Briefing / Latin America & Caribbean 19 Diciembre 2002 3 minutes

Colombia: ¿Durará la luna de miel de Uribe?

Panorama General

Los primeros cien días del nuevo gobierno llegaron y pasaron, y los colombianos siguen abrigando grandes esperanzas de que el presidente Álvaro Uribe saque al país de su prolongada crisis mediante el fortalecimiento de la seguridad y la resolución de la guerra civil que se libra desde hace decenios. Esto se hace evidente en los altos índices de popularidad del presidente, que en los primeros cuatro meses de gobierno han subido de 69 a 75 por ciento. Pese a las bombas, los secuestros y los tiroteos usuales, la mayoría de los encuestados opina que la situación está mejorando, lo cual indica un cambio notorio con respecto a sondeos anteriores. Por primera vez en la historia reciente, los colombianos dijeron que su “gobierno estaba gobernando”^[fn]Véase Semana, 30 de septiembre-7 de octubre de 2002, pp. 34-36, y 11-18 de noviembre de 2002, pp. 32-36. Los porcentajes se comparan favorablemente con los obtenidos por los dos presidentes anteriores, Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002), en el momento equivalente (mediados de noviembre) de sus gobiernos: 69 y 38 por ciento, respectivamente.Hide Footnote .

La agenda del nuevo gobierno tiene tres pilares:

mejorar las condiciones de seguridad en el país ejerciendo presión sobre los grupos armados irregulares, al tiempo que se buscan maneras de instarlos a dejar las armas y desmovilizarse;
modernizar el aparato del Estado y combatir la corrupción; y
equilibrar el presupuesto, al tiempo que se reactiva el crecimiento económico y se reduce el desempleo^[fn]Véase el discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe, “Retomemos el lazo unificador de la ley, la autoridad democrática, la libertad y la justicia social” (Bogotá, 7 de agosto de 2002).Hide Footnote .

Cada uno de estos objetivos constituye un reto difícil por sí solo; alcanzar los tres simultáneamente exigirá un esfuerzo hercúleo, implicará el desgaste de una buena parte del capital político y requerirá un muy buen sentido de las prioridades y de la oportunidad.

El presidente Uribe, que basó su campaña en la seguridad^[fn]Véase ICG Latin America briefing, The Stakes in the Presidential Election in Colombia, 22 de mayo de 2002.Hide Footnote , nombró un equipo de gobierno de corte tecnocrático que ha sido bien calificado por observadores nacionales e internacionales. Inició su gobierno con unas medidas drásticas que, si bien todavía no han alterado el equilibrio de poder fundamental con respecto a los grupos rebeldes, sí han mejorado la sensación de seguridad pública. Al insistir en el incremento de los impuestos de guerra y en una importante movilización contra los insurgentes, ha adoptado como estrategia la idea de que los avances en el campo de batalla pueden producir avances en la mesa de negociaciones.

La mayor parte de los colombianos sigue pidiendo que el gobierno utilice sus poderes legítimos para combatir las amenazas diarias de secuestro, extorsión y muerte a manos de los grupos armados irregulares, la mafia del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, la crisis de Colombia es mucho más profunda que el campo de batalla. El producto interno bruto (PIB) per cápita se redujo en un 5.8 por ciento en 1999, aumentó en un escaso 0.9 por ciento en el 2000 y volvió a disminuir en un 0.3 por ciento en el 2001. La mitad de la población económicamente activa está desempleada o subempleada, y más del 54 por ciento –cerca del 80 por ciento en las zonas rurales– vive por debajo de la línea de pobreza. Hay más de dos millones de desplazados, 200.000 más sólo durante el primer semestre de este año^[fn]Cepal, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2001 (Santiago de Chile, December 2001); también Banco Mundial, “Poverty in Latin America and the Caribbean in the l990’s”, http://www.iadb.org/sds/doc/ Wbpovestimates.pdf. P.47; http://www.dnp.gov.co/Archivos Web/Direccion_Desarrollo_Social/Indicador…/I010105.ht. Véase también el comunicado de prensa del Acnur, “Lubbers Expresses Concern over Worsening Humanitarian Situation in Colombia”, 13 de noviembre de 2002.Hide Footnote .

Estas circunstancias ejercen presión sobre el gobierno de Uribe desde varios frentes simultáneos. La crisis económica y social le exige al gobierno actuar con determinación para crear empleos y proveer servicios^[fn]La encuesta Gallup de noviembre del 2002 reveló que la aprobación de la manera en que el gobierno de Uribe ha manejado la economía, el desempleo y el costo de vida era de sólo 48, 33 y 32 por ciento, respectivamente. Semana, 11-18 de noviembre de 2002, p. 34.Hide Footnote . Sin embargo, sólo un incremento considerable en los impuestos y en la ayuda externa permitirá la inversión pública requerida en programas sociales, humanitarios y económicos, sin restringir la capacidad del gobierno para fortalecer las fuerzas de seguridad. Aunque es imposible lograr una mayor seguridad y presencia del Estado en el país sin recursos suficientes, es igualmente imprudente reducir el gasto social a la luz de la miseria económica y social. Los planes de reforma económica del gobierno ya están un poco rezagados, y serán implementados más lentamente debido tanto a su complejidad como a la resistencia planteada por algunos sectores influyentes, como los sindicatos.

El futuro de Colombia dependerá de la habilidad del gobierno de Uribe para equilibrar el progreso en materia de seguridad pública con una reforma política sustancial y el logro de por lo menos un crecimiento económico moderado que también fortalezca la red de seguridad social. La seguridad y la paz deben ocupar el primer renglón en la agenda, pero la manera en que se logren –si se respetan o no los derechos humanos– reviste una importancia crucial. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han manifestado sus críticas, sobre todo contra el estado de conmoción interior declarado por el gobierno en sus inicios y que confiere a los militares la facultad de arrestar sin orden judicial en ciertas regiones y de crear una red de ciudadanos informantes, y contra la presunta reducción de los procesos judiciales a paramilitares propiciada por el fiscal general. Las razones básicas para el sacrificio nacional podrían desdibujarse si las preocupaciones militares de corto plazo dominan la toma de decisiones, en detrimento de otras prioridades como la extensión de los servicios estatales a muchas zonas rurales de Colombia que carecen de ellos.

Bogotá/Bruselas, 19 de diciembre de 2002

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I. Overview

The first hundred days have come and gone, and Colombians continue to hold high hopes that President Álvaro Uribe will lead the country out of its entrenched crisis by strengthening security and resolving the decades-long civil war. This is underscored by an approval rating that has risen during his first four months in office from 69 per cent to 75 per cent. Despite the all-too-usual bombings, kidnappings and firefights, a majority of respondents say things are getting better, a decided reversal from earlier polls. For the first time in recent memory, Colombians said their “government was governing”.^[fn]See Semana, 30 September-7 October 2002, pp. 34-36 and 11-18 November 2002, pp. 32-36. The ratings compare favourably to those obtained by his predecessors, Ernesto Samper (1994-1998) and Andrés Pastrana (1998-2002), at the same mid-November moment of their administrations: 69 and 38 per cent, respectively.Hide Footnote The new government’s agenda has three pillars: ! improving security across the country by stepping up pressure on the irregular armed groups while devising ways to encourage them to lay down their arms and demobilise; ! modernising the state apparatus and battling corruption; and ! balancing the budget while reviving economic growth and reducing unemployment.^[fn]See President Álvaro Uribe’s inaugural address, “Retomemos el lazo unificador de la ley, la autoridad democrática, la libertad y la justicia social” (Bogotá, 7 August 2002)Hide Footnote Each is a stern test in its own right; achieving all three simultaneously will require a Herculean effort, expenditure of sizeable political capital and a sure sense of priorities and timing.

President Uribe, who ran on a security platform,^[fn]See ICG Latin America briefing, The Stakes in the Presidential Election in Colombia, 22 May 2002.Hide Footnote has appointed a team that is generally technocratic and has received high marks from domestic and international observers. He has begun with some sweeping steps that, although they have not yet changed the fundamental balance of power vis-à-vis the rebels, have improved the sense of public safety. By pushing for increased war taxes and a major mobilisation against insurgents, he has embraced the strategy that advances on the battlefield can produce advances at the negotiating table.

Most Colombians continue to demand that the government use its legitimate powers to counter daily threats of abduction, extortion and death at the hands of the irregular armed groups, drug mafia and organised crime. However, Colombia’s crisis runs far deeper than the battlefield. Gross Domestic Product (GDP) per capita fell by 5.8 per cent in 1999, increased by a meagre 0.9 per cent in 2000 and fell again by 0.3 per cent in 2001. Half the economically active population is either unemployed or underemployed, and more than 54 per cent – close to 80 per cent in rural areas – are below the poverty line. More than two million remain internally displaced, 200,000 more during the first six months of this year alone.^[fn]ECLAC, Balance prelimar, op. cit. See also, World Bank, “Poverty in Latin America and the Caribbean in the l990’s”, http://www.iadb.org/sds/doc/Wbpovestimates.pdf.P.47; http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/DireccionDesarrollo_Social/Indicador…/I010105.ht. See also UNHCR Press Release, “Lubbers expresses concern over worsening humanitarian situation in Colombia”, 13 November 2002.Hide Footnote

These circumstances confront the Uribe administration with competing pressures. The economic and social crisis puts pressure on the government to act decisively to create jobs and provide services.^[fn]The November 2002 Gallup Poll revealed that approval of the Uribe administration’s management of the economy, unemployment and living costs was only 48, 33 and 32 per cent, respectively. Semana, 11-18 November 2002, p. 34.Hide Footnote However, only significantly greater tax revenues and external aid will permit needed public investment in social, humanitarian and economic programs, without restricting the government’s ability to build its security forces. While it is impossible to achieve greater security and state presence across the country without sufficient funds, it is equally unwise to reduce social spending in the face of economic and social misery. The administration’s economic reform plans have already lagged somewhat, and they will be implemented more slowly because of both their complexity and resistance from influential players such as the trade unions.

Colombia’s future will rest on the ability of the Uribe administration to balance security progress, substantial political reform and at least moderate economic growth that also improves the social safety net. Security and peace must come first on the agenda but how that is done — whether human rights are respected – is crucial. Domestic and international human rights groups maintain a drumbeat of criticism, particularly against the initial emergency orders giving the military powers to detain without court order in selected regions and creating a network of citizen informants, and the alleged climb-down on paramilitary prosecutions by the independent attorney general. The basic rationale for national sacrifice could well be lost if short-term military concerns dominate decision-making to the exclusion of competing priorities like visibly extending state services in rural Colombia.

Bogotá/Brussels, 19 December 2002