El año de las definiciones políticas

Quizás el cambio político más notable que se ha dado en los últimos años ha sido el alto índice de apoyo a la política del Gobierno, en particular en el ámbito de la seguridad interna. Según las encuestas, un alto porcentaje del electorado colombiano, sobre todo en las grandes urbes, está de acuerdo con la lucha militar frontal en contra de las Farc y el proceso de negociación y desmovilización con las Auc. Las cifras oficiales, que en parte han sido cuestionadas por organizaciones colombianas e internacionales, demuestran una mejora sustancial en los índices de homicidios, secuestros, extorsión, atentados y en el desplazamiento forzado. Aunque persisten dudas fundadas acerca de la lucha antinarcótica colombo-americana, hay consenso de que los cultivos ilícitos también han disminuido.

En el plano internacional y especialmente en los países de la Unión Europea, se percibe que el Gobierno colombiano ha logrado mitigar algunos de los cuestionamientos y suspicacias más fuertes frente a una política considerada demasiado inclinada hacia la mano dura y la lucha contra el terrorismo, demasiado permisiva en su tratamiento de los paramilitares y en detrimento de la aplicación plena de los derechos humanos. El proceso Londres-Cartagena demuestra este cambio, sin que se hayan perdido de vista los grandes problemas que existen.

A pesar de estos logros importantes y a pesar de un sentimiento –difuso y volátil– en el país de que “las cosas están mejorando” hay todavía mucho sufrimiento, sobre todo en la mayoría de los colombianos que son las familias humildes. Según los pronósticos, el crecimiento económico en 2004 no llegó a los niveles esperados y el efecto trickle down se ve afectado por la concentración de tierras, entre otros factores.

La intención del Gobierno de desmovilizar y reinsertar a las Auc ha sido plagada de inconsistencias y fallas desde el principio. Después de dos años de conversaciones y negociaciones, el saldo es la desmovilización de unos 4.000 combatientes sin que se haya logrado reinsertarlos de manera adecuada (igual que los cientos de miembros de las Farc que se entregaron a las autoridades) y establecer un marco jurídico que daría sustento a una política que muchas veces parece demasiado voluntarista y pragmática a la vez. De hecho, la comunidad internacional ha condicionado un eventual apoyo a este proceso a la aprobación de un marco legal que demuestre la fortaleza de un estado legítimo frente a los grupos armados ilegales y metidos hasta las narices en el narcotráfico. Las recientes acciones militares de las Farc, por su parte, indican que el Gobierno no ha logrado golpearlas, ni militar ni financieramente, de manera tal que se sientan obligadas a entrar en negociaciones. Tampoco logró la liberación de rehenes en manos de la guerrilla. Respecto al Eln pareciera que los acercamientos del año pasado no están dando frutos, a pesar de la debilidad de este grupo.

En pocas palabras y visto desde el exterior, al gobierno de Uribe le falta producir resultados contundentes en el campo socio-económico para darle más legitimidad a su estrategia política enfocada en la seguridad –que todavía tiene que consolidarse–. No está claro si la reelección inmediata –si se da y Uribe la gana– es el vehículo político adecuado para lograr este fin. De hecho, el intento de ganar más tiempo para gobernar conlleva el peligro de que se posterguen cambios, decisiones y proyectos políticos de suma urgencia para un futuro demasiado incierto. El Presidente está corriendo el riesgo de enfrentar críticas cada vez más fuertes de que comprometió reformas importantes, como son la pensional y tributaria, y que abandonó su lema de acabar con la politiquería para lograr su reelección. Ello, combinado con persistentes problemas de orden militar y público, podría llevar al Gobierno a un desgaste sobre medidas durante el cuatrienio 2006-2010. También podría provocar una desilusión igualmente profunda de parte del electorado colombiano, una desilusión que se ha visto en el pasado y que llevó al país de un extremo político al otro sin que se haya logrado obtener los resultados esperados.

Este año preelectoral será el año de las definiciones políticas. Los grandes rasgos de la política gubernamental tienen que consolidarse en el campo de la seguridad y tienen que encarrilarse respecto a la desmovilización y reinserción de combatientes irregulares, las reformas socioeconómicas y la diversificación de las relaciones internacionales. El electorado colombiano, más urbano e “independiente”, hoy, observará, participará cada vez más y tomará decisiones, que, como se vio en octubre de 2003, podrían sorprender a la clase política.