevo y controvertido marco legal para la desmovilización de los grupos paramilitares de extrema derecha y los reintegre a la sociedad reviste crucial importancia. Puede significar un paso decisivo hacia la terminación de su conflicto armado de 40 años de duración, o una prolongación de la violencia y el surgimiento de una amenaza cada vez más seria contra su democracia. Casi todos los paramilitares se han entregado, pero la Ley de Justicia y Paz (LJP) – criticada por los grupos de derechos humanos cuando se promulgó en julio de 2005 – todavía no se ha aplicado. Existe la preocupación de que el gobierno de Álvaro Uribe esté asignando prioridad a un pronto y fácil retiro de los paramilitares del conflicto, sin que se haga justicia con las víctimas y corriendo el riesgo de dejar bastante intactas las estructuras de poder económico y político de los paramilitares. El apoyo internacional a la implementación de la LJP debe condicionarse a la existencia de una estrategia gubernamental seria para aplicar el nuevo marco legal, así como a las medidas que tome el presidente Uribe para frenar los intentos de los paramilitares de conservar sus feudos criminales (incluida la droga) y construir un poder político.

A comienzos de marzo de 2006, el presidente Álvaro Uribe había conseguido la desmovilización de cerca de 24.000 de los entre 27.000 y 29.000 paramilitares calculados, incluidos sus comandantes más notorios, mediante una ley de 2002 que autoriza el perdón para delitos de rebelión y sedición. Sin embargo, al concentrarse en el desmantelamiento de las estructuras militares visibles de los grupos paramilitares, pero no en sus poderosas redes criminales de tipo mafioso que siguen existiendo en muchas regiones de Colombia, su gobierno no ha enviado una señal clara de su decisión de aplicar la LJP de manera rigurosa y tomar en cuenta los argumentos de sus numerosos críticos. De hecho, la nueva legislación aún no se ha implementado, debido no sólo a la revisión de la Corte Constitucional sino también por cálculos de tipo táctico.

El gobierno parece creer que si los 4.000 o 5.000 paramilitares que aún quedan ven que la LJP se está aplicando rigurosamente, podría peligrar su desmovilización. Sin embargo, la coincidencia de las elecciones para Congreso (12 de marzo) y para presidente (28 de mayo) con la fase final de la desmovilización de los paramilitares ha suscitado sospechas en algunos círculos, que creen que la renuencia a enviar un mensaje claro acerca de cómo se implementará la LJP también obedece a consideraciones electorales. Uribe busca la reelección y aunque en el largo plazo le perjudicaría cualquier percepción de apoyo de los paramilitares, existen pruebas de que los ex comandantes y los círculos que los apoyan han intentado utilizar la intimidación y el dinero para asegurar la presencia de algunos de sus propios candidatos en el nuevo Congreso, elegido el 12 de marzo, y debilitar la oposición a Uribe.

Si Uribe es reelegido, la posibilidad de que logre una paz sostenible depende en gran medida de la manera en que su gobierno maneje la implementación de la LJP y la reinserción de los ex paramilitares. La ley ha sido muy criticada con respecto a los derechos humanos, pues no garantiza el derecho de las víctimas a la reparación y la verdad, y abre las puertas a la impunidad – o en el mejor de los casos a relativas palmadas judiciales en la mano – para antiguos paramilitares autores de crímenes horrendos. Es preciso abordar estas preocupaciones ahora, mediante una estrategia gubernamental transparente que asigne prioridad al desmantelamiento completo de las estructuras militares y criminales de los grupos paramilitares, al procesamiento judicial riguroso de atrocidades pasadas y a la participación de las víctimas y la sociedad civil en la implementación de la LJP. El gobierno también necesita remediar las fallas en sus programas de reinserción de los paramilitares desmovilizados.

La ley se diseñó con miras a que se aplicara igualmente a la desmovilización de las insurgencias de izquierda en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es muy poco probable que se pueda utilizar en el futuro previsible con las FARC, el grupo guerrillero más numeroso y poderoso, que ha manifestado una hostilidad sin tregua frente a Uribe y no está dispuesto a negociar. Pero el compromiso que el gobierno demuestre en este momento con respecto a una aplicación transparente y rigurosa de la LJP a los paramilitares podría contribuir a un acercamiento con el ELN, menos numeroso, que las conversaciones en La Habana a fines del 2005 y en febrero de 2006 parecen haber propiciado (aunque aún persisten otros obstáculos, como la fragmentación de la organización insurgente).

Bogotá/Bruselas, 14 de marzo de 2006

Executive Summary

How Colombia implements its controversial new legal framework for demobilising the far-right paramilitaries and returning them to society is critically important. It can either take a decisive step towards ending its 40-year armed conflict or see prolongation of violence and the rise of an ever more serious threat to its democracy. Most paramilitaries have turned themselves in but the Justice and Peace Law (JPL) – criticised by human rights groups when enacted in July 2005 – has still not been applied. There is concern the Uribe administration prioritises quick fix removal of the paramilitaries from the conflict at the cost of justice for victims and the risk of leaving paramilitary economic and political power structures largely untouched. International support for JPL implementation should be conditioned on a serious government strategy to apply the new framework, as well as steps by President Uribe to contest paramilitary efforts to keep their crime (including drug) fiefdoms and build their political power.

By early March 2006, President Alvaro Uribe had achieved demobilisation of some 24,000 of an estimated 27,000 to 29,000 paramilitaries, including its most notorious commanders, using a 2002 law which authorises pardons for rebellion and sedition. Focusing on dismantling the overt military structures of the paramilitaries, but not their powerful mafia-like criminal networks that continue to exist in many parts of Colombia, however, his government has not sent a clear signal that it is determined to apply the JPL rigorously and take into account the arguments of its many critics. Indeed, the new law is still not being implemented – because of a constitutional court review but also tactical calculations.

The government appears to believe it may endanger demobilisation of the remaining 4,000 or 5,000 paramilitaries if they witnessed an early demonstration that the JPL was being applied stringently. However, the overlap of the congressional elections (12 March) and presidential elections (28 May) with the final phase of paramilitary demobilisation has raised suspicion in some circles that the reluctance to send a clear message about how the JPL will ultimately be implemented is also affected by electoral considerations. Uribe is running for re-election and while it would only damage him in the long run to have any taint of support from the paramilitaries, there is evidence that former commanders and circles supporting them have attempted to use intimidation and money to get some of their own candidates into the new Congress, elected on 12 March, and weaken the anti-Uribe opposition.

Whether, if re-elected, Uribe could achieve sustainable peace depends in large measure on how his administration handles the implementation of the JPL and the reinsertion of former paramilitaries. The law has a history of strong human rights criticism because it does not guarantee victims’ rights to reparations and truth and opens the door to impunity – or at best relative judicial slaps on the wrist – for former paramilitaries who committed heinous crimes. These concerns need to be addressed now through a transparent government strategy that prioritises full dismantling of the paramilitary military and criminal structures, the rigorous prosecution of past atrocities and partnership of the victims and civil society in implementing the JPL. The government also needs to remedy the flaws of its programs for reinserting demobilised paramilitaries.

The law was designed to apply as well to demobilisation of the country’s left-wing insurgencies, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and the National Liberation Army (ELN). It is highly unlikely that it could be used in the foreseeable future with the larger and more powerful FARC, which has staked out a position of unremitting hostility toward Uribe and is unwilling to negotiate. But the commitment the government shows now to a transparent and rigorous application of the JPL to the paramilitaries could help advance the rapprochement with the smaller ELN, which talks in Havana in late 2005 and February 2006 seem to have set in motion (though a number of other obstacles exist, such as fragmentation of the insurgent organisation).

Bogotá/Brussels, 14 March 2006

Atrapados por el conflicto: cómo reformar la estrategia militar para salvar vidas en Colombia (Bogotá, 27 September 2022)

Launch event of Crisis Group’s report Trapped in Conflict: Reforming Military Strategy to Save Lives in Colombia, based on extensive fieldwork in different regions of Colombia and dozens of interviews with the military and communities. It was held in Bogotá on Tuesday 27 September 2022 at 8:30 am. In the report, Crisis Group analyses why military strategy in Colombia’s rural areas has failed to contain the conflicts that arose following the 2016 peace accord with its largest guerrilla movement (FARC). Crisis Group also proposes new civilian government leaders to prioritise community protection in rural areas and embrace new indicators for gauging the military’s success. The panel was composed of Martha Maya, Latin America Program Director at the Institute for Integrated Transitions (IFI), Elizabeth Dickinson, Crisis Group's Senior Analyst for Colombia, and Ivan Briscoe, Crisis Group's Director for Latin America and the Caribbean. Alberto Lara Losada couldn't attend. 

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