Confianza inversionista y paz en Colombia
Confianza inversionista y paz en Colombia

Confianza inversionista y paz en Colombia

Muchos analistas del conflicto armado han señalado su impacto marginal en el proceso económico nacional.

El panorama económico de Colombia da lugar al optimismo. En el 2011, las exportaciones y la Inversión Extranjera Directa alcanzaron cifras récord. El TLC con Estados Unidos implica, además, un logro importante.

La extracción minera y petrolera se expande a ritmos geométricos. Incluso la tasa de desempleo ha cedido ligeramente en los últimos meses.

En este contexto, ¿Qué importancia puede tener la paz y, en particular, una solución negociada del conflicto, para los empresarios y la denominada ‘confianza inversionista’?

Muchos analistas del conflicto armado –que el país sufre hace 48 años– han señalado su impacto marginal en el proceso económico nacional.

A diferencia de otros países de América Latina, Colombia mantuvo cierta estabilidad fiscal y un crecimiento que se contraponen a la profunda inestabilidad que sufrieron Argentina, Brasil o Perú.

En una mirada superficial, pareciera que en Colombia el crecimiento, la estabilidad y el conflicto armado pueden coexistir sin mayores sobresaltos.

Este puede ser un análisis tentador, y con bases reales si se mira a Colombia desde la comodidad de las grandes ciudades.

Pero ciertamente no es la realidad en amplias zonas del país, especialmente en el mundo rural, en donde se sufre cotidianamente los embates de los grupos armados ilegales.

En los últimos meses, algunos voceros empresariales han señalado su preocupación por la actividad de algunos de esos grupos que causan gran impacto, como lo ocurrido con un ‘paro armado’ que paralizó varios departamentos del país.

En la última oportunidad en la que se intentó solucionar el conflicto armado vía una negociación abierta –el frustrado proceso de El Caguán–, la sociedad civil en general y los empresarios en particular impulsaron y apoyaron el establecimiento de una mesa y participaron con ideas y propuestas.

El mandato por la paz que recibió el presidente Pastrana tuvo a varios representantes empresariales como entusiastas promotores. El fracaso de esas negociaciones afectó al país profundamente y la convicción por la paz negociada fue sustituida por el convencimiento de que sólo una derrota militar de las guerrillas podía poner fin al conflicto.

La empresa privada contribuye hasta ahora en ese esfuerzo militar por medio del impuesto al patrimonio (conocido como ‘impuesto de guerra’). El Estado retomó la iniciativa militar y su fuerza pública ha infligido a las guerrillas derrotas importantes.

Sin embargo, una victoria militar completa contra los grupos armados ilegales es remota. Su dispersión en el territorio, sus inagotables fuentes de recursos –incluyendo el narcotráfico– y su capacidad de adaptación a las estrategias militares, auguran un largo conflicto que, si bien puede tener un impacto menor para el PIB y la inflación, continuará afectando seriamente a millones de colombianos y colombianas, y a las posibilidades de un mejor desarrollo económico.

La estrategia predominantemente militar sufre de ‘rendimientos decrecientes’, como ha ocurrido en los conflictos prolongados en otras partes del mundo. Por otro lado, los costos de oportunidad son mucho mayores que los directos para la economía.

En comparación con otros países de la región, los empresarios colombianos invierten ingentes sumas en seguridad, en pólizas de seguros y en otros gastos indirectos. La extorsión a y la falta de infraestructura en zonas afectadas por el conflicto son otros elementos a ser tomados en cuenta.

Colombia definitivamente podría crecer a tasas mucho mayores si no tuviera que enfrentar un conflicto que sobredimensiona el gasto en defensa, y pudiera invertir más y mejor en las llamadas ‘locomotoras’ de la economía.

En el marco de las políticas de este Gobierno vinculadas a la paz, que incluyen la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la reforma de las regalías, el proyecto de justicia transicional y la anunciada ley de desarrollo rural, hace falta debatir la posición de la empresa privada y su vinculación con el término del conflicto.

En algunos países, los empresarios han manifestado temor y reserva en procesos de transición política debido a la momentánea inestabilidad e inseguridad jurídica que dichas medidas generan.

Tal puede ser el caso en Colombia a partir de las consecuencias del proceso de restitución de tierras.

En otros países, la atención de las víctimas y la construcción de la paz han sido vistas por el contrario como elementos que consolidan el crecimiento económico, mejorando la reputación del país entre los inversionistas extranjeros y la confianza en general de los actores económicos.

Colombia ha cambiado mucho desde el proceso de El Caguán y es improbable que una negociación parecida sea viable o deseable ahora.

Al mismo tiempo, falta mucho camino por recorrer para restablecer un ambiente positivo para una solución pacífica del conflicto armado. Sin embargo, cuando el momento llegue, será importante que la apuesta por la guerra sea transformada en una inversión por la paz.

Los esfuerzos empresariales por apoyar a los reinsertados son un buen ejemplo de lo que se puede hacer. Quizás haya llegado el momento de reconsiderar los fines del impuesto al patrimonio, invirtiendo en programas de inversión en las zonas más afectadas por la violencia.

Para algunos sectores, esto puede representar abandonar un modelo de inversión que toma al conflicto armado como un costo más de la producción y que, en algunos casos, ha sido tolerante con la ilegalidad. Se trata, por el contrario, de que la economía colombiana profundice su proceso de modernización, a través de reglas fuertes que se aplican universalmente, de instituciones sólidas que lleguen a todo el país y de una apuesta nacional por la paz y la inclusión.

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