icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Colombia tras el plebiscito: salir del atolladero
Colombia tras el plebiscito: salir del atolladero
Construyendo confianza en el eje del conflicto y la coca en Colombia
Construyendo confianza en el eje del conflicto y la coca en Colombia

Colombia tras el plebiscito: salir del atolladero

Originally published in Política Exterior

Los colombianos han dejado claro que quieren la paz. El referéndum del 2 de octubre obliga a reabrir la negociación para incluir algunas de las demandas implícitas en el voto del No. La dificultad está en negociar mientras el reloj apunta a las presidenciales de 2018.

Aunque el detalle ha pasado desapercibido para los colombianos que aún padecen la confusión por la derrota de los partidarios del acuerdo de paz en el plebiscito del 2 de octubre, no es un hecho menor. Hace casi 60 años, en el último referéndum sobre una resolución de un conflicto interno colombiano, la madre de Álvaro Uribe participó activamente en la campaña a favor del acuerdo. Su causa ganó contundentemente, y los dos principales bandos políticos colombianos acordaron vivir juntos en paz bajo las nuevas reglas políticas y consti­tucionales del llamado Frente Nacional. Además, las mujeres accedieron al derecho a voto en todo el país.

Uribe, mientras tanto, acaba de liderar en 2016 una campaña extraordinariamente efectiva y conservadora en contra del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo insurgente más importante del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque el margen de victoria del No fue mínimo –53.000 votos, equivalentes al 0,43% de los que votaron– la sorpresa que generó el resultado, la incertidumbre que sembró en el gobierno y la comunidad internacional y los pronósticos reservados acerca de la posibilidad de lograr un nuevo acuerdo han dado a los que fustigaron y vetaron el acuerdo un poder en apariencia incuestionable sobre la terminación del conflicto armado.

Sin embargo, el equilibrio de poder es más complicado de lo que parece a primera vista, y da lugar a múltiples interpretaciones y desenlaces potenciales. Por el momento, la voluntad de seguir buscando una salida negociada a un conflicto de 52 años –la guerra empezó en 1964, siete años después del referéndum que enterró el periodo conocido coma La Violencia– parece robusta, y es compartida por todos los colombianos. Es evidente, no obstante, que sin apoyo mayoritario y pese a las maniobras jurídicas promovidas por algunos partidarios del Sí como vía para aprobar el acuerdo, el pacto de 297 páginas firmado en La Habana el 26 de septiembre está muerto. Su único salvavidas sería una nueva versión que incluyera, al menos, algunos cambios exigidos por la oposición.

A la vez, nadie, ni Uribe ni varios líderes del Partido Conservador, ni el movimiento evangélico que se ha opuesto rotundamente al acuerdo, quieren asumir la responsabilidad de nuevos enfrentamientos que pudieran desatarse.

Después de todo, está en vigor un alto el fuego bilateral desde agosto, extendido hasta finales de año por el presidente Santos, galardonado la misma semana del fracasado referéndum con el premio Nobel de la Paz. No ha habido heridas ni muertes desde el anuncio del alto el fuego. En 2011, último año antes del comienzo de las negociaciones formales entre las FARC y el gobierno, murieron 992 miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes guerrilleros, con un saldo casi igual a los dos lados. Según Cruz Roja, un total de 190 civiles fueron asesinados o desaparecieron ese año por culpa del conflicto. Desde 2012, cuando se iniciaron las negociaciones, han disminuido a mínimos históricos los crímenes vinculados a la guerra, como el secuestro o el reclutamiento de menores.

Por tanto, la situación que enfrenta Colombia ahora es una especie de limbo. No hay acuerdo de paz en marcha, y ningún proceso formal de desmovilización o desarme. Los casi 6.000 guerrilleros de las FARC están reunidos en alrededor de 50 zonas denominadas “pre-agrupamiento” en varias regiones periféricas conocidas por las fuerzas armadas, bajo un alto el fuego monitoreado por una misión de Naciones Unidas, aunque su mandato no se ha iniciado formalmente aún. Los comandantes rebeldes están en La Habana en una villa cedida por el gobierno cubano, donde mantienen reuniones con los negociadores gubernamentales y enviados internacionales, además de emitir mensajes alentadores por las redes sociales. La otra fuerza insurgente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con casi 2.000 milicianos, mayoritariamente en la frontera con Venezuela, se ha comprometido a empezar sus propias negociaciones de paz con el gobierno a principios de noviembre en Quito.

Pero el impulso hacia la desmovilización y la política democrática por parte de las FARC, y posiblemente el ELN, pende de un hilo cuyo extremo se encuentra en Bogotá. Las altas esferas del poder político, representando al gobierno y a los opositores al acuerdo, han empezado a discutir las maneras de retocar el pacto y acercarse a un consenso. Santos insiste en que hay poco tiempo para terminar estas discusiones. Los líderes de las FARC señalan que mantener las tropas en campamentos es “muy costoso”, teniendo en cuenta que no tienen recursos provenientes del secuestro y la extorsión. Sin embargo, las propuestas formales y escritas presentadas por varios sectores de la oposición apuntan a cambios que podrían, en ciertos casos, conducir a enmiendas en los ejes fundamentales del acuerdo.

Nadie duda de que todo dependerá de la dinámica de la negociación, y fundamentalmente de la estrategia y los objetivos del expresidente Uribe. Elevado otra vez a una posición neurálgica en la toma de decisión sobre el futuro de Colombia, él mismo sigue dividido entre el odio personal e ideológico contra los “terroristas” de las FARC, y su reconocimiento de que hoy existe la mejor posibilidad de conseguir la paz en medio siglo. Los ojos de Colombia se dirigen hacia él y sus demonios interiores.

Temas y círculos de la renegociación

Como todos los fenómenos sociopolíticos en Colombia, las motivaciones subyacentes en el No al acuerdo son diversas y complejas. El resultado demostró notables particularidades regionales; entre regiones empobrecidas marcadas por el conflicto que votaron Sí, como el Chocó, y grandes ciudades afectadas en el pasado que optaron por el No, como Medellín. También se hizo patente la existencia de grupos con intereses específicos en juego. Para asombro de todos, el jefe de campaña del No de Uribe, Juan Carlos Vélez, informó a un periodista después del voto que su estrategia se basó en la propaganda viral por redes sociales y la creación de mensajes diferenciados, dirigidos a cada estrato social, con el objetivo de generar un sentimiento de indignación contra los beneficios económicos, políticos y jurídicos de que gozarían los combatientes en su trayecto hacia la vida civil si ganaba el Sí.

El voto de rechazo –sea contra el acuerdo, contra el gobierno o contra el supuesto complot “a la familia” infiltrado en las líneas de pacto– se refleja hoy en las demandas de la renegociación. La base mínima de las demandas por parte de la oposición son penas más severas, incluyendo encarcelación, aunque no necesariamente en centros penitenciarios, para los guerrilleros condenados por crímenes graves durante el conflicto. También exigen mayores restricciones a la participación política de los líderes de las FARC con sentencias judiciales, el uso político de las rentas acumuladas de sus actividades ilícitas durante la guerra y sus privilegios dentro del sistema partidista.

De ahí en adelante, hay una variedad de demandas entre la oposición, algunas de las cuales equivalen a amenazas directas a la continuidad del proceso. La política conservadora Marta Lucía Ramírez, antigua ministra de Defensa con Uribe, subraya la necesidad de una protección más firme de la propiedad privada en la sección del acuerdo dedicada a la reforma rural. Cambiar el texto según estos criterios haría explícito el reconocimiento del papel central del mercado libre, algo que en absoluto está cuestionado por el acuerdo en su redacción actual.

Uribe, por su parte, plantea demandas parecidas, además de mayor protección a los terratenientes sospechosos de haber adquirido propiedades robadas durante el conflicto –una práctica característica de las fuerzas paramilitares–. Sin embargo, Uribe y Ramírez insisten en eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de la justicia transicional para los culpables de crímenes graves durante la guerra. Proponen en su lugar un tribunal dentro del sistema judicial existente. Este cambio, rechazado por las FARC, tiene una implicación posiblemente destructiva del proceso: la demanda por parte de Uribe de no ofrecer la posibilidad de amnistía a culpables del narcotráfico, sustento básico de las FARC durante años a cambio de su “protección” a los cultivadores de coca. Aún más trascendental en este sentido, el expresidente exige que “debería condicionarse la extradición al cumplimiento de los compromisos de verdad, reparación y no repetición”. Nadie olvida que en 2008 Uribe ordenó la extradición a Estados Unidos de los líderes paramilitares supuestamente cobijados por un sistema de justicia transicional parecido a lo que se propone hoy en el acuerdo con las FARC.

Imponer condiciones de esta magnitud conlleva riesgos evidentes. Además, el diálogo entre gobierno y oposición en Bogotá no es el único círculo de renegociación. Otra negociación clave tendrá lugar una vez terminen las conversaciones de Santos con la oposición y se vuelva a hablar con las FARC. Los combatientes pueden ganar capital político si aceptan las nuevas condiciones, pero pueden tener poco interés en cumplir con duras exigencias resultantes de un referéndum que no querían.

El tercer nivel de renegociación será dentro de las FARC para fijar posiciones que sean aceptables para sus miembros. Hasta ahora, y con escasas excepciones como el caso del frente Primero en Guaviare, la guerrilla se ha quedado unida, con una cohesión que se demostró de manera clara en su conferencia de septiembre. Pero desde el día del plebiscito, el riesgo de una división interna se ha agudizado a causa de la incertidumbre sobre el futuro, especialmente debido a la posibilidad de demandas de la oposición que buscan castigar a los comandantes de nivel medio y a los soldados rasos, ensombreciendo sus perspectivas de reintegración civil en un futuro cercano.

Equilibrio y presión

Algunos miembros del gobierno temen que la prioridad de Uribe y sus aliados no sea la salida del atolladero posplebiscito, sino la victoria en las elecciones presidenciales de 2018. En este caso, Uribe puede pensar que tiene poco que perder si Colombia vuelve a la guerra, sobre todo si logra dividir a las FARC en un proceso extendido de renegociación, y asegurar de esta manera que un nuevo presidente uribista sigue luchando contra los remanentes de la guerrilla.
Por otro lado, si se percibiera que Uribe está demorando o bloqueando deliberadamente la paz mediante demandas exorbitantes, el expresidente se arriesga a ser considerado responsable de un nuevo derramamiento de sangre en Colombia a causa de su intransigencia y su ambición política. Aunque no participa directamente en el diálogo político entre gobierno y oposición, la comunidad internacional puede desempeñar un papel clave en el entendimiento entre las partes, a la hora de la evaluación de los riesgos y las ventajas de sus respectivas posiciones.

Hasta la fecha, los vecinos latinoamericanos de todo el espectro ideológico, además de los facilitadores internacionales del proceso –principalmente Noruega, EEUU y la Unión Europea– han ofrecido un respaldo unánime a las negociaciones. Es esencial que su apoyo evolucione de acuerdo con la nueva etapa del proceso, pasando de las palabras y gestos a unos actos decididos a favor de la paz negociada. La atribución arriesgada del premio Nobel de la Paz después de la derrota electoral fue, en este sentido, una muestra de cómo la comunidad internacional puede interceder en el equilibrio de poderes y fortalecer el empeño del gobierno de Santos y de las FARC en flexibilizar sus posiciones sin perder autoridad.

De un lado, Washington, viejo aliado de Uribe y patrocinador del Plan Colombia, tiene la potestad de ejercer una presión constante sobre el expresidente, recordándole sus compromisos básicos con la pacificación de su país. Esta acción podría verse reforzada por los nuevos gobiernos de centro-derecha en América Latina, aliados naturales de Uribe, como Argentina, Brasil y Perú.

Por otra parte, la comunidad internacional debería estar dispuesta a apoyar unánimemente a Santos si el esfuerzo de renegociación, y la inclusión de condiciones más duras pero razonables para las FARC, no recibe el apoyo de Uribe o la oposición. Avanzar sin la oposición, por medio de un segundo plebiscito o por otra vía de refrendación política, sería arriesgado para Santos y las FARC. Solo se debe intentar si ellos, la comunidad internacional y otros observadores están convencidos de contar con un acuerdo de buena fe que incluya una parte importante o razonable de las objeciones contenidas en el voto del No. Dejar de lado esta posibilidad equivaldría, en el contexto actual, a aceptar el veto de la oposición, con el riesgo cierto de un retorno a una guerra cuyo fin es todavía visible.

General views of Tumaco in Southern Colombia, near the border with Ecuador, 8 April 2019. CRISISGROUP/Zaida Marquez

Construyendo confianza en el eje del conflicto y la coca en Colombia

Two years ago, Crisis Group found that major threats to Colombia’s peace process with former guerrillas all intersect in the Pacific coastal district of Tumaco. Our Colombia analyst Kyle Johnson made it his mission to find out more.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

TUMACO – Había viajado a muchos lugares en Colombia antes de unirme a International Crisis Group, pero nunca a Tumaco. Mi primera impresión fue que es una ciudad que comparte muchas cualidades con otras de la costa del Pacífico. Está formada por dos islas y algunos barrios en tierra firme, en el medio de un laberinto de estuarios a lo largo de la frontera suroeste de Colombia con Ecuador. Sólo un camino entra y sale. Alrededor de 115 000 personas viven en la ciudad, y otras 89 000 en el área rural aledaña. La gran mayoría de los residentes son afrocolombianos.

Sin embargo, al pasar tiempo allí, empecé a darme cuenta de cómo Tumaco es un reflejo a menor escala de los dilemas políticos y económicos de Colombia. A pesar del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, los disidentes de este grupo, bandas criminales y otros grupos armados proliferan en toda la zona. Es un centro de producción de cocaína con fácil acceso a rutas de contrabando marítimo, el cual tiene la mayor proporción de tierra destinada al cultivo de coca que cualquier otro lugar de Colombia. La política en Tumaco es tan corrupta que varios ex alcaldes están presos. También padece las tasas de desempleo más altas del país, con muchos de sus habitantes dedicados a la economía informal y otros al narcotráfico.

Hay personas e instituciones trabajando de manera desigual para mejorar la situación. La Iglesia Católica es una fuerza positiva e influyente para el cambio, la cual ayuda a las comunidades organizarse, denuncia violaciones de los derechos humanos y promueve iniciativas a favor de la paz. Mientras tanto, como en muchas otras áreas rurales del país, una mezcla de soldados y policías honestos, bien intencionados y, en ocasiones, también otros corruptos, se encuentran frustrados por su incapacidad para expandir el control estatal. En muchos casos, simplemente están tratando de sobrevivir su tiempo de servicio en la ciudad.

Vista de Tumaco en el sur de Colombia, cerca a la frontera con el Ecuador, 9 de abril 2019. CRISISGROUP/Zaida Marquez
Desmovilización en tiempo real

Tomo un vuelo desde Bogotá por primera vez en marzo de 2017 en un esfuerzo por descubrir más sobre la ciudad y su problemática transición hacia la paz. El viaje dura poco más de una hora en avión, aunque habría tomado más de 24 horas por tierra. Nos acercamos a la ciudad sobre la verde selva costera y descendemos hacia la parte más atractiva de Tumaco: una isla en el borde del Océano Pacífico con un aeropuerto de una sola pista, una base militar, una playa de arena y algunos hoteles para turistas principalmente colombianos.

Mis propósitos son modestos en estos primeros días. Quiero establecer contactos con residentes y funcionarios gubernamentales, comenzar nuestra investigación y dar a conocer el nombre de Crisis Group en la ciudad. La situación es tensa, con tasas de homicidios en aumento debido a los enfrentamientos entre guerrilleros de las FARC y una facción guerrillera disidente. Poco después de conversar por teléfono con un líder de la comunidad, quedo sorprendido cuando me llama para invitarme a una escuela en un barrio del que nunca había oído hablar. Promete un avance significativo en mi objetivo de reunirme con una facción disidente de las FARC.

Sigo sus instrucciones y tomo un moto-taxi hasta la escuela. Mientras bajo por la “carretera” principal del barrio (que no alcanza los dos metros de ancho, pavimentada con cemento y construida en pilotes sobre el agua), un joven me detiene. Le dice al conductor que se vaya. "¿Vienes a la reunión?", me pregunta. Yo digo que sí, y me conduce a la escuela.

Dentro de la escuela, me sorprende encontrarme con una negociación en curso entre el líder disidente de las FARC y tres funcionarios del Ministerio de Defensa. Una audiencia de unas veinte personas sentadas en pupitres para niños, incluido un sacerdote católico, un funcionario de la oficina de derechos humanos de la ONU y varios líderes comunitarios. Todas las miradas siguen la llegada de un extranjero desconocido. Nadie me dice nada mientras encuentro una silla y me siento.

La situación es tensa, con tasas de homicidios en aumento debido a los enfrentamientos entre guerrilleros de las FARC y una facción guerrillera disidente.

Los negociadores ya llevan un tiempo en esto. Me sorprende la forma tan directa y práctica en la que discuten temas complejos sobre los que quiero aprender: desarme, desmovilización y reintegración, por ejemplo. En menos de dos horas, resuelven el proceso de desarme de los 330 miembros del grupo disidente de las FARC. Como muestra de buena voluntad, los rebeldes le presentan a los funcionarios del gobierno uno de los hombres más buscados de Tumaco. El comandante conocido por el alias de “El Pollo”, un apodo que no coincide con la temible reputación de su violenta y desaforada milicia. Prometen que él también se desarmará. Los funcionarios están asombrados de tenerlo delante de ellos y descubrir que estuvo sentado en la parte de atrás del salón de clases todo el tiempo.

El último tema que discuten los funcionarios, disidentes y asistentes es que “no debería haber más declaraciones a la prensa”, algo que podría complicar mi objetivo de entrevistar a los participantes, así no sea un periodista. La reunión se dispersa y yo me quedo en el salón. El líder de la comunidad me presenta sin formalismos a El Pollo como "el man para la reunión". La cosa no va bien. Todos asumen que soy de algún medio de comunicación. Es difícil convencerlos de que no estoy buscando historias para escribir noticias. Explico que Crisis Group intenta hablar con todas las partes de un conflicto y explora formas prácticas para prevenir o eliminar la violencia. Un oficial disidente de nivel medio concluye que estoy escribiendo un libro.

El Pollo cede. Manda a algunos hombres a que se aseguren que el edificio esté seguro, luego me pide que lea toda la lista de preguntas, una por una. Algunos comandantes de las FARC pueden ser bastante cerrados, de hecho, están entrenados para serlo, y me preocupa que nuestra reunión no aporte mucho. Pero después de un rato entra en confianza, incluso parece disfrutar desahogando sus pensamientos y sentimientos. Pasamos unos 90 minutos juntos. Hacemos una pausa cuando una motocicleta desconocida entra al barrio y le seguimos el paso por una ventana del segundo piso. Llama por radio a sus hombres para que la sigan y la saquen del área. El ambiente se relaja de nuevo, y al despedirnos, me dice que incluso puedo citarlo por su nombre.

Violence & FARC dissidents on Colombia's Pacific Coast

We were able to interview young FARC dissidents on camera in the city of Tumaco, one of the places most affected by armed conflict following the peace agreement with the FARC. CRISISGROUP
Una encrucijada colombiana

Tumaco es diferente a las planicies orientales o las selvas que había visitado en Colombia. Para reunirme con las comunidades afectadas por el conflicto y los rebeldes en el campo, generalmente tengo que tomar un avión, luego viajar durante horas en bote, motocicleta, camión o caminando. Aquí todo parece estar a la vuelta de la esquina. Cuando recibo una llamada telefónica avisando que este o aquel está listo para reunirse, generalmente puedo llegar caminando rápidamente a los barrios densamente poblados, pobres y violentos, dominados por grupos disidentes.

Con cada nuevo contacto, siento que me abro camino, aprovechando cualquier oportunidad para entender mejor las relaciones y lo que ocurre aquí. En mi octavo viaje a Tumaco, conozco a otro grupo de disidentes de las FARC. El comandante del grupo acaba de ser asesinado por la policía antinarcóticos, y el grupo quiere contar su historia. Buscan a un periodista con quien hablar. Les explico que trabajo para Crisis Group, y aunque no soy periodista, deciden hablar conmigo. Un intermediario logra arreglar el encuentro en tan solo unas horas.

Un disidente de las FARC de mando medio, un combatiente raso y el intermediario me llevan en bote a un caserío de aproximadamente 50 casas a unas dos horas al norte de Tumaco, varios kilómetros tierra adentro. Miembros del grupo disidente están allí, aunque intentan ser discretos. Una lancha rápida grande aparece por la tarde con unos quince combatientes armados a bordo. Durante el día, escuchamos a los pobladores hablar sobre el comandante ahora muerto, conocido como David; lo describen como un santo al que la policía mató a sangre fría. Su historia se entrelaza libremente entre cosas que sé que son ciertas y afirmaciones que sospecho no son precisas. Unos días más tarde, entrevisto al mismo oficial de mando medio que me trajo a la reunión y me dice que la ideología de David era el "bienestar de la gente".

Entrevistar a líderes de grupos armados puede ser peligroso, así que tomo precauciones. Sé que no es prudente acercarse demasiado a ningún líder, ya que los otros grupos armados de la ciudad pueden pensar que uno está colaborando con sus enemigos.

Noté dinámicas y motivaciones similares en mis interacciones con tres de los cinco grupos armados ilegales que operan en Tumaco con los que he hablado. Algunos son conscientes de que su imagen es terrible y quieren cambiarla. Creen que contar su historia ayudará.

Pero las cosas no siempre salen como están planeadas. Habíamos concertado una entrevista con un prominente comandante local conocido como Guacho, pero decidimos cancelarla cuando su grupo mata a dos periodistas ecuatorianos y su conductor en abril de 2018. En otra ocasión, un periodista y yo tomamos un pequeño bote hacia un pueblo llamado La Caleta para reunirnos con un comandante. Logramos llegar al lugar, pero finalmente el comandante no llegó. Está en una ofensiva después de que otro grupo armado lo atacara a él y a su grupo la noche anterior. De regreso en la ciudad, los combatientes de su grupo me dicen que cuatro niños de su barrio enviados al frente de batalla rural murieron en este contraataque.

Entrevistar a líderes de grupos armados puede ser peligroso, así que tomo precauciones. Sé que no es prudente acercarse demasiado a ningún líder, ya que los otros grupos armados de la ciudad pueden pensar que uno está colaborando con sus enemigos. Tengo cuidado cuando me siento con ellos por primera vez. Las primeras reuniones son generalmente para que puedan entrar en confianza. Si llego a hacer preguntas difíciles, son muy pocas. Más adelante, puedo intentar ser más osado. Cuando un combatiente disidente de las FARC afirma que nadie en su vecindario está involucrado en los combates, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario, le pregunto sobre las pruebas publicadas por el Estado. "¿Y las llamadas telefónicas interceptadas?" "¿Y el asesinato en el Día del Padre?" "¿Cómo explicas los tiroteos con la policía?" o "¿Por qué está tu comandante en prisión?". La policía ha capturado a algunos de los combatientes del grupo, imputándoles varios asesinatos. A pesar de ser una entrevista difícil, por medio de preguntas y respuestas decididas, el tono se mantiene profesional y nos reunimos regularmente cuando estoy en la ciudad.

Kyle Johnson entrevistando disidentes de las FARC en Tumaco en el sur de Colombia, cerca a la frontera con el Ecuador, 8 de abril 2019. CRISISGROUP/Zaida Marquez

En medio del crimen y la violencia, las personas de bajo rango, los soldados rasos, a menudo tienen historias tristes y desgarradoras. Al hablar con ellos, me entero de cómo se unieron en su adolescencia, algunos con tan solo doce años, y enfrentaron dificultades, estrés y traumas. Uno de ellos cuenta como se unió a los doce años, porque mataron a su mejor amigo y fue la forma que encontró para buscar venganza. Otros dicen que se unieron después de haber sido maltratados y abandonados cuando eran niños. Una vez en el grupo, estos combatientes no se vuelven ricos. Entrevisté a un combatiente que pasó dos días buscando una manera de bañarse, ya que su vecindario (y gran parte de la ciudad en ese momento), no tenía servicio de agua. En una sola ocasión, hablando con un narcotraficante de alto nivel, pude entrevistar a alguien involucrado en la violencia que hubiera terminado la escuela secundaria. 

A medida que paso más tiempo en el área, también hablo con líderes comunitarios, miembros de ONG y feligreses. Con ellos puedo hablar de la vida cotidiana, tomar una cerveza, almorzar. Uno o dos incluso me visitan en Bogotá. Se establece un puente de confianza. Verifico nuestros hallazgos y recomendaciones de manera informal, entiendo mejor cómo funciona la ciudad y los escucho expresar los temores de su comunidad. También comparten conmigo sus ideas de cómo solucionar los muchos problemas de Tumaco.

Seguridad estatal

Resulta que para mí es más difícil establecer contacto con el ejército y la policía que con los grupos armados. En Tumaco, la interacción entre las fuerzas de seguridad y los grupos ilegales es una dupla curiosa. Alrededor de 500 miembros de grupos armados ilegales operan en la ciudad, y 11 000 policías y soldados atienden a todo Tumaco y otras poblaciones de la región. Su estrategia para traer paz, estabilidad y protección al área es matar o capturar a los líderes de grupos y carteles. Pero si bien esta estrategia puede parecer buena para los políticos en Bogotá, aquí en el campo no genera mayor impacto.

Por ejemplo, atacar a los líderes de los grupos armados no ha ayudado a las autoridades a tomar el control de los barrios, donde los grupos armados ilegales pueden fácilmente mantener la ventaja, incluso cuando la policía hace un esfuerzo por estar presente. Parte del problema es la naturaleza efímera de esta presencia. Durante el día, la policía se ubica en lugares que normalmente no son violentos, por ejemplo, a lo largo de las carreteras principales, enviando patrullas esporádicamente dentro de los barrios. Entran y se van, proporcionando una escasa protección temporal. Los grupos vigilan cada uno de sus movimientos y retoman sus actividades normales cuando se van. En una ocasión, mientras estoy con unos disidentes de las FARC en la ciudad, tres policías fuertemente armados caminan por las calles del vecindario y se van. No pasa nada y en futuras visitas, queda claro que nada cambia.

En ocasiones, me las arreglo para hablar con alguien de la fuerza naval colombiana que patrulla la costa de Tumaco, el jefe de las fuerzas armadas de la región y otras figuras importantes. Se reúnen conmigo principalmente con fines de relaciones públicas y, por lo general, quieren transmitirme el mensaje de que "la estrategia está funcionando". A veces siento que saben que solo están poniendo paños de agua tibia. Pero su misión es hacer lo posible.

El personal de la policía, el ejército y la marina es enviado principalmente desde otras partes de Colombia. Entre ellos se encuentran aquellos que están genuinamente motivados por el patriotismo y comprometidos con la lucha contra las drogas y la violencia. Otros son más cínicos acerca de la tarea. Simplemente quieren sobrevivir y luego dejar atrás el remoto Tumaco. Otros están aliados con los grupos armados y se benefician de la corrupción.

Kyle Johnson en Tumaco en el sur de Colombia, cerca a la frontera con el Ecuador, 8 de abril 2019. CRISISGROUP/Zaida Marquez

En mi onceavo viaje a Tumaco conocí a algunos de los policías antinarcóticos. Entran en confianza rápidamente, ansiosos por contar su historia. Están cansados de que los lugareños los vean como los malos, librando una guerra inútil. Incluso me llevan en uno de sus helicópteros para mostrarme la magnitud de los problemas que enfrentan. Desde allí, es fácil ver por qué creen que el país está siendo devastado por una fuerza imparable.

Volamos a lo largo del río Mira (la principal vía fluvial de la región) y sobre piscinas improvisadas de petróleo robado en llamas, a las que les prenden fuego para refinarlo y convertirlo en gasolina que se usa posteriormente para procesar las hojas de coca en pasta básica. Una enorme mina de oro ilegal opera justo al otro lado del río al frente de Barbacoas (el municipio vecino) y no se puede distinguir cual es más grande: la ciudad o la mina. En algunas partes, los campos de coca se extienden más allá del horizonte. La policía está bajo una fuerte presión del Estado central para erradicar la mayor cantidad de coca posible.

Pero estos agentes en la línea de fuego de la guerra contra las drogas dicen que no es mucho lo que pueden hacer. Por ejemplo, la ley dice que las fuerzas de seguridad del Estado no pueden tocar cultivos en áreas pobladas por pueblos indígenas, aunque los campos de coca son bastante abundantes allí. Incluso cuando logran erradicar plantas de coca, acaban con una sola cosecha y los campos son replantados poco después. Si la policía quema laboratorios de coca, se enfrentan a una reacción violenta de personas de la comunidad cuya principal fuente de ingresos acaba de ser destruida. Las fuerzas de seguridad pueden atacar el tráfico de drogas, pero, al menos a nivel local, esto fomenta la hostilidad contra el Estado.

Los oficiales en el helicóptero parecen estar genuinamente molestos al ver las piscinas de petróleo robado en llamas, pero en tierra percibimos algo diferente de la policía. Mientras viajamos en un taxi, no lejos de esas piscinas, tres jóvenes detienen nuestro auto. Nos dicen que esperemos porque dos vehículos “cargados” vienen por la carretera. Presenciamos el paso de camionetas cargadas con barriles de gasolina producida ilegalmente. Cuando los jóvenes nos permiten continuar, vemos como el contrabando pasa sin obstáculos a través de un retén policial a no más de cinco metros de distancia.

Territorio de la coca

En Tumaco se traslapan la institucionalidad con la ausencia del Estado, la legalidad con la ilegalidad, lo cual resulta más visible en las poblaciones a lo largo de la vía principal o en pequeños asentamientos dispersos en la selva y las colinas de Tumaco. Donde quiera que voy, la economía a menudo depende por completo del comercio de coca. La mayoría de los combates en la región son por el control de las zonas productoras de drogas, el motor de la violencia desde principios de la década de 2000.

Cerca de Tumaco se encuentra el municipio de Llorente. Tiene enormes supermercados, casinos y burdeles que se benefician claramente de la actividad económica en auge. Llorente vive casi por completo del tráfico de drogas: es la cuna de innumerables transacciones donde se compra y vende pasta de coca y cocaína, los cultivadores de coca compran lo que necesitan y los recolectores de hoja de coca vienen aquí a gastar su dinero. La mayoría de las personas en esta área no son afrocolombianas, como en los municipios costeros como Tumaco. De hecho, muchas vinieron del vecino departamento del Putumayo hace unos quince años, por lo que los locales lo han denominado Putumayito.

Dado que el Estado no está completamente presente, los grupos armados a menudo intervienen para crear su versión de ley y orden. En Llorente, el conocido comandante Guacho estableció reglas de tráfico e introdujo foto-multas para poner fin a los embotellamientos en la vía principal. Conductores de carros y camiones comenzaron rápidamente a comportarse mejor en la vía. El grupo de Guacho ahora ha perdido el control de ese tramo de la carretera y el tráfico otra vez es terrible. Pero su gesto cívico subraya un problema permanente para la policía: ¿cómo establecer un estado de derecho en donde casi todo está basado o controlado por fuerzas ilegales?

Campos de coca en Tumaco en el sur de Colombia, cerca de la frontera con el Ecuador, 9 de abril 2019. CRISISGROUP/Zaida Marquez

La pobreza, desigualdad y falta de empleo también alimentan el tráfico de drogas. Muchos jóvenes y niños en Tumaco, y de hecho en toda la costa del Pacífico colombiano, están listos para asumir el riesgo de trabajar en un barco que lleva drogas a América Central y así ganar $20-30 000 dólares, por ejemplo.

Cuando salgo a caminar con algunos lugareños a la orilla del mar, al pasar por uno de los barrios donde las casas se levantan sobre pilotes de madera en el mar, tropiezo con una escena de jóvenes cargando de atún una lancha rápida. Resulta inmediatamente sospechoso. Esta lancha no se parece en nada a una lancha de pesca, y no hay razón aparente para que la estén cargando de atún. Las entregas de cocaína al mercado internacional a menudo comienzan en embarcaciones disfrazadas de barcos de pesca, que llevan la carga hasta barcos rápidos en alta mar. Nadie aquí quiere aparecer en una foto. Actúo como si no supiera lo que está pasando y rápidamente me voy. Ser testigo de operaciones de narcotráfico, incluso sin intensión, puede resultar en serios problemas con grupos armados y traficantes.

Una dama importante

La familia es importante para el funcionamiento de los grupos armados de la zona. Un comandante que conocí tiene diecisiete hijos, varios de los cuales combaten en el grupo armado que él dirige. En septiembre de 2018, restablezco contacto con otro grupo que también parece una empresa familiar. Una vez perteneció a las FARC, pero nunca se desmovilizó bajo el acuerdo de paz de 2016. Las FARC asesinaron a su primer comandante, conocido como “Don Ye” en noviembre de 2016, quien luego fue reemplazado por su hermano David, asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado semanas antes de que visitara la casa de su familia en septiembre de 2018. Las autoridades dicen que su hermana era el cerebro financiero detrás del grupo y de sus operaciones de narcotráfico. Voy a visitar a su madre, que muchos dicen es quien dirige parte del grupo.

Estamos en un barrio pobre de Tumaco, pero la casa de la madre es enorme, de tres pisos y opulenta. Tiene decoraciones y muebles elaborados y de aspecto costoso, típicos de personas en el negocio de las drogas. Poco a poco me doy cuenta de que la madre es la que da las órdenes, resolviendo los problemas a medida que surgen durante la conversación. Pero ella niega liderar el grupo armado o que sus hijos sean criminales. Sé que esto último simplemente no es cierto.

Aun así, esta importante madre se siente halagada por la atención externa que represento. Me siento un poco sorprendido de estar sentado con ella. Que yo sepa, la única otra persona ajena a la región que la ha conocido es un periodista colombiano. Veo que quiere contar su lado de la historia, defender a sus hijos, argumentar que el grupo armado ha sido bueno para la región. Me da un CD de canciones en homenaje a Don Ye y panfletos en los que el grupo armado dice que “pone orden”. Más tarde me envía un video del funeral de David. Dos semanas después, otro grupo armado de la ciudad ataca su casa, lo que lleva a un tiroteo masivo entre los combatientes del grupo de David y el grupo rival.

Un acuerdo se desintegra

A medida que pasa el tiempo, queda claro que el acuerdo de desmovilización que presencié en mi primera visita no está funcionando. Cuando el gran día para la entrega de armas de los grupos disidentes llega en marzo de 2017, solo 128 de las 330 personas de la lista se presentan para entregarlas. Poco después, los 200 que no se desarmaron comienzan a atacar a los que lo hicieron. Al llegar octubre de 2017, la mayoría de los desmovilizados han vuelto a combatir. La violencia entre estos grupos ahora divididos rápidamente empeora. Mucho de lo que veo en Tumaco cada vez que regreso sigue un ritmo similar: el progreso hacia la reducción de las redes criminales y la violencia es a menudo ilusoria y provisional.

Todos estos desafíos son muy reales, pero también están ligados a problemas que son aún más profundos.

Al despegar del aeropuerto en junio después de mi viaje más reciente, mi cabeza todavía está llena de preguntas. Llegué a Tumaco inicialmente para enfocarme en si los disidentes de las FARC mantenían algo de su ideología guerrillera, pero en su lugar descubrí que muchas personas de la región están ocupadas por algo más básico: la lucha por ganar suficiente dinero para comprar alimentos. Me pregunto cómo incluso los miembros más patriotas de las fuerzas de seguridad pueden enfrentar su trabajo cuando la magnitud de los problemas es tan enorme. La erradicación de coca y la quema de laboratorios de drogas parecen ser planes sólidos en salas de reuniones con aire acondicionado y en capitales lejanas, pero ¿cómo pueden defenderse cuando no logran cumplir sus objetivos en el campo? ¿Y qué significa una guerra contra las drogas en una región donde en este momento la única economía que cuenta es aquella alrededor de las drogas? Un enfoque simplista para erradicar el tráfico de drogas parece condenado al fracaso en Tumaco. El gobierno colombiano y los donantes que lo apoyan necesitan crear una economía lícita que presente una verdadera alternativa, lo cual tampoco resulta ser una tarea fácil.

Las preguntas seguirán multiplicándose. Pero gracias al acceso único que la gente de Tumaco me está concediendo, ahora concibo cada vez más formas de argumentar que las causas de los conflictos que aún estremecen a Colombia no son solo la guerrilla, el crimen y el comercio internacional de cocaína. Todos estos desafíos son muy reales, pero también están ligados a problemas que son aún más profundos: una economía lícita local precaria, la presencia muy limitada de un Estado incapaz de resolver necesidades básicas del territorio y la lucha de las personas para sobrevivir en un entorno hostil e impredecible.