Farc en el 2009

Las recientes liberaciones unilaterales de tres policías, un soldado y los últimos dos civiles "canjeables" que todavía quedaban en cautiverio de las Farc no se explican fácilmente. ¿A qué estaría apuntando la guerrilla a principios de 2009 y cómo se podría interpretar la liberación incondicional de los rehenes?, ¿Cómo debería el gobierno de Álvaro Uribe responder a esta iniciativa y qué clase de ventana de oportunidad podría abrirse para avanzar hacia el fin del conflicto armado?

Una década ha pasado desde que se iniciaron las negociaciones en San Vicente del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc; y hace exactamente siete años el "proceso de paz" con esa guerrilla que terminó en estado de pleno fracaso. Desde entonces el conflicto armado en Colombia ha visto grandes cambios. La estrategia del gobierno de Álvaro Uribe se ha enfocado en golpear a las Farc militarmente, buscar una negociación proforma y por tanto infructuosa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y desmovilizar a los paramilitares organizados bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con base en una controvertida legislación de justicia transicional, la Ley de Justicia y Paz.

El espacio de maniobra y la correlación de fuerza tanto militar como política hoy no le es para nada favorable a la guerrilla. Se constata el progresivo alejamiento de las Farc del ámbito político nacional y su profunda soledad ideológica, y el hecho que están enfrentados al peligro real del fraccionamiento de su organización como consecuencia de la "política de seguridad democrática" del gobierno.

Internacionalmente la guerrilla colombiana está aislada y no cuenta con interlocutores de importancia afuera del país. En el período 2007-2008 los gobiernos de Francia, Suiza, Venezuela y de manera poco comprometida, España, todavía intentaban contribuir a lograr "soluciones humanitarias" en Colombia que hubieran permitido la liberación de rehenes (París poniendo énfasis exclusivo en el caso de Ingrid Betancourt y Caracas intentando de avanzar sus propias metas geopolíticas en la región).

Un año más tarde y después de la muerte de tres miembros del secretariado de las Farc -incluida la de Manuel Marulanda, su líder histórico y emblemático- y la Operación Jaque, cualquier semblanza de reconocimiento político internacional de las Farc, incluso por parte del presidente venezolano Hugo Chávez, se ha esfumado.

Metas de las FARC en el 2009

A principios de 2009 las Farc buscan sobrevivir como organización armada clandestina en un ambiente que les debe parecer eminentemente hostil. Para lograr esta meta fundamental están haciendo gala de su conocida capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes del conflicto armado.

Bajo el nuevo mando de Alfonso Cano, pareciera que la cúpula guerrillera se ha dado cuenta que el afianzamiento de la cohesión interna de la organización es crucial para evitar su fraccionamiento promovido por Uribe. Ello quedó en evidencia en el mensaje de fin de año de Cano, donde el jefe guerrillero reconoce los duros golpes que las Farc han recibido en los últimos tiempos. A la vez, resalta la importancia de poner más énfasis de nuevo en el trabajo político de la organización, planteando este asunto, sin embargo, más bien desde la perspectiva de su fortalecimiento interno, y no tanto en los términos de una novedosa proyección hacia el escenario político colombiano o la búsqueda de incidir en las elecciones en el 2010 (como algunos observadores lo han planteado).

Según esta interpretación, con la liberación unilateral e incondicional de seis rehenes la cúpula de la guerrilla estaría sobre todo tratando de demostrar a sus propios miembros que todavía tiene la capacidad de tomar decisiones importantes e implementarlas exitosamente. Como se menciona arriba, ello sería hoy mucho más difícil, y tal vez imposible, en el plano estratégico-militar. Por tanto, Cano podría estar buscando fortalecer su liderazgo y elevar de nuevo la moral de sus comandantes y tropas por medio de acciones "político-humanitarias" (que también incluyen la activa participación de las Farc en el "intercambio epistolar" empezado por un grupo de ciudadanos colombianos en el 2008).

Retos para el gobierno y la sociedad

A estas alturas y considerando los cada vez más evidentes problemas asociados con la forma como se desmovilizó a las AUC, no puede ser el interés del gobierno y Estado colombianos seguir con la política de buscar el fraccionamiento de las FARC y desmovilizar bloques o frentes individualmente, esquivando de esa manera el desafío de una verdadera negociación política de paz con la guerrilla. Hoy por hoy, existen indicios muy preocupantes de que la actual estrategia contrainsurgente está fomentando la creación de vínculos y formas de cooperación entre diferentes grupos armados ilegales a nivel local y regional.

Ello es muy peligroso y en el futuro podría resultar en la formación de nuevos grupos insurgentes al estilo de los emergentes, grupos armados ilegales, como Organización Nueva Generación o Águilas Negras. Éstas nacieron después de la desmovilización de las AUC y según el caso deben ser considerados sucesores de los grupos paramilitares desmovilizados o embriones de futuros ejércitos irregulares con fuertes vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.

Por tanto, el gobierno debería dar prioridad a asumir su responsabilidad y buscar junto con la sociedad colombiana la manera de cómo se podría plantear una negociación de paz seria con una guerrilla debilitada, pero con una estructura organizacional y un liderazgo todavía más o menos intactos. El hecho que las FARC estén buscando afianzar su cohesión interna y prevenir el fraccionamiento de su organización por medio de acciones "político-humanitarias" podría ser una ventaja aquí.

A la vez, se debe tener claridad que no son las Farc que tienen la capacidad de plantear solos una salida política al conflicto. No tienen poder real de convocatoria política en Colombia (ni en otros países), no han puesto atención a la elaboración de un programa político incluyente, democrático y viable en el pasado, y nada indica que podrían hacerlo en el futuro, incluso bajo el liderazgo de Cano. Esa tarea fundamental le corresponde al gobierno y a la sociedad colombiana; son ellos quienes deben tomar la iniciativa.

En la coyuntura actual, la meta no debería ser incrementar los esfuerzos de la "política de seguridad democrática" sino responder al peculiar renacimiento político "inducido" de las FARC con una propuesta que logre inclinar la balanza del conflicto de manera duradera y estructurada hacia las soluciones políticas.

Todavía le queda un año pleno al gobierno de Uribe para coronar de la mano de la sociedad civil y política colombiana lo que han sido ingentes y a lo largo de los años demasiadas veces infructuosos esfuerzos de "normalizar" a Colombia por medio de la consolidación de su institucionalidad democrática y de la reducción de los niveles de violencia e irrespeto a los derechos del hombre.

Los amigos latinoamericanos de Colombia, entre ellos Brasil y Chile, con seguridad no dudarían en dar una mano a los colombianos en esta tarea trascendental.