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El día después de mañana: las FARC y el fin del conflicto en Colombia
El día después de mañana: las FARC y el fin del conflicto en Colombia
Primeros diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN
Primeros diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN
A Colombian indigenous walks next to a graffiti of late FARC commander Alfonso Cano, in Toribio, department of Cauca, Colombia, on 8 November 2014. AFP/Luis Robayo
Report 53 / Latin America & Caribbean

El día después de mañana: las FARC y el fin del conflicto en Colombia

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Resumen Ejecutivo

A medida que se avanza hacia un acuerdo de paz definitivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los negociadores van a tener que hacer malabares para trazar una vía sostenible para el desarme y la reintegración a la vida civil de los guerrilleros. Para ser viable, la estructura de la transición no solo ha de ser creíble a ojos de las FARC, sino que debe también ofrecer garantías a una sociedad que no está para nada convencida de la voluntad del grupo de abandonar las armas, desvincularse del crimen organizado y atenerse a las reglas de juego de la democracia. El fracaso del desarme y la reintegración retrasaría, en el mejor de los casos, la implementación de las reformas que ya han sido acordadas en las negociaciones en La Habana. En el peor de los casos, podría sumir al acuerdo en una espiral de violencia renovada y erosionar el apoyo político. Se necesitan firmes garantías internas y externas para llevar adelante el proceso que se avecina, en un período que será probablemente agitado y volátil .

Hay muchas cosas que pueden salir mal. La mayoría de los cerca de 7.000 combatientes, y el triple de miembros en redes de apoyo, se concentran en zonas periféricas en las que apenas existe infraestructura y una presencia civil del Estado. Algunos frentes guerrilleros están involucrados en la economía de las drogas y la minería ilegal. En la mayoría de las regiones, las FARC operan cerca del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero de Colombia, u otros grupos armados ilegales, lo que expone a sus miembros a amenazas de seguridad y toda una gama de posibilidades de rearme, reclutamiento y disidencia. Aún hay dudas sustanciales acerca del compromiso de los militares con el proceso de paz, y si están dispuestos a dar los pasos necesarios para poner fin al conflicto. La violencia política ha disminuido desde el auge de los paramilitares, pero podría brotar de nuevo. Las FARC no han olvidado los miles de asesinatos que diezmaron la Unión Patriótica (UP), un partido que establecieron en el marco de las negociaciones de paz de los años 80. Tras décadas de un conflicto que se ha cobrado cada vez más víctimas civiles, y esfuerzos de negociación que culminaron en amargos fracasos, las partes están avanzando a tientas en un marco de profunda desconfianza mutua y fuerte oposición política.

No existe una solución perfecta a corto plazo para ninguno de estos problemas. Pero el punto de partida no está mal en absoluto. Colombia cuenta con tres décadas de experiencia en materia de reintegración de grupos armados ilegales, y dispone de mayores recursos económicos y humanos que la mayoría de los países que están saliendo de un conflicto. Las estructuras de mando y control de las FARC se encuentran en buen estado, y los líderes guerrilleros tienen mucho interés en que la transición sea exitosa. La agenda de La Habana, que además del “fin del conflicto” incluye el desarrollo rural, la reintegración política, la justicia transicional y la lucha contra las drogas ilícitas es, al menos en teoría, lo suficientemente amplia como para integrar la transición de las FARC en una estrategia de consolidación de la paz a largo plazo centrada especialmente en los territorios más afectados. Por último, y muy al contrario de la desmovilización paramilitar, tanto América Latina como la comunidad internacional en general apoyan firmemente el proceso.

 Los negociadores deben acordar una oferta de reintegración que permita a las FARC cerrar filas en torno a un proceso de transición plagado de incertidumbre y ambigüedad. Dada su arraigada desconfianza del Estado, probablemente la mejor manera de lograr esto sea otorgar a las FARC un papel en la reintegración, aprovechando su cohesión. Esto minimizaría los riesgos de que la transición genere divisiones dentro de las FARC. Pero las partes también deben ser conscientes de las desventajas de esta solución, y manejarlas cuidadosamente. Para lograr que un modelo de reintegración colectiva resulte digerible para una sociedad poco dispuesta a ser generosa con las FARC, y escéptica acerca de sus verdaderas intenciones, los negociadores deberían acordar medidas contundentes de rendición de cuentas, supervisión y transparencia. También deben promover medidas de justicia transicional a nivel local para evitar que se agudicen las tensiones en las comunidades tras la llegada de los combatientes de las FARC.

Una oferta de reintegración a largo plazo probablemente facilitaría la tensa negociación de las condiciones bajo las cuales las FARC están dispuestas a abandonar el conflicto en las etapas iniciales de la transición. Es necesario que el cese al fuego bilateral entre en vigor inmediatamente después de la firma del acuerdo definitivo. Esto exigirá que comience la desescalada militar mucho antes, pero solo será posible sostener un cese al fuego formal una vez que se hayan acantonado las fuerzas de las FARC. Cuando el acuerdo haya sido ratificado, se debería comenzar a implementar las medidas para la “dejación de las armas” (o desarme). Estos son pasos arriesgados e irreversibles, y convencer a la guerrilla de tomarlos será aún más difícil ante la negativa del gobierno a negociar cambios más amplios en las fuerzas de seguridad. Pero el interés común en la estabilidad del post-conflicto debería proporcionar suficiente espacio para llegar a una solución viable. Además de garantías de seguridad y medidas interinas para estabilizar los territorios con presencia de las FARC, se deberían producir rápidos avances en la implementación de elementos claves del acuerdo de paz y el establecer un mecanismo de seguimiento conjunto para garantizar que se cumpla con los acuerdos una vez que haya concluido el desarme.  

La implementación de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las FARC será en gran medida responsabilidad de ambos actores. Pero en el entorno intensamente polarizado de Colombia, los actores internacionales tendrán un papel fundamental. Se debería invitar a una misión internacional liderada por civiles a supervisar y verificar el cese al fuego y el proceso de desarme. Para que este tipo de supervisión tenga éxito, la misión deberá tener suficiente autonomía de las partes, además de capacidad técnica y política para lidiar con los contratiempos y disputas previsibles. Más allá de esto, los actores internacionales deberían estar preparados para apoyar el proceso ofreciendo garantías de implementación de alto nivel, apoyo político a reformas polémicas, incluidas reformas del sector seguridad, y un compromiso de financiamiento a largo plazo.

Ninguno de los elementos necesarios para lograr la estabilidad en el periodo inmediatamente posterior al conflicto es enteramente nuevo en el contexto colombiano, pero en su conjunto romperán el molde de los anteriores programas de desarme y reintegración. Los negociadores deberán mostrar flexibilidad y tenacidad, y el gobierno deberá renovar sus esfuerzos por impulsar la apropiación social del proceso de paz, en particular en zonas de conflicto. Las anteriores transiciones se tambalearon debido a los altos niveles de violencia, la indiferencia pública, y la tímida participación internacional. Esta vez se necesita una respuesta más rápida y audaz para encauzar a Colombia irreversiblemente hacia la paz.

Colombia's ELN left-wing guerrilla member Pablo Beltran smiles as he talks with the head negotiators of the Colombian government and the ELN, Frank Pearl and Antonio Garcia respectively, as they start peace negotiations in Caracas on 30 March 2016. AFP/Federico Parra

Primeros diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN

The International Crisis Group welcomes the announcement on 30 March of the “Agreement for Peace Talks between the National Government and the National Liberation Army” (ELN) in Colombia, and the beginning of a public phase of negotiations. These talks, together with those nearing completion with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) in Havana, are the greatest opportunity to end 52 years of armed conflict. The parties must now build confidence not only mutually, but also with a still sceptical public, synchronise both sets of talks and move rapidly to specific agreements, with full international support, particularly from the guarantor countries (Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, Norway and Venezuela).

Negotiations with the ELN face many challenges. The first is that they are to begin while fighting continues, thus risking that violence may disrupt them. President Juan Manuel Santos has said the government will not advance the peace process while the ELN holds kidnap victims. The guerrillas have not announced the end of kidnappings, though they recently complied with the president’s request to release two hostages. With a bilateral ceasefire still remote, early agreement on de-escalation is essential. The ELN should consider a unilateral ceasefire, like those carried out by the FARC, to increase its legitimacy and that of the talks.

El International Crisis Group da la bienvenida al anuncio hecho el 30 de marzo sobre el "Acuerdo de diálogos para la paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional" (ELN) en Colombia, y el inicio de la fase pública de las negociaciones. Estos diálogos, junto con los que están finalizando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, son la mayor oportunidad para poner fin a 52 años de conflicto armado. Las partes deben ahora construir confianza no solo entre ellos mismos, sino también con un público escéptico, sincronizando ambos procesos de diálogo para pasar rápidamente a acuerdos específicos, con total apoyo internacional, particularmente de los países garantes (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela).

Las negociaciones con el ELN se enfrentan a múltiples retos. El primero es que van a comenzar mientras continúan las hostilidades, lo que pone en riesgo la continuidad de los diálogos. El Presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que el Gobierno no avanzará en el proceso de paz con el ELN mientras la guerrilla siga teniendo víctimas secuestradas. Las guerrillas no han anunciado el final de estos secuestros, aunque recientemente liberaron a dos rehenes a petición del Presidente. Con el fin de aumentar su legitimidad en los diálogos, el ELN debería considerar un cese al fuego unilateral como el que llevaron a cabo las FARC.

La agenda de seis puntos, que cubre cuestiones esenciales para ambas partes, es todavía bastante general: la participación de la sociedad en la construcción de la paz; democracia para la paz; transformaciones para la paz; víctimas; fin del conflicto armado e implementación. Aunque es importante mantener flexibilidad, una mayor definición de los subpuntos de la agenda ayudaría a guiar el diálogo. De no ser así, una aproximación demasiado genérica podría jugar en contra de la intención de firmar un acuerdo antes de que finalice el actual gobierno de Santos en el 2018.

Quizá la característica más distintiva del proceso de paz con el ELN en comparación con el de las FARC es el anuncio de la participación de la sociedad. Este nuevo elemento es positivo en principio y puede ayudar a superar los obstáculos encontrados en la confidencialidad de los diálogos con las FARC en La Habana e impulsar el apoyo social del acuerdo entre los colombianos. Sin embargo, la participación ciudadana debe ser diseñada, desarrollada, y llevada a cabo cuidadosamente y con eficiencia para que sea un catalizador en vez de un obstáculo. Al mismo tiempo, es importante identificar y adoptar – en el marco de un debate equilibrado – las lecciones específicas aprendidas de las negociaciones con las FARC. El significado de los proyectos piloto, el uso de asesores, el papel clave de la comunidad internacional, así como la claridad y flexibilidad metodológica son algunas de las cuestiones que pueden resultar útiles en este proceso.

Otra diferencia con el proceso de las FARC, el cual solo ha tenido lugar en La Habana, es que en el caso del ELN las negociaciones se darán en mesas de "sesiones" en cinco países: Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y Venezuela. Coordinar y programar estas mesas y "sesiones" va a implicar un reto logístico, de comunicación y de metodología. Estos dos años de contactos preliminares con el ELN evidencian que las conversaciones formales han tenido un sólido punto de partida. Ahora las partes deberán llevar a cabo un progreso rápido, desescalar las hostilidades y sincronizar las negociaciones en La Habana de tal forma que los colombianos disfruten de los frutos de la paz tan pronto como sea posible.

Bogotá/Bruselas