La meta de desmantelar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) antes de que finalice el año 2005, que se fijó cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe firmó el acuerdo de Ralito I con dicho grupo de extrema derecha hace casi un año, sigue siendo problemática. Para que tengan éxito las negociaciones iniciadas en julio del 2004, el gobierno tendrá que ser mucho más firme, hasta el punto incluso de utilizar amenazas verosímiles de recurso a la fuerza. La comunidad internacional debe ofrecer una mayor cooperación, si las serias dudas que persisten en torno al proyecto se logran despejar de una manera tal que se respete el Estado de derecho y se promueva la meta última, que es ponerle fin al prolongado conflicto.

La firma del acuerdo de Ralito II en mayo del 2004 y el inicio de las conversaciones en la recién establecida Zona de Ubicación (ZDU) neutral son pasos positivos, en especial después de casi haberse suspendido el proceso a comienzos del año, de las violaciones del cese del fuego y de la persistente participación de las AUC en actividades de narcotráfico. Aunque en el acuerdo no se abordaron temas sustanciales y aún falta por definir un cronograma preciso para el desarme, la desmovilización y la reinserción (DDR) de los combatientes de las AUC, Ralito II le brinda al gobierno de Uribe una oportunidad para hacer avanzar el proceso en los dos años que le quedan.

Sin embargo, a fin de lograr un progreso real y sostenible, el gobierno tiene que desarrollar un marco legal y una estrategia política que propicien la desmovilización colectiva de todos los grupos armados. Con la desaparición y probable asesinato de su líder, Carlos Castaño, en abril del 2004, las AUC se han vuelto cada vez más exigentes. Bajo su nuevo jefe, Salvatore Mancuso, los paramilitares dicen no estar dispuestos a aceptar penas de cárcel por crímenes de guerra ni la extradición de sus líderes a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, pese a que su participación en dicho negocio no se ha reducido; a la vez, se ha acentuado la preocupación internacional frente a la posibilidad de que los crímenes pasados de los paramilitares queden impunes. La controvertida presencia en el Congreso de Mancuso y otros dos comandantes paramilitares el 28 de julio del 2004, con la anuencia del gobierno, ha acrecentado esa inquietud. Los jefes paramilitares utilizaron esta plataforma para reiterar la propuesta de las AUC en el sentido de seguir desempeñando un papel de contrainsurgencia después de su desmovilización, mediante el control de vastas regiones del país, en lo que constituye una propuesta abiertamente interesada que les permitiría conservar las tierras y otras propiedades ilegalmente adquiridas, así como continuar con sus operaciones de narcotráfico.

Estas demandas se deben rechazar. La única experiencia anterior, en Medellín, pone de relieve los peligros que acarrea una aproximación miope e incompleta a la DDR. Los paramilitares que fueron desarmados y supuestamente reintegrados a la sociedad en dicha instancia mantienen el control sobre numerosos barrios de la ciudad. Varios temas clave --su fuente de ingresos (drogas), los contactos persistentes con miembros de las AUC aún no desmovilizados y la reparación de las víctimas de sus crímenes pasados --aún no han sido resueltos.

La comunidad internacional ha estado en gran medida ausente de las negociaciones, en parte debido al rechazo que le despiertan los vínculos de los paramilitares con el narcotráfico y su participación en crímenes atroces, pero también debido a la falta de transparencia en el proceso mismo. La legislación que propuso inicialmente el gobierno en lo que denominó la alternatividad penal fue criticada por implicar que los paramilitares disfrutarían de impunidad por crímenes graves cometidos en el pasado. Sólo la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha mostrado dispuesta a mediar, al aceptar la función del monitoreo y suministro de información sobre el cese del fuego. Ha puesto en juego su credibilidad al vincularse con un inicio controvertido del proceso de paz, pero si pretende hacer una contribución seria, debera fortalecer su capacidad y su voluntad política para monitorear el cese del fuego en toda Colombia, así como su inadecuada financiación.

La reciente respuesta positiva del gobierno de Uribe frente a la posibilidad de establecer conversaciones de cese del fuego planteada por el grupo insurgente más pequeño (el ELN) podría inducirlo a desarrollar una aproximación más amplia a una DDR que siente las bases para una desmovilización colectiva de todos los grupos armados. Pese a las serias diferencias en torno a la implementación de un cese del fuego y a la agenda de las futuras conversaciones de paz, es posible que las negociaciones con el ELN sean más fáciles que con las AUC, debido a que el grupo guerrillero no está tan profundamente involucrado en el tráfico de drogas. Sin embargo, es improbable que la organización insurgente de mayor tamaño (las FARC) se limite a ser un testigo pasivo de la desmovilización ya sea de las AUC o del ELN

Si se quiere pactar un acuerdo definitivo con los paramilitares, el gobierno debe amenazarlos de un modo creíble con consecuencias militares si rompen el cese del fuego y se niegan a concentrar y desarmar a todas sus fuerzas, a poner fin al narcotráfico y otras actividades delictivas, y a pagar las reparaciones. El incremento en la actividad del Centro de Acción Integral --la entidad del Ministerio de Defensa encargada de coordinar las unidades de policía, ejército e inteligencia, cuya misión es perseguir, capturar o destruir el liderazgo de las AUC o de otros grupos paramilitares que no cumplan los acuerdos-- enviaría un mensaje positivo.

Muy pronto, el Congreso reconsiderará la legislación sobre alternatividad penal. Aunque las enmiendas ya han mejorado la propuesta original, se requieren más modificaciones, sobre todo para garantizar por lo menos algún tiempo de cárcel para los crímenes de guerra, la confiscación de los activos ilegalmente adquiridos, y reparaciones y una mayor voz para las víctimas. La extradición a los Estados Unidos sigue siendo una amenaza potencial contra el acuerdo. Cualquier decisión --como cumplir las sentencias del gobierno norteamericano en cárceles colombianas-- sólo se debe tomar después de que se haya logrado un progreso sustancial en la desmovilización y desarme real de las AUC, así como en la divulgación completa de sus vínculos con el narcotráfico, la suspensión verificada de dicha actividad y la disposición satisfactoria de los activos ilegales.

Bogotá/Bruselas, 5 de agosto de 2004