La Crisis Humanitaria en Colombia

Este informe del ICG sostiene que es esencial emprender de inmediato una acción mucho más decidida para enfrentar la crisis humanitaria en Colombia. Las dificultades y los sufrimientos masivos se han convertido en una forma constante de vida, en la medida en que el conflicto armado se ha extendido e intensificado.

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Resumen Ejecutivo

Este informe del ICG sostiene que es esencial emprender de inmediato una acción mucho más decidida para enfrentar la crisis humanitaria en Colombia. Las dificultades y los sufrimientos masivos se han convertido en una forma constante de vida, en la medida en que el conflicto armado se ha extendido e intensificado. La política humanitaria del gobierno ha enfrentado muchas dificultades, en gran parte debido a la magnitud de la crisis, la falta de capacidad del Estado, la renuencia a desviar recursos fiscales del sector militar hacia los programas sociales, y la amplia brecha entre la planeación de políticas y la realidad.

El lanzamiento del Plan de Acción Humanitaria (PAH) Interinstitucional de la ONU en el 2002 refleja una creciente toma de conciencia internacional de la urgencia de emprender una acción más coordinada y efectiva. Sin embargo, es preciso hacer más, como lograr una mejor coordinación entre el gobierno y las organizaciones humanitarias y aumentar los actuales niveles de ayuda humanitaria internacional.

Colombia enfrenta una crisis humanitaria de dimensiones sin precedentes. En el 2002, el desplazamiento forzado interno alcanzó, luego de una fuerte tendencia al aumento desde el 2000, cifras récord: aproximadamente 320.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otras regiones del país, debido a la escalada del conflicto armado. Durante el primer trimestre del 2003, se calcula que otras 90.000 personas engrosaron las filas de los desplazados. El CICR prestó ayuda a la mitad de ellas. Cerca de 100.000 colombianos huyeron a países vecinos entre el 2000 y el 2002.

Entre 6.000 y 7.000 menores han sido reclutados para servir en las filas de los grupos armados irregulares, los incidentes/accidentes ocasionados por las minas antipersonales han aumentado, y muchas comunidades del país están bloqueadas, controladas o asediadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los paramilitares. Entre tanto, las fuerzas armadas del gobierno están restringiendo la libre circulación de combustible, medicamentos, alimentos y otros productos básicos en áreas de conflicto, como parte de su estrategia para someter a los grupos armados.

Los recientes cambios de estrategia tanto del gobierno como de los grupos armados han tenido un impacto directo en estas condiciones de vida. La estrategia de guerra de los insurgentes tiene como fin controlar corredores estratégicos. Para lograr su objetivo, han actuado sin la menor consideración por con las muertes y las heridas infligidas a la población no combatiente. En las zonas rurales, les han negado refugio a quienes se oponen a ellos y han aterrorizado a las poblaciones locales para cumplir con ese objetivo. La decidida “política de seguridad democrática” del gobierno de Álvaro Uribe se inició con el ánimo de impedir que los grupos armados cumplieran sus objetivos y restablecer la autoridad legítima en lugares en donde el Estado ha permanecido ausente durante decenios.

Todo esto ocasiona muchos sufrimientos entre la población civil, a quienes los grupos armados toman sistemáticamente como objetivo y terminan siendo víctimas del desplazamiento, el secuestro, la desaparición forzada, la extorsión y la tortura. A la población desplazada (PD) y a las comunidades bloqueadas o aisladas muchas veces también les resulta imposible el acceso a servicios sociales básicos como salud, condiciones de salubridad, vivienda y educación. Con frecuencia también escasean los alimentos y otros productos básicos, y los desplazados sufren de desnutrición y enfermedades. La situación se agrava aún más por la ausencia de servicios sociales, la pobreza generalizada y el desempleo en grandes zonas rurales de Colombia, así como en muchos barrios urbanos periféricos. Con frecuencia, las comunidades y los municipios a donde llegan desplazados o migrantes de sectores rurales no pueden bridarles la ayuda que requieren.

Aunque no ha sido insensible a la crisis humanitaria, durante los primeros once meses el gobierno de Uribe le ha dado prioridad a la puesta en marcha de su “política de seguridad democrática”, y también ha concentrado su energía en el diseño y la implementación de las reformas políticas, económicas y de austeridad fiscal. La Red de Solidaridad Social (RSS) –que es la entidad gubernamental encargada de coordinar la ayuda estatal a la población, así como el regreso a sus lugares de origen– sufre de una sobrecarga laboral y no ha recibido suficiente apoyo de las diecinueve instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD). Como consecuencia, más de la mitad de los nuevos desplazados no recibieron ayuda del gobierno en el 2002; de hecho, muchos de ellos ni siquiera fueron registrados.

En el contexto de la actual intensificación del conflicto armado, también conviene preguntar si el énfasis de la política humanitaria del gobierno de Uribe –que es promover y facilitar el regreso de la población desplazada– es apropiado. Si bien el gobierno afirma que 7.218 familias desplazadas han retornado a sus hogares desde el inicio de esta administración, es dudoso que el retorno sea una opción real para la mayor parte de los desplazados. En las circunstancias actuales, es difícil que el gobierno garantice las tres condiciones esenciales para un regreso exitoso: que sea seguro, voluntario y que cuente con el apoyo de programas económicos y sociales de reintegración/ reestablecimiento. El gobierno debe considerar seriamente el reasentamiento de las poblaciones desplazadas en sus nuevos lugares de residencia y diseñar y poner en ejecución una estrategia de desarrollo rural integral como parte de la “política de seguridad democrática”.

Bogotá/Bruselas, 9 de julio de 2003

Executive Summary

This ICG report argues that it is paramount that much more decisive action be taken immediately to confront Colombia’s humanitarian crisis. Massive human hardship and suffering has become a constant feature of life as the armed conflict has expanded and intensified. The government’s humanitarian policy has encountered many difficulties, largely because of the magnitude of the crisis, the lack of state capacity, the reluctance to divert fiscal resources from military to social programs, and the wide gap between policy planning and reality.

The launching of the Inter-agency Humanitarian Action Plan (HAP) by the UN in 2002 reflects a growing international awareness that more coordinated and effective action is urgently needed. But even more needs to be done, including achieving better coordination between the government and humanitarian organisations and increasing current levels of international humanitarian aid.

Colombia faces a humanitarian crisis of unprecedented dimensions. In 2002, forced internal displacement, following a sharp upward trend since 2000, reached an all time high: approximately 320,000 persons were obligated to leave their homes and seek shelter in other parts of the country from the escalating armed conflict. During the first three months of 2003, an estimated additional 90,000 persons have been displaced. Half were assisted by the ICRC. An estimated 100,000 Colombians fled to the neighbouring countries between 2000 and 2002.

Between 6,000 and 7,000 children are enrolled in the ranks of the irregular armed groups, anti-personnel mine incidents/accidents are on the rise, and many communities across the country are either blockaded, controlled or under siege from the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), the National Liberation Army (ELN) or the paramilitaries. Meanwhile, the government’s armed forces are restricting the free circulation of gasoline, medicines, food stuffs and other basic provisions in war-affected areas as part of their military strategy to subdue the armed groups.

Recent shifts in strategy by both the government and the armed groups have had a direct impact on these conditions. The war strategy of the latter is designed to control strategic corridors. In its pursuit, they have acted in total disregard of the deaths and injuries inflicted on non-combatants. In rural areas, they have sought to deny sanctuary to their opponents and been willing to terrorise local populations to accomplish that goal. The Uribe government’s determined “democratic security policy” was initiated to deny the armed groups their objectives and re-establish legitimate state authority in places where it has been absent for decades.

All of this causes severe hardship among civilians, who are systematically targeted by the armed groups, suffering displacement, abduction, disappearance, extortion and torture. Internally displaced persons (IDPs) and blockaded or isolated communities also often find it impossible to gain access to basic social services, such as health care, sanitation, housing and education. Food and other basic provisions are also often in short supply, and IDPs suffer malnutrition and illness. The situation is further aggravated by precarious or non-existent social services, wide-spread poverty and unemployment in large parts of rural Colombia as well as many peripheral urban neighbourhoods. Frequently, communities and municipalities that receive IDPs or economic migrants from rural areas are unable to provide them the needed assistance.

While not insensitive to the humanitarian crisis, during its first eleven months the Uribe administration has given priority to implementing its “democratic security policy” and also focused its energies on designing and implementing political and economic reform and fiscal austerity policies. The government agency in charge of coordinating the state’s assistance to IDPs as well as their return, the Social Solidarity Network (RSS), is overburdened and has not received adequate support from the nineteen state institutions that comprise the National System of Integral Assistance to the Population Displaced by Violence (SNAIPD). In consequence, more than half the new IDPs received no government assistance in 2002; indeed, many were not even registered.

In the context of the current escalation of the armed conflict, it also has to be asked whether the Uribe administration’s humanitarian policy emphasis on promoting and facilitating the return of IDPs is appropriate. Although the government claims that 7,218 displaced families have returned to their homes since it took office, it is questionable whether returning represents a real option for the great remainder of IDPs. The three basic conditions for a successful return – that it be safe, voluntary and supported by economic and social reintegration/re-establishment programs – are difficult for the government to guarantee under prevailing circumstances. The government should strongly consider the resettlement of IDPs in their new places of residence and the design and implementation of a comprehensive rural development strategy as part of the “democratic security policy”.

Bogotá/Brussels, 9 July 2003

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