Briefing / Latin America & Caribbean 08 Marzo 2004 3 minutes

Rehenes por Prisioneros: ¿Un Camino Hacia la Paz en Colombia?

Panorama General

En febrero del 2004, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo insurgente, anunciaron la creación de una comisión de negociación de tres miembros y una "ofensiva diplomática" tendiente a obtener la liberación de cientos de sus miembros encarcelados a cambio de cerca de 60 rehenes militares y políticos que tienen en su poder. Esto ha suscitado las esperanzas de los familiares de los rehenes y de los secuestrados sobre la posibilidad de que se produzca un "intercambio humanitario" en un futuro no muy distante^[fn]En este informe se hará una distinción entre rehenes -policías, soldados y políticos capturados por los grupos armados- y secuestrados, es decir civiles por quienes se exige rescate. Por consiguiente, estrictamente hablando, el concepto "liberación o intercambio de rehenes por prisioneros" se refiere únicamente a un número relativamente pequeño de policías, soldados y políticos, por una parte, y los miembros encarcelados de las FARC, por otra, y excluye a una gran cantidad de individuos ("civiles") secuestrados por los insurgentes no por su valor militar o político sino para pedir rescate por ellosHide Footnote .

Varios colombianos destacados, como los ex presidentes Alfonso López, Ernesto Samper y Julio César Turbay y el ex procurador Jaime Bernal, han apoyado la idea y han hecho propuestas específicas sobre cómo podría lograrse el intercambio y a quiénes debería cobijar.

Aunque el gobierno del presidente Álvaro Uribe sigue insistiendo en que no se liberarán prisioneros de las FARC sin que medien unas condiciones estrictas, ya no plantea la exigencia de que cualquier discusión sobre rehenes esté supeditada a que primero se pacte un cese de fuego y se entablen negociaciones de paz. No obstante, se sigue oponiendo al intercambio de rehenes por prisioneros y descarta el establecimiento de zonas desmilitarizadas para tal fin. Argumenta que en caso de darse un intercambio mutuo, las FARC deben liberar a todos los secuestrados, y no sólo a los políticos o militares que son una minoría.

Anteriores gobiernos colombianos han aceptado intercambios similares, algunos creyendo que dichos intercambios serían precursores de negociaciones más sustantivas y otros convencidos de que la libertad para incluso un pequeño número de rehenes merecía el riesgo que entraña la liberación de guerrilleros capturados.

En los meses recientes, la Iglesia católica colombiana ha desempeñado un importante papel de facilitación con miras a un posible "intercambio humanitario". Es la única institución nacional que tiene contacto directo continuo con las FARC desde que Uribe asumió la presidencia en agosto del 2002. Aparentemente, a los insurgentes les interesa esta mediación^[fn]Entrevista del ICG, Bogotá, 18 de febrero de 2004.Hide Footnote , y el gobierno parece haberla autorizado, siempre y cuando las negociaciones encaminadas a un intercambio limitado de rehenes por prisioneros se consideren como un primer paso para la liberación de todos los secuestrados, incluidos aquellos por quienes se pide rescate^[fn]Entrevistas del ICG, Bogotá, 18 de febrero de 2004, 5 de marzo de 2004.Hide Footnote . Se abriga la esperanza de que si se obtiene un éxito en el aspecto humanitario, eso podría mejorar las oportunidades de entablar conversaciones de paz.

Este documento examina la conveniencia, la viabilidad y las implicaciones políticas que tendrían la liberación o el intercambio de rehenes por prisioneros en medio de una lucha continuada. Aunque reconoce la necesidad de cautela, el ICG concluye que una estrategia de negociación bien diseñada podría conducir a la liberación tanto de los rehenes como de los secuestrados en el mediano plazo. El hecho de no obtener un éxito inmediato en esto último no debe constituirse en un obstáculo absoluto que impida proceder con la liberación de los rehenes.

El gobierno de Uribe tiene que abordar el tema con una visión estratégica, identificando y definiendo el propósito al que sirve el intercambio de rehenes por prisioneros. Comprometer a las FARC en conversaciones sobre un intercambio de esta naturaleza puede justificarse si conduce a una negociación política más amplia con miras a la terminación del conflicto, siendo los elementos clave en ese proceso la pronta liberación de los secuestrados y la eliminación de la práctica del secuestro.

Aunque cualquier compromiso en torno al tema del intercambio -puesto que incluiría el reconocimiento de facto de las FARC como un actor político- no será fácil para el gobierno, abriría un espectro de posibilidades para establecer las condiciones necesarias para un mayor avance. Al retomar la iniciativa en el debate humanitario, el gobierno también fortalecería su posición política en la lucha continuada con las FARC.

Una lógica similar se aplica en lo que respecta a la insurgencia más pequeña del ELN, que tiene menos prisioneros pero quizás se muestre más dispuesta a cumplir con las condiciones del gobierno porque es más débil desde el punto de vista militar y últimamente ha sido más receptiva al tema de la liberación de rehenes^[fn]En noviembre y diciembre del 2003, el ELN liberó incondicionalmente a ocho extranjeros que había secuestrado en la región de la Sierra Nevada en septiembre.Hide Footnote .

Los actores internacionales, como la ONU, los Estados Unidos y la Unión Europea, deben ayudarle al gobierno de Uribe a avanzar en este sentido, con el objetivo de aprovechar la cuestión humanitaria para propiciar un avance en la agenda a más largo plazo de una solución negociada al conflicto.

Bogotá/Bruselas, 8 de marzo de 2004

Download pdf to continue reading the full report

I. Overview

In February 2004, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), the major insurgent group, announced creation of a three-member negotiation commission and a "diplomatic offensive" aimed at obtaining the release of hundreds of its imprisoned members in exchange for about 60 military and political hostages it holds. This has raised hope among the relatives of hostages and kidnap victims that a "humanitarian exchange" could happen in the not too distant future.^[fn]Throughout this briefing a distinction will be made between hostages (policemen, soldiers and politicians captured by the armed groups) and kidnap victims (civilians held for ransom). Strictly speaking, the concept of a "hostages/prisoners release or swap" refers only to a relatively few policemen, soldiers and politicians, on the one hand, and FARC prisoners on the other and excludes a large number of individuals ("civilians") kidnapped by the insurgents not because they were of military or political value but because ransoms could be demanded for them.Hide Footnote

Several prominent Colombians, such as former Presidents Alfonso López, Ernesto Samper, and Julio César Turbay and former Public Prosecutor Jaime Bernal, have backed the idea and offered specific proposals for how it could happen and whom it should include.

While continuing to insist that there will be no release of FARC prisoners without strong conditionality, President Alvaro Uribe's government has dropped earlier demands that a ceasefire and peace negotiations precede any discussion of hostages. Nevertheless, it remains opposed to exchanging hostages for prisoners and rules out establishing demilitarised zones for that purpose. It contends that in any mutual release, the FARC must free all those detained, not just political or military hostages, who are a minority.

Earlier Colombian governments have agreed to similar exchanges, some believing they would be the precursors of more substantive negotiations, others that the release of even a limited number of hostages merited the risk involved in freeing captured guerrillas.

Colombia's Catholic Church has been playing an important facilitation role for a possible "humanitarian exchange" in recent months. It is the only national institution in continuous direct contact with the FARC since Uribe took office in August 2002. The insurgents are apparently interested in such mediation,^[fn]ICG interview, Bogotá, 18 February 2004.Hide Footnote and the government seems to have authorised this provided that negotiations for a limited hostages/prisoners swap are seen as a first step towards freeing all victims -- including those abducted for ransom.^[fn]ICG interviews, Bogotá, 18 February, 5 March 2004.Hide Footnote The hope is that success on the humanitarian issue might open a window for peace talks.

This briefing examines the desirability, feasibility and political implications of a release or swap of hostages/ prisoners under conditions of ongoing fighting.

While acknowledging the need for caution, ICG concludes that a well-designed negotiation strategy could lead to freeing of the hostages and kidnap victims in the medium-term. Lack of immediate progress on the latter should not be an absolute bar to proceeding with the former.

The Uribe administration needs to approach the issue with strategic vision, identifying and defining the purpose a hostages/prisoners swap would serve. Engaging the FARC in talks about such a swap can be justified if it leads to wider political negotiations to terminate the conflict, with the early release of kidnap victims and an end to kidnapping being key elements in that process.

While any engagement on the swap issue -- involving as it would some de facto recognition of the FARC as a political actor -- will not be easy for the government, it would open a spectrum of possibilities for it to establish conditions for wider forward movement. By taking back the initiative on the humanitarian debate, the government would strengthen its political stance in the ongoing struggle with the FARC.

Similar logic applies with regard to the smaller ELN insurgency, which holds fewer prisoners but may be more willing to meet government conditions because it is militarily weaker and has lately been more receptive to releases.^[fn]In November and December 2003, the ELN unconditionally released eight foreigners it had kidnapped in the Sierra Nevada region in September.Hide Footnote

International actors such as the UN, the U.S. and the EU should assist the Uribe administration to move this way, with the goal of building on the immediate humanitarian issue to advance the longer term agenda of a negotiated resolution of the conflict.

Bogotá/Brussels, 8 March 2004