La paz tiene un precio, pero es menor que el de la guerra

Los atentados terroristas ocurridos en varias zonas del país durante las últimas semanas están alimentando, en muchos, la percepción de que “al gobierno se le están yendo las cosas de las manos”. Teniendo en cuenta el número de acciones armadas de parte de las FARC, enero fue el mes más violento desde el 2004. La pregunta es si el envío de refuerzos militares a estas zonas podrá traer alguna solución. A pesar de todas las resistencias, la solución pacífica del conflicto es no solo una aspiración, sino una alternativa más que razonable.

El problema no empezó con el presidente Santos. Desde el 2009, y siguiendo un proceso de reformulación estratégica, la guerrilla viene produciendo dolores de cabeza al Ministerio de Defensa y a los altos mandos militares. El regreso a la guerra de guerrillas, con tácticas que evitan los grandes combates, ha tenido como propósito frenar y desgastar a la fuerza pública. Si bien las administraciones de Uribe y Santos han hecho importantes ajustes estratégicos para responder a los nuevos retos, lo cierto es que la curva de rendimiento de la ofensiva militar pasó de los picos a los planos. Ahora, si el gobierno no ha podido derrotar a la guerrilla, no es porque no cuente con una de las flotas de helicópteros más modernas en el mundo, tecnología de punta y una gran capacidad de movilidad e inteligencia. Es porque se enfrenta a una guerra difícil de ganar militarmente. Y más aun mientras la guerrilla siga contando con sus redes de apoyo en algunas comunidades, fluyan las fuentes de financiamiento y la débil presencia del Estado siga facilitando su presencia e influencia ante comunidades en varias zonas del país.

La ofensiva militar conlleva un costo cada vez más alto, sobre todo en el contexto de un conflicto que se degrada. Debilitadas y arrinconadas, las FARC recurren a métodos y armas prohibidas que por su imprecisión afectan de manera indiscriminada a la población. En regiones como el Cauca, Nariño y el Catatumbo, escuelas y casas siguen convirtiéndose en territorio de guerra. No sorprende, por ende, la actitud escéptica de autoridades y poblaciones locales en estas zonas periféricas del país al refuerzo militar, pues han sido víctimas recurrentes del desarrollo centrífugo del conflicto a lo largo de la última década.

Una oportunidad

A diez años del Caguán, la palabra “negociación” solo genera rechazo en gran parte de la sociedad colombiana y cada día en que se menciona esta posibilidad las reacciones emocionales y polémicas de muchos columnistas dan cuenta de los obstáculos que habrá que superar para avanzar en esa dirección. Sin embargo, esta conmemoración podría convertirse en oportunidad para desentrañar algunos mitos, aprender lecciones y, sobre todo, analizar las condiciones radicalmente diferentes que presenta el presente contexto político.
Actualmente, el Gobierno opera desde una posición de fuerza. Esta situación no cambiará ni a corto, ni a mediano plazo, y por ello, le permite controlar el proceso de tal manera que la guerrilla no pueda abusar de un diálogo. Si bien la guerrilla mantiene una capacidad considerable para infligir daño, el retorno a la iniciativa militar es improbable. Considerando eso, los líderes de las FARC tendrían un interés en promover una salida digna, con algunas ganancias relativas para la organización, antes de correr el riesgo de perder el control sobre una organización que se está fragmentando. Dicha dispersión, además, no contribuiría en términos prácticos a que el Gobierno encuentre un interlocutor claro del otro lado de la mesa.

Hasta ahora, el Presidente Santos ha mantenido la “llave” de la paz en su exclusivo dominio. Al mismo tiempo, es claro que está pavimentando la avenida de la paz a partir de medidas prácticas. La ley de víctimas y restitución de tierras es un gran paso en esa dirección. Faltan otros más, dirigidos a saldar la deuda que el Estado tiene con las comunidades en las zonas del conflicto.

Por supuesto hay que insistir en la necesidad de hechos de paz contundentes de parte de la guerrilla, los cuales, hasta el momento, no se ven. Pero para que una política de paz de parte del Gobierno funcione, necesita de una sociedad abierta a la posibilidad de una salida distinta a la militar, que es poco viable. Ningún proceso de paz podrá conducirse sin el apoyo de una sociedad que esté lista a preguntarse por el precio que está dispuesta a pagar por la paz, cuando es tan alto el precio que está pagando por la guerra.