El Equilibrio Entre Justicia y Paz en Colombia

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc es la definición de cuál será el modelo de justicia transicional que se aplicará en Colombia: cómo lograr ese equilibrio, siempre complicado, entre las necesidades de paz y de justicia. Colombia tiene la oportunidad y la capacidad para sobreponerse a los lógicos obstáculos de la negociación y de mostrar al mundo que es posible una paz con justicia, al construir su propio modelo de justicia transicional ejemplar.

La Corte Constitucional ha indicado que el Marco Jurídico para la Paz es constitucional, pero que las leyes que lo desarrollen deberán cumplir con parámetros específicos que permitan garantizar que los crímenes más graves no quedarán impunes. Al mismo tiempo, ha validado la tesis de que es posible -bajo parámetros específicos- dictar penas alternativas. La prisión no es la única sanción posible y ella debe depender de los jueces y no de dogmas preconcebidos.

Una adecuada definición de lo que es justicia transicional es necesaria. Los mecanismos transicionales (comisiones de la verdad, reparaciones, procesos judiciales y reformas institucionales) tienen como objetivo final consolidar la democracia y restaurar la confianza ciudadana. Estos mecanismos no deben ser entendidos como un obstáculo para alcanzar la paz, sino como una oportunidad para que el acuerdo al que se llegue sea sólido.

Pero tampoco debemos entender la justicia transicional como un conjunto de excusas para fomentar la impunidad. Se trata de proporcionar a las víctimas y a la sociedad un conjunto de herramientas interconectadas que faciliten la construcción de una memoria histórica compartida, restauren la dignidad de las víctimas, juzguen los crímenes atroces y garanticen la no repetición, empezando precisamente por la terminación del conflicto. En ese marco, las partes en La Habana deberán buscar un acuerdo que trascienda sus respectivos intereses pues cualquier acuerdo sobre justicia transicional deberá contar con el apoyo de muchos otros actores.

Un modelo viable de justicia transicional debe partir por el reconocimiento incondicional de los graves crímenes cometidos, lo que allanaría el camino para que la sociedad acepte el balance que se derive del acuerdo. Asimismo, Colombia precisará de una comisión de la verdad incluyente e independiente que proporcione voz a las víctimas y construya una narrativa compartida sobre el conflicto.

La justicia penal es un elemento ineludible de este modelo, aunque no debe ser el único. Colombia debe garantizar que todas las víctimas tengan acceso a la verdad y que los máximos responsables de los más graves crímenes sean investigados, juzgados y sancionados. Al mismo tiempo, se debería considerar una amnistía solo para los delitos políticos y conexos, excluyendo de ella a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Para los muchos otros casos no incluidos en las primeras dos categorías, se podrá establecer un proceso administrativo que tome como referente el que administra actualmente el Centro de Memoria Histórica.

Se deberá fortalecer el proceso de reparación a las víctimas e identificar cuáles son las garantías para que el acuerdo de paz implique el término de la violencia. Dentro de ellas, será clave desmantelar las estructuras criminales y las redes que las apoyan y depurar a las fuerzas de seguridad de personas implicadas en violaciones a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, este proceso no concluirá con la firma del acuerdo, sino que requerirá de mucho tiempo para sanar las profundas heridas que deja el conflicto.