A diez años del último intento serio por alcanzar un acuerdo político con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nuevas negociaciones políticas entre el gobierno y la guerrilla comenzarán en Oslo este mes. Dichas negociaciones tienen más posibilidades de prosperar que los anteriores intentos, pero enfrentan algunos obstáculos importantes, incluida la resistencia política o la posible violencia ejercida por parte de saboteadores (tal y como es analizado en nuestro más reciente informe: Colombia: ¿por fin la paz?).

Un conjunto de ideas compartidas sobre los actores que impulsan  este conflicto de cinco décadas, sus efectos en el país y las razones del repetido fracaso de anteriores diálogos de paz, pueden hacer que el éxito sea aún más difícil de alcanzar. Malentendidos como los que se discuten a continuación no son sólo  simplificaciones innecesarias; éstos tienen implicaciones prácticas dado que condicionan lo que se podría y se debería ofrecer a las guerrillas, así como qué pasos deberían tomarse para construir la paz duradera que ha sido esquiva por tanto tiempo.

La idea de que las FARC son un grupo criminal y no un movimiento guerrillero con motivaciones políticas ha ganado terreno desde los años ochenta. Desde entonces y a causa del creciente involucramiento de las FARC en la economía ilegal de la droga, el grupo ha sido denominado una “narcoguerrilla”. En 1997, los Estados Unidos catalogaron a las FARC como una organización terrorista, posición que fue secundada  por la Unión Europea en el 2002. Esto ha permitido a los gobiernos colombianos (y a sus aliados internacionales) vincular la guerra contra las guerrillas a la guerra global contra el terrorismo, reduciendo aún más el espacio político de las FARC. Los críticos de los nuevos diálogos de paz generalmente se refieren a las actividades de crimen organizado de las FARC y a la clasificación de ésta como un grupo terrorista para rechazar cualquier intento de negociación que vaya más allá de un acuerdo sobre los términos de la desmovilización, el desarme y la reintegración.

Hay pocas dudas respecto al involucramiento de la guerrilla en la economía de la droga, la cual va más allá de la imposición del cobro del “gramaje” a quienes compran la droga, siendo éste ultimo el único vinculo que las FARC han admitido tener con el tráfico de drogas. Las FARC también han usado tácticas que pueden ser catalogadas como “terroristas”. Pero esto no implica que las FARC sean un grupo únicamente criminal. De hecho, la participación de las FARC en actividades de narcotráfico y en otras operaciones de crimen organizado, como la extorsión o la minería ilegal de oro, es desigual a lo largo de la organización. A diferencia de una organización puramente criminal, las FARC invierten una parte de las ganancias derivadas de dichas actividades en la financiación de operaciones militares dirigidas en contra de las instituciones del Estado. Más aún, los líderes de las FARC y algunos de los comandantes de frentes han mantenido un discurso eminentemente político y han sido claros respecto a que no consideraran posible una simple rendición.

Reconocer que el conflicto con las FARC abarca más que la codicia y el crimen sugiere un camino distinto hacia la resolución del conflicto. Bajo esta perspectiva, los diálogos no tienen como único objetivo la desaparición de la guerrilla. Al contrario, los diálogos de paz que están por empezar deben ser vistos como un paso necesario para poner fin a la confrontación armada y, de esa manera, crear condiciones bajo las cuales una paz sostenible pueda ser construida de una manera participativa.

Los ingresos derivados del narcotráfico han sido instrumentales para financiar las actividades de todos los grupos armados ilegales, incluidas las FARC. Esto ha fomentado la impresión de que mientras exista el narcotráfico Colombia no podrá estar en paz.

Sin duda, el narcotráfico es un factor importante para explicar el incremento de la violencia desde los años ochenta, pero la economía de la droga no es la causa del conflicto. En muchas regiones, como en el Caguán (Caquetá), se comenzó a cultivar hoja de coca antes de que las guerrillas hubiesen consolidado su control sobre el territorio. De manera general, los cultivos ilícitos pudieron prosperar en las áreas marginalizadas de la vasta frontera agrícola en tierras que carecían de acceso al mercado y que a menudo eran escasamente adecuadas para la producción de alimentos. Estas regiones estaban, en su mayoría, pobladas por campesinos que desde los años cincuenta habían dejado sus regiones de origen a causa de la violencia político – partidista. En este sentido, los cultivos de hoja de coca deben ser vistos, en parte, como una consecuencia del fallido desarrollo rural de Colombia, el cual es uno de los orígenes del conflicto.

Con esto no se pretende negar que la economía de la droga probablemente seá un obstáculo para poner fin a la violencia. Como ha sucedido en pasados procesos de desmovilización, un acuerdo con el gobierno probablemente no logrará convencer a algunos de los elementos de las FARC que podrían mostrar poco entusiasmo por intercambiar un negocio viable por un futuro incierto en la economía legal, para la cual un gran número de combatientes está insuficientemente preparado. Pero si sucede, esto no necesariamente invalidaría el proceso de paz. La desaparición de las guerrillas en tanto grupo armado con reivindicaciones políticas y su transformación en actores políticos legales sólo conduciría a que Colombia se pareciera más a otros países de Sur y Centro América, en donde la naturaleza de la violencia es predominantemente criminal y está, generalmente, vinculada al narcotráfico.

Las nuevas negociaciones se dan en el contexto de una situación de seguridad deteriorada. El número de operaciones ofensivas de las FARC ha aumentado. Los actos de sabotaje por parte de las guerrillas han afectado a la industria del petróleo de manera particularmente fuerte y la extorsión a lo largo la economía abunda en los bastiones de las FARC. Según una interpretación bastante generalizada, esto se debe a que el Presidente Santos, desde su primer día en el cargo, ha enfatizado que esta abierto a nuevos diálogos de paz. Esta posibilidad habría revitalizado a las guerrillas y al mismo tiempo reducido la moral de combate de las fuerzas militares las cuales, aparentemente, ya no le ven ningún sentido a poner sus vidas en riesgo.

Esta perspectiva está basada en una interpretación selectiva de la situación de seguridad. De hecho, algunos indicadores clave de la violencia muestran un continuo mejoramiento. La tasa de homicidios en 2011- 32 por cada 100,000 habitantes – fue la más baja en décadas aunque continúa siendo superior al promedio de la región. Más aún, el incremento de ataques por parte de las FARC se inicia durante los últimos años del gobierno de Uribe, de manera que precede a la apuesta de Santos por los diálogos de paz. Lo que esta tendencia refleja no es tanto un debilitamiento en el esfuerzo bélico del gobierno sino más bien la capacidad de las guerrillas para adaptarse a un nuevo entorno estratégico, así como el fracaso del gobierno para resolver los problemas económicos y sociales que asedian las regiones colombianas en conflicto.

Independientemente del éxito de los diálogos en Oslo y Cuba, hay una percepción según la cual Colombia ya está en camino hacia la etapa del post-conflicto. La inversión extranjera, principalmente en el sector primario en expansión, ha alcanzado niveles récord. Las agencias de calificación de riesgo han dado de nuevo a Colombia el codiciado grado de inversión. Así mismo, dado que el conflicto se desarrolla en áreas rurales cada vez más remotas, pareciera que sus efectos ya no impactan los centros urbanos localizados en los valles de la región andina, donde está concentrada la mayoría de la población y del poder económico. Las únicas consecuencias visibles del conflicto son los crecientes barrios marginales donde habita un gran número de población desplazada que ha tenido que escapar de la violencia en el campo.

Aunque las políticas de seguridad de Uribe y de Santos han reducido el costo económico del conflicto en el país, la confrontación continúa siendo muy costosa para todos los involucrados. Con relación a su economía Colombia es, junto con Chile, el país que más invierte en defensa en América Latina. La violencia asociada al conflicto ha impedido la consolidación de una verdadera democracia pluralista, en particular a nivel local. La compra forzosa de tierras por parte de los narcotraficantes y el desplazamiento forzado causado por los paramilitares han reconfigurado, de manera violenta, el campo colombiano, exacerbando problemas de larga data en relación con la desigualdad en la tenencia de tierras y el desarrollo rural. La violencia también ha tenido un amplio y negativo impacto en el desarrollo humano, haciendo aún más difícil la reducción de las enormes desigualdades sociales y económicas que constituyen el telón de fondo del conflicto.

Estos problemas no pueden ser resueltos de la noche a la mañana, pero un acuerdo de paz con las FARC probablemente daría al país una mejor posibilidad para enfrentarlos.

Desde 1982 todos los presidentes colombianos han realizado esfuerzos para forjar un acuerdo con las FARC, pero éstos han sido en vano. Los repetidos fracasos han dejado profundas cicatrices, profundizando la desconfianza hacia las guerrillas, a las cuales se les culpa por la ruptura de los sucesivos intentos por alcanzar la paz (lo cual contrasta con la narrativa de las FARC, según la cual el gobierno es el culpable de los fracasos en la búsqueda de la paz). Posiblemente, el fracaso más traumático fue el de los diálogos del Caguán (1999 – 2002), cuando las FARC utilizaron una  inmensa zona desmilitarizada para descansar, fortalecerse para el combate y lanzar operaciones. La administración Pastrana (1998 – 2002) puso fin a estos diálogos tras el secuestro, por parte de la FARC, del presidente de la comisión de paz del Senado.

Sin duda, las FARC utilizaron de una forma equivocada la oportunidad de los diálogos de paz para sus propios propósitos estratégicos. No hay garantía de que esto no volverá a suceder, pero también hay razones para pensar que las FARC podrían comportarse de una manera distinta en esta ocasión. Después de una década de intensa guerra contrainsurgente, la ventaja militar del gobierno es posiblemente irreversible, lo cual contrasta con la situación durante los diálogos del Caguán, que tuvieron lugar durante el pico del poder militar de las FARC. Hay mucho en juego para ambas partes, pero la actual correlación de fuerzas muestra que las FARC posiblemente tienen más que perder que el gobierno: si estas negociaciones se van al suelo y si el fracaso es atribuido a las FARC, las guerrillas podrán anticipar un futuro de presión militar en aumento, tensiones internas y posiblemente completa irrelevancia política.

También es importante reconocer que la intransigencia de las FARC no ha sido la única causa del fracaso de los previos intentos de paz. Los errores del gobierno en el manejo de las negociaciones, la violencia de los saboteadores, incluidos los paramilitares apoyados por sectores de las fuerzas de seguridad, los problemas de coordinación entre los políticos y las fuerzas armadas, así como la competencia entre diferentes guerrillas también han contribuido a estos fracasos.