Report / Latin America & Caribbean 30 Octubre 2008 3 minutes

Rectificar el curso: Las víctimas y la Ley de Justicia y Paz en Colombia

Resumen Ejecutivo

Las más de 155.000 víctimas del conflicto armado colombiano registradas hasta la fecha en la Unidad de Justicia y Paz (UJP) de la Fiscalía General –en su mayor parte quienes sufrieron por acción de los paramilitares– son sobre todo observadores, antes que actores, de un proceso de justicia transicional rezagado. Más de tres años después de haber sido promulgada, la implementación de la Ley de Justicia y Paz (LJP) se ha visto obstaculizada por el relativo desinterés que manifiestan el gobierno de Uribe y gran parte de la sociedad política y civil en promover los derechos de las víctimas. Los problemas han sido exacerbados por serios cuellos de botella operacionales y financieros en el proceso judicial y en la asistencia y la reparación a las víctimas, así como por la persistencia del conflicto armado con el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales y de sucesores de los paramilitares.

Para evitar que fracase el proceso se require un mayor compromiso del gobierno con una implementación rigurosa de la LJP, así como un diálogo constructivo con la oposición política y con grupos de derechos humanos sobre la nueva ley de víctimas de la violencia que cursa en el Congreso y sobre una estrategia que integre víctimas y reparaciones. También urge intensificar la protección de las víctimas de los grupos armadas ilegales, eliminar los abusos militares y fortalecer el Estado de derecho en todo el país.

El gobierno le ha dado mucha más prioridad a los esfuerzos militares por restablecer la seguridad en el país que a la defensa y promoción de los derechos de las víctimas. Las instituciones encargadas de la implementación de la LJP afrontan grandes dificultades para avanzar en el proceso judicial, prestar asistencia a las víctimas y recuperar bienes de procedencia ilícita que se puedan utilizar para pagarles a éstas las reparaciones. Por concentrar estrechamente la atención en su política de seguridad, el gobierno ha hecho poco por afrontar estas serias fallas. Su reciente decreto, que establece un programa de reparaciones administrativo, probablemente sólo brinde a las víctimas un alivio de corto plazo y podría menoscabar las metas de justicia y verdad.

Algunas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos están tratando de ayudarles a las víctimas y prestarles asistencia legal y de otros tipos, pero representan tan sólo un pequeño sector del amplio y fragmentado universo de las víctimas. Los partidos políticos se mantuvieron distantes durante varios años, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el organismo encargado de defender y promover los intereses de las víctimas, se ha visto maniatado por su cercanía con el gobierno y por divisiones internas. Sólo una iniciativa reciente del Partido Liberal sobre una ley de víctimas ha empezado a unir a la sociedad civil y los partidos, tanto de la oposición como progubernamentales, en torno a este tema.

La participación activa de las víctimas en el proceso de LJP ha sido obstaculizada por la evolución del conflicto armado. El surgimiento de los nuevos grupos armados ilegales es uno de los principales obstáculos, sobre todo en regiones como Nariño, en donde los nuevos grupos están recurriendo a la intimidación y la violencia de forma similar a como lo hacían sus predecesores paramilitares. La persistente lucha militar contra las FARC, en la que las fuerzas de seguridad han utilizado a veces tácticas cuestionables e incluso delictivas, también causa dificultades. Las víctimas solamente han podido aumentar su participación y se les ha escuchado un poco más en regiones en donde todavía no han surgido nuevos grupos armados ilegales, los grupos insurgentes han sido expulsados y las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales locales, departamentales y nacionales están cooperando de una forma más estrecha, como sucede en el oriente de Antioquia.

La expansión del Estado de derecho, la seguridad y la protección de las víctimas, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación de la LJP, son retos esenciales que el gobierno de Uribe debe afrontar para evitar el fracaso del proceso de justicia transicional. El debate que cursa actualmente en el Congreso sobre una nueva ley de víctimas es una oportunidad para que el gobierno y la oposición política trabajen conjuntamente y comprometan a las organizaciones de las víctimas, de derechos humanos y de la sociedad civil en el diseño de una política que se perciba como un complemento esencial, y no como competencia, del esfuerzo por ganar la lucha militar contra los grupos armados ilegales. Los esfuerzos emprendidos por las fuerzas de seguridad para recuperar territorio contribuyen a la consolidación de la presencia del Estado en las regiones de Colombia, pero para tener éxito en el largo plazo se tienen que combinar con una implementación rigurosa de la LJP con el fin de acabar con la impunidad, así como para consolidar el Estado de derecho en todo el país, dos medidas que desde el punto de vista retórico constituyen pilares claves de la estrategia de pacificación del gobierno, pero que en la práctica a menudo se ven socavadas por sus propias acciones.

Bogotá/Bruselas, 30 de octubre de 2008

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Executive Summary

The more than 155,000 victims of Colombia’s conflict registered to date with the attorney general’s Justice and Peace Unit (JPU) – mostly those who suffered from the paramilitaries – are mainly onlookers to, not actors in, a lagging transitional justice process. Over three years after passage, implementation of the Justice and Peace Law (JPL) is stymied by the relative disinterest in promoting victims’ rights of the Uribe government and much of political and civil society. The problems are exacerbated by serious operational and financial bottlenecks in the judicial process and assistance and reparations to victims, as well as the persistence of armed conflict with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) insurgents and the emergence of new illegal armed groups (NIAGs) and paramilitary successors.

To avoid failure of the process, more government commitment to rigorous JPL implementation is required, as is constructive dialogue with the political opposition and victims and human rights groups on the new victims of violence law before Congress and an integrated victims and reparations strategy. There is also need to increase protection of victims from illegal armed groups, eliminate military abuses and strengthen the rule of law across the country.

The government has treated military efforts to reestablish security throughout the country as a much higher priority than defence and promotion of victims’ rights. The institutions charged with JPL implementation experience great difficulties moving the judicial process forward, providing assistance to victims and recovering ill-gotten assets that can be used to pay them reparations. Focused narrowly on its security policy, the government has done little to address these serious shortcomings. Its recent decree establishing an administrative reparations program is likely to provide only short-term relief to victims and could undermine the justice and truth goals.

Some civil society as well as human rights organisations are trying to reach out to victims and give them legal and other help, but they represent only a small sector of the large and fragmented victim universe. Political parties kept their distance for several years, and the National Commission for Reparation and Reconciliation (NCRR), charged with defending and promoting victims’ interests, has been hamstrung by its closeness to the government and internal divisions. Only a recent initiative by the Liberal party for a victims law has started to bring civil society and parties, both opposition and pro-government, together on the issue.

Victims’ active participation in the JPL process is hindered by the evolution of the armed conflict. The emergence of NIAGs is a major obstacle, especially in regions like Nariño, where the new groups are using intimidation and violence much like their paramilitary predecessors did. The ongoing military struggle with the FARC, in which the security forces sometimes have used questionable and even criminal tactics, also causes difficulties. Victims have been able to increase their participation and make themselves better heard only in regions where NIAGs have not yet emerged, insurgent groups have been driven out and civil society organisations and local, departmental and national government institutions are cooperating more closely, such as eastern Antioquia.

Expanding the rule of law, security and victim protection and strengthening institutional capacity for JPL implementation are major challenges the Uribe administration must meet if it is to prevent the transitional justice process from failing. The current debate in Congress about a new victims law is an opportunity for government and political opposition to work together and engage victims, human rights and civil society organisations in the design of a policy seen as an essential complement to, not a competitor with, the effort to win the military struggle with illegal armed groups. Efforts by the security forces to recover territory contribute to the consolidation of the state’s presence in Colombia’s regions, but to be ultimately successful they need to be combined with rigorous implementation of the JPL, so as to end impunity, as well as expand the rule of law across the country – two measures that are rhetorically key pillars of the government’s pacification strategy but in practice are too often undermined by its own actions.

Bogotá/Brussels, 30 October 2008