La campaña militar que desde hace ocho años libra el presidente Álvaro Uribe contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha afectado considerablemente a la organización insurgente más grande del país. Ahora, el gobierno está tratando de consolidar las ganancias en materia de seguridad expandiendo la presencia del Estado en varias de las regiones que antes soportaban más conflictos. Esta estrategia afronta numerosos desafíos, en buena parte porque el comando y la estructura de control de las FARC no han colapsado. Los insurgentes se están adaptando a la presión militar mediante la adopción de tácticas de guerra de guerrillas, el reclutamiento agresivo entre la población rural, una mayor participación en el narcotráfico y el establecimiento de alianzas con otros grupos armados y con organizaciones narcotraficantes. El próximo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asumirá el poder el 7 de agosto. Como parte de una estrategia integral para la solución del conflicto, su gobierno debe aumentar la capacidad militar y de aplicación coercitiva de la ley frente a todos los grupos armados ilegales, entre ellos las FARC. También tiene que fortalecer las instituciones, expandir el Estado de derecho, proteger rigurosamente los derechos humanos, reducir la pobreza y diseñar el componente político y de negociación de una estrategia exitosa para la solución del conflicto. La consolidación de la seguridad sólo se podrá afianzar si Colombia hace frente a sus omnipresentes problemas de violencia, criminalidad e ilegalidad organizadas de una manera integral.

La campaña militar sostenida de Uribe contra las FARC ha producido resultados tangibles pero no le propinó un golpe de gracia al grupo insurgente con más de 45 años de existencia. Aunque las FARC han perdido a miles de combatientes por bajas en combate, capturas y deserciones, se estima que todavía tiene entre 8.000 y10.000 efectivos. Sigue en pie el reclutamiento forzado de nuevos miembros, en su mayoría niños y personas muy jóvenes, entre grupos vulnerables como las comunidades afrocolombianas e indígenas. Las FARC han recurrido a las tácticas de guerra de guerrilla y al empleo masivo de minas antipersona así como al de francotiradores. Han intensificado su participación en el narcotráfico en Colombia y otros países latinoamericanos, en especial Panamá, Venezuela, Brasil y Ecuador.

Varias unidades de las FARC han establecido alianzas con otros grupos armados ilegales, incluidos grupos sucesores de los paramilitares y nuevos grupos armados ilegales (NGAI), como los Rastrojos y los Paisas. Las alianzas se centran sobre todo en el narcotráfico. Aunque estas alianzas a menudo son temporales y frágiles, como la que se estableció con el segundo grupo insurgente más grande de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), agregan una nueva dimensión al conflicto. La estrategia militar de Uribe contra las FARC tuvo éxito hasta cierto punto porque se centró en un objetivo más o menos bien identificado y definido. La amenaza que plantean los grupos sucesores de los paramilitares, los NGAI y otros actores criminales, y las alianzas entre ellos y las FARC y el ELN, es de naturaleza diferente, menos estructurada y visible. Existen cada vez más indicios de que las fuerzas de seguridad de Colombia no tienen una estrategia para hacer frente a esta nueva amenaza.

El nuevo gobierno debería revaluar la actual política de seguridad y las iniciativas en marcha para consolidar las ganancias logradas con Uribe. El gobierno de Santos debería reconocer que Colombia todavía no ha llegado a la fase posterior del conflicto y aplicar una estrategia integrada para la solución del conflicto, que será el tema de un próximo informe de Crisis Group. Con respecto a las cuestiones de seguridad, el gobierno debería:

• Mantener la presión militar sobre las FARC al tiempo de responder eficazmente a los nuevos modi operandi de los insurgentes y su mayor participación en el narcotráfico, evitando las violaciones de los derechos humanos que han manchado el nombre de las fuerzas armadas. Esto exige mejorar la inteligencia militar y las capacidades operacionales del ejército, así como la cooperación en materia de seguridad regional, sobre todo con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Como las relaciones tensas con Venezuela han propiciado un incremento de la delincuencia y la criminalidad transfronterizas, el próximo gobierno de Colombia tendrá que hacer todos los esfuerzos posibles por abrir un nuevo capítulo de cooperación bilateral con el fin de cortar eficazmente las rutas de abastecimiento, las redes de apoyo y los eslabones del narcotráfico. Asimismo, es preciso restablecer las relaciones plenas con Ecuador.
• Formular y aplicar una estrategia de seguridad ciudadana integral para hacer frente a las diferentes amenazas que plantean las FARC, el ELN, los sucesores de los paramilitares y los NGAI tanto a las poblaciones rurales como a las urbanas. Esta estrategia se debería basar en un análisis a fondo de las nuevas tácticas y alianzas de los diferentes grupos armados y sus efectos en la seguridad ciudadana. Es esencial intensificar la protección de la población civil, sobre todo en los grupos vulnerables como las comunidades indígenas y afrocolombianas.
• Hacer frente a la amenaza planteada por los sucesores de los paramilitares y los NGAI (a) reconociendo oficialmente la expansión y la naturaleza compleja de los sucesores de los paramilitares y los NGAI, así como los severos efectos humanitarios causados por sus acciones; (b) intensificando los esfuerzos por integrar la aplicación coercitiva de la ley con las medidas militares; y (c) combatiendo con decisión y poniendo fin a la connivencia y los vínculos entre grupos armados ilegales y miembros de las autoridades locales y las fuerzas de seguridad.
• Promover la reforma en materia militar y de seguridad ciudadana conjuntamente con la aplicación de la estrategia de consolidación de la seguridad con el fin de aumentar las probabilidades de éxito de esta última y transformarla rápidamente en una operación dirigida por civiles con el compromiso presupuestal del gobierno.

Bogotá/Bruselas, 29 de junio de 2010