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Colombia tras el plebiscito: salir del atolladero
Colombia tras el plebiscito: salir del atolladero
Elecciones regionales en Colombia ponen a prueba la paz
Elecciones regionales en Colombia ponen a prueba la paz

Colombia tras el plebiscito: salir del atolladero

Originally published in Política Exterior

Los colombianos han dejado claro que quieren la paz. El referéndum del 2 de octubre obliga a reabrir la negociación para incluir algunas de las demandas implícitas en el voto del No. La dificultad está en negociar mientras el reloj apunta a las presidenciales de 2018.

Aunque el detalle ha pasado desapercibido para los colombianos que aún padecen la confusión por la derrota de los partidarios del acuerdo de paz en el plebiscito del 2 de octubre, no es un hecho menor. Hace casi 60 años, en el último referéndum sobre una resolución de un conflicto interno colombiano, la madre de Álvaro Uribe participó activamente en la campaña a favor del acuerdo. Su causa ganó contundentemente, y los dos principales bandos políticos colombianos acordaron vivir juntos en paz bajo las nuevas reglas políticas y consti­tucionales del llamado Frente Nacional. Además, las mujeres accedieron al derecho a voto en todo el país.

Uribe, mientras tanto, acaba de liderar en 2016 una campaña extraordinariamente efectiva y conservadora en contra del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo insurgente más importante del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque el margen de victoria del No fue mínimo –53.000 votos, equivalentes al 0,43% de los que votaron– la sorpresa que generó el resultado, la incertidumbre que sembró en el gobierno y la comunidad internacional y los pronósticos reservados acerca de la posibilidad de lograr un nuevo acuerdo han dado a los que fustigaron y vetaron el acuerdo un poder en apariencia incuestionable sobre la terminación del conflicto armado.

Sin embargo, el equilibrio de poder es más complicado de lo que parece a primera vista, y da lugar a múltiples interpretaciones y desenlaces potenciales. Por el momento, la voluntad de seguir buscando una salida negociada a un conflicto de 52 años –la guerra empezó en 1964, siete años después del referéndum que enterró el periodo conocido coma La Violencia– parece robusta, y es compartida por todos los colombianos. Es evidente, no obstante, que sin apoyo mayoritario y pese a las maniobras jurídicas promovidas por algunos partidarios del Sí como vía para aprobar el acuerdo, el pacto de 297 páginas firmado en La Habana el 26 de septiembre está muerto. Su único salvavidas sería una nueva versión que incluyera, al menos, algunos cambios exigidos por la oposición.

A la vez, nadie, ni Uribe ni varios líderes del Partido Conservador, ni el movimiento evangélico que se ha opuesto rotundamente al acuerdo, quieren asumir la responsabilidad de nuevos enfrentamientos que pudieran desatarse.

Después de todo, está en vigor un alto el fuego bilateral desde agosto, extendido hasta finales de año por el presidente Santos, galardonado la misma semana del fracasado referéndum con el premio Nobel de la Paz. No ha habido heridas ni muertes desde el anuncio del alto el fuego. En 2011, último año antes del comienzo de las negociaciones formales entre las FARC y el gobierno, murieron 992 miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes guerrilleros, con un saldo casi igual a los dos lados. Según Cruz Roja, un total de 190 civiles fueron asesinados o desaparecieron ese año por culpa del conflicto. Desde 2012, cuando se iniciaron las negociaciones, han disminuido a mínimos históricos los crímenes vinculados a la guerra, como el secuestro o el reclutamiento de menores.

Por tanto, la situación que enfrenta Colombia ahora es una especie de limbo. No hay acuerdo de paz en marcha, y ningún proceso formal de desmovilización o desarme. Los casi 6.000 guerrilleros de las FARC están reunidos en alrededor de 50 zonas denominadas “pre-agrupamiento” en varias regiones periféricas conocidas por las fuerzas armadas, bajo un alto el fuego monitoreado por una misión de Naciones Unidas, aunque su mandato no se ha iniciado formalmente aún. Los comandantes rebeldes están en La Habana en una villa cedida por el gobierno cubano, donde mantienen reuniones con los negociadores gubernamentales y enviados internacionales, además de emitir mensajes alentadores por las redes sociales. La otra fuerza insurgente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con casi 2.000 milicianos, mayoritariamente en la frontera con Venezuela, se ha comprometido a empezar sus propias negociaciones de paz con el gobierno a principios de noviembre en Quito.

Pero el impulso hacia la desmovilización y la política democrática por parte de las FARC, y posiblemente el ELN, pende de un hilo cuyo extremo se encuentra en Bogotá. Las altas esferas del poder político, representando al gobierno y a los opositores al acuerdo, han empezado a discutir las maneras de retocar el pacto y acercarse a un consenso. Santos insiste en que hay poco tiempo para terminar estas discusiones. Los líderes de las FARC señalan que mantener las tropas en campamentos es “muy costoso”, teniendo en cuenta que no tienen recursos provenientes del secuestro y la extorsión. Sin embargo, las propuestas formales y escritas presentadas por varios sectores de la oposición apuntan a cambios que podrían, en ciertos casos, conducir a enmiendas en los ejes fundamentales del acuerdo.

Nadie duda de que todo dependerá de la dinámica de la negociación, y fundamentalmente de la estrategia y los objetivos del expresidente Uribe. Elevado otra vez a una posición neurálgica en la toma de decisión sobre el futuro de Colombia, él mismo sigue dividido entre el odio personal e ideológico contra los “terroristas” de las FARC, y su reconocimiento de que hoy existe la mejor posibilidad de conseguir la paz en medio siglo. Los ojos de Colombia se dirigen hacia él y sus demonios interiores.

Temas y círculos de la renegociación

Como todos los fenómenos sociopolíticos en Colombia, las motivaciones subyacentes en el No al acuerdo son diversas y complejas. El resultado demostró notables particularidades regionales; entre regiones empobrecidas marcadas por el conflicto que votaron Sí, como el Chocó, y grandes ciudades afectadas en el pasado que optaron por el No, como Medellín. También se hizo patente la existencia de grupos con intereses específicos en juego. Para asombro de todos, el jefe de campaña del No de Uribe, Juan Carlos Vélez, informó a un periodista después del voto que su estrategia se basó en la propaganda viral por redes sociales y la creación de mensajes diferenciados, dirigidos a cada estrato social, con el objetivo de generar un sentimiento de indignación contra los beneficios económicos, políticos y jurídicos de que gozarían los combatientes en su trayecto hacia la vida civil si ganaba el Sí.

El voto de rechazo –sea contra el acuerdo, contra el gobierno o contra el supuesto complot “a la familia” infiltrado en las líneas de pacto– se refleja hoy en las demandas de la renegociación. La base mínima de las demandas por parte de la oposición son penas más severas, incluyendo encarcelación, aunque no necesariamente en centros penitenciarios, para los guerrilleros condenados por crímenes graves durante el conflicto. También exigen mayores restricciones a la participación política de los líderes de las FARC con sentencias judiciales, el uso político de las rentas acumuladas de sus actividades ilícitas durante la guerra y sus privilegios dentro del sistema partidista.

De ahí en adelante, hay una variedad de demandas entre la oposición, algunas de las cuales equivalen a amenazas directas a la continuidad del proceso. La política conservadora Marta Lucía Ramírez, antigua ministra de Defensa con Uribe, subraya la necesidad de una protección más firme de la propiedad privada en la sección del acuerdo dedicada a la reforma rural. Cambiar el texto según estos criterios haría explícito el reconocimiento del papel central del mercado libre, algo que en absoluto está cuestionado por el acuerdo en su redacción actual.

Uribe, por su parte, plantea demandas parecidas, además de mayor protección a los terratenientes sospechosos de haber adquirido propiedades robadas durante el conflicto –una práctica característica de las fuerzas paramilitares–. Sin embargo, Uribe y Ramírez insisten en eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de la justicia transicional para los culpables de crímenes graves durante la guerra. Proponen en su lugar un tribunal dentro del sistema judicial existente. Este cambio, rechazado por las FARC, tiene una implicación posiblemente destructiva del proceso: la demanda por parte de Uribe de no ofrecer la posibilidad de amnistía a culpables del narcotráfico, sustento básico de las FARC durante años a cambio de su “protección” a los cultivadores de coca. Aún más trascendental en este sentido, el expresidente exige que “debería condicionarse la extradición al cumplimiento de los compromisos de verdad, reparación y no repetición”. Nadie olvida que en 2008 Uribe ordenó la extradición a Estados Unidos de los líderes paramilitares supuestamente cobijados por un sistema de justicia transicional parecido a lo que se propone hoy en el acuerdo con las FARC.

Imponer condiciones de esta magnitud conlleva riesgos evidentes. Además, el diálogo entre gobierno y oposición en Bogotá no es el único círculo de renegociación. Otra negociación clave tendrá lugar una vez terminen las conversaciones de Santos con la oposición y se vuelva a hablar con las FARC. Los combatientes pueden ganar capital político si aceptan las nuevas condiciones, pero pueden tener poco interés en cumplir con duras exigencias resultantes de un referéndum que no querían.

El tercer nivel de renegociación será dentro de las FARC para fijar posiciones que sean aceptables para sus miembros. Hasta ahora, y con escasas excepciones como el caso del frente Primero en Guaviare, la guerrilla se ha quedado unida, con una cohesión que se demostró de manera clara en su conferencia de septiembre. Pero desde el día del plebiscito, el riesgo de una división interna se ha agudizado a causa de la incertidumbre sobre el futuro, especialmente debido a la posibilidad de demandas de la oposición que buscan castigar a los comandantes de nivel medio y a los soldados rasos, ensombreciendo sus perspectivas de reintegración civil en un futuro cercano.

Equilibrio y presión

Algunos miembros del gobierno temen que la prioridad de Uribe y sus aliados no sea la salida del atolladero posplebiscito, sino la victoria en las elecciones presidenciales de 2018. En este caso, Uribe puede pensar que tiene poco que perder si Colombia vuelve a la guerra, sobre todo si logra dividir a las FARC en un proceso extendido de renegociación, y asegurar de esta manera que un nuevo presidente uribista sigue luchando contra los remanentes de la guerrilla.
Por otro lado, si se percibiera que Uribe está demorando o bloqueando deliberadamente la paz mediante demandas exorbitantes, el expresidente se arriesga a ser considerado responsable de un nuevo derramamiento de sangre en Colombia a causa de su intransigencia y su ambición política. Aunque no participa directamente en el diálogo político entre gobierno y oposición, la comunidad internacional puede desempeñar un papel clave en el entendimiento entre las partes, a la hora de la evaluación de los riesgos y las ventajas de sus respectivas posiciones.

Hasta la fecha, los vecinos latinoamericanos de todo el espectro ideológico, además de los facilitadores internacionales del proceso –principalmente Noruega, EEUU y la Unión Europea– han ofrecido un respaldo unánime a las negociaciones. Es esencial que su apoyo evolucione de acuerdo con la nueva etapa del proceso, pasando de las palabras y gestos a unos actos decididos a favor de la paz negociada. La atribución arriesgada del premio Nobel de la Paz después de la derrota electoral fue, en este sentido, una muestra de cómo la comunidad internacional puede interceder en el equilibrio de poderes y fortalecer el empeño del gobierno de Santos y de las FARC en flexibilizar sus posiciones sin perder autoridad.

De un lado, Washington, viejo aliado de Uribe y patrocinador del Plan Colombia, tiene la potestad de ejercer una presión constante sobre el expresidente, recordándole sus compromisos básicos con la pacificación de su país. Esta acción podría verse reforzada por los nuevos gobiernos de centro-derecha en América Latina, aliados naturales de Uribe, como Argentina, Brasil y Perú.

Por otra parte, la comunidad internacional debería estar dispuesta a apoyar unánimemente a Santos si el esfuerzo de renegociación, y la inclusión de condiciones más duras pero razonables para las FARC, no recibe el apoyo de Uribe o la oposición. Avanzar sin la oposición, por medio de un segundo plebiscito o por otra vía de refrendación política, sería arriesgado para Santos y las FARC. Solo se debe intentar si ellos, la comunidad internacional y otros observadores están convencidos de contar con un acuerdo de buena fe que incluya una parte importante o razonable de las objeciones contenidas en el voto del No. Dejar de lado esta posibilidad equivaldría, en el contexto actual, a aceptar el veto de la oposición, con el riesgo cierto de un retorno a una guerra cuyo fin es todavía visible.

Campaign banners crowd the street corners ahead of 27 October local elections, in Monteria, Cordoba. CRISISGROUP/Zaida Marquez

Elecciones regionales en Colombia ponen a prueba la paz

On 27 October, Colombia will hold its first local elections since a 2016 peace agreement between the government and FARC rebels. In this Q&A, Crisis Group expert Elizabeth Dickinson explains what is at stake politically and why so much violence has accompanied the campaign.

¿Qué nos dicen estas elecciones sobre cambios en la política colombiana?

La antesala a las elecciones regionales de este año, que ha estado marcada por un aumento en la violencia, permite dar una mirada a la evolución de la política colombiana tres años después del histórico acuerdo de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como regla general, las elecciones de autoridades territoriales en Colombia (celebradas cada cuatro años) han atraído una gran participación electoral. Los electores de las grandes ciudades tienden a concentrarse en preocupaciones urbanas como el transporte público y la delincuencia. Los electores rurales tienden a estar más interesados en temas como el estancamiento de la reforma agraria y la persistencia de grupos armados y bandas criminales en sus regiones. Familias acaudaladas con una influencia desbordada en distintas partes del país y grupos armados ilícitos también juegan un papel importante en estas elecciones y, a menudo, tratan de influenciar los resultados mediante la financiación de campañas y coerción.

En comparación con elecciones regionales anteriores, el cambio más significativo de este año puede estar en la diversidad ideológica de los candidatos.

En comparación con elecciones regionales anteriores, el cambio más significativo de este año puede estar en la diversidad ideológica de los candidatos, que representan un espectro de opiniones mucho más amplio que en años anteriores, especialmente en la política de izquierda. La izquierda en Colombia ha sido durante mucho tiempo una de las más débiles de América Latina, en parte porque el público la asocia con una insurgencia violenta de orígenes ideológicos marxistas-leninistas. Con el acuerdo de paz comenzando a disipar ese estigma, los candidatos de izquierda de las rebautizadas FARC, el Partido Verde, grupos indígenas y organizaciones sociales se están postulando para elecciones este año. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (un partido nacido de las ahora disueltas FARC) tiene más de 300 candidatos aspirando a alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales.

Al mismo tiempo, en el otro extremo del espectro político, el Centro Democrático, el partido de derecha del presidente Iván Duque, con tan solo cinco años, está tratando de consolidar sus bases de poder regionales. Enfocado en la seguridad, el partido tiene como objetivo lograr cargos departamentales y municipales en regiones donde aún no cuentan con una presencia local significativa, como el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Aunque el acuerdo de 2016 ha cambiado sustancialmente el panorama político, algunas de las reformas electorales que contemplaba se han estancado. En mayo, el gobierno abandonó debido a la resistencia en el congreso, reformas que habrían ayudado a proteger a los partidos políticos de la influencia desproporcionada de actores acaudalados y poderosos, a través de una mayor transparencia en la financiación de las campañas.

Casi dos docenas de candidatos fueron asesinados durante el año previo a estas elecciones y 605 candidatos reportaron haber recibido amenazas. ¿Qué está pasando?

La violencia ha empañado casi todas las elecciones colombianas en las últimas cuatro décadas. Amenazas y asesinatos, incluso de varios candidatos presidenciales, han aumentado y disminuido según la intensidad del conflicto armado. En comparación con las elecciones regionales de 2015 y 2011 (ambas antes del acuerdo de paz de 2016), este año ha sido relativamente pacífico. Pero en relación con las elecciones nacionales de 2018, que fueron unas de las más pacíficas de los últimos 40 años, las tendencias no resultan tan positivas. Las autoridades ya han advertido que los municipios parecen enfrentar un mayor riesgo de violencia y fraude en las elecciones actuales que en 2018.

El resurgimiento de grupos armados no estatales compitiendo por dominio regional explica al menos parte de la violencia en esta temporada electoral.

El resurgimiento de grupos armados no estatales compitiendo por dominio regional explica al menos parte de la violencia en esta temporada electoral. En los últimos tres años, grupos armados y organizaciones criminales nuevas y en evolución han buscado ocupar los espacios que las FARC dejaron vacíos al desmovilizarse. Más de veinte grupos disidentes de las FARC mantienen el dominio en áreas de la costa Pacífica, regiones de la frontera con Venezuela y partes del interior, como el Bajo Cauca, donde se dedican al cultivo ilícito de coca. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el movimiento guerrillero subsistente más grande, ha consolidado el control en sus dominios en Arauca y se ha tomado algunos de los mercados ilícitos y territorios antiguamente de las FARC, como los del Chocó. (Las conversaciones entre el ELN y el gobierno se interrumpieron a principios de 2019 y, a diferencia de 2018, no habrá un alto al fuego para las elecciones). El ELN y las disidencias de las FARC también compiten con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Las elecciones han hecho que la rivalidad entre estos grupos armados resulte más visible y más peligrosa. Las mayores tasas de violencia electoral se han registrado en regiones donde dos o más grupos armados compiten por el control. Estas regiones incluyen Cauca y Nariño en el suroeste del país y el Catatumbo y Arauca a lo largo de la frontera con Venezuela. En algunas áreas, los pobladores ven el aumento actual de la violencia como prueba de que el acuerdo de 2016 no logró alcanzar una paz significativa. Como lo describió un líder comunitario del Chocó, "el conflicto nunca se detuvo".

Candidatos de todas las corrientes ideológicas han enfrentado intimidación, ataques y amenazas de asesinato, a menudo por parte de actores con motivos económicos. Grupos armados que han surgido de las fuerzas paramilitares desmovilizadas y están involucrados en el tráfico de drogas, la minería ilegal y otras actividades del mercado negro tienen un gran incentivo para silenciar a los candidatos (líderes territoriales o indígenas, por ejemplo) que pudieran llegar a oponerse a sus intereses económicos. En algunas partes del Cauca, Córdoba y otros lugares, los grupos han publicado panfletos en redes sociales comunicando sus amenazas contra los candidatos. Fuentes del gobierno informan que los candidatos que se han resistido a las demandas del ELN (por ejemplo, miembros del partido Centro Democrático en Arauca), han enfrentado amenazas e intimidación violenta.

Si bien parte de la violencia de este año está directamente relacionada con grupos armados, las familias acaudaladas e individuos detrás de la política de clientelismo en Colombia también tienen cierta responsabilidad. En zonas como la costa atlántica, dinastías prósperas que se extienden en ambos lados del mundo empresarial y político tienen mayor influencia que los mismos partidos políticos, y pueden valerse de asesinatos y amenazas en un esfuerzo por cambiar los resultados electorales. Los autores intelectuales de la violencia, en estos casos, tienden a ser candidatos o sus patrocinadores, incluso si emplean grupos armados o asesinos a sueldo para ejecutar sus planes.

Aunque la dinámica detrás de gran parte de la violencia electoral en Colombia parece bastante clara, individualizar a los responsables detrás de las amenazas y actos violentos puede ser mucho más difícil. Muchos de los que enfrentan intimidaciones en la campaña de este año afirman que no saben de donde provienen ni por qué. En parte como resultado la violencia electoral rara vez es judicializada, y la impunidad por los recientes actos de violencia política supera el 70 por ciento.

Sin duda, la policía investiga ciertos casos de alto perfil, por ejemplo, el terrible asesinato de Karina García el 1 de septiembre, una candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez, Cauca. En ese caso, los informes iniciales indican que un rival político puedo haber contratado como sicarios a disidentes de las FARC. Sin embargo, a las autoridades les resulta difícil conocer el origen de las amenazas denunciadas por al menos otros 280 aspirantes a alcaldías en todo el país.

Candidates of all ideological leanings have faced intimidation, attacks and threats of assassination.

Candidates of all ideological leanings have faced intimidation, attacks and threats of assassination, often from actors with economic motives. Armed groups that have emerged from demobilised paramilitary forces and are involved in drug trafficking, illegal mining and other black-market activity have a strong incentive to silence candidates – territorial or indigenous leaders, for example – who might oppose their economic interests. In some parts of Cauca, Córdoba and elsewhere, groups have circulated pamphlets on social media telegraphing their threats against candidates. Government sources report that candidates who have resisted ELN demands – for example, members of the Democratic Centre party in Arauca – have faced threats and violent intimidation.

While part of this year’s violence is linked directly to armed groups, the wealthy families and individuals behind Colombia’s patronage politics also bear some responsibility. In areas such as the Atlantic coast, prosperous dynasties that straddle the business and political worlds have greater influence than political parties, and may use assassinations and threats in an effort to shift electoral outcomes. The masterminds of the violence, in these cases, tend to be candidates or their funders, even if they employ armed groups or contract killers to carry out their designs.

Although the dynamics behind much of Colombia’s pre-election violence seem fairly clear, finding the individual culprits behind threats and violent acts can be much more difficult. Many of those facing intimidation in this year’s campaign profess that they do not know who is threatening them or why. Partly as a result, election-related violence is rarely prosecuted, and impunity for recent acts of political violence stands at over 70 per cent.

To be sure, the police investigate in certain high-profile cases – for example, the harrowing 1 September assassination of Karina García, a Liberal Party candidate for mayor of Suárez in Cauca. In that case, initial reports indicate that a political rival may have paid FARC dissidents as hit men. Yet authorities are struggling to learn the origin of threats reported by at least 280 other mayoral aspirants across the country.

¿Qué ha hecho el gobierno para proporcionar seguridad a los candidatos en campaña y a los electores el día de las elecciones?

El gobierno ha reconocido el resurgimiento de la violencia política selectiva en vísperas de las elecciones y planea enviar 60 000 soldados para proteger los sitios de votación el día de las elecciones. De igual manera, ha identificado 315 municipios de alto riesgo en los que debe concentrar sus esfuerzos. Además, el estado ha suministrado a más de 1000 candidatos alguna forma de protección, desde chalecos antibalas hasta vehículos blindados, aunque este monto solo representa aproximadamente la mitad del número de aspirantes políticos que solicitaron ayuda. Como medida final, Colombia cerrará sus cruces fronterizos oficiales con Venezuela desde el 24 de octubre hasta el día de las elecciones para limitar la amenaza de grupos armados como el ELN que tienen una fuerte presencia allí.

Como lo demuestran los datos, estos esfuerzos hasta ahora han tenido un éxito mixto. La gran cantidad de objetivos potenciales, los limitados recursos y una respuesta algo fragmentada, con responsabilidades de protección asignadas a diferentes ministerios para diferentes grupos de individuos amenazados (por ejemplo, candidatos, líderes de la sociedad civil y ex miembros de las FARC) y a veces luchando por coordinar sus esfuerzos, han vuelto un problema ya difícil en uno aún más desafiante para el gobierno.

¿Cómo podría influir el acuerdo de paz de 2016 en las elecciones, y cómo podrían afectar los resultados electorales el futuro del acuerdo de paz?

Aunque fue un salto histórico para la paz en Colombia, el acuerdo de 2016 aceleró la ruptura entre las ciudades relativamente seguras de Colombia y las zonas rurales menos favorecidas. En grandes ciudades como Bogotá y Medellín, la implementación del acuerdo de paz no es un asunto electoral de importancia en comparación con el transporte público, el medio ambiente y la delincuencia. Sin embargo, en las zonas rurales, donde persiste el conflicto, una creciente sensación de incredulidad rodea algunas de las promesas más ambiciosas del acuerdo. Principalmente las reformas agrarias y las iniciativas de desarrollo destinadas a eliminar las causas de fondo que dieron origen a las insurgencias en Colombia. Líderes sociales en muchas áreas rurales dicen que el gobierno del presidente Duque ha mostrado un compromiso insustancial con estas reformas.

Sin embargo, es poco probable que los colombianos vean estas elecciones como un referéndum sobre el desempeño del gobierno Duque en su implementación del acuerdo de paz. Las elecciones locales han favorecido históricamente a los partidos tradicionales, por ejemplo los partidos Liberal y Conservador, que intercambiaron el poder en Colombia hasta la década de 1990, junto a sus derivaciones. Es probable que ese sea el caso el domingo, independientemente de si el Centro Democrático, alineado con el gobierno, o los partidos de izquierdas recién surgidos logran o no escaños.

Los socios externos de Colombia deben mantener la presión para las reformas y el apoyo a los proyectos de desarrollo

La elección de una nueva generación de líderes apoyados por los partidos tradicionales puede ser positivo y negativo desde la perspectiva de la implementación del acuerdo de 2016. En el lado positivo de la ecuación, muchos candidatos apoyan implementar elementos claves del acuerdo que requieren un impulso político para que sucedan, incluidas las reformas de la tierra y otras reformas rurales, al igual que Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial para áreas en conflicto, conocidos localmente como PDETs. Un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios recién elegidos podría generar un impulso detrás de estas reformas y proyectos, que son necesarios para alejar las economías locales de los grupos armados y los narcotraficantes que continúan ejerciendo un gran poder en el campo colombiano.

Pero en el lado negativo, muchos de los candidatos de los partidos tradicionales que probablemente se impongan el domingo dependen en gran medida de intereses poderosos (familias acaudaladas, terratenientes y actores ilícitos), cuyo control sobre la periferia de la nación limita el desarrollo económico lícito y amplio. Esta dependencia a su vez consolida la falta de oportunidades que empuja a las personas a los brazos de los grupos armados. Por esta razón, los socios externos de Colombia deben mantener la presión para las reformas y el apoyo a los proyectos de desarrollo, especialmente las reformas de tenencia de la tierra y los programas de sustitución de coca, que pueden ayudar a crear alternativas a los mercados ilícitos que alimentan el conflicto.

El sucesor político de las FARC participa por primera vez en elecciones locales. ¿Cuáles son sus posibilidades?

Cuando la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (el sucesor político de las FARC) participó en las elecciones legislativas nacionales en 2018, enfocaron sus esfuerzos de campaña en las grandes ciudades y ganaron un minúsculo 0,5 por ciento de los votos. Parecen haber aprendido la lección de esa decepción, y actualmente están concentrando su esfuerzo en municipios rurales donde su insurgencia anteriormente gozaba de apoyo (ya sea real o coaccionado), con el objetivo de obtener cargos de nivel inferior al de gobernaciones o alcaldías, con la esperanza de empezar a construir confianza pública en su habilidad para gobernar.

Al menos 60 exmiembros de las FARC también se han postulado con otros partidos políticos o en coalición con otros partidos. Una de las conexiones más comunes parece ser con Colombia Humana, un partido de izquierda fundado por el exalcalde de Bogotá y segundo en las elecciones presidenciales del año pasado, Gustavo Petro. Al alinearse con este líder nacional altamente popular, algunos exmiembros de las FARC pueden pretender deshacerse de la imagen negativa de la organización y, posiblemente, apelar a un electorado urbano emergente de izquierda.